Palmeros y el fantasma paramilitar
La Embajada de EE.UU. detalló en once de sus cables el lío agrario y el miedo de las comunidades negras.
El conflicto por la propiedad de la tierra en las regiones de Curvaradó y Jiguamiandó y la extensión de cultivos de palma africana en estos territorios del Chocó, constituye uno de los dilemas más significativos para la sociedad colombiana en el contexto de la lucha por los derechos humanos. La prueba de ello es que entre 2007 y 2009, al menos en once ocasiones la Embajada de Estados Unidos en Colombia remitió cables diplomáticos a Washington detallando este problema y dejando ver las dificultades para solucionarlo por la polarización de sus protagonistas.
Por ejemplo, en mayo de 2007 la Embajada informó que Colombia seguía aumentando su producción y exportación de palma africanacomo sustituto de la coca, pero que seguían apareciendo acusaciones de que algunos productores habían concertado con paramilitares para apropiarse ilegalmente de tierras de las comunidades afrocolombianas. En ese entorno, consignó el criterio de algunos grupos de derechos humanos que admitían beneficios de la siembra, pero ya hablaban de una nueva esclavitud.
En el mismo cable, la Embajada admitió que la agencia norteamericana Usaid estaba apoyando a varias comunidades en la región, y que, además de los problemas por la posesión de la tierra, también eran evidentes los dilemas ambientales y el reto de la atención a la población desplazada. Su criterio era que la falta de una correcta demarcación de los títulos facilitaba la explotación, que muchas plantaciones estaban asentadas en tierras comunales y que existían eventuales problemas de corrupción asociados al uso de documentación falsa.
Un mes más tarde, en otro cable, la Embajada detalló que el origen del problema fue la confrontación entre las Farc y el paramilitarismo en 1997, que obligó a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó a desplazarse y cuando regresaron sus tierras estaban ocupadas por plantaciones de palma africana. Buena parte de los palmeros argumentaron que ellos habían comprado esas tierras, pero organizaciones de derechos humanos replicaron afirmando que los vendedores habían obrado intimidados por los grupos paramilitares.
En este tenso panorama, entre 2001 y 2002, el Estado reconoció 100 mil hectáreas como territorios comunales de los afrocolombianos, pero la confrontación ya estaba creada. En el cable diplomático quedaron reseñados los avances de la Fiscalía tratando de resolver el conflicto, reconociendo que la mayoría de los investigados eran altos funcionarios de las compañías de palma, pero también admitiendo que el éxito de las investigaciones dependía de los testigos. Y definitivamente, en la región prevalecía el miedo a entregar testimonios.
A comienzos de 2008, en un nuevo cable la Embajada de Estados Unidos se mostró confiada en que el gobierno estaba empezando a resolver los problemas legales en Curvaradó y Jiguamiandó, pero admitió que los problemas de seguridad seguían afectando la decisión de las comunidades de regresar a sus tierras. Además, destacó la ausencia de entidades públicas para el tratamiento de la salud y educación y otros servicios humanitarios en la región, lo cual agregaba dificultades a la convivencia en estas regiones de Carmen del Darién.
A fin de enterarse de primera mano de lo que realmente estaba ocurriendo, delegados de la Embajada viajaron al Chocó y escucharon, de viva voz, las quejas de las comunidades. En particular, en el cable que se remitió a Washington registrando los detalles de la visita, se consignó el testimonio del líder campesino Enrique Petro, quien detalló cómo las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó estaban disputando el control de la tierra con trece compañías palmeras, algunas de ellas, según la Fiscalía, con nexos con el paramilitarismo.
El líder campesino señaló a las ‘Águilas Negras’ como colaboradores de algunos palmeros y acusó a los militares de no hacer nada por detenerlos. Por eso, la Embajada resaltó su petición de que se presionara al gobierno colombiano para resolver los problemas de títulos de las tierras, mejorar la seguridad y compensar a las comunidades. Él mismo detalló su caso particular, de reclamar su tierra y crear una zona humanitaria para otros desplazados, sacrificando la posibilidad de estar cerca de su familia por los problemas de seguridad.
Sin embargo, en el mismo reporte, la Embajada detalló el criterio de un alto oficial del Ejército, quien reconoció la presencia de bandas criminales, pero también que había un eje de tensión de posiciones encontradas entre los palmeros y un sector de las comunidades. Según el oficial, aunque no había presencia de Policía, las Fuerzas Militares trataban de garantizar seguridad y, concretamente, le estaban suministrando protección al líder Enrique Petro. El tercer actor del dilema era el gobierno, representado en Acción Social.
El cable incluyó la postura del director regional de este organismo, Luis Mario Gaviria, quien rechazó la versión de que no quisiera trabajar con las comunidades. En contraste, atribuyó esas quejas a la carga ideológica con que trabajaba en la región la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En informe a Washington fechado en junio de 2008, una vez más se insistió en este punto. Y citando como fuente al asesor del Ministerio del Interior, Camilo López, anotó que el deseo de Justicia y Paz era imponer su agenda ideológica.
Esta permanente división de opiniones fue el denominador común de los sucesivos cables diplomáticos que la Embajada de Estados Unidos remitió sobre el tema de Curvaradó y Jiguamiandó hasta 2009. Por eso, a pesar de que resaltó la presencia de Colombia como el quinto país productor y exportador de aceite de palma, con posibilidades de desarrollar una industria sostenible, también, una y otra vez, registró la estigmatización sobre los cultivos de palma, las tensiones por la propiedad de la tierra y la descoordinación estatal.
No en vano, uno de los cables fue titulado “Palma colombiana: alboroto en derechos humanos”. Por ejemplo, en octubre de 2008, al tiempo que registró comentarios de líderes de la comunidad atribuyendo a los palmeros el pago de dinero para dividir a los campesinos, volvió a incluir la postura del vocero de Acción Social, Luis Mario Gaviria, presentado como hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien expresó que se sentían bloqueados por la agenda ideológica de Justicia y Paz.
Entre la reseña de asesinatos cometidos, los reclamos de las comunidades campesinas por las amenazas en su contra o las apreciaciones de los empresarios de la palma argumentando que la estigmatización de la industria era resultado del abuso contra el crecimiento de este sector, la Embajada de Estados Unidos documentó, paso a paso, un problema que sigue sin solución entre los cultivadores de palma y las comunidades afrocolombianas en las regiones chocoanas de El Carmen del Darién y Riosucio.
Amenazas y tierras devueltas
A comienzos de 2009, la Embajada de Estados Unidos remitió un informe sobre el crítico problema de Curvaradó y Jiguamiandó, reconociendo que tres compañías dedicadas a la siembra de palma africana habían decidido entregar, de forma voluntaria, 1.269 hectáreas de tierra para que fueran devueltas a sus dueños legales. La entonces asesora del Ministerio de Agricultura, Catalina Riveros, admitió que era un paso significativo, pero que se requería mayor presión internacional. A su vez, un vocero de la Comisión Intereclesial respaldó el hecho, pero recordó que en la región seguían haciendo presencia las bandas criminales del grupo de ‘Don Mario’, con niveles de penetración en la Policía. En lo que va corrido del actual gobierno, ya se han registrado nuevos encuentros entre las comunidades y el Estado en busca de solucionar el dilema para las comunidades y la posesión de tierras.
Un territorio de extremo conflicto
La Defensoría del Pueblo ha seguido paso a paso el problema en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Su última actuación, de hace apenas 10 días, fue pedir a las autoridades la protección inmediata del líder Santander Nisperusa, miembro de la comunidad de Caño Manso, amenazado por las ‘Águilas Negras’.
Santander Nisperusa se salvó de un atentado hace dos semanas, razón por la cual la Defensoría urgió su protección. Pero además el organismo resaltó la grave situación que afrontan las comunidades de Llano Rico, Caracolí y Nueva Unión. Son poseedores de mala fe que introducen ganado en el territorio colectivo.
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a preservar los títulos de las comunidades negras, al tiempo que pidió a la Fiscalía ajustar a la legalidad procesos de judicialización que lleguen a afectar a los miembros de las comunidades. Como ocurre desde 1997, el Bajo Atrato sigue siendo territorio de guerra.
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