Paramilitares matan a un padre y su hijo en Colombia
Manuel Ruíz, miembro del consejo comunitario de Apartadocito, y su hijo fueron secuestrados y posteriormente asesinados por paramilitares en el norte de Colombia el 23 de marzo. Otros miembros de la familia y la comunidad pueden correr peligro.
El 23 de marzo, los paramilitares secuestraron a Manuel Ruíz y su hijo de 15 años, Samir de Jesús Ruíz, miembros de la comunidad afrodescendientes y afromestiza de Apartadocito, en la cuenca del río Curvaradó, departamento del Chocó. Ambos viajaban entre la localidad de Mutatá, departamento de Antioquia, y la zona de Apartadocito. Según testigos, los paramilitares les dieron el alto en una zona conocida como “El Basurero”, cerca de Mutatá. Manuel Ruíz consiguió telefonear a su familia para decirles que los habían sacado del vehículo en el que viajaban y que sus secuestradores pedían una gran suma de dinero a cambio de su liberación. Antes de su secuestro, unos paramilitares se les habían acercado en Mutatá y los habían acusado de ser guerrilleros, y luego la policía los había retenido brevemente.
El 24 de marzo, un paramilitar informó a la familia de Manuel Ruíz y Samir de Jesús Ruíz de que los habían matado a los dos esa mañana. El 27 de marzo, unos miembros de las comunidades de la cuenca del río Curvaradó, acompañados de observadores nacionales e internacionales, encontraron el cadáver de Manuel Ruíz en la zona de Río Sucio. El 28 de marzo se encontró el cadáver de su hijo Samir de Jesús Ruíz cerca del río, en la zona de Cañaduzales.
El homicidio de Manuel Ruíz y Samir de Jesús Ruíz tuvo lugar justo antes de una inspección gubernamental que se iba a realizar en una zona conocida como Los Piscingos. Manuel Ruíz iba a guiar a los inspectores del gobierno. La inspección fue una respuesta a una orden judicial dictada el 7 de marzo de 2012 en la que se indicaba que se iba a realizar un censo de la zona para determinar quiénes eran los propietarios legítimos de la tierra. La familia de Manuel Ruíz y otras personas fueron desplazadas de Los Piscingos por fuerzas paramilitares en una operación conjunta emprendida por el ejército y los paramilitares en la zona en 1996. Tras el secuestro y el asesinato de Manuel Ruíz y su hijo, la familia ha abandonado Apartadocito, ante el temor por su seguridad.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El consejo comunitario de Apartadocito forma parte del órgano que gobierna la zona de tierras colectivas del Curvaradó.
Desde la década de 1990, los paramilitares, solos o en connivencia con las fuerzas armadas, han sido responsables de homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de afrodescendientes e indígenas que viven en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y en el resguardo indígena de Urada-Jiguamiandó. Para garantizar su seguridad, los miembros de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó crearon Zonas Humanitarias para afirmar su derecho como civiles a no verse arrastrados al conflicto. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido amenazados y asesinados. En el último par de años, varias personas que vivían en la región del Jiguamiandó y Curvaradó y que habían protestado por la ocupación de sus tierras por parte de cultivadores de palma africana y otros intereses económicos han sido asesinadas por paramilitares, que siguen manteniendo una fuerte presencia en la región pese a que la presencia del ejército es aún mayor. Quienes viven en el resguardo de Urada-Jiguamiandó también han sido objeto de repetidas amenazas de muerte, y varias personas han sido asesinadas desde finales de la década de 1990.
En 2011, tras una visita de ministros del gobierno a la zona, se informó de una gran presencia paramilitar a una hora de distancia de las Zonas Humanitarias de Caracolí, Tesoro-Camelias y Caño Claro-Andalucía, y la zona de El Firme y No Hay Como Dios, en la cuenca del río Curvaradó. Se confiaba en que la visita de los ministros del gobierno diera lugar a un compromiso de devolver las tierras robadas, en muchos casos violentamente, por paramilitares que actúan en favor de los intereses de los cultivadores de palma y de banana y los ganaderos de la región. La devolución de estas tierras fue ordenada por la Corte Constitucional en una resolución dictada en mayo de 2010. Los informes indican que los paramilitares planean matar a los afrodescendientes que hacen campaña por la restitución de las tierras robadas. En los últimos años se ha atentado contra la vida de dirigentes y habitantes de las Zonas Humanitarias. En 2008, Walberto Hoyos Rivas, dirigente de la comunidad de la cuenca del río Curvaradó, murió a manos de paramilitares.
Las comunidades afrodescendientes, junto con las indígenas y campesinas, son de las más afectadas por el largo conflicto armado interno de Colombia. Han sufrido desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad o los paramilitares (que actúan solos o en connivencia con las fuerzas armadas), y secuestros a manos de grupos guerrilleros.