Pacto de impunidad entre la Fiscalía y uno de los más antiguos jefes paramilitares de Medellín
A propósito del acuerdo con FREINER RAMIREZ GARCIA Alias Carlos Pesebre
El Nodo Antioquia de la Plataforma de derechos humanos Nacional e Internacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE) se permite expresar ante la Comunidad Nacional e internacional las profundas preocupaciones que surgen a raíz del acuerdo que la Fiscalía 27 Especializada de la ciudad de Medellín suscribió con el paramilitar Freiner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre” y varios de los integrantes de su estructura delincuencial capturados el 19 de marzo de 2013, que será puesto en conocimiento de un Juez del Circuito Especializado el próximo 15 de agosto quien deberá examinar su legalidad y de encontrarla ajustada a derecho, dictar sentencia con el beneficio de una sustantiva disminución de la pena.
La Policía Nacional desplegó un operativo con “unos 30 comandos de la Sipol, Dipol y del Grupo de Objetivos de Alto Valor de la Policía quienes llegaron en la madrugada en helicóptero hasta el hotel Río Manso, en zona céntrica del municipio de Urrao, Antioquia, donde tenían información que se encontraba uno de los cabecillas de la banda “la Oficina”, Freiner Ramírez García conocido en el bajo mundo como alias “Carlos Pesebre”.
En el lugar se encontraron con “Pesebre” de 39 años, el cual se identificó con la cédula falsa de Carlos Mauricio Bucharot Mejía, y con otras 10 personas, entre los que identificaron a alias “Maicol”, “Andrecito” y “Tatoo”. Segundo y tercer cabecilla de la banda “los Pesebreros”.[1]
Según información pública, la Policía contaba para dicha retención con la orden de captura expedida por la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, y el procedimiento policial se enmarcó en la directriz presidencial de atacar a las denominadas por el Gobierno bandas criminales emergentes (BACRIM). Según las fuentes oficiales “Este supuesto cabecilla de la Oficina, es conocido en Medellín y temido en la comuna 13 por una larga lista de crímenes entre los que se encuentra el liderazgo de bandas en las comunas 7, 11, 12 y 13. Entre los que están los combos de La Torre, La Divisa, Juan XXIII, La Pradera, Zafra, Los Picúas, La Sexta, La Loma, Peñitas, Olaya, Villa Flora, La Campiña, La Iguaná, El Pesebre, La Aurora, El Llano (San Cristóbal). Además de las vacunas a las empresas de buses Conducciones América, Trasmaya, Cootrabel y Palenque Robledal, según afirma la Policía. Por otro lado, afirmó que junto a alias “Mi Sangre”, “Pesebre” coordinó la llegada de “los Urabeños” a las comunas de Medellín y a los municipios de Antioquia.[2]
La Fiscalía General de la Nación cuenta con información fiable no solo con respecto de las actividades ilegales de Freiner Ramirez García, Alias Carlos Pesebre con el narcotráfico y el paramilitarismo en la ciudad de Medellín, sino especialmente, sobre la conexidad de este último delito con crimenes de lesa humanidad tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, torturas, entre otros hechos ocurridos de forma masiva y sistemática, luego de la Operación Orión, en las Comunas 13 y 7 de esta ciudad[3]. La Corte Suprema de Justicia en recientes sentencias ha sostenido que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo es un crimen de lesa humanidad. Sobre el tema ha dicho la Corte que:
Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.[4]
Sí el acuerdo entre la Fiscalía y Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre y los demás integrantes de la estructura paramilitar capturados por la Policía no se encuadra en el reconocimiento de un contexto de crimenes de lesa humanidad como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, estaríamos ante la renucia expresa y explicita de la Rama Jusrisdiccional del poder público de realizar una investigación seria, independiente, transparente y acorde con la gravedad de los ilicitos perpetrados por el paramilitarismo en la Ciudad de Medellín y un evidente obstáculo para las víctimas de encontrar la verdad procesal y acceder al derecho a la justicia, luego de la dificil tarea de capturar a uno de los jefes más reconocidos del paramilitarismo en Medellín, según las mismas fuentes oficiales.
Es una contradicción, que la Fiscalía tal como lo sostuvo en audiencia pública se constituya garante de los derechos de al menos 15 víctimas de Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre y realice un acuerdo sin consultarlas, desconociendo el rol que el Código procesal penal y la actual Jurisprudencia le asignan a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.[5]
Sobre el deber de investigar crimenes de la gravedad de aquellos perpetrados por el paramilitarismo la Corte Interamericana de derechos humanos le ha recordado al Estado Colombiano que
118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación…..[6]
Cabría preguntarse, sí la Fiscalía ha desarrollado una investigación seria y profunda en relación con la compleja actividad paramilitar de Freiner Ramirez García alias Carlos Pesebre que incluya entre otros, los homicidos perpetrados contra los líderes sociales y comunitarios en la Ciudad de Medellín como Judith Adriana Vergara, Victor Hugo Arboleda y Jaider Ramirez, y los atentados sistemáticos contra los integrantes de CORPADES, y todos otros aquellos relacionados en la audiencia de legalizacion de la captura pues sí se omitío ese deber de investigar de forma integral y conexa, el Juez debe develar tal omisión y subsanarla previendo los mecanismos juridicoprocesales para indagar el compromiso penal de éste con los hechos descritos y no darle validez al acuerdo suscrito entre los sujetos procesales, que al parecer tiene el alcance de eximir a la Fiscalía de cumplir en debida forma con su responsabilidad de ejercer la acción penal en todos los casos, reforzada cuando se trata de investigar graves violaciones de los derechos humanos y crimenes de lesa humanidad y en especial si en ellos esta comprometida la responsabilidad de servidores públicos.[7]
Adicionalmente, cabe el interrogante con respecto a sí aceptó responsabilidad penal por estos hechos con la consecuente rebaja de la pena por los delitos de desplazamiento forzado, crimen que igualmente reviste la característica de ser una grave violación de los derechos humanos y por trafico de estupefacientes, tal como le fueron imputados en la respectiva audiencia.
Así mismo, es preciso que el Juez de conocimiento, en la valoración que realiza del acuerdo, examine sí la Fiscalía para negociar rebajas sustanciales de penas supeditó la aplicación de este mecanismo a la colaboración o suministro de información “con lo cual la negociación preacordada de culpabilidad podría constituir una herramienta eficaz para lograr una de las finalidades previstas para los preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado en el artículo 348 del citado cuerpo normativo, vale decir, la integral solución de los conflictos sociales que genera el delito[8]”.
La Justicia en Antioquia tiene en el proceso penal seguido contra Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, una gran oportunidad para avanzar en el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en la ciudad de Medellín y de los nexos con funcionarios estatales que son participes o facilitadores de la criminalidad de estas estructuras, tal como consta en cientos de pruebas recogidas en los expedientes que no son fuente de decisiones judiciales.
Hacer acuerdos para ocultar la verdad, es sinónimo de IMPUNIDAD.
NODO ANTIOQUIA
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS