Paramilitar condenado por operaciones ilegales concertadas con INCORA
Rodrigo Alberto Zapata Sierra, más conocido como “Ricardo” fue condenado a 10 años de privación de la libertad por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, Desplazamiento Forzado e Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica por el despojo de los territorios colectivos de las comunidades Curvaradó y Jiguamiandó.
Zapata formó parte de la estructura paramilitar de Vicente Castaño para la implementación de un megaproyecto agroindustrial de siembra de palma aceitera.
De acuerdo con Raúl Hasbún y Hebert Veloza Zapata fue el encargado de legalizar muchas de esas tierras por sus acuerdos con funcionarios del INCORA. Según, estos dos exparamilitares el negocio de la palma era de Vicente Castaño..
El Juzgado Adjunto Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín en la sentencia aseguró que “no existe duda que entre los integrantes de las AUC hubo un acuerdo de voluntades, para ejercer actos hostiles en la zona del Bajo Atrato Chocoano y tomar posesión irregular de las tierras, que más tarde fueron destinadas a la siembra de palma, presentándose con posterioridad las negociaciones anómalas de los predios, y obtener a cualquier costo el apoderamiento de los territorios colectivos en los cuales, por orden de VICENTE CASTAÑO, se iría a desarrollar el megaproyecto palmero, el cual es una realidad procesal fue de su creación y propiedad”.
El juzgado hizo hincapié en que alias “Ricardo” muy cercano a Vicente Castaño fue de vital importancia para la legalización de los negocios ilegales de palma. Sus nexos llegaron hasta el gobierno de Uribe.
Zapata participó en el episodio de la visita de delegados paramilitares a la Casa de Nariño en 2008. Éste se hizo célebre como gestor de la reunión que se llevó a cabo en la Casa presidencial entre el posteriormente asesinado paramilitar Antonio López, alias “Job”, y los secretarios de prensa y jurídico del entonces presidente Uribe Vélez. Por lo menos tres conversaciones de planeación y resultados fueron conocidas. En una de ellas Zapata le dice a Antonio López que armó la reunión “en un tinglado el hijueputa (…) va el curita, (refiriéndose a César Mauricio Velázquez) y va el jefe de los abogados, (refiriéndose a Edmundo del Castillo). A las nueve de la noche de ese mismo día, A López se comunicó con “Ricardo” y sobre la reunión respondió: “”qué ¿de uno a diez? ¡Once!””. Una hora después de esa conversación Zapata llamó a López expresando que debían aportar tres millones a Óscar Iván Palacio Tamayo, político conservador, uribista, quién trabajó con Uribe en su época de gobernador y en particular socio en el Urabá antioqueño.
Esta condena pone de presente los vínculos develados, pero aún no sancionados, entre agentes del Estado -quienes fueron partícipes del acuerdo criminal- y los paramilitares y empresarios encargados de ejecutar el proyecto palmero.
Hasta el momento ninguno de los militares comprometidos en estas operaciones criminales ha sido sancionado.
Rito Alejo recientemente fue sancionado por el crimen de Marino López y Pauselino La Torre por tráfico de drogas. Ambos mandos de la brigada 17.
De acuerdos con los mandos paramilitares todos los generales o altos mandos de la brigada 17 eran parte de la estrategia paramilitar desde 1996 hasta el 2006
Bogotá, D.C. septiembre 6 de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz