Palma, Hambre y persecución judicial

Nuestra Constancia acerca de la aparición del señor BENJAMIN GOMEZ y nuestra Constancia y Censura Ética ante los nuevos abusos de los ocupantes de mala fe con las familias de Caracolí que han regresado a sus predios ocupados por operaciones paramilitares.

Bogotá, 8 de junio de 2009

FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

FABIO VALENCIA COSSIO

Ministro del Interior

JAIME BERMUDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

ANDRES FERNANDEZ

Ministro de Agricultura

CARLOS COSTA

Ministro de Medio Ambiente

MARIO IGUARAN ARANA

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PEREZ

Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Apareció el adulto mayor BENJAMIN GOMEZ, persiste ocupación de su predio, destrucción de siembras de pan coger en Caracolí por ocupantes de mala fe.

Apártense de mí, malditos, váyanse al diablo. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer y cuando sembré para alimentarme destruyeron mi cosecha.
Relectura de Mateo 25, 41-42.

Reciban un respetuoso saludo.

Nuestra Constancia acerca de la aparición del señor BENJAMIN GOMEZ y nuestra Constancia y Censura Ética ante los nuevos abusos de los ocupantes de mala fe con las familias de Caracolí que han regresado a sus predios ocupados por operaciones paramilitares.

* Sábado 6 de junio a las 9.10 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de que el mayor adulto de 80 años, BENJAMIN GOMEZ llegó a su lugar de habitación, luego de haber estado extraviado.

BENJAMIN al parecer tuvo una afección mental, una perdida de noción de tiempo y espacio, camino por varios días y fue acogido por una familia que le curó unas llagas y el sábado pasado luego de recobrar conciencia se le llevó a su lugar de habitación.

BENJAMIN ha demandado de los ocupantes de mala fe, entre ellos, a LUIS FELIPE MOLANO, el respeto a su propiedad, y el cese de las actividades de extracción maderera.

BENJAMIN dos semanas antes sostuvo un altercado con el aserrador ilegal conocido como RODOLFO DIAZ o “El Panga”, luego de exigirle cesar en sus operaciones de deforestación ilegal en su propiedad.

La propiedad de GOMEZ fue ocupa ilegalmente luego de operaciones paramilitares, y transformada en la hacienda Villa Alejandra II, administrada por JOSE LUIS HOMERO.

* Jueves 4 de junio hacia las 6:00 a.m. las familias de Caracolí – Curvaradó, constataron que cerca de 300 reses pertenecientes a la familia ARGOTE, ocupantes de mala fe, acabaron con la última hectárea de arroz sembrada por las familias que garantizaría una cosecha de 1.000 puños equivalente a 10.000 libras, que resolvería por 5 meses la alimentación de las familias.

24 horas antes el ganado de la empresa “La Tukeka”, de la familia ARGOTE, pisotearon ¼ de hectárea más.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la que se puede considerar sistemática actuación de los ocupantes de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE, empresa “La Tukeka” contra la seguridad alimentaria de las 27 familias que habitan en la Zona Humanitaria de Caracolí, entre ellos 26 niñas y 18 niños, afectados por la destrucción de las cosechas.

Como ustedes recordarán, hace menos de un mes, 10 trabajadores de esta adinerada familia de ganaderos y bananeros implicados con el paramilitarismo en el Urabá y ocupantes de mala fe en Caracolí, arrancaron uno a uno los vástagos de plátano, imposibilitando el derecho a la alimentación de los habitantes que regresaron al Curvaradó. Se trataba de la tercera siembra de plátano hecha por las familias en el mismo lote, después qué el ganado de los ARGOTE, lo había consumido y pisoteado.

Nuestra Censura Ética ante la inacción institucional para evitar nuevos atropellos a la vida e integridad de los afrocolombianos y mestizos, del territorio Colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó. El reconocimiento legal, no deja de ser una formalidad, ya que estos no pueden disfrutar de este derecho, debido a las operaciones paramilitares que persisten en la región, en medio de la presencia de la Brigada 15 y policía de Urabá.

Desde agosto del 2007 los ocupantes de mala fe han usados diversos mecanismos y técnicas de persecución. Desde el uso indebido del aparato judicial, la destrucción de siembras de pan coger, las amenazas con apoyo institucional de la policía de Urabá las detenciones arbitrarias y con el juzgado promiscuo municipal de Riosucio y de la personería de este mismo municipio, justificando sus operaciones arbitrarias e ilegales, hasta el apoyo en las estructuras paramilitares de las “Águilas Negras” con el mando de alias “Mateo”. Los ocupantes de mala fe se han válido de argumentos tan falsos y discriminatorios como el que los habitantes de Caracolí, no son todos afrodescendientes, hay algunos mestizos y por eso, no tienen derecho sobre el Territorio Colectivo o con argumentos tan mezquinos como aquel de que los legítimos dueños del territorio son repobladores.

Una situación similar continúa sucediendo en Cetino y en Andalucía, en el que los repobladores, amparados en el paramilitarismo y en el apoyo empresarial palmero y bananero continúan disfrutando del territorio ocupando de mala fe, luego del desalojo violento ó con la actitud de Acción Social de negarse a brindar una ayuda humanitaria a los legítimos dueños del territorio sobre la base de que estos están siendo acompañados por nuestra Comisión de Justicia y Paz, todo en contravía de los propios principios rectores Deng o de lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Acción Social, como se ha percibido desde hace dos años, sin que nadie intervenga del gobierno central, los beneficiarios de la ayuda humanitaria son repobladores o todos los que compartan la visión empresarial promovida por el Ministerio de Agricultura.

Todo es una vergüenza, tanto como, la distorsión de la participación como Actor Popular en la demanda de verdad, de justicia y de reparación. Ahora resulta que la Fiscalía General de la Nación no resuelve absolutamente nada de fondo en el proceso 3856, como lo anunció en primera página del diario El Tiempo, un 24 de diciembre, allí siguen victimarios, empresarios, paramilitares amparados en la impunidad, disfrutando de sus negocios ilegales de palma, de banano, de extracción maderera, y nada absolutamente nada pasa; ni siquiera, los militare comprometidos en graves violaciones de derechos humanos….

Pero, si resulta siendo eficaz la fiscalía, posibilitando que aquellos, que pretenden ocultar la verdad, aquellos que se han beneficiados de los oscuros y turbios negocios paraempresariales, sean aceptados como parte en el proceso 2022, en el que se acusa falsamente a más de una docena de habitantes de las Zonas Humanitarias de ser miembros de la guerrilla. La ineficacia, judicial, la dilación en tomar decisiones de fondo, solo están posibilitando que la criminalidad se mantenga incólume.

¿En qué justicia se puede creer?

¿Qué pueden esperar las comunidades después de esta sistemática actuación que niega el derecho básico a la alimentación de niñas, niños, mujeres y hombres adultas y adultos?

¿Qué se puede esperar cuando a instancias del mismo gobierno nacional se le niega una tutela que pretende garantizar el derecho al territorio de los legítimos dueños y los victimarios continúan ejerciendo el dominio de esas tierras destruyen las cosechas de las y los campesinos amparados en el paramilitarismo, en el ejército, en las fuerzas de policía, en las instancias judiciales?

¿Qué se puede esperar cuando lo que impera en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño es el imperio del crimen y no hay autoridad que acoja las quejas y las tramite de forma efectiva para favorecer el derecho de las víctimas?

¿Hasta cuando se puede esperar que las comunidades respondan acudiendo al Estado ante cada agresión y la respuesta no impida la repetición de los daños?

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz