Paros y huelgas derrumban régimen santista
Colombia vive una de las coyunturas más álgidas en materia de movilización social de amplios grupos de la población con paros, huelgas, bloqueos de carreteras y manifestaciones públicas.
La acción social popular abarca a los campesinos de la región del Catatumbo, a los mineros artesanales, a los pequeños caficultores, al sector de la salud y a los obreros carboneros de la Drumond, que han declarado un cese de actividades.
En igual sentido hay expresiones de inconformidad contra elementos recalcitrantes del sistema político hegemónico, como el Procurador Alejandro Ordoñez, quien bloquea la vigencia de derechos a segmentos sociales excluidos por normas vetustas como las que afectan a parejas del mismo sexo y el de las mujeres al aborto. De la misma manera, el programa impulsado por el gobierno bogotano por una ciudad más humana, es bloqueado por las mafias delincuenciales de la ultraderecha, ocasionando un movimiento ciudadano de inconformidad que se extiende por toda la ciudad.
Hay indignación por los escándalos de corrupción en las altas esferas gubernamentales, pues prominentes figuras oficiales, como el Embajador en Washington, aparecen involucradas en bochornosas maniobras para apropiarse de extensos territorios con jugadas “jurídicas” que transfieren títulos a reconocidas multinacionales de los alimentos.
Aunque se adelanten unas conversaciones de paz en La Habana, la violencia no cesa porque el arreglo que se proyecta es una “pax oligarchica neoliberal” que deja el sistema económico, social y político intacto, tal como funciona desde la herencia colonial que temporalmente interrumpió la campaña por la independencia que se inició en 1810.
Muchos nos preguntamos por lo que está ocurriendo con el gobierno y con el actual Presidente.
Las cuestiones que surgen son varias. ¿Cuál es el comportamiento de las autoridades estatales en las actuales circunstancias? ¿se derrumbará la administración ante la potencia de las revueltas? ¿qué sucederá con el proceso de La Habana? ¿es segura la reelección de Santos para otro período presidencial? ¿se debilitó la coalición gubernamental? ¿surgirán otros candidatos desde el campo oficialista? ¿recuperara espacio político la ultraderecha uribista paramilitar?
Santos y su equipo de gobierno han mostrado una descomunal incompetencia para atender adecuadamente las peticiones populares. Desde el Jefe de la Casa de Nariño hacia abajo, todos los burócratas (unos más y otros un poquito menos) han sido un desastre en la negociación con los líderes de las huelgas. Ninguno ha mostrado la más elemental de las competencias para dar un tratamiento político a los campesinos, a los trabajadores, a los mineros y a los líderes de la oposición que han expresado con entereza su denuncia.
Lo que ha prevalecido es la violencia como función central del gobierno, ejecutada por estructuras sanguinarias como el Escuadrón móvil antidisturbios de la policía/ESMAD, que asesina, atropella, tortura y encarcela ciudadanos humildes, campesinos desvalidos, que ante el desespero por la situación social salen a las calles a exigir soluciones al Estado, que reacciona con bala, cárcel y tortura.
Violencia que tiene el acompañamiento obvio del linchamiento y manipulación mediática de los grandes medios comunicacionales, concentrados en mentir y hacer guerra psicológica contra las protestas sociales. Son una vergüenza. Lo hecho en contra de Cesar Jerez es un acto de villanía miserable.
No obstante que Santos ha dichos por los medios de comunicación oficialista que su respuesta es diferente porque su talante es el de un demócrata, en la práctica lo que se ha dado es la vieja política de violencia de un régimen oligarquico que mantiene su esencia autoritaria.
La sensación que hay es la de un tremendo vacío de poder. La sociedad siente que el Estado y su gobierno quedaron en el aire. Que las instituciones del régimen no operan y que las mismas son los instrumentos de diversas facciones nacionales y territoriales que lo capturaron para el beneficio particular y dinástico.
Hay un derrumbe y parálisis en el conjunto de instituciones formales que supuestamente representa el señor Santos. Su debilitamiento es muy intenso y cualquier cosa puede suceder.
De eso no se enteran los altos funcionarios pues su autismo es crónico. Viven otra realidad. La de sus fantasías y elucubraciones.
Es por tal razón que crecen las preocupaciones por lo que pueda suceder con las conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc. Si bien hay avances importantes, la guerra mantiene su rigor con las víctimas correspondientes en el campo de batalla. Es lo real del conflicto, sin querer decir que la discursividad acumulada en rondas de dialogo y foros públicos sea irrelevante.
La reelección de Santos por otros cuatro años no es una opción viable ante su desgaste general. A Santos no lo levanta ni el poder del presupuesto público, ni la imposición gringa, que prepara otras formulas para la continuidad del dominio burgués, con otros nombres y marcas electorales. Santos es un cadáver del que hay que desprenderse ya.
La coalición gubernamental es apenas un nombre y las tendencias centrifugas están en curso con mucha velocidad. Tanto que uno de los principales socios, Vargas Lleras, ya despegó su marcha para formalizar su oferta presidencial, fracturando por tres el bloque dominante de la élite colombiana. Vargas Lleras ya abandonó el barco de los náufragos oficialistas, en un acto de oportunismo político que le saldrá muy costoso, porque su cálculo olvida lo que fue el desastre de su pasada campaña nacional en la que obtuvo escasos 150 mil votos. Es un pedante y un muñeco de papel sin mayores opciones así lo vendan las inmobiliarias que lo financian a manos llenas
Es un momento de tremendo desorden y confusión para la ultra burguesía que por muchos años ha ejercido el control del Estado y del sistema de poder.
Desde luego, la facción más recalcitrante, la ultraderecha fascista de Uribe Velez, saca pecho y apuesta por su triunfo. Mueve fichas y despliega la ofensiva con todo el poder acumulado. Sin embargo, no la tiene fácil dada su tremenda responsabilidad en los desatinos y abusos a lo largo del periodo de dominio paramilitar por ocho años de presidencia del señor Uribe como cabeza de las bandas asesinas de las autodefensas y narcotraficantes. Uribe tiene centenares de litigios penales en curso en diversos niveles judiciales, nacionales y extranjeros.
Siendo todo así, aún no se configura una alternativa política consistente desde la izquierda y el campo progresista. Lo que no quiere decir que no existan enormes potenciales.
Las reformas sustanciales de toda la sociedad colombiana y los cambios revolucionarios son una prioridad y una necesidad que demandan mayor lucidez entre los líderes y la multitud que presiona el salto excepcional en la historia de Colombia.