Paramilitares, procesamiento y transporte de cocaína

Ingreso de armamento a paramilitares en Curbaradó, avanza procesamiento y transporte de cocaína, detenido en proceso contra palmeros deambula libre en Chigorodó.

Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2011

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CARLOS ESGUERRA

Ministro de Justicia

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

“Porque tú les has robado a un sinnúmero de pueblos, asesinado a su gente, arrasado el territorio… hay de el que levanta su casa con ganancias injustas… hay de quien construye su poder en base a sangre y acumula con medios injustos” Habacuc 2, 7
Reciban un respetuoso saludo

Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones paramilitares en medio de actuaciones tolerantes, ausentes de rigor con los deberes constitucionales de protección a la población, por parte de las fuerzas policiales y militares y la continuidad de actuaciones tendientes a lograr la construcción de relatos judiciales que desvíen las investigaciones penales y conduzcan a error judicial para favorecer a empresarios beneficiarios del paramilitarismo.

El ingreso de armamento hacia el Curbaradó en medio de controles y patrullajes policiales y militares por la única carretera que conduce de Mutatá a Curbaradó; las operaciones paramilitares dentro del territorio de Curbaradó en proximidad de la Zona Humanitaria ubicada en Llano Rico con siembras de coca, que se suman a las que se adelantan en límites con Jiguamiandó, en medio del control que dice tener la fuerza pública, son hechos que manifiestan la responsabilidad estatal de comisión por omisión con las lógicas y las estructuras criminales que desde 1996 azotan esta región bajo el pretexto de persecución a la guerrilla y la definición del uso de la tierra en conformidad con intereses privados.

La continuidad de intentos de persuasión bajo diversos mecanismos pretendiendo desvirtuar la verdad histórica, la verdad fáctica y obstaculizar el acceso a la verdad judicial con libretos testimoniales que eviten la identificación de responsabilidades penales individuales se desarrolla sin ninguna acción eficaz para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas.

Ante ustedes la fundamentación fáctica que consignamos en esta Constancia Histórica.

*Miércoles 19 de octubre hacia las 5:00 p.m. fue observado caminando por las calles de Chigorodó el vinculado con medida de aseguramiento MANUEL GREGORIO DENIS, quien tiene en el momento detención domiciliaria dentro del proceso 3856 que sigue la Fiscalía General de la Nación. En diversas ocasiones el detenido ha sido visto en diferentes actividades a lo largo y ancho del municipio de Chigorodó, en la mayoría de ocasiones movilizándose en una motocicleta.

El investigado ha sido visto con listados de la Fiscalía en el que aparecen testigos del proceso 3856 que han sido convocados a entregar sus versiones sobre el empresario de la palma aceitera GABRIEL JAIME SIERRA.

*Miércoles 19 de octubre en horas de la mañana arribaron al caserío de Llano Rico, dentro del territorio comunitario de Curbaradó, hombres armados con revólveres. Los hombres de los grupos paramilitares amenazaron a dos jóvenes advirtiéndoles que los iban a matar si no dejaban sus actividades delincuenciales.

* Jueves 20 de octubre nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que hacia las 8:00 a.m., del miércoles 12 de octubre ingresaron cerca de 300 fusiles en un camión tipo turbo destinado a los paramilitares que operan en Curbaradó. El automotor de carga atravesó por Pavarandó, pasando por el control permanente de la policía en el lugar y fueron descargadas en el punto conocido como Michurra desde donde fueron embarcadas en un bote hasta la finca “La Isa” entre Llano Rico y Belén de Bajirá.

De acuerdo con la información recibida con este armamento se pretende reforzar las operaciones de control territorial con la dotación a jóvenes que vienen siendo reclutados en diversos municipios del eje bananero.

* Lunes 24 de octubre a las 11:00 a.m. habitantes colindantes con el municipio de Mutatá manifestaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá su preocupación por la presencia y control de un grupo paramilitar, que se presenta como Los Rastrojos, en carcanías del resguardo indígena de Patadó, contiguo al consejo comunitario de Apartadocito, Curbaradó.

Según los pobladores, los paramilitares se movilizan por Pavarandó y Mutatá sin que la fuerza pública actúe. Agregaron que una de las funciones del grupo es asegurar los negocios de algunos empresarios ganaderos, palmeros, bananeros y también el cuidado y transporte de la coca y de la cocaína.

Los habitantes rurales manifestaron que aproximadamente a menos de dos kilómetros del resguardo indígena, en límites con el territorio de la cuenca del río Jiguamiandó, en el punto conocido como “El Martín”, se encuentra siembras de coca y los paramilitares están ofreciendo la vinculación laboral para trabajar en ellas.

* Lunes 24 de octubre en horas de la mañana integrantes del consejo comunitario de Camelias e integrantes de la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” constataron la destrucción de bienes de pan coger, y arbustos de cacao del consejo comunitario, así como, la destrucción de las vallas de identificación de las Zonas de Biodiversidad, y de los límites de la propiedad que se habían instalado meses antes de la invasión ilegal, ocupación de mala fe, que se inició en diciembre pasado.

* Martes 25 de octubre hacia el mediodía el integrante del consejo comunitario de Llano Rico, GUILLERMO DÍAZ, habitante de la Zona de Humanitaria “Argenito Diaz” constató el hurto de cerca de 30 frutos de coco de su propiedad por parte de militares adscritos a la brigada 17.

* Martes 25 de octubre hacia las 8:00 a.m., personas vinculadas con la producción y el procesamiento de cocaína movilizaron dos recipientes de sesenta litros cada uno para el transporte de de gasolina, utilizada en los laboratorios. Fueron movilizados, sin ningún control por parte dela Brigada 17 desde el punto conocido como Las Menas hasta Llano Rico.

Los paramilitares desde abril ingresaron a Jiguamiandó y Curvaradó en cuyos límites vienen implementando la siembra de coca e instalaron laboratorios de cocaína, que ha salido en medio de 4 retenes policiales y militares. Un número aproximado de 300 paramilitares se movilizan desde esa fecha entre Pavarandó, Belén de Bajirá y Curvaradó y otros 200 se mantienen en Jiguamiandó.

Nuestra Censura Ética ante la descarada operación en desarrollo de la estrategia paramilitar desde abril pasado en diversos puntos de Jiguamiandó y Curbaradó implementando la siembra de coca e instalando laboratorios de cocaína sin que exista reacción eficaz alguna del gobierno colombiano. El ingreso de armas por parte de los paramilitares en medio de puestos de control o de la movilidad de la fuerza pública sobre la carretera entre Mutatá y Curbaradó expresa la consolidación de su poder armado en el territorio de las comunidades negras que pretende ser restituido.

Nuestra Censura Ética ante la incapacidad institucional para afrontar la situación creada por estímulos empresariales, protegidos por paramilitares, como la invasión u ocupación de mala fe de tierras en Camelias, Curbaradó y lograr la devolución efectiva de los predios afectados con daños ambientales y ecológicos, siembras e instalación de viviendas. Desde diciembre han pasado 10 meses en que los ocupantes de mala fe continúan abriendo paso y asentándose dentro del territorio sin ninguna medida eficaz de protección a la propiedad.

Nuestra Censura ante la inoperancia institucional para proteger el territorio comunitario de Camelias, en Curbaradó y la inoperancia ante la operación paramilitar en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó mecanismos a través de los cuáles beneficiarios de la violencia están definiendo el uso de la tierra.

Ante la gravedad de la situación anteriormente descrita urge, que en conformidad con sus mandatos constitucionales, adopten cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal y comunitaria, el derecho de habitación con tranquilidad en los predios colectivos.

Conocidas las nuevas situaciones que se están presentando y en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional requerimos se dé respuesta a las siguientes inquietudes

1. Ante el conocimiento de la versión de ingreso de 300 armas que transitaron por retenes de la fuerza pública o en lugares de presencia permanente como el municipio de Mutatá, ¿qué medidas eficaces van a adelantar sobre responsabilidades institucionales y de personas en todos los niveles frente a este hecho?

2. Frente a la amplia extensión de siembra de hoja de coca, el conocimiento de laboratorios de cocaína, ¿qué medidas de tipo represivo sobre las estructuras armadas que se encuentran promoviendo, protegiendo y usando indebidamente de predios colectivos en Vigía de Curbaradó, Curbaradó y Jiguamiandó, y resguardo indígenas en límites con Apartadocito, se han adoptado por la brigada 17 y la policía de Urabá? ¿Qué resultados existen en términos de capturas?

3. ¿Qué medidas se van adoptar frente a las operaciones paramilitares contra la población civil de los consejos comunitarios que se encuentran en los puntos específicos en donde se están movilizando e instalando estas estructuras armadas, como el predio La ISA, El Limón en Vigía de Curbaradó, Apartadocito y Llano Rico?

4. ¿Ante las omisiones y actitudes tolerantes de agentes estatales, en el momento de transporte de insumos para el procesamiento de hoja de coca en lugares de presencia y controles policiales y militares, qué medidas se adoptaron disciplinarias y de control interno?

5. Ante la evidencia de la libre movilización del detenido MANUEL GREGORIO DENIS con la pretensión de hacer incurrir en error desviando responsabilidades penales de personas procesadas como GABRIEL JAIME SIERRA, ¿qué medidas eficaces se van a adoptar para evitar la distorsión judicial y la sanción debida a actuaciones indelicadas y contra derecho?

6. ¿Qué medidas de tipo disciplinario y penal se han adoptado contra los funcionarios que han desacatado la orden judicial de desalojo de los predios de la comunidad de Camelias afectados con la invasión, daños a cultivos de autosostenimiento y daños ambientales?
Con profunda preocupación e indignación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz