Organizaciones rechazan atropellos de la Fuerza Pública a campesinos del Parque Nacional Natural Tinigua

Las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los nuevos hechos de atropellos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de las autoridades judiciales en contra de las comunidades campesinas que han habitado históricamente los parques nacionales y las zonas de interés ecológico.

HECHOS:
Durante el día de ayer 21 de febrero de 2020, en el municipio de La Macarena, en las estribaciones de la Serranía de la Macarena y cerca al parque nacional Tinigua, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” del Ejército Nacional que adelantaban operaciones militares en el área entraron en combates con estructuras de las disidencias de la ex guerrilla FARC. Mientras se intensificaron los combates, los campesinos de las zonas aledañas se congregaron para intentar salir de la zona de mayor riesgo.

De acuerdo con lo informado por la comunidad, desde el día 18 de febrero de 2020 se viene presentado un inusual incremento en el número de tropas del Ejército Nacional en las carreteras que comunican el municipio de San Vicente del Cagúan con la inspección de San Juan de Losada y las veredas de El Rubí y Puerto Losada, entre otras. El 20 de febrero de 2020, siendo las 6:20 a.m., se presentaron combates en la vereda de El Rubí (dentro del caserío) entre el ejército y grupos armados que operan en el sector, que dejaron como resultado dos militares muertos y dos heridos. Durante el enfrentamiento las casas de los habitantes de la vereda quedaron en medio del fuego cruzado, lo que puso en riesgo la vida y la integridad de las comunidades campesinas.

Siendo las 5:00 pm el Ejército continuaba ocupando el centro poblado según nos informan las comunidades. Luego de los enfrentamientos, varios campesinos fueron detenidos por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, por la presunta comisión del delito de ‘invasión a áreas de especial importancia ecológica’ en los Parques Nacionales Naturales (PNN) Tinigua y Picachos. Se trata de un operativo realizado en el marco de la Campaña Artemisa, que se agrega a otros realizados desde octubre de 2018, en la cual se han capturado y judicializado sistemáticamente a campesinos por el solo hecho de habitar dentro de los PNN, sin tener en cuenta que muchos de ellos han vivido allí desde antes de que el lugar fuera declarado PNN. En estos operativos se han evidenciado múltiples vulneraciones al debido proceso, tal y como ha sido alertado por la sociedad civil ante la Procuraduría General de la Nación y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de restitución de tierras.
Entre los capturados se encuentran las siguientes personas

● Virgelina Chicue Vaquero con cédula de ciudadanía No. 1.117.805.078.
● Gloria López con cédula de ciudadanía No. 26.644.733 quien se encontraba en compañía de un menor de edad.
● Estaban Medina Araujo con cédula de ciudadanía No 17.672.878.
● Cristian Felipe Curaca, sin más datos de identificación.

Según personas que observaron el procedimiento, a los capturados se les leyó un documento en el que se les atribuye su presunta responsabilidad en el delito de invasión a Parques Nacionales Naturales.

El pasado 25 de abril de 2019 se llevó a cabo una comisión de verificación en la que participaron ocho organizaciones de derechos humanos en compañía de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia – MAPP/OEA en Cachicamo, San José del Guaviare, para verificar las denuncias de atropellos y abusos por parte de la fuerza pública y otras autoridades del Estado en el marco del lanzamiento de la campaña Artemisa de control de la deforestación anunciada por el Gobierno nacional.

En esa oportunidad, la comisión de verificación pudo establecer que los predios habitados por los campesinos no estaban ubicados en zonas protegidas. Pero más allá de la localización de los predios, es importante destacar que estas acciones militares y judiciales en contra de campesinos son totalmente desproporcionadas, y pasan por alto la obligación del Estado de ponderar la protección de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente con los intereses de comunidades que históricamente han habitado los territorios como parte de procesos de colonización.

Después de conocida la operación Artemisa, las organizaciones de la sociedad civil hemos alertado al Ministerio Público, a los medios de comunicación y al Tribunal Superior de Bogotá respecto a nuevos operativos adelantados en contra de campesinas y campesinos en parques nacionales naturales como el que se llevó a cabo en el municipio de Puerto Leguízamo, comunidad de ‘El Triunfo’, desde las 6:00 de la mañana del 17 de octubre de 2019, en donde agentes de la SIJIN arribaron en cuatro helicópteros, allanaron varias fincas, quemaron viviendas y enseres y capturaron a once personas, afectando los derechos fundamentales de tres menores de edad.

Según la comunidad, después de las capturas los detenidos fueron conducidos a instalaciones de la fuerza pública en donde se ejercieron presiones en su contra, indicándoles que para salir en libertad debían aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. En su mayoría, tanto las órdenes de captura como la conducción de las audiencias de legalización e imputación han estado a cargo de la Fiscal Martha Zambrano Yepes.

SOLICITAMOS

1. Al Gobierno nacional y en especial al Ministerio de Defensa, abstenerse de continuar poniendo en peligro la vida e integridad de la población civil en las acciones de combate contra grupos armados, y cesar los atropellos y las detenciones sin orden judicial contra campesinas y campesinos considerados por la fuerza pública y la Fiscalía como invasores de parques nacionales naturales, cuando en realidad se trata de habitantes ancestrales de dichos territorios o de personas que habitan terrenos cercanos a tales parques pero fuera de ellos.

2. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, adelantar procesos de concertación con las comunidades campesinas que se pudieran ver afectadas por los procesos de constitución y ampliación de áreas ambientalmente protegidas, considerando las cargas que conllevan para las poblaciones vulnerables la declaración de un área protegida.

3. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales la activación de una mesa local de concertación, socialización y diálogo en los términos presentados por la delegación campesina a la Mesa de Concertación Nacional, espacio creado por el Acuerdo 079 de 2012 de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales.

4. A la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales garantizar el debido proceso de los campesinos detenidos, y en el futuro concentrar sus esfuerzos investigativos en los grandes focos de deforestación alertados por organizaciones ambientalistas del Amazonas, optando por una política criminal que no persiga al campesinado y que desista de la acción penal contra sujetos de especial protección constitucional.

5. A la Procuraduría General de la Nación hacer un seguimiento especial a los procesos judiciales que se adelanten en contra de campesinos que vivan en parques nacionales naturales, en procura de la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
6. A la Defensoría del Pueblo hacer el acompañamiento jurídico de los capturados para garantizar la protección de los derechos a la defensa y el debido proceso legal.

Bogotá, 21 de febrero de 2020

Asociación de Trabajadores Campesinos del Guayabero – ASCAL G, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CCAJAR, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, Corporación para la Protección y Desarrollo de territorios Rurales- PRODETER