Paro nacional en Colombia: espiral de la resistencia civil noviolenta, medios de comunicación y mecanismos de impunidad

National Strike in Colombia: Spiral of Nonviolent Civil Resistance,
Mass Media and Mechanisms of Impunity
Pietro Ameglio Patella
Universidad Nacional Autónoma de México, México
serpajc@laneta.apc.org
Gabriela Monserrat Espejo Pinzón
Universidad Nacional Autónoma de México, México
gabriela.m.espejo@gmail.com
Isabella Ariza
Corporate Accountability Lab (Chicago, EEUU)
isabella@corpaccountabilitylab.org

Abstract

From April 28 to the end of July, Colombia underwent a national mobilization that involved all
social sectors. This article argues why, rather than an outbreak, this three-month period of civil
resistance may be characterized as a social uprising. In addition, the different forms and logics of
action identified through interviews with social actors involved in the strike, carried out within
the framework of the International Observation Mission for the Guarantees of Social Protest and
against Impunity in Colombia (SOS Mission) are analyzed. The article also proposes a conceptualization
of both a spiral of violence and a spiral of nonviolence. In this sense, the authors, who
were commissioned by the SOS Mission, describe the adversary’s response, reviewing its main
findings and, more specifically, the impunity and role of mass media during the protests, as well
as question: what’s next? The authors expect that these reflections are useful in preventing the
spiral of violence from reversing the efforts of social transformation of those who have decided to
fight in Colombia.
Keywords: Colombia, national strike, nonviolent civil resistance, SOS Mission, impunity, mass media.

Resumen

Desde el 28 de abril hasta finales de julio, Colombia ha sido atravesada por una movilización de carácter
nacional que involucra a todos los sectores sociales. En este artículo se argumenta por qué,
más que un estallido, este periodo de tres meses de resistencia civil puede caracterizarse como un
levantamiento social. Se analizan, además, las distintas formas y lógicas de acción identificadas
mediante entrevistas a actores sociales involucrados en el paro, realizadas en el marco de la Misión
de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y contra la Impunidad en
Colombia (Misión SOS). A la par de ello, se propone avanzar en la conceptualización de estas, con
miras a observar que existe tanto una espiral de la violencia como una espiral de la noviolencia.
En este sentido, las/los autoras/es, quienes fueron comisionadas en la Misión SOS, describen la
respuesta del adversario reseñando los principales hallazgos de esta y, de manera más específica,
la impunidad y el papel de los medios de comunicación masivos durante las protestas, mientras
que se cuestionan ¿qué sigue?, con la expectativa de que esto pueda servir para evitar que la espiral de la violencia revierta los esfuerzos de transformación social de quienes han decidido luchar en
Colombia.
Palabras clave: Colombia, paro nacional, resistencia civil noviolenta, Misión SOS, impunidad, medios
de comunicación.
1. Introducción. El paro nacional fue un levantamiento
Colombia ha sido atravesada, al menos claramente desde el 28 de abril pasado hasta julio,
por un «levantamiento social» 1 fundamentalmente noviolento, de construcción de justicia
y paz, y con una enorme base popular. Sus proporciones y procesos han sido incalculables
e inesperados, por lo que resulta inédito, en tiempos recientes, según apreciaciones
de muchos sectores de la propia población. Muchos lo han denominado también «estallido
social» —tiene su lógica—, pero lo cierto es que se trata de un proceso social en curso cuyo
desenlace no se conoce todavía.
Es importante puntualizar que el levantamiento tendría la característica de prolongarse
más allá del tiempo coyuntural, es algo que «va a más», y en Colombia se persiguen —a
nivel nacional, regional y local— cambios estructurales de fondo en lo político, económico
y social. Los estallidos, en cambio, tienen que ver con unas demandas muy precisas y puntuales
que, una vez logradas, hacen que la presión y movilización social disminuyan y luego
cesen. Esta precisión, en parte, responde a que en una lucha social de esta envergadura
y profundidad la pregunta estratégica de ¿qué y cómo sigue?, debe rehacerse continuamente
y de manera colectiva, pues lo peor sería rutinizarse, reificarse o repetir y prolongar
mecánicamente las acciones de lucha.
Colombia es uno de los países del mundo con más experiencia en construcción y educación
para la paz, y cómo habrá sido de profundo el hartazgo o desesperación («por no
tener nada que perder más que la vida», como escuchamos decir a muchas personas) ante
esa impunidad y violencia oficial acumuladas, para que tamañas masas hayan tomado
—con ese nivel de indignación material y moral (Arendt, Hessel), de «digna rabia» (zapatismo)—
los espacios públicos en medio de tales cifras de pandemia (muertes, contagios,
ínfima vacunación); violencia social con permanentes asesinatos de activistas sociales:
1220 desde 2016 y 104 en 2020 (La Jornada, 2021); hambre y pobreza (más de la mitad de la
población en esta situación).
Se trata así de un levantamiento social que nos emociona, contagia y enseña. Iniciado y
sostenido en gran parte «desde abajo» (parecería que los jóvenes más empobrecidos y los
estudiantes, los indígenas y campesinos con sus maravillosas mingas como «pueblos de
paz y equilibro», las mujeres, los obreros, los afrodescendientes y desplazados, son quienes
lo sostienen), es interclasista, interétnico, antinstitucional, antineoliberal y, por supuesto,
antigubernamental. Atraviesa a todos los sectores y clases sociales. A su vez, está
extendido en la gran mayoría de los territorios nacionales donde organizaciones, grupos,
colectivos, personas han tomado el espacio público —calles, plazas, caminos, carreteras,
etcétera— con una enorme radicalidad moral y material masiva.
El paro nacional colombiano se convocó inicialmente por tres días. Empezó por el rechazo
a una brutal reforma tributaria, pero ante la nula acción gubernamental, se intensificó
y radicalizó la lucha por todo el país y en todas sus identidades sociales. Las resistencias
civiles y la presión popular han tirado abajo o replanteado tres reformas: la tributaria, la de educación y la de salud; tres ministros, además, han renunciado (el de Hacienda, el
de Relaciones Exteriores y el Alto Comisionado para la paz).
A pesar de estas victorias, en todas estas luchas sociales ejemplares, resulta clave no
quedarse en la punta del iceberg —que son las demandas inmediatas e iniciales—, sino
captar los cambios de fondo que el hartazgo social está planteando masivamente en cuanto
a la crisis de un modelo económico y político, al incumplimiento de los Acuerdos de Paz,
al permanente asesinato y masacres contra comunidades y activistas sociales, y justamente
a la incapacidad gubernamental de captar a tiempo la envergadura de esos procesos
sociales.
Como en todo proceso de conflictividad social tan elevada, por un lado, hay una gran
dosis de dolor y sacrificio presentes por la brutal represión oficial con muertos, desaparecidos,
torturados, arrestados o personas que sufren abuso o tortura sexual. También, por
el sacrificio que implica el sostenimiento de los bloqueos y plantones con lluvia, sol, hambre,
insalubridad, etc. Pero, por otro lado, existe también una gran dosis de esperanza real
de lograr avanzar para cambios fundamentales en todos los niveles respecto a la pobreza,
hambre y desigualdad social, en que los sectores sociales siempre más discriminados y
excluidos sean escuchados y obtengan medidas justas para el respeto a sus derechos fundamentales,
a su condición de ser plenamente humanos en el presente y futuro. 2
Claramente, la situación hoy ha cambiado en muchos sentidos, pero ahora quisiéramos
hacer una primera reflexión acerca de esos tres primeros meses de levantamiento social,
desde la mirada de las formas y lógicas de acción noviolentas, y de las respuestas represivas
desde el poder y sus aliados. Nos parece importante avanzar en una conceptualización
mayor que ayude a aprender a luchar mejor desde donde estén nuestros cuerpos, y ver
cómo solidarizarse con las causas y activistas sociales de ese pueblo hermano.
Precisamente, como una forma de solidaridad con el pueblo colombiano en lucha noviolenta,
con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia, distintas instancias
internacionales organizaron en los primeros meses de la lucha una serie de misiones internacionales
de observación y denuncia de violaciones a los derechos humanos, entre las
que destacan la Misión Internacionalidad de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos,
organizada desde Argentina, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Misión de Parlamentarias(os) Catalanes, además de las labores de la Misión
Internacional de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que ya trabajaba en el
territorio. Se suma a estos esfuerzo el juicio del Tribunal Permanente de los Pueblos, anterior
al Paro Nacional, cuya sentencia de este año fue «Genocidio político, impunidad y
crímenes contra la paz en Colombia» 3 (Tribunal Permanente, 2021).
En ese contexto, las autoras y el autor de este artículo participamos de la Misión Internacional
por las Garantías de la Protesta Social y contra la Impunidad en Colombia del
2. Como se verá más adelante, otra de las características importantes de este paro fue el traslado de la movilización
de los centros hacia las periferias. Este movimiento se acompañó de la estructuración de pliegos, ejes de lucha,
demandas, etcétera, en asambleas y otros procesos de discusión masivos y populares. Un ejemplo de tantos lo
constituye el documento redactado por el espacio humanitario «Al Calor de la Olla», en Bogotá, que, además, fue
sometido al parecer de la población de los barrios aledaños al Portal Américas mediante un referéndum. Puede
consultarse el texto en Cala Mejía, 2021.
3. «El genocidio [en Colombia] es estructural […]. Continuado […]. Es tratar de exterminar, de eliminar a los que
tienen una identidad alternativa, lo que llamamos una otredad negativa. Los movimientos contestatarios, de rebeldía,
son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, otro demoníaco, que hay que exterminar.
[…] Esa es la característica central del genocidio y se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización
de los últimos meses» (Barahona, 2021).3 al 12 de julio, integrada por 40 comisionadas y comisionados de 12 países de Europa y
América. Compartiremos parte del Informe final de esa Misión, que versa sobre las violencias
e impunidad del Estado colombiano, así como una reflexión sobre las formas de la
llamada «protesta social», que a nuestro entender, es un concepto muy corto y genérico
para denominar los niveles de resistencia civil noviolenta que han atravesado la lucha
colombiana.
2. No-Cooperación en desobediencia civil para pedagogizar
a la sociedad
Analizando las características de la lucha social, este levantamiento ha estado articulado
desde una acción de resistencia civil noviolenta denominada «Paro Nacional», que tiene
características muy originales para la historia de la resistencia, a partir de la experiencia
e identidad de los actores sociales colombianos.
El concepto de paro es ambiguo porque históricamente está asociado a formas de huelga,
de parar actividades, de no-cooperación con las autoridades y formas del poder, de
romper la normalización de la injusticia y la violencia. Sin embargo, este paro en su etapa
inicial (que aquí analizamos) fue para «avanzar el doble» (Espejo, 2021), para no dejar de
movilizarse en múltiples, desafiantes y muy creativas formas masivas.
Sin duda, muchas instancias decidieron libremente parar para no-cooperar y otras
probablemente se vieron obligadas a hacerlo, por la situación social que las rodeaba y
determinaba en su actividad laboral. Se constituyó así un país parado en cuanto al avance
neoliberal —al menos por un momento— y, a la vez, movilizado a su máxima velocidad
en cuanto a las acciones sociales de impugnación a ese modelo. Y, sobre todo, algo fundamental
en la estrategia: ¡este paro se dio en medio de un proceso de desobediencia civil
masiva nacional!, no en uno de no-cooperación, puesto que se articuló sobre todo por bloqueos
—acción noviolenta totalmente legítima y lícita— de caminos, calles y carreteras, lo
que le otorgó una característica muy especial y radicalizada desde la desobediencia civil,
y llevó el nivel de confrontación a su pico más alto desde la espiral de la resistencia civil
noviolenta, así como desde las reacciones represivas oficiales de la espiral de la violencia.
Nuestra experiencia mexicana en procesos de acción directa o mediación entre gobiernos
y movimientos sociales, nos ha enseñado que lo que realmente afecta los intereses y
poder de los gobernantes, y los grupos económicos que los sostienen, son los bloqueos
—que tocan el corazón de los intereses en el poder con enormes flujos económicos legales
e ilegales—, no los paros, mismos que, en general, pueden ser usados mediática y moralmente
—con bastante cinismo como «judo político»— para descalificar a quienes los realizan.
Contra los bloqueos masivos de carreteras, veredas y caminos estratégicos, encabezados
por los pueblos y organizaciones ciudadanas, no hay mucha defensa oficial más que
asumir los costos sociales, políticos y morales de represiones brutales, o negociar y ceder.
Con una enorme sabiduría y humanización popular, los bloqueos colombianos («Puntos
de Resistencia») han sido también llamados en algunos lugares —como nos enseñaba
Elkin, un joven indígena amazónico del Caquetá (Espejo, 2021, min. 17:38-18:34)— «Puntos
pedagógicos», con toda la fuerza moral y mirada noviolenta que el término implica. Esta
re-significación de una acción directa compleja por cómo afecta en forma opuesta a muchas
identidades sociales cercanas no necesariamente confrontadas, buscó evitar ampliarla espiral de la violencia y construir un puente de comunicación con una parte de la sociedad
que estaba algo alejada de las causas de esta lucha. Estos «puntos de pedagogización»
dinamizaron y amortiguaron algo la tensión y el rechazo social, porque allí también se
compartía información con volantes y verbalmente a los transeúntes —en coche o a pie—,
se discutían los sucesos del día, los avances de la lucha y su concientización entre quienes
estaban a cargo de las guardias en las fogatas nocturnas.
Como conclusión, debemos señalar que una mirada superficial —no estratégica— pareciera
hacer creer que el piso básico de las acciones de resistencia en Colombia fueron las
marchas y las acciones simbólicas, artísticas y culturales, entre otras (que fueron excepcionales
tanto por su gran cantidad como por su creatividad); sin embargo, estas obtuvieron
gran parte de su fuerza en el piso complejo de la desobediencia civil, que para muchos
era un inobservado social, a pesar de que para el adversario constituía el centro de su
observable estratégico del conflicto.
3. Los «pelaos» en la primera línea de la lucha por la vida
Durante los días de trabajo de campo en la Misión SOS, se pudo comprobar la participación
de muy diversos sectores de la sociedad: sindicatos, movimiento campesino, líderes ambientalistas,
defensores de derechos humanos, comunidad indígena y afrodescendiente
así como colectivos de personas LGBTIQA+. En todas las regiones, además, destaca una
contundente participación del sector juvenil que no necesariamente pertenece al movimiento
estudiantil, sino que se corresponde, más bien, con un sector de la sociedad
marginalizado. Estas/os jóvenes han encontrado un sentido de vida y dignificación en las
llamadas primeras líneas.
En cuanto al aprendizaje universal de la resistencia civil, es importante destacar las
formas originales de organizarse en las movilizaciones. Un ejemplo de ello son justamente
las, al menos, cinco «líneas» que se encuentran en acciones directas. Éstas representan
no sólo un esquema táctico de defensa-ataque, sino una forma de sumar cuerpos e identidades
sociales solidarias y de lucha muy diferentes a la causa. Según una crónica de Julio
César Londoño (2021), la descripción de su estructura sería de la siguiente manera: la primera
línea es «defensiva y poética: sus ‘escuderos’ protegen a los civiles»; la segunda es de
«choque: blanden garrotes y lanzan piedras»; la tercera «son los ‘ingenieros’ que construyen
las barricadas»; la cuarta «está compuesta por médicos y enfermeras»; la quinta «es
alquimista: suministra las máscaras antigases».
Particularmente nos emocionaron las imágenes de madres con sus escudos en Primera
Línea, y de sacerdotes y pastores que formaron una «Primera Línea ecuménica por Colombia
», en una ejemplar acción de «interposición noviolenta de cuerpos» en zona de guerra.
Además, en esta Misión Internacional de derechos humanos tuvimos el privilegio de
escuchar y aprender, por lo tanto, de jóvenes de muchos lugares del país —nosotras particularmente
de Bogotá y Barrancabermeja—, y de tomar conciencia de cómo el centro de
la resistencia —en su vanguardia y retaguardia— han sido las poblaciones juveniles, en sus
múltiples identidades. Pero es necesario decir que la acción directa de la resistencia civil
la asumen sobre todo jóvenes de los barrios y calles más pauperizados, desesperanzados y
llamados «sin futuro». 4 Ellas/os han asumido con gran dignidad y valentía la posibilidad
4. «Ellos mismo dicen que si no estuvieran en las barricadas, no tendrían qué comer. Están gozando de la solidaridad
de otros sectores de la sociedad» (Barahona, 2021).de «construirse en forma autónoma un futuro», por iniciarse en pequeños territorios barriales
de todo tipo y en sus cuerpos con procesos de liberación: «Para muchos (jóvenes)
esta es la primera vez que salen a protestar. Su rabia lleva décadas aumentando bajo la
superficie; salió a flote en 2021, después de que la pandemia hiciera aún más evidente los
costos de la inequidad social. Se vuelcan a las calles para exigir la posibilidad de una vida
digna» (Dickinson, 2021).
Ejemplos de esta nueva territorialización y corporeidad más libre han sido los bloqueos
y tomas en los barrios más empobrecidos de Cali y otras muchas ciudades, con los «círculos
de la palabra» entre jóvenes. Fueron espacios de encuentro, formación política y social,
solidaridad, construcción de determinación moral creciente, de aprendizaje a luchar
y a «desobedecer todas las órdenes inhumanas» (Fracchia, 2018), de suma de aliados y
simpatizantes con la lucha, de construcción de ciudadanía, y sobre todo, de gran presión
material, social y política hacia las autoridades y sus sectores aliados. Fueron y siguen
siendo unas originales «experiencias de poder popular» (Torrejano, 2021), de autonomías,
libertades y democracias directas asambleísticas igualitarias crecientes, desde un territorio
que en parte controlan y les es familiar y solidario.
Creemos que este es uno de los mayores desafíos para tantos grupos de jóvenes muy
valiosos que han conquistado dignidad y parte de un reconocimiento social y político,
al mismo tiempo que han paliado en algo el hambre. Ahora es central que logren un territorio
donde empezar a construir en forma autónoma y co-operativa —pequeña pero
real— una mayor toma de conciencia y concretización material de su poder, antes de que
el Estado revierta la relación de poder. No puede pasar inadvertido que las regiones que
visitamos también fueron territorios atravesados por enormes y muy variadas formas de
represión oficial, de amenazas de todo tipo, torturas y exterminio, a las que estas nacientes
formas organizativas horizontales juveniles intentaron responder individual, comunitaria
y socialmente por la solidaridad de grupos, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones sociales aliadas.
En conclusión, como decía Lenin, el poder no sólo se enuncia, sino que necesita ejercerse
materialmente en un territorio, en este caso que vaya más allá de los cuerpos. Vaclav
Havel llamaba a la resistencia civil antisoviética en Checoslovaquia, el «poder de los sin
poder», algo muy gandhiano en su lógica y práctica, y creemos que esta es un poco la paradoja
y realidad ante la que están estos «pelaos» ahora, y que ojalá se concretice pronto
a su favor. La pregunta estratégica colectiva por enfrentar para este avance territorial y
social es, por lo tanto: «¿qué sigue en los objetivos específicos de la lucha para muchos
jóvenes?».
4. Reflexiones para comprender la dinámica entre la espiral
de la violencia y la espiral de la noviolencia
Ahondando en el análisis estratégico desde la noviolencia en este levantamiento social,
para medir también su duración y el avance de los objetivos, resulta importante el observable
social acerca de qué porción de la «reserva moral» de la sociedad —liderazgos educativos,
eclesiales, indígenas campesinos, obreros, artísticos, intelectuales…— han estado
con sus «cuerpos en la calle», en formas no sólo simbólicas y declarativas, sino también físicas en el territorio de la acción directa, lo que implicó una determinación moral y
presión mucho mayor. Está claro que, en una situación de tan alta violencia social, como
la de Colombia, no se trató sólo de «poner el cuerpo» sino mucho más de «meterlo» a la
fuerza, pues el gobierno y sus aliados con sus múltiples violencias y presiones lo último
que permitirían es que porciones de la reserva moral se sumaran en acciones masivas
públicas de rechazo a políticas oficiales. La reserva moral en la calle es un «arma noviolenta
» fundamental en la lucha contra el poder, por su capacidad de confrontarlo, no sólo
nacional sino internacionalmente. La Misión SOS es un ejemplo de acción de esta reserva
moral internacional.
Otra variable fundamental para poder entender la dinámica que tuvo y tiene este levantamiento
social, es la sumatoria en la continuidad temporal de más y más gente, e
identidades sociales diferentes, que van metiendo su cuerpo en la calle, veredas y caminos,
sumándose a las múltiples formas de acción social y ayudando a una creciente acumulación
de fuerza moral para la causa.
Está claro que en este proceso colombiano una parte masiva de la sociedad —que complementa
en gran parte a la reserva moral institucional— está ampliamente en la calle,
«como un tifón» diría Vinoba Bhave —el discípulo que continuó la lucha de Gandhi—, y
que en un breve tiempo han visto cómo sus cuerpos pasaron del terreno de la indiferencia
al de la solidaridad, y del de la solidaridad al de la lucha social. Estos son procesos sociales
muy complejos y largos en general, que el nivel de intensidad colombiano en este breve
periodo ha acelerado notablemente.
Así, si bien el paro ha sido una gran acción de no-cooperación hacia el poder, fue también
una enorme acción de «co-operación entre iguales», porque se fueron construyendo
espacios de discusión, diálogo y organización muy originales, diferenciados, desafiantes,
solidarios y fraternales. A su vez, constituyó una acción estratégica que permitió articular
otras muchísimas formas de lucha directa, simbólicas, artísticas de todo tipo, de movilizaciones
de masas en espacios abiertos, entre otras.
También, por lo que hemos escuchado, este proceso inicial de lucha social nacional
contra una reforma tributaria ha desencadenado y potenciado procesos regionales ya en
curso e históricos, autónomos en cuanto a las demandas y negociaciones propias en cada
territorio, y sobre la decisión de las formas de lucha convenientes. Un ejemplo es que
la decisión de si levantar o no los bloqueos —hoy muy disminuidos— no ha sido sólo de
carácter nacional, sino ante todo regional o local. Esto también ha ido conllevando atrás
toda una discusión colectiva acerca del carácter de la representatividad en las instancias
de negociación, por ejemplo, en el Comité Nacional de Paro, donde muchos grupos de
jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes y víctimas de la guerra —que
son quienes iniciaron y sostienen el levantamiento— han estado demandando mucha mayor
presencia en la toma de decisiones.
Esta gran espiral de la resistencia civil noviolenta, como siempre en la historia, se enfrenta
y debe buscar no caer en la provocación de la espiral de la violencia y la guerra,
instrumentada por el gobierno y sus aliados. Y hay algo fundamental asimismo para tener
en cuenta: existe una relación de proporción entre ambas espirales de lucha; por eso la necesidad
de la desobediencia civil. Nos impresionó en Barrancabermeja, la claridad con la
que expresó este principio el teniente coronel Savio Andrade, alto mando de la seguridad:
«El uso de la fuerza es proporcional. Si el estado de las cosas se eleva, hay que elevarlo».4.1. La espiral de la violencia y la labor de documentación de la Misión SOS
Los distintos testimonios recabados tanto en la Misión SOS, como en entrevistas previas
con estudiantes y profesores vinculados al Seminario de cultura de paz, memoria e investigación
social, que organizaron Serpaj, la Universidad de la Amazonía y la Colectiva de
Cultura de Paz y Noviolencia (UNAM), nos demostraron que el gobierno colombiano y sus
aliados se han negado sistemáticamente a «negociar como iguales».
Después de haber visitado once regiones (Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia,
Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca) y de haber escuchado
tanto a representantes de entidades del Estado, como a integrantes de primeras líneas,
organizaciones campesinas, asociaciones de derechos humanos, integrantes de misiones
médicas, colectivos LGBTIQA+, organizaciones de mujeres, integrantes de la minga indígena
y colectivos de afrodescendientes, se pudo identificar que existen patrones claros de actuación
de la fuerza pública frente al ejercicio libre del derecho a la protesta. Esa ha sido una
aportación de la enorme labor de documentación que realizó la Misión: demostrar que los
hostigamientos, seguimientos, perfilamientos, mutilaciones, detenciones arbitrarias y prácticas
de tratos crueles inhumanos y degradantes exhibían las mismas formas de actuación
en todo el territorio colombiano, por lo cual obedecían a una sistematicidad y racionalidad.
En consecuencia, la Misión SOS pudo concluir que se ha implementado una estrategia
de guerra contra el libre derecho a la protesta pública. En palabras de quienes entrevistamos,
es claro que la lucha no ocurre en igualdad de condiciones y que los enfrentamientos
durante las protestas, de ninguna manera guardan la misma proporción entre las partes,
en términos de medios económicos, estructura de inteligencia y armamento, pero también
de propósitos, puesto que los abusos de la fuerza policial o de grupos paramilitares
y civiles armados, en muchos casos, tienden a la eliminación del otro. Para ilustrar esto,
basta decir que, incluso en los centros urbanos, donde estas prácticas no estaban normalizadas,
el gobierno usó helicópteros de tipo militar como estrategia de aterrorizamiento
y disipación de las masas movilizadas (CIDH, 2021: numeral 51).
En este proceso ha sido importante el horizonte teórico de los grupos de poder en
Colombia que ha apelado a la teoría de la «guerra molecular» o «revolución molecular
disipada», término que entró de lleno en el debate público después de que Álvaro Uribe
Vélez, expresidente de Colombia, lo hubiera mencionado en su cuenta de Twitter (Uribe,
2021). Esta teoría interpreta las acciones de resistencia civil como hechos orquestados por
grupos de intereses contrarios a los Estados nacionales que buscan socavar la normalidad,
con el fin de llevarlos a una «guerra civil permanente» (CNN, 2021). Con este discurso, se
ha justificado la participación de civiles o paramilitares armados impunemente situados
al lado de policías disparando a manifestantes desarmados, con cuerpos antimotines altamente
violentos y deshumanizados encabezados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD), que ensayó mundialmente nuevos tipos de armas y tanquetas cada vez más letales
y violentas. Sin lugar a dudas, sea este el nombre adecuado o no, existe una coincidencia
entre distintos actores del gobierno en que lo observado durante los meses de Paro
Nacional se correspondía con «un nuevo tipo de guerra» (Pérez, 2021).
A continuación describiremos dos estrategias que, más allá de la violencia directa (Jiménez,
2018, p. 316), constituyen importantes estrategias de lucha del adversario: la criminalización
y estigmatización, sobre todo a los jóvenes y a los sectores más pobres, y un
contexto continuado de impunidad que repercute en la percepción de amplios sectores de
la sociedad sobre la confianza en las instituciones de justicia, pero también en la capacidad del Estado para establecer bases de verdad y reparación, no sólo respecto del actuar
policial en este Paro Nacional, sino también del conflicto armado en Colombia.
4.2. El combate a la fuerza moral de quienes luchan
Aunque, en un primer momento pudiera parecer que el objetivo del adversario en contextos
de transformación social consiste en eliminar a su oponente, es importante reflexionar
en que esto resulta imposible si antes no se ha ocupado de minar su fuerza moral. En
este ensayo se ha reseñado ya cómo la teoría sobre la «revolución molecular disipada»
constituye una de las bases teóricas que sirve a esos intereses.
Para dar profundidad a este tema, debemos recordar el contexto histórico más amplio
en el que se ha situado este levantamiento social. Tal como se mencionó, Colombia
viene de un proceso de exterminio y guerras continuadas que condujo al Tribunal Permanente
de los Pueblos a juzgar al Estado colombiano por prácticas de genocidio. El proceso
de la implementación de los acuerdos de Paz, en consecuencia, ha venido ocurriendo en
un momento en el cual se encuentra todavía en pugna el relato sobre el conflicto armado.
Esto ha permitido que, todavía ahora, se figure a los actores que ejercen su libre derecho
a la protesta como sujetos violentos en la misma proporción que el Estado y grupos paramilitares
y del narcotráfico.
Además, algunas dinámicas identificadas ya desde la sentencia del Tribunal (2021),
se reeditaron en este nuevo Paro Nacional, como la «proyección de la acción insurgente
» hacia la protesta civil (p. 121) y la hipótesis de que las expresiones de organización
autónomas se encontraban financiadas por grupos armados o por partidos políticos.
Asimismo, el discurso oficial buscó cargar el costo de la crisis socioeconómica por la que
atravesaba el país a la protesta social. En consecuencia, la condición histórica de Colombia
propició, durante el periodo de abril a junio de 2021, una rápida escalada discursiva en la
que, con los motes de «vándalos y terroristas», se intentó construir a las y los protestantes,
en el imaginario social, en un enemigo interno.
Todo ello no hubiera sido posible sin la importante cooperación de una base empresarial
que concentra la oferta del mercado informativo, así como otras fuentes de riqueza.
En este sentido, invitamos a reflexionar cómo, a la par de que existieron grandes ejercicios
de cooperación entre iguales en los núcleos de organización de las protestas regionales,
también hubo una cooperación entre los grupos de poder económico y político en Colombia,
que se extendió hacia otros sectores de la sociedad. La lógica de acción del gobierno
de Duque, entonces, logró sumar a directores de hospitales, que negaban la atención a
heridos durante las protestas, dueños de empresas que corrían a sus empleados cuando
descubrían su vinculación con el movimiento social y personas identificadas con la identidad
de la gente de bien, en general.
Una de las armas para lograrlo, consistió en el borramiento de las identidades de lucha
y de sus propósitos y demandas bajo un discurso estigmatizante, pero también en el
silenciamiento de los abusos cometidos por la autoridad y la tergiversación de los abusos
policiales bajo la sospecha de que hubieran sido producto de una violencia ejercida por los
manifestantes. Un ejemplo de ello lo constituye la nota «Bogotá fue nuevamente escenario
de violencia, muerte y vandalismo por algunas protestas en tres puntos de la ciudad»
(Semana, 2021), en la que se relata el asesinato del joven Alonso Fandiño por el impacto de
una cápsula de gas en el pecho. Es importante decir que, en Colombia, la consonancia entre el discurso oficial y los
medios masivos más importantes del país incluso llegó al extremo de que estos publicaran
y propagaran fichas de búsqueda de personas que, sin haber pasado por un proceso
jurídico, se exhibían públicamente como culpables: «Así identificaron a los 25 vándalos
más buscados de Bogotá» (El Tiempo, 2021a); «Denuncie: estos son los 60 más buscados
por vandalismo en Barranquilla» (Blu Radio, 2021), «Con millonarias recompensas, policía
busca a vándalos de marchas» (Caicedo, 2021). En contraste, estos mismos medios otorgaron
un espacio para que un civil que fue fotografiado apuntando con un arma de fuego a
manifestantes explicara su actuación y ratificara su identificación con la «gente de bien»
(El Tiempo, 2021b; Semana, 2021b).
Al claro sesgo polarizante, además, se sumaron, por un lado, los riesgos del ejercicio periodístico
en los momentos de la protesta y, por otra parte, una gran circulación de información
falsa, mezclada con otra verdadera, mediante las redes, que obstaculizaba la toma
de decisiones con base en el conocimiento y, por el contrario, generaba incertidumbre
entre la población. Como se menciona en el informe preliminar de la Misión, el riesgo para
los periodistas ha aumentado tanto que, por primera vez en mucho tiempo, «algunos […]
han decidido usar cascos con identificación para su protección» (Misión SOS, 2021, p. 9).
Por eso, en un contexto tan adverso, que incluso propiciaba la autocensura de la prensa,
la labor de medios alternativos fue fundamental. En palabras de Alberto Tejada, de Canal
2 en Cali, durante su entrevista con la Misión, su labor se enfocó en «darles voz y rostro
a los muchachos», puesto que «saltar de la protesta a la propuesta será posible cuando se
reconozca a los jóvenes como un sujeto político».
Con gran valentía, entonces, quienes trabajan en medios alternativos desafían la orden
implícita de guardar silencio frente a las distintas violaciones a los derechos humanos
ocurridas en sus territorios y, documentando, sientan las bases para establecer condiciones
mínimas de acceso a la verdad y a la justicia. A la par, muchas personas, con gran
valentía, desafiaron también la lógica de silenciamiento del Estado y, de manera autónoma,
registraron con celulares distintos excesos de la fuerza pública. El castigo hacia estas
actividades fue terriblemente cruel. Muchas mujeres sufrieron tocamientos, abuso y tortura
sexual por ello. Sin soslayar este dolor, es importante observar la identidad de lucha
y el desafío a la autoridad de estas personas que, con su labor, instauraron en la sociedad
ejemplos de no-cooperación con los mecanismos de impunidad que reseñaremos en el
siguiente apartado.
5. Postura de las autoridades: una burocracia que esconde
quién da la orden
La Misión SOS identificó, a su vez, en las diferentes regiones del país, una postura gubernamental
casi uniforme enfocada en reconocer parcialmente, negar o minimizar las graves
violaciones a los derechos humanos que se dieron y se siguen dando en el Paro Nacional.
De las diversas entrevistas con representantes de la Policía Nacional y otros agentes del Estado,
en ninguna se dio un reconocimiento del uso excesivo de la fuerza. En algunos casos,
miembros de la Policía y de Personería hicieron énfasis en el bajo número de denuncias
que se han presentado contra las autoridades en las ciudades. Las pocas investigaciones
disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública, sin embargo, demuestran el fenómeno
de impunidad que se ha venido desarrollando y que describiremos a continuación. Bajo la ley colombiana, la fuerza policial es parte del Ministerio de Defensa, es decir,
parte del poder ejecutivo. Las víctimas de asalto policial o arresto arbitrario pueden iniciar
procedimientos disciplinarios, de los que está a cargo la Procuraduría General y la misma
Policía. El proceso penal se inicia en la Fiscalía, que investiga si los hechos denunciados se
cometieron en relación con los servicios policiales o si se derivaron de acciones ajenas a
la actividad policial. Cuando la conducta está vinculada a las actividades de servicio de los
policías, la Procuraduría General debe trasladar el caso a la Jurisdicción Militar, que realiza
la investigación, la acusación y el juicio.
Por su parte, la Jurisdicción Penal Militar, también adscrita al Ministerio de Defensa,
es la encargada de investigar y sancionar las posibles faltas que cometan los oficiales de
la fuerza pública en el marco de su servicio. Sin embargo, se trata de una institución que
carece de la confianza ciudadana, debido a la alta impunidad y a su falta de autonomía e
independencia (Temblores ONG, s. f). Cuando la Fiscalía determina que la conducta investigada
no está vinculada a las actividades de servicio de los policías, acusa al oficial de
policía y ordena que se lleve a cabo el litigio ante jueces ordinarios. Pero en Colombia, solo
en ocasiones excepcionales de flagrante abuso policial –como el caso de Nicolás Neira– la
Fiscalía ha decidido ceder el caso a la justicia ordinaria y no a la Jurisdicción Militar (El
Tiempo, 2021c).
El diseño institucional y la cadena de mando de la Policía explica la dificultad para que
esta garantice el derecho a la protesta pacífica. Aunque la Constitución colombiana otorga
a los alcaldes la función de máxima autoridad de la Policía, el director de ella depende del
Ministerio de Defensa, que a su vez responde al Presidente de la República. Esta contradicción
genera un cortocircuito, pues, aunque la Policía debe responder constitucionalmente
a los alcaldes, en la práctica se encuentra más cercana a los dictámenes de la presidencia
de la República. No existe una claridad en los municipios y ciudades de quién da las órdenes de la
intervención policial y, por lo tanto, de quiénes deben ser las personas responsables por las violaciones
a los derechos humanos presuntamente causados por integrantes de la fuerza pública.
A ello se suma que existe temor, por parte de las personas que han denunciado violaciones
a derechos humanos por cauces institucionales, debido a las acciones de amenaza y
ataque que se puedan llevar a cabo, con posterioridad al Paro Nacional, contra ellas.
Muchos jóvenes han recibido amenazas de muerte en sus casas, con sus familias, en
los barrios más pobres, y han optado por no dormir en sus hogares para proteger a sus
familias. Conocimos a dos mujeres jóvenes en Santander que han tenido que cambiar su
corte y color de pelo por temor a ser identificadas por la Policía, después de que conocidos
de algunos agentes les han advertido que deben cuidarse porque «ya las tienen fichadas».
También conocimos al menos un caso de violencia sexual durante el arresto arbitrario de
una manifestante que, por el temor que infundió el oficial de policía involucrado, decidió
no denunciarlo. Personas cercanas a esta manifestante y que trabajan en la Policía le advirtieron
que su agresor «la estaba buscando».
La mayoría de las personas entrevistadas por la Misión SOS no tiene confianza en presentar
denuncias porque no existen garantías para tal efecto. El temor de denunciar se
evidencia en testimonios de personas que han puesto en conocimiento los abusos que han
sufrido y, a continuación, son víctimas de señalamientos, persecuciones, hostigamientos,
y amenazas de muerte. En ese sentido, las personas que deciden denunciar son víctimas
también de una violación a sus derechos de acceso a la justicia. La estigmatización, la criminalización
y la falta de garantías judiciales permite que las conductas violatorias de derechos humanos continúen. Ante esta narrativa —que, como se describió, apoyan algunos
medios de comunicación masiva—, las personas manifestantes son representadas como si
fueran criminales, y la pregunta sobre la protección de sus derechos fundamentales pasa
a un segundo plano.
5.1. Modus operandi de la Policía
El hecho de que la Policía Nacional esté adscrita al Ministerio de Defensa tiene varias consecuencias.
Por un lado, ha implicado la militarización de la Policía y ha condicionado la
manera en la que se relaciona con la protesta social. (El Espectador, 2015). No se comporta,
frente a las movilizaciones, como un cuerpo civil para tramitar los problemas de convivencia
y seguridad ciudadana, sino que entabla una relación criminalizante, con la protesta.
La utilización de la Policía para la protección de intereses privados ha profundizado la
impunidad en el marco del Paro Nacional (Ariza, 2021).
Por otra parte, la Misión SOS recibió muchas denuncias que indicaban que los policías
que intervenían en las protestas no tenían número de identificación. Otros relataron que
vieron a los oficiales cambiarse la placa y las armas entre ellos. Dada la indumentaria de
protección que usan estos oficiales, la única manera de identificarlos e individualizarlos
consiste justamente en sus números de investigación o en rastrear una munición al arma
de quien la disparó (Castellanos, 2021). Sin embargo, la institución se ha encargado de
hacer esta identificación e individualización imposibles.
Obstáculos como la imposibilidad de identificar a los agentes de la fuerza pública debido
a la práctica reiterada y sistemática de ocultamiento o intercambio de insignias, cascos
y números de identificación, y en especial impedimentos para el acceso a mecanismos de
justicia en casos de violencia de género, contribuyen también a la impunidad. Asimismo,
la lentitud en la tramitación del proceso de denuncia, de las investigaciones a agentes del
Estado por vulneración de derechos humanos y la falta de criterio en estas investigaciones
se suman a lo anteriormente descrito.
La Misión SOS también identificó una práctica recurrente de la Policía que ha presionado
antes de liberar a las personas para que no acudan a medicina legal o para que firmen
un «acta de buen trato» o filmen un video afirmando que no han sido torturadas. En otro
caso que conoció la Misión, policías encubiertos visitaron el hospital donde se encontraba
un joven herido en el ojo. Allí, los oficiales solicitaron hablar con el joven y con su madre:
les interesaba saber si iban a denunciar el incidente y persuadirlos para que no lo hicieran.
Un médico del hospital protegió al joven e impidió que estos oficiales lo intimidaran, pero
este ejemplo hizo que muchos otros jóvenes heridos prefirieran no acudir al hospital por
miedo de ser perseguidos allí.
Como explicamos, frente a presuntos hechos de abuso policial, la ciudadanía cuenta
con el respaldo constitucional de la Procuraduría General y de la Fiscalía. Sin embargo,
el partido del gobierno ha cooptado estas entidades: como resultado de la influencia del
presidente Iván Duque, las instituciones encargadas de proteger a los y las manifestantes
carecen de la capacidad y/o voluntad política para proteger la protesta y a los defensores
de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado reiteradamente al gobierno
a utilizar estas instituciones para prevenir la violencia contra defensores de derechos
humanos, establecer medidas de protección más robustas para los defensores
e implementar una política de protección integral. Sin embargo, éstas no cumplen sus mandatos y no crean un entorno en el que los defensores puedan ejercer libremente sus
derechos. Por este motivo, existe un subregistro de los casos en que agentes de la fuerza
pública hubieran vulnerado de alguna manera a la población, por lo que, desde sus propios
medios, las cifras con las que puede establecer un diagnóstico únicamente se refieren a
quienes buscan garantías —que, como vimos, no es el caso de la población joven, que desconfía
incluso de las instituciones que podrían brindarlas (Corporate Accountability Lab,
2021).
6. ¿Qué pasará con los y las líderes del paro nacional?
En general, las instituciones públicas que tienen como función legal y constitucional realizar
el seguimiento, control, protección y promoción de los derechos humanos (tales como
el Ministerio Público, Personería o Promotores de convivencia) desempeñan un rol difuso,
incompleto, sin controles diarios de sus actuaciones, sin presencia permanente en los
puntos de movilización, lo que conduce a que el Estado eluda su responsabilidad por la
falta de control de las entidades que tienen este mandato legal y constitucional.
La Misión SOS pudo identificar una erosión general de la capacidad de entidades como
la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, instituciones estatales a las que los y las colombianos/
as en riesgo podrían haber acudido en busca de protección, puesto que carecen de la
capacidad para proteger adecuadamente a las personas en riesgo en Colombia. Por eso,
los y las manifestantes no tienen a dónde acudir en caso de que se enfrenten a amenazas
de violencia.
El gobierno colombiano tiene una serie de instituciones y agencias encargadas de proteger
a los defensores de derechos humanos. Sin embargo, instituciones como la Unidad
Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación no
pueden proteger a los y las manifestantes y tienen un historial de no procesar los casos en
los que han sido asesinados defensores de derechos humanos, lo que incrementa el riesgo
aún más. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección es extremadamente lenta en responder
a las solicitudes de seguridad. Esto se explica porque, a pesar de los mayores riesgos
para defensores de derechos humanos, durante la pandemia de COVID-19, la Unidad
Nacional de Protección disminuyó el número de medidas de seguridad que implementó
en 2020. Durante este mismo período, los asesinatos de defensores de derechos humanos
aumentaron alrededor de 60%. La Unidad Nacional de Protección ha creado un proceso
complejo para obtenerla. En algunos casos, la falta generalizada de garantías no ha dejado
a defensores de Derechos Humanos otra opción que la de huir o esconderse.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia está a cargo de la protección, defensa
y promoción de los derechos humanos. Atiende peticiones y quejas relacionadas con
la protección de los derechos fundamentales y brinda asesoramiento a personas cuyos
derechos humanos han sido violados. El Acuerdo de Paz estableció la autonomía e independencia
constitucional de la Defensoría del Pueblo, y ordenó que supervisara los riesgos
de derechos humanos y emitiera y rastreara «alertas tempranas» cuando identificara
amenazas a los derechos humanos en cualquier región del país. La independencia política
de la Defensoría del Pueblo fue fundamental en su creación, dada la importancia de su
función de control de los excesos cometidos por las fuerzas gubernamentales. Antes de
2018, cuando se eligió al presidente Iván Duque, la oficina del Defensor del Pueblo mantuvo
esta independencia. Sin embargo, al asumir el cargo, el presidente Duque nombró a su socio político cercano, Carlos Camargo, para dirigir la institución, a pesar de acusaciones
de corrupción en su contra. Desde entonces, el sistema de «alertas tempranas» ha disminuido
significativamente. Además, la Defensoría ha dejado de mantener estadísticas sobre
defensores de derechos humanos asesinados. En consecuencia, aunque la Defensoría del
Pueblo tiene un historial de independencia, más recientemente no ha cumplido con su
mandato.
Finalmente, la Fiscalía tiene el deber de enjuiciar e investigar los delitos de los que
tenga conocimiento a través de una denuncia, una solicitud especial o de oficio. Dichos
delitos incluyen amenazas a defensores de derechos humanos, así como asesinatos y otros
daños físicos. Aunque los y las manifestantes han sido amedrentados/as en aumento, la
Fiscalía usualmente no investiga las amenazas, no procesa los asesinatos y otros daños
físicos a defensores de los derechos humanos. En cambio, a esta institución se le acusa de
crear un ambiente de impunidad, manipular las tasas de homicidio y criminalizar a personas
manifestantes por cargos falsos o ambiguos.
Según la ONG Somos Defensores, es probable que la tasa de impunidad por tales delitos
sea de alrededor del 90%. Un estudio de INDEPAZ encontró que cerca del 54% de los homicidios
pueden atribuirse a grupos paramilitares, el 10% a agentes policiales y militares y el
6% a la guerrilla. Dado que la Fiscalía no suele investigar los delitos contra los y las manifestantes,
los responsables son conscientes de que es poco probable que sean procesados,
lo cual crea un entorno propicio para más asesinatos, daños e impunidad. En los últimos
años, la Fiscalía incluso ha procesado a defensores de derechos humanos por cargos falsos
o basados en leyes vagas, incluida la conspiración criminal y la rebelión, un fenómeno que
se ha vuelto más y más común. En 2019, 31 defensores de derechos humanos enfrentaron
acoso judicial, 244% más que en 2012. También es común que los defensores de derechos
humanos sean acosados por fiscales locales en regiones donde existen acuerdos entre empresas
privadas y la policía («convenios de cooperación»), acuerdos que han contribuido
a la militarización de las regiones y la criminalización de los defensores de derechos humanos
que se oponen a las consecuencias de las economías extractivas (El Espectador,
2015). Los arrestos arbitrarios y otras formas de acoso judicial sirven como disuasión para
aquellos que protestan.
7. ¿La espiral de la resistencia civil noviolenta podrá revertir
la espiral de la violencia?
Como se puede observar, los grupos de poder han aprovechado toda situación para criminalizar
con violencia, racismo y desprecio de clase («gente de bien») sobre todo a los jóvenes
y más pobres. Además, los han hostigado, perseguido, mutilado, matado y torturado.
La construcción oficial del aterrorizamiento social que busca desmovilizar a las masas, tiene
también fuertes tintes de racismo y clasismo hacia los más pobres y jóvenes, a quienes
se desprecia y mata, hacia quienes se construyen formas de odio de clase, acusándolos de
saqueadores, terroristas, etc., a pesar de que la experiencia nos enseña que la gran mayoría
de las acciones vandalizantes en medio de las movilizaciones sociales son construidas
por grupos infiltrados desde el poder, lo que tampoco justifica los excesos que a veces se
cometen desde los mismos manifestantes en sus diferentes y respetables ideologías, pero
que tanta fuerza moral quitan a la lucha.
Gran desafío, entonces, es que la espiral de la resistencia civil noviolenta no caiga en las
provocaciones de la espiral de la violencia y la guerra, del odio social, pues sería entrar «a
su juego» donde se controlan la mayoría de los aparatos e instituciones desde el poder. Y,
a la vez, se debe lograr incrementar las acciones noviolentas y la indignación social para
que las autoridades y sus grupos de poder cercanos sientan una presión creciente, y deban
ceder en las demandas —inmediatas y más profundas— de cambio social que se están exigiendo.
Para ello, resultaría central desde la resistencia civil noviolenta cuidar la relación
coherente entre el fin y los medios en las acciones del levantamiento social, para seguir
sumando los más cuerpos posibles y poder social a la lucha.
Ante esto, el pueblo, en su creciente espiral de la resistencia civil noviolenta y combate
al aterrorizamiento represivo, ha ido creando e inventando permanentemente nuevas
formas organizativas incluyentes y horizontales, articuladas y no en redes entre sí, ajenas
muchas veces a las formas tradicionales organizativas corporativas o de la sociedad civil,
que asimismo también están presentes. La gran batalla en la lucha social es por «tener
la iniciativa, la direccionalidad» —en política se diría imponer «la agenda»— y el levantamiento
social de abril controló la iniciativa al menos durante los primeros tres meses;
ahora el desafío es volver a tenerla ante las muchas acciones de todo tipo oficiales por
recuperarla.

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Proceso Editorial • Editorial Proccess Info
Recibido: 06/07/2021 Aceptado: 12/11/2021
Fuente:
Ameglio Patella, Pietro; Espejo Pinzón, Gabriela Monserrat y Ariza Isabella (2021) Paro nacional en Colombia:
espiral de la resistencia civil noviolenta, medios de comunicación y mecanismos de impunidad,
Revista de Cultura de Paz, Vol. 5, pp. 105-122.
Sobre el autor • About the Author
Pietro Ameglio Patella. Profesor titular UNAM-Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del Programa
UNAM-Papime de Cultura de Paz y Noviolencia; activista social. Ha realizado numerosos talleres, cursos,
conferencias y publicaciones.
Gabriela Monserrat Espejo Pinzón. Estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México
y participó en la Misión Internacional por garantías para la protesta social y contra la impunidad en
Colombia, como integrante de la Colectiva de Cultura de Paz y noviolencia (UNAM). Actualmente colabora
en el área de comunicación con el Centro de Estudios Ecuménicos.
Isabella Ariza. Hace parte de la Misión en nombre de Corporate Accountability Lab (Chicago, EE. UU.).
Abogada de derechos humanos con experiencia en rendición de cuentas empresarial y litigio civil. Actualmente
se desempeña como dependiente judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Archivo original:
125-425-2-PB