¿Palma Desplazada? ¿Devolución Restitución?
Informaciones divulgadas por la revista Semana (09-07-06) y el Noticiero de Televisión CMI (10-07-06) indican que 25 mil hectáreas de los territorios Colectivos, la mayoría de ellos sembrados con palma en el Curvaradó, serán “regresadas” a sus legítimos propietarios.
En el primer medio se indica que el Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS indicó que son 25 mil hectáreas y en el segundo medio de informó que son 15 mil hectáreas
Es la tercera ocasión en que el Ministro ha hecho anuncios públicos respecto al problema territorial en el Curvaradó, en dos ocasiones anteriores a través de medios radiales expresó que 15.000 hectáreas eran de propiedad empresarial
Ayer en la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que los trabajadores de la empresa Urapalma que habitaron en el campamento de Cetino enfrente de la Zona de Reserva de la familia RENTERIA fue levantado.
Ante las inquietudes que se han suscitado por estas informaciones de medios de información, nos permitimos realizar las siguientes ACLARARACIONES y FORMULAR UNA SERIE DE PREGUNTAS SIN RESOLVER.
ACLARACION
1. Las comunidades afrocolombianas y mestizas hasta el día de hoy desconocen oficialmente el ACTO ADMINISTRATIVO que declara la devolución de 25 mil hectáreas, muchas de ellas sembradas con palma, tal como el Ministro de Agricultura, ANDRES FELIPE ARIAS lo manifestó.
En comunicación con una entidad gubernamental en la tarde de hoy se manifestó que 8.000 hectáreas son propiedad individual de los empresarios, 10 mil hectáreas de los Consejos Comunitarios y 15 mil son accesión, que también son de habitantes del Curvaradó.
2. Técnicamente por acto administrativo se trataría de una devolución y no de una Restitución, la cual se realizaría a través de una Declaración Judicial fallada por un juez civil del circuito. La Restitución implicaría no solamente el reconocimiento de la titularidad y la devolución material sino el volver las cosas a su estado original y recibir la indemnización por los perjuicios causados.
3. Acerca de 8.497 hectáreas que según el Ministro son propiedad legal empresaria, se desconoce la ubicación, los títulos de propiedad, las matriculas y certificado de registro de instrumentos públicos que den piso cierto a esta afirmación.
4. Hasta el momento se desconoce cuáles son los Territorios reconocidos a sus propietarios colectivos o individuales, no empresariales.
5. Hasta hoy no existe documento alguno de autoridad competente que haya emitido una decisión en la que se declare que son abusivas las accesiones en el caso de LINO ANTONIO DIAZ ALMARIO y de SIXTO PEREZ DIAZ.
6. En el informe de la Revista Semana, el Superintendente de Notariado y Registro MANUEL GUILLERMO CUELLO, indica la irregularidad en la accesión pero hasta la fecha se desconocen las acciones disciplinarias y penales realizadas al respecto contra los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos implicados.
7. Hasta la fecha existen dos Resoluciones expedidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural las 0702 y 0703 del 22 de marzo de 2006, respecto a la Delimitación y Clarificación de 238 predios individuales en el Curvaradó y el Jiguamiandó.
El documento de presentación de las Resoluciones anuncia que el proceso de Delimitación y clarificación sobre 494 restantes se extenderá al Cacarica, al Salaquí, La Larga, Tumaradó.
Respecto a estas Resoluciones la Procuraduría General de la Nación el 30 de Marzo 30 de 2006 y la Defensoría Nacional del Pueblo presentaron cada una por su lado, un Recurso de Reposición sobre la Resolución 0702 y 0703.
La Procuraduría solicitó que se excluyeran del Trámite de Delimitación y Deslinde de los Territorios Colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, los 238 predios hasta tanto no se verifique la legalidad de las resoluciones de adjudicación.
Respecto al predio adjudicado a LINO DIAZ, afirmó, el ente de control, que se deben circunscribir a las 18 hectáreas y 3549 metros cuadrados que le fueron adjudicados en la Resolución del 4822 del 31 de octubre de 1.990 y determinar la ubicación de los 5872 hectáreas restantes que son Territorio Colectivo Curvaradó.
8. Respecto a la propiedad de SIXTO PEREZ DIAZ, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoce las irregularidades cometidas, similares a las del caso de LINO ANTONIO DIAZ, sobre una accesión correspondiente a 4174 hectáreas aproximadamente, a una propiedad de 33 hectáreas.
9. Las noticias o no precisan el contexto del conflicto armado o lo desfiguran.
El desarrollo de la siembra ilegal de palma aceitera se ha realizado en coincidencia con el desalojo y la protección a través de la estrategia de tipo paramilitar de la Brigada 17, que se produjo en tres fases de ofensivas armadas 1996, 2001, 2003 hasta 2005
Desde 1.996 hasta hoy las comunidades afrocolombianas y mestizas han sido objeto de 15 desplazamientos forzados, 13 por operaciones militares y paramilitares, 1 por confrontaciones armadas entre las fuerzas estatales y guerrilla y 1 por la guerrilla; y más de 113 crímenes que se pueden valorar como Crímenes de Lesa Humanidad.
Durante los últimos 8 meses, las estructuras paramilitares que operan en coincidencia con las estructuras regulares, continúan ejerciendo control y presión sobre afrocolombianos y mestizos afirmando que las propiedades no son de ellos si no de los palmicultores, que ellos deben ser parte del negocio o se encuentran promoviendo la constitución de caseríos controlados por estructuras armadas para enfrentar y desestructurar las Zonas Humanitarias y las Zonas de Reserva.
En las últimas semanas, los palmicultores, acompañados con grupos de paramilitares han convocado a la creación de nuevos caseríos a los que aportarían el terreno, que no es de ellos, materiales de construcción, apoyo a siembras de pan coger y a la conformación de cooperativas en las que serían socios de la siembra de palma.
Los desplazamientos causados por las operaciones militares institucionales y de la estrategia paramilitar ha coincidido con la ocupación territorial, la deforestación, la canalización, la siembra de palma y la protección militar y paramilitar de las plantaciones.
10. Si es cierto que va a existir la devolución de la propiedad en el Curvaradó a través de un acto administrativo, esto no significa un proceso auténtico de VERDAD, de JUSTICIA y de REPARACION INTEGRAL.
Quedan aún muchas preguntas que los pueblos afrocolombianos y campesinos, víctimas de violaciones de derechos humanos, crímenes de Lesa Humanidad y destrucción territorial, daños ambientales y destrucciones del tejido social no resueltas.
PREGUNTAS
a. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de las actuaciones violentas de tipo paramilitar? Son los mismos que aparecen en los registros empresariales o son otros ?
Por qué VICENTE CASTAÑO afirmó a la misma Revista Semana (fecha 05-06-05) que “Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país. Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a nivel nacional
SEMANA: ¿En dónde está desarrollando esos proyectos?
V.C: En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes. ?” (resaltado fuera de texto)
Por qué FREDY RENDON o LUIS ALFREDO BERRIO más conocido como “El Alemán” el Miércoles 12 de abril en la primera fase de desmovilización de integrantes de la estrategia paramilitar del Bloque “Elmer Cárdenas”, en el caserío El Mello, municipio de Necoclí, , expresó públicamente que con los recursos del Estado que recibirán los desmovilizados, se constituiría un fondo de ahorro de $ 7.000.000.000 ( U.S. $ 280.000 ) para la implementación de proyectos productivos de Cacao, Caucho, la palma de aceite y los forestales, banano contemplados dentro del Proyecto de Alternatividad Social, PASO, como iniciativa de “progreso empresarial” y de reconciliacion en el bajo Atrato.
Ante tantos indicios, certezas y secretos a voces, por qué se oculta la relación entra la violencia socio política paramilitar y la siembra de palma en la región?
b. Quiénes autorizaron los empréstitos desde FINAGRO para la implementación de la siembra de palma en la región? Qué controles previos realizaron para verificar la legalidad de la propiedad y frente a la situación de sistemáticas violaciones de derechos humanos en la zona donde se proyectaba el agronegocio?
Por qué aparecen como deudores ante la banca, humildes y pobres campesinos que solamente pusieron sus nombres, fueron engañados, para que los empresarios recibieran el dinero y estos quedaran sin deuda?
c. Cuáles son las líneas de investigación con las que la Fiscalía General de la Nación adelanta los procesos penales respecto a la siembra ilegal de palma por empresas privadas en el Curvaradó?
¿Por qué coincide la siembra de palma con los períodos de desplazamiento? Por qué son aún hoy coincidentes las operaciones de control de las Fuerzas Militares y o estrategias paramilitares con la siembras de palma ?
Los comisionistas que adquirían los predios para las empresas eran reconocidos miembros de grupos paramilitares, ¿se les está investigando?. Se ha tenido en cuenta este hecho dentro de estas investigaciones? La conexidad empresarial y paramilitar?
d. ¿Qué actuaciones efectivas ha realizado el Estado a través de sus diversas instituciones a fin de Restituir Integralmente los Derechos Territoriales, los Derechos Ambientales, los Derechos a la existencia – supervivencia- de los pueblos afrodescendientes y de los campesinos mestizos del Curvaradó?
¿Qué actuaciones efectivas ha realizado el Ministerio del Ambiente ante los gravísimos crímenes ecológicos cometidos en desarrollo de estos proyectos agroindustriales? Qué decisiones respecto a CODECHOCO, que autorizó la siembra ilegal sin licencias conforme a la ley y a la defensa ambiental ?
¿A que tipo de “alternativas” se refiere el Ministro Arias en el articulo de semana, para no perder lo ganado en la región con el cultivo de palma aceitera?
En el artículo de la Revista Semana se cita que el Ministro ARIAS refiere que los 11 millones de pesos “invertidos por hectárea, serian de los nuevos poseedores” ?,
¿Quiénes son los nuevos poseedores? Son los repobladores?
Adjunto Artículo Revista Semana y Registro Noticiero Televisión CMI
EN EL NOTICIERO DE TELEVISION CM&
Minagricultura dice que hay problemas con tierras en Chocó
El gobierno dijo que el problema de las tierras en el Chocó no es mínimo, toda vez que hay 33 mil hectáreas en disputa.
Por Germán Enrique Núñez.
lunes, 10 de julio de 2006
Para el ejecutivo hay mucho que averiguar en la oficina de instrumentos públicos de Quibdó
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias aseguró que los líos de tierras en él chocó son más delicados de lo que se piensa pues hay tenedores de tierra que jamás adquirieron predios en la cuantía registrada.
“De esas diez mil hectáreas, 8 mil son tierras bien tenidas, son propiedad privada, pero hay otras que autorizó la oficina de instrumentos públicos de Quibdó y que hoy están en proceso de nulidad”, anotó el señor Arias.
Señaló que hay casos aberrantes en donde personas que tenían poca tierra aparecieron con cantidades nunca antes reportadas o registradas. Lo extraño es que la oficina de instrumentos públicos de Quibdó legalizó, por así decirlo, esas tierras.
“Un señor tenía 18 hectáreas y la oficina de instrumentos públicos hizo que apareciera con seis mil hectáreas, ese caso es bien extraño”, declaró el Ministro.
Los organismos de control del estado trabajan con el ministerio pues Procuraduría y Fiscalía están pendientes de lo que arroje la investigación.
“Aquí vamos a defender el derecho legitimo a la propiedad y eso lo estamos haciendo”, concluyó el titular de la cartera agropecuaria.
El gobierno informó que restituirá tierras a las negritudes del Chocó.
http://www.cmi.com.co/Contenido/Noticia.asp?nota=2684
EN LA REVISTA SEMANA
RESTITUCIÓN
Palma desplazada
En una decisión sin precedentes, el gobierno devolverá 25.000 hectáreas que les fueron usurpadas a comunidades negras en Chocó.
Por una década, nativos y colonos que fueron desplazados por paramilitares han exigido que les devuelvan sus tierras. Ahora volverán a sus manos
La que parecía una maldición que ha mantenido desarraigados a más de 3.000 habitantes de Chocó por una década, comienza a romperse. SEMANA supo de forma exclusiva que el gobierno nacional sólo le reconocerá a un grupo de palmicultores como propias 8.497 hectáreas de 33.580 que tenían ocupadas. Las restantes 25.083, un área equivalente al casco urbano de Bogotá, serán devueltas a los nativos y colonos de los consejos comunitarios de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, hizo el anuncio. De este modo se busca poner punto final a un pleito que por años ha tenido enfrentadas a esas comunidades y los industriales agrícolas.
El problema de las tierras en esta apartada zona del país se ha vuelto emblemático de la restitución de bienes en medio del conflicto armado, y ha captado la atención de ONG internacionales, medios de comunicación y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La palma pasó por encima de los poblados e impidió la movilidad de la gente. Por eso la gente construyó nuevos poblados a los que llamó Zonas Humanitarias buscando alejar la violencia
Las dificultades comenzaron allí a mediados de los años 90. En ese momento, la Brigada 17 del Ejército comenzó un gran despliegue contra la guerrilla que operaba en la zona. La población civil quedó en medio de la confrontación y protagonizó uno de los más grandes desplazamientos forzados que se han documentado en la historia reciente del país. Se calcula que 15.000 personas del bajo Atrato tuvieron que dejarlo todo por salvar sus vidas. Con los combates también llegaron los grupos paramilitares.
Mientras tanto, se ponía en marcha la Ley 70 de 1993, con la que arrancó un ambicioso programa de reforma agraria. La norma definió que las tierras que hasta entonces eran consideradas baldías les pertenecían a las comunidades que históricamente las habían habitado. La característica clave de los títulos expedidos con base en esa ley es que son inembargables, imprescriptibles e inajenables, para garantizar que las comunidades mantengan siempre este patrimonio. Esto tiene un significado adicional en zonas como Chocó que, por su diversidad, es considerada la segunda en su tipo luego del Amazonas.
En torno a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó se constituyeron dos de estos territorios colectivos, el primero con 46.000 de hectáreas y el segundo con 55.000. Pero hubo dos situaciones que trastocaron la buena voluntad de la iniciativa. La primera fue legal, pues en el título colectivo no se deslindaron algunos predios privados. La segunda fue que la violencia paramilitar mantuvo alejada a la mayoría de sus propietarios. El año pasado, SEMANA se adentró en esta zona de la selva y escuchó testimonios de personas que fueron desplazadas hasta ocho veces y que vivieron durante meses escondidos como animales para sobrevivir. “Tuvimos que amarrarle la boca al perro y comernos el gallo para que no nos encontraran”, decía uno de ellos.
Con el repliegue de la guerrilla, los combates perdieron intensidad y la gente trató regresar a sus tierras, pero encontraron que las había ocupado un megaproyecto agrícola: la palma africana. Un cultivo que en muchos lugares ha significado progreso, pero allá traía sólo la muerte y el despojo.
Los palmicultores insisten en que son poseedores de buena fe, y aseguran que adquirieron los títulos privados que quedaron sin aclarar dentro de los colectivos. Por eso, para acreditar su propiedad, entregaron al Incoder soportes de las negociaciones de las 33.000 hectáreas que alegaban como suyas .
En marzo pasado, el Incoder anunció que ya tenía resuelto el tema y que iba a comenzar a delimitar los territorios. Pero la Procuraduría hizo observaciones y pidió que se tuvieran en cuenta. Esto llevó a que el Ministro de Agricultura y su equipo más cercano se apersonaran directamente del caso. Lo que encontraron fue sorprendente.
En la ley se reconoce la accesión, una figura del derecho civil según la cual se adiciona a un lote la tierra que queda cuando un río se seca o cambia naturalmente de cauce. Para esto debe existir una declaración judicial, luego de la cual el Agustín Codazzi hace una verificación de cabida y linderos y en la Oficina de Registros Públicos se hace la modificación. Esta figura se usó abusivamente, por ejemplo, en la propiedad de un colono llamado Lino Antonio Díaz, a quien en 1990 el antiguo Incora le adjudicó 18 hectáreas. Pero luego de sucesivas accesiones su lote pasó a 5.890 hectáreas.
“Esto es anormal, monstruoso y aberrante, dice indignado el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello. “Eso confirmaría que este es el único país en donde la tierra crece”, asegura, y añade que va a llegar hasta las últimas consecuencias contra quienes hayan participado de estas irregularidades. Estos casos por jurisdicción fueron tramitados por la Oficina de Registro de Quibdó, y en algunos casos se hicieron escrituras previas en las que participaron notarios de otros departamentos. Situaciones como esta son las que más ‘inflan’ los títulos de los palmicultores. Por eso el gobierno va a iniciar un proceso judicial para anularlos.
Otras irregularidades tienen que ver con tierras que se adjudicaron como baldíos luego de la promulgación de la Ley 70, por lo que el gobierno no considera legales las entregas. Además, algunas transacciones se hicieron sobre predios que el Incora en su momento adjudicó en extensiones superiores a las autorizadas por la ley, y se encuentra en estudio la mejor vía para restituir esas tierras en estos casos.
Las empresas que estarían afectadas con la decisión son Urapalma – Palmura, Asibicon, Palmas de Curvaradó, Palmas S. A., Palmadó, Tuqueka, Selva Húmeda y Fregni Ochoa S. A. El empresario Irving Bernal, miembro de la asociación de palmicultores del Darién, dijo a SEMANA que “aún no conocemos oficialmente la decisión. Confiamos en que el gobierno la tomará con base en criterios técnicos y jurídicos, que permitan continuar con el desarrollo económico de la región”.
De esta restitución se desprenden varios problemas. En primer lugar, el Estado hizo préstamos a través de Finagro con esos títulos como garantía. Sólo en el caso de Urapalma hay desembolsos cercanos a los 5.000 millones de pesos. El ministro Arias dice que se suspendieron los pagos y que las empresas deben responder con su patrimonio.
El segundo es qué pasará con la palma sembrada en estos lugares. Para Arias, legalmente los empresarios en esta situación son considerados ocupantes de mala fe, por lo que no tienen derecho a que se les reconozca ningún tipo de mejoras, de ahí que lo invertido -11 millones de pesos por hectárea- sería de los nuevos poseedores. Eso requiere buscar alternativas para no perder lo ganado en la región, pues no se puede desconocer que esta actividad ha generado empleo y desarrollo.
Pese a lo alentadora que puede sonar esta noticia para las comunidades, aún se debe determinar si los empresarios con esta clase de títulos tomaron posesión de estas tierras a sabiendas de las irregularidades, en cuyo caso les cabría una sanción penal, o fueron engañados. Y si el terror paramilitar fue determinante para que esto sucediera.
Así mismo, convendría revisar los permisos que autorizaron que miles de hectáreas con una invaluable biodiversidad, fueran arrasadas para ser inundadas con ese monocultivo.
Hay expectativa de que el anuncio del gobierno se traduzca en hechos concretos para quebrar la maldición de las que fueron víctimas, cuando fueron desplazados, los nativos de Curvaradó y Jiguamiandó.
http://www.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=95772