“Pagaron 5 millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato”

El Gobierno casi les entrega miles de hectáreas a quienes cientos de desplazados de la cuenca de Curbaradó, en Chocó, señalan como sus victimarios. Indignada, Ligia María Chaverra cuenta su tragedia.

Los hechos de violencia que ocurrieron en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó y la posterior ocupación ilegal del territorio por empresas palmicultoras a finales de los 90 volvieron a ser noticia en los últimos días.

Varios empresarios de la palma y ganaderos fueron capturados sindicados de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de tierras en esa región. La Corte Constitucional emitió un auto en el que suspendió la restitución de tierras en esa zona y pidió que se aclare quiénes son los dueños ancestrales del territorio que van a recibir los títulos.

También los campesinos Enrique Petro y Ligia María Chaverra estuvieron en Costa Rica denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las amenazas, las persecuciones y los actos de violencia de que han sido víctimas en los últimos meses. El presidente Álvaro Uribe, en declaraciones a los medios, señaló a las ONG que trabajan en ese territorio chocoano de ser “neocolonizadores” que quieren quedarse con la tierra.

¿Qué está pasando en esa región que ha despertado tanto interés últimamente? Ligia María Chaverra, en diálogo con Semana.com, narró los trágicos momentos de su desplazamiento y de la usurpación de su finca y cómo el Gobierno estuvo a punto de titular las tierras a quienes considera que fueron sus victimarios. Este es el testimonio de una mujer que sufrió el devastador matrimonio entre paramilitares y empresarios que llevó a la Fiscalía a tomar decisiones en los últimos días.

“Llegué a Curbaradó en el 59. Ahí tuve con mi esposo ocho hijos y esos hijos han tenido 36 más. Salí de mi casa en el 97, cuando nos sacaron a punta de plomo y tuvimos que huir a las montañas.

“El ejército llegó con la Operación Génesis diciendo que querían sacar a la guerrilla. También apareció la violencia de los paramilitares y nos tocó salir corriendo a todos. En esa incursión mataron a 130 campesinos. La guerra no era contra la guerrilla, porque sacaron fue a quienes vivíamos y trabajábamos allí.

“Algunos se fueron para otros municipios, pero un grupo de familias no quisimos salir del territorio y nos quedamos en las montañas. Nos desplazábamos dentro de Curbaradó, escondidos en la selva, durante seis meses. Huíamos de donde sonaban los tiros. Aguantamos hambre, a pesar de que las casas estaban llenas de arroz, gallinas y cultivos, pero no podíamos ir hasta allá. Pasábamos trabajos, comíamos sin sal y cuando lavábamos la ropa, se demoraba tres o cuatro días en secar.

“Después de eso, una organización llamada el PTM y la Iglesia de Riosucio, en cabeza del padre Armando Valencia, nos sacaron de las montañas, de la selva. Cuando esas organizaciones nos sacaron y nos fueron ayudando con unos mercados, fuimos saliendo varias familias y fuimos llegando a la cuenca de Jiguamiandó, a un pueblito llamado Bella Flor Remacho. Ahí sembramos arroz y a los cinco meses, cuando ya estaba listo para recoger, se metió otro operativo a los caseríos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Nueva esperanza y Bella Flor Remacho. Todo eso lo quemaron y mataron gente. De ahí nos tocó salir nuevamente a otro sitio que se llama Caño Seco.

“Ahí también nos quedamos un rato y sembramos. Cuando estábamos recogiendo la cosecha, vino un nuevo operativo más duro que los anteriores. Las personas de mayor edad y los que teníamos muchos hijos tuvimos que irnos para la cabecera de Murindó, a un punto llamado Bartolo.

“Después de un año, en el 2004, decidimos regresar al territorio. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, instalamos unas zonas humanitarias donde hemos sobrevivido hasta hoy. Cuando regresamos al territorio no había un pedacito de tierra que no tuviera palma. Estaba todo cubierto de palma aceitera y todo destruido. No había ni un árbol frutal, ni de los que sacábamos la madera.

“Vivimos intimidados porque el territorio está controlado por el paramilitarismo desde el 96 hasta hoy. A nosotros nos dicen que somos guerrilleros, pero yo le pregunto: ¿un guerrillero o un comandante sí tiene una estabilidad en una región y ha levantado una familia en un solo lugar? Yo creo que no porque ellos se mueven siempre. Nunca he sido guerrillera, ni lo seré porque he sido una campesina trabajadora. Nunca he tenido nada qué ver con ningún grupo insurgente. Todo ese terror ha sido por reclamar nuestro territorio y reclamar la verdad. Y en Colombia, el que habla la verdad, se muere.

“Me amenazaron hace dos años porque por esa época fui a declarar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me amenazaron a mí y a otro compañero de Jiguamiandó que se llama Manuel Blandón. Los empresarios pagaron cinco millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato. Sé que fueron ellos porque nosotros denunciamos nacional e internacionalmente el robo de nuestro territorio y todo el daño que nos han hecho. Todo lo que hemos dicho es la verdad. Pagaron el dinero para que nos asesinaran.

“Con los empresarios, empezaron a llegar personas de otras partes y se dio un repoblamiento en nuestro territorio, donde muchas personas hemos vivido desde hace bastante tiempo. No le puedo decir exactamente cuántos somos porque tenemos que hacer un censo, pero nos conocemos bien entre nosotros y sabemos cuál pedazo de tierra era de quién.

“Para recuperar el territorio, tuvimos que organizarnos en un Consejo Comunitario y elegir un representante legal. El 26 de septiembre de 2008, elegimos a Luis Alberto Rentería. Pero usted sabe que en las comunidades se presentan conflictos normales y eso nos pasó con Luis Alberto.

“Con el tiempo, notamos que él no nos estaba teniendo en cuenta a todos los del Consejo Comunitario para consultar sus decisiones. Las comunidades tienen que estar consultadas. Si va a ir a una reunión, las comunidades tienen que saberlo y darle el aval a ese representante. Pero el compañero no lo hacía así. Si lo llamábamos porque lo necesitábamos para reunirnos, decía que no estaba o que estaba ocupado. Y así vimos que el representante como que ya no quería seguirnos los pasos.

“Los empresarios aprovecharon esa situación para decir que estábamos divididos. En abril del año pasado, patrocinaron una reunión donde repobladores, trabajadores de los palmeros y personas que no hacen parte de nuestro territorio eligieron como representante a Germán Marmolejo, alguien que no conocemos. Yo llevo 51 años viviendo en Curbaradó y nunca lo he visto. No lo conozco.

“Días después, (el ministro del Interior) Fabio Valencia Cossio viajó a Carmen del Darién y ratificó la elección de Marmolejo, a pesar de que quienes lo eligieron no podían hacerlo, porque no hacen parte del territorio.

“En esa reunión con el Ministro, había personas de 19 comunidades y todos se levantaron y dijeron que no querían a ese representante porque no había sido elegido por los verdaderos propietarios de la tierra.

“Como las comunidades somos autónomas, convocamos a una asamblea e hicimos una nueva elección el 25 de abril de este año en la que participaron como 200 personas. Consultamos gente de 12 de las 22 comunidades que conforman el Consejo Comunitario y elegimos un representante afro llamado Raúl Palacios Salas. Al otro día, bajamos al Carmen del Darién a registrar al nuevo representante en la Alcaldía, pero nos negaron el registro. Nos dijeron que ellos habían aprobado a Marmolejo, pero ese es el que nosotros no reconocemos.

“El pasado 19 de mayo, el Gobierno iba a iniciar la entrega de nuestras tierras usurpadas. Se las iban a dar a ese señor elegido de los empresarios, que fueron quienes nos sacaron del territorio, nos asesinaron, nos masacraron, nos capturaron y todavía nos siguen amenazando. Entonces el trabajo que hemos hecho durante 11 años que llevamos en esta lucha por nuestro territorio es una burla.

“Supimos que los planes que tenía Marmolejo eran darnos un poquito de las hectáreas que tenemos para dejarles el resto a los empresarios para que siembren plátano, banano, esos cultivos grandes y para llevar ganado. Querían darnos a cada uno apenas cinco hectáreas, sabiendo que cada quien es dueño de 50, 100 o más hectáreas. El que no quisiera eso, lo iban a mandar para afuera, a aguantar hambre.

“A los empresarios les tocó cambiar los proyectos porque toda la palma se ha muerto. Las plantas se enfermaron y nunca encontraron el remedio para curarla. Eso les pasó porque esa palma era ilegal.

“No me siento segura con la protección que nos brinda el Gobierno, sé que no cumple ni años. Nos protege para él mismo destruirnos. Siento medio confianza en Dios, en las denuncias nacionales e internacionales, en el acompañamiento de la Comisión de Justicia y Paz y de las organizaciones que nos acompañan y nos apoyan.

“Al ver que el Gobierno iba a hacer la entrega definitiva de las tierras al representante elegido por los empresarios, le pedimos a la Corte Constitucional que se pronunciara para suspender la entrega. Por eso, emitieron el auto del pasado 18 de mayo, en el que pidió que se reconociera la legitimidad de las decisiones que tomamos los habitantes ancestrales de Curbaradó y Jiguamiandó”.

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