Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil manifiestan su seria preocupación por la grave crisis Humanitaria y de Derechos Humanos en Colombia que pone en riesgo la sostenibilidad del proceso de paz
Las Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional que suscribimos este comunicado, en el marco de nuestros mandatos, hemos estado comprometidas desde hace más de 40 años con el respeto por la dignidad humana, la garantía de derechos, la construcción de la paz y la salida negociada al conflicto armado colombiano.
Reconocemos como pasos muy importantes el Acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-Ep, en noviembre de 2016, así como los diálogos adelantados con el Ejército de Liberación Nacional ELN que, lastimosamente hoy, están estancados por falta de voluntad política de las partes.
Los incumplimientos y retrasos de lo pactado en el Acuerdo Final (AF), los ataques permanentes contra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición – SIVJR- y de manera particular a las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- ponen en altísimo riesgo la vida y estabilidad jurídica de quienes se han vinculado a esta jurisdicción incluyendo los miembros de las Farc.
Esto unido a los asesinatos, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente y las personas vinculadas a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito ponen en alto riesgo la posibilidad de consolidar la paz definitiva en Colombia.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, en 2018 dentro de la categoría de violencia política, se perpetraron 648 asesinatos, 1151 casos de amenaza de muerte, 304 lesionados, 48 atentados, 22 desapariciones forzadas, tres agresiones sexuales y 243 detenciones arbitrarias. En lo que va corrido de 2019, han sido asesinados al menos 62 líderes sociales.1
El Informe anual del Programa Somos Defensores, publicado en abril de este año, reporta que para el 2018 se registraron 16 asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos, los cuales presentan un nivel de violencia mayor que los asesinatos cometidos contra hombres.
La información divulgada por el New York Times sobre la existencia de una directriz interna del Ejército puede revivir la cuestionada práctica de los falsos positivos dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, como la sucedida recientemente en contra de Dimar Torres reincorporado de las Farc-EP, asesinado por un militar activo el 22 de abril de 2019 en el nororiente de Colombia, tal como lo reconoció públicamente el general Diego Luis Villegas4.
Es preocupante la respuesta del gobierno Duque ante estas gravísimas denuncias, incluyendo la que hiciera inicialmente el ministro de defensa en la que negó la existencia de dicha directriz y los graves señalamientos proferidos por una congresista del partido de gobierno que llevaron a la salida del país del autor del artículo5 y del fotógrafo del NYT6.
El Estado colombiano, tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos, cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final firmado con la Farc-Ep, y dar respuestas efectivas para proteger la vida y la dignidad de las personas cuyo trabajo por la paz y los DDHH los está poniendo en alto riesgo.
En ese sentido le solicitamos:
- Ordenar a sus funcionarios que se abstengan de emitir declaraciones estigmatizadoras en contra de las personas que defienden la paz y los derechos humanos, así como de las personas en tránsito a la vida civil.
- Ordenar a las autoridades competentes adelantar las investigaciones y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, atentados y amenazas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y miembros de las Farc-EP que transitan hacia la vida civil.
- Sancionar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y acatar sus fallos emitidos. En ese sentido investigar los hechos alrededor de la recaptura del señor Seuxis Paucias Hernández, establecer la legalidad de esta, la verdad sobre su situación de salud y garantizarle su derecho al debido proceso.
- Abstenerse de ascender a altos mandos de la Fuerza Pública que han presentado solicitud de acceso a la JEP o que tienen procesos jurídicos abiertos con la justicia, como una medida de garantía de no repetición a las víctimas del conflicto.
- Al Presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares que se asegure que todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública se ajusten a las normas internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
- Extender la presencia de la Misión de Verificación de la ONU y renovar el mandato de la Oficina del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU como una muestra de reconocimiento al trabajo de la Comunidad Internacional en materia de respeto a los Derechos.
- Garantizar el derecho a la información protegiendo el ejercicio del periodismo libre e independiente.
Solicitamos al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a la comunidad internacional y a los países acompañantes del proceso de paz exigir al gobierno colombiano cumplir con el Acuerdo Final y que tome medidas para que esta etapa de implementación no sea más sangrienta que el mismo conflicto que pretende superar
Como Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil reiteramos nuestro compromiso con la construcción de la Paz Completa en Colombia por la que continuaremos trabajando junto a las víctimas, comunidades rurales, personas en tránsito a la vida civil y en general la sociedad civil colombia
30052019 Comunicado Proceso… by on Scribd
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Bogotá, mayo 30 de 2019.