Palmas, sangre y burla
El pasado 5 de octubre el Tribunal Administrativo del Chocó expidió la sentencia 073 por medio de la cual se ordenó a nueve empresas palmicultoras, dos ganaderas, dos comercializadoras, y a 29 personas naturales suspender sus actividades en el término de 48 horas y entregar las tierras a los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, en los municipios de Carmen de Darién y Riosucio.
Con esta decisión se esperaba finiquitar un largo litigio y restituir los derechos a la propiedad, a la vida y a la subsistencia en condiciones dignas de los miembros de dichos consejos comunitarios, vulnerados por dichas personas jurídicas y naturales.
Pero han transcurrido dos meses y la sentencia sigue en letra muerta, continúa la usurpación de tierras por los “ocupantes de mala fe”, acompañados de tropas militares, como es el caso de la compañía Palmas de Curvaradó.
Durante la última década, las zonas de Jiguamiandó y Curbaradó, y en general toda la región del Bajo Atrato, han sido escenario de una cadena sangrienta de atropellos y crímenes perpetrados contra la población lugareña por parte de grupos paramilitares, que han actuado de consuno con proyectos oficiales y con el beneplácito y respaldo de altos funcionarios del gobierno nacional.
Pandillas de asesinos del bloque ‘Èlmer Cárdenas’, comandados por ‘El Alemán’, sentaron sus reales en el Bajo Atrato, recorrieron como Pedro por su casa los ríos, veredas, corregimientos y cabeceras municipales, violaron a las mujeres, robaron las pertenencias y los frutos del trabajo de los campesinos, incendiaron los ranchos, masacraron a los líderes comunitarios, expulsaron a la población y se apoderaron de sus tierras.
Todo era controlado por estos grupos criminales, desde la comercialización de la madera y el combustible, la navegación, hasta las administraciones municipales. En su horrenda estela de muerte, llegaron incluso a decapitar a líderes campesinos y a jugar fútbol con sus cabezas. Y en medio de ese charco de sangre se diseñaron diabólicas coaliciones políticas a nivel regional.
El alto gobierno impulsó la ley forestal y la ley de desarrollo rural verdaderas contrarreformas agrarias que posibilitaban la legalización de la ilegalidad, encubrían el crimen y legitimaban la usurpación. Las tierras de Jiguamiandó y Curvaradó terminaron en manos de testaferros que las dedicaron al cultivo de palma africana, con dineros lavados del narcotráfico, financiación del Ministerio de Agricultura, apoyo económico de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y con la permisividad de Codechocó.
Pero los campesinos chocoanos denunciaron el despojo, lograron el apoyo de distintas organizaciones populares, eclesiásticas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. Con la presión de estos sectores, sumado a los apremios por complacer a la bancada afroamericana para lograr su voto favorable al Tratado de Libre Comercio, TLC, en el año 2007 el gobierno nacional cambió de posición en el apoyo que venía otorgando a los palmicultores usurpadores y determinó que 29.343 hectáreas debían ser restituidas a los campesinos.
Por la dilación en la entrega de las tierras, los consejos comunitarios interpusieron y ganaron la acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Chocó. Han pasado dos meses de expedición de la sentencia y la situación de injusticia persiste. ¿Terminará el segundo gobierno de Uribe con la continuación del goce de los usurpadores y la tragedia para los desplazados de Jiguamiandó y Curbaradó?