Pasividad y Tolerancia de la Brigada 17. Desmovilizados en Urapalma parte de los abusos constatada ocupación ilegal empresarial
“Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda” Deuteronomio, 27,19-20.
RESUMEN
Entre el lunes 23 y martes 24 se logró verificar la ocupación empresarial ilegal de la empresa URAPALMA de los predios de la familia PETRO, ubicados dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó.
Sobre la verificación en la que participó el Ministerio Interior, la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales humanitarios de observación y verificación, así, como nuestra Comisión de Justicia y Paz, no se logró un Informe de Consenso porque había que utilizar “un lenguaje neutro”.
Se constató que los militares de la Brigada 17 se encontraban a pocos metros de los lotes ocupados por la empresa sin actuar preventivamente, sin informar y sin exigir respeto a la propiedad de la familia PETRO. Existen serios indicios de que los supervisores, uno llamado LEONARDO están en comunicación permanente con la Brigada 17 razón que explicaría el porque no actúan ante la ilegalidad.
En desarrollo de la verificación el funcionario delegado del gobierno intentó persuadir individualmente a las víctimas del despojo para negociar con las empresas, desconociendo la situación de HECHO y las actuaciones en DERECHO que deben inspirar las actuaciones gubernamentales.
La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó fue ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes reiniciaron la limpieza de varios lotes ante los daños causados por plaga.
SOLICITUDES
Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co
a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales
c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo;
d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A. hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legítimos propietarios
Al Ministro del Medio Ambiente JUAN LOZANO Calle 37 No. 8-40 – Conmutador: (57-1) 3323400 c-disciplina@minambiente.gov.co.
a. Conformar una comisión de verificación de los daños ambientales causados por la implementación ilegal de la siembra de palma
b. Actuar administrativamente frente a la persiste destrucción ambiental en la región y la inacción de CODECHOCO
Al Gerente del INCODER, RODOLFO CAMPO SOTO Avenida El Dorado CAN Edficio Incora PBX 3830444 incoder@incoder.gov.co, ordenamiento@incoder.gov.co
a. Dar a conocer públicamente los avances de las Resoluciones emitidas para la delimitación de linderos
b. Dar a conocer las razones por qué a los afrocolombianos no se les ha consultado, no se les ha participado ni se les ha informado ni se les ha convocado a participar en la definición de lindero
Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co
a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico
b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.
El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso
c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó
A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó
Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION
Bogotá, D.C. Octubre 27 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
HECHOS EN DETALLE
* Lunes 23 de Octubre, a las 3.00 p.m. los habitantes de la Zona Humanitaria de Curvaradó, ubicada en Caño Claro, manifestaron al funcionario del Ministerio y de la Defensoría del Pueblo cuatro preocupaciones.
La ocupación ilegal realizada por las empresas palmeras, la presencia de los desmovilizados “El Diablo y el Cucho”, que recorren, en funciones de seguridad de las empresas el área enmarcada entre Brisas y Belén de Bajirá, la inacción de las Fuerzas Militares ante los requerimientos para proteger los derechos de los afrocolombianos y mestizos y la situación de nuevos hechos de violencia, las persistentes amenazas por estar exigiendo en Derecho la devolución de la tierra; el desconocimiento a la Resolución Defensorial y su actualización.
Los funcionarios de gobierno y Estado guardaron absoluto silencio. El Defensor Nacional preguntó a qué acuerdos habían llegado con los empresarios. Ante esta pregunta, se precisó que los empresarios, entre ellos JAIME DAZA, por escrito y en presencia del General PAUSELINO LA TORRE reconocieron que esa propiedad era de la familia de PETRO. Y nuevamente se argumentó la invalidez cualquier transacción por tratarse de un Territorio Colectivo, así como, la posesión de mala fe, agregando que la actuación era contra DERECHO.
A eso de las 4.30 p.m. los funcionarios, junto con 20 personas de la Zona Humanitaria, acompañantes nacionales e internacionales se trasladaron al lugar de la propiedad de ENRIQUE PETRO en donde Urapalma ordenó arbitrariamente el trabajo. Luego de caminar durante 10 minutos constataron en el Lote 51, que ocho hectáreas dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, sembradas ilegalmente con palma, fueron, luego de ser ocupadas ilegalmente, limpiadas sin el consentimiento de sus habitantes ni del Consejo Mayor del Curvaradó. En el lugar no se logró observar a los trabajadores de Urapalma.
* Martes 24 de Octubre hacia las 8.20 a.m. aproximadamente, sin la presencia de funcionarios, que se negaron a ir nuevamente al lugar trabajado por Urapalma porque delimitar tierras le traía problemas, miembros de las comunidades se trasladaron al Lote 51 con el fin de visibilizar la propiedad de ENRIQUE PETRO, en la que se constituirá una Zona de Biodiversidad.
En el lugar se sorprendió a un trabajador de Urapalma en actividades de limpieza. Al ser interrogado por el nombre de la persona que está a su mando, manifestó, señalando unos metros hacia el fondo: “pregúntenle al capataz que está allá dentro, se llama Pascual o a Primavera”.
Cuando la comunidad y los acompañante se dirigieron al llamado PASCUAL LOPEZ, junto a el se encontraba otro hombre montado en una bestia mular, que al ver la presencia de la comisión se retiró inmediatamente, internándose entre la palma. El “capataz” al ser interrogado por quién dio la orden de trabajar en propiedad ajena manifestó: “todas las personas son las que mandan, yo soy un simple obrero que me rebusco la vida contratando con la empresa la limpieza de la palma”. Al insistirle quien era su jefe inmediato reiteró: “yo no tengo jefes, vayan a la empresa y pregunten”. (…) “llamen a la secretaria de la empresa”. “estamos 26 personas trabajando ahí” (…) “Sobre el contrato dijo que la misión era limpiar un área de 8 hectáreas”
Al constatar la presencia de trabajadores de Urapalma en el lugar, se les solicitó a los funcionarios de gobierno trasladarse al Lote 51.
10 minutos después en el lugar los funcionarios confirmaron la presencia de los 26 hombres trabajando. El Funcionario de Ministerio del Interior abordó al “capataz” de nombre PASCUAL LOPEZ, preguntando el lugar de origen de los trabajadores. Este respondió que contrataba gente de Córdoba y Antioquia, “no hay personas de la zona trabajando conmigo”.
A eso de las 09.30 a.m. se acercó, el hombre que minutos antes se ocultó con su bestia, que después se supo que se llamaba LEONARDO, vestido, con sombrero ancho, bigote bien perfilado, de mediana estatura, acento costeño, con una camisa azul que en la parte posterior tenía un letrero en color amarillo con la palabra Urapalma, quien portaba un radioteléfono. El “capataz”, llamado PASCUAL LOPEZ, indicó que alguien llamado “Primavera” era quien se desempeñaba como supervisor de los trabajos. Al ser abordado por el funcionario de Ministerio del Interior quien preguntó su nombre, este se negó a identificarse, simplemente expresó: “me llaman primavera soy de Puerto Berrío Antioquia”. Agregó que trabajaba con Urapalma, que no tenía jefes inmediatos”. Cuando se le preguntó, por parte de un defensor de Derechos Humanos, si con el radio se comunicaba directamente con la Brigada 17 este respondió: “Si, es para comunicarme directamente con la Brigada”.
Al preguntar nuevamente el funcionario del Gobierno por su nombre, y quien era su jefe inmediato, respondió el llamado “Primavera”: “es el técnico, que anda por la zona revisando las plantaciones”. El funcionario de Ministerio del Interior, solicitó que se comunicara con él y que lo llamara.
Aproximadamente 15 minutos después se acercó un hombre de unos 29 años de edad, de tez trigueña, acento costeño, de 1, 75 metros, quién dijo llamarse MILTON GONZALES, y ser técnico agrícola de la empresa Urapalma, quien tiene contrato por termino indefinido y de tiempo completo con la empresa. Agregó: “Estamos aquí limpiando esta palma porque hay una plaga llamada estonema que está dañando los cultivos viene desde Brisas y puede hacer perder todo este trabajo, por eso es que necesitamos hacer esto con urgencia porque aquí hay mucha inversión y no se puede arriesgar.”
Uno de los Defensores de Derechos Humanos preguntó si desconocía que la propiedad donde estaban trabajando era del señor ENRIQUE PETRO, a lo que este respondió: “yo no tengo conocimiento de problemas por tierras, solo sé que en estos días no nos dejaron limpiar un área de palma, pero yo no se nada de problemas de tierras, mi labor es que los cultivos estén bien”. Agregó “si quieren información vayan a la empresa y solicítenla, a mis jefes inmediatos JAVIER MESA y JAMES ARBELAEZ ”.
Aseveró el Ingeniero de Urapalma “es importante el trabajo de limpieza, lo vamos hacer en otras áreas cercanas, se estaba pensando fumigar por vía aérea a un kilómetro de aquí, vamos a seguir en esto, pero es un componente químico fuerte llamado bacillus turigiensi ”. Durante el tiempo en que se hablaba con el Ingeniero, el supervisor, llamado “Primavera” se comunicó constantemente por su radioteléfono con una persona a quien llamaba “DON JAVIER”.
Hacia las 10.00 a.m. cuando los afrocolombianos y acompañantes regresaban a la Zona Humanitaria, fueron filmados por el técnico de nombre MILTON. Posteriormente, desde una bifurcación de carretera se adelanta en una motocicleta color rojo sport AKT junto con “LEONARDO” apodado PRIMAVERA, se suben a la torre de vigilancia donde normalmente se instalan los militares y nuevamente adelantan registros fílmicos de miembros de la Zona Humanitaria y de la Comisión.
Los funcionarios de Gobierno y Estado se quedaron hablando con ellos en la torre ubicada a menos de 3 minutos de la Zona Humanitaria.
En horas de la noche, habitantes de la Zona Humanitaria manifestaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que el funcionario del Gobierno Nacional les sugirió que era mejor que negociaran con los empresarios, “la situación está muy difícil”, “¿si a usted le ofrecen 10 millones por hectárea no negociaría?”
* Miércoles 24 de octubre desde las 6.30 a.m. hasta las 10.00 a.m., 20 habitantes de la Zona Humanitaria iniciaron la delimitación de la propiedad de ENRIQUE PETRO, y definieron los linderos donde instalarán una nueva Zona de Biodiversidad.
LINEAS DE INTERPRETACIÓN
Constatados los hechos, llegamos al escenario de la contemplación. La inacción institucional del poder ejecutivo es muestra de la ausencia de voluntad para resolver un problema de fondo, la devolución, la restitución de la propiedad colectiva y la propiedad individual a sus legítimos dueños, sometidos a sistemáticas violaciones de derechos humanos, a la destrucción ambiental de la biodiversidad, a la persecución judicial, al fraude y falsificación paramilitar y el uso de testaferros.
Las manifestaciones públicas de altos funcionarios del gobierno que reconocen que 25 mil hectáreas de tierra son propiedad de las comunidades afrocolombianas no dejan de ser una expresión verbal. La realidad contrasta totalmente con las manifestaciones públicas. La permanente extracción del fruto de la palma, su procesamiento en Extractora Bajirá con destino al Valle del Cauca y a la exportación, la limpieza desarrollada por Urapalma, sin que las autoridades hayan intervenido constata que el DERECHO es el HECHO, que la autoridad es funcional a los intereses empresariales, que sobre el miedo, el ocultamiento se preservar intereses económicos sustentados en el poder de la sangre, del terror, de la impunidad, de la ilegalidad.
Hasta hoy se han constituido en el Curvaradó dos Zonas Humanitarias, una en Caño Claro y otra en El Tesoro concientes de que la guerra continúa, concientes que la desmovilización ha sido la transición hacia otras forma de prácticas de tipo paramilitar consentidas por el Estado. Hasta hoy se han configurado 5 Zonas de Biodiversidad como posibilidad de recuperación y de protección de la biodiversidad y de las posibilidades del Derecho a la alimentación.
La legitimación de las actuaciones CONTRA DERECHO solo han sido posibles ante la inacción, la ausencia de celeridad y de efectividad de la institucionalidad para actuar frente a la criminalidad, que incluso permean sus propias estructuras de ejecución, de investigación y de sanción.
Todas las recomendaciones, sugerencias, exigencias de los organismos de control del Estado son desconocidas, los mecanismos regionales de protección de Derechos como las Medidas Provisionales son burlados permanentemente. A cualquier afirmación en Derecho de los Derechos por parte de los afrocolombianos argucias lingüísticas para proteger los “privilegios” de quienes usan de todos los medios de la ilegalidad, entre ellos la violencia para imponer sus leyes.
Bogotá, D.C. Octubre 27 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ