Organizaciones afrodescendientes e Internacional son amenazadas
En una carta dirigida a diferentes entes Colombianos e internacionales la organización WOLA denuncia la grave situación de seguridad contra la vida de los integrantes de su organización como también la grave situación de amenazas y hostigamientos a procesos organizativos afrocolombianos por parte de grupos armados.
Bogotá, 14 de octubre de 2010
Señor
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Señor
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de Justicia
Señor
DIEGO MOLANO
Director ACCION SOCIAL
Señor
HERNAN JAIME ULLOA VENEGAS
Director Programa Presidencial DDHH y DIH
Con copia a:
Corte Constitucional de Colombia
María Paulina Riveros Dueñas – Directora Derechos Humanos – Min. Interior y Justicia
Viviana Ferro Buitrago – Directora Comunidades Negras – Min. Interior y Justicia
Hernando Toro – Director Nacional. Promoción y Divulgación de DDHH – Defensoría del Pueblo
Horacio Guerrero – Defensor Delegado para los Indígenas y Minorías Étnicas – Defensoría del Pueblo
Mario Gonzáles – Procurador Delegado Prevención en Materia DDHH y Asuntos Étnicos
Margaret Senaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos
Gay McDougall – Experta Independiente Naciones Unidas para Asuntos de las Minorías
Representante ACNUR en Colombia
Representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Colombia
Santiago Cantón – Director Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos
María Silvia Guillen – Relatora para Pueblos Afro descendientes, Comisión Interamericana DDHH
Señores – Congreso de los Estados Unidos
Señores – Departamento de Estado, Gobierno de los Estados de Unidos
Michael Mckinley – Embajador de Estados Unidos para Colombia
Ken Yamashita – Mission Director for Colombia USAID
Señores – Washington Office on Latin America
Señores – Global Rights Partners for Justice
Señores – US Office on Colombia
Señores – National Endowment for Democracy NED
Señores – Embajada Británica en Bogotá
Señores – Embajada de Suecia en Colombia
Señores – Project Counseling Services (PCS)
Señoras y señores:
Reciban un cordial saludo de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES[1], deseamos los mejores resultados en su misión y responsabilidades relacionadas con la protección de los derechos de la población afrocolombiana víctima de la violencia. Es precisamente en razón de sus competencias que nos dirigimos a Uds., como lo hicimos el pasado 31 de mayo, para reiterar nuestra solicitud de protección y solidaridad para enfrentar la gravísima situación de seguridad contra nuestras vidas, a causa de una serie sistemática de asesinatos, hostigamientos y persecuciones que vienen ejerciendo los grupos armados ilegales, especialmente los grupos paramilitares, sobre los procesos organizativos afrocolombianos, sus lideres y lideresas, y sobre un conjunto significativo de organizaciones de derechos humanos comprometidas con la defensa de los derechos nuestras comunidades.
Como es de su conocimiento el pasado 14 de mayo varias organizaciones de derechos humanos, recibieron un e-mail firmado por el grupo paramilitar Bloque Central de las Águilas Negras, en el que 80 organizaciones colombianas son declaradas objetivo militar bajo el argumento de ser colaboradoras de los grupos guerrilleros (FARC y ELN) y oponerse a las políticas del gobierno; como se indicó entonces, AFRODES estaba incluida en ésta amenaza.
A raíz de estos hechos AFRODES, además de denunciarlos ante las autoridades respectivas, en Carta firmada el 31 de mayo[2] de 2010 le solicitó al Gobierno Nacional:
I. “Realizar pronunciamiento público por parte de cada una de sus entidades en el que en forma explícita y contundente se exprese: (i) la inaceptabilidad de las amenazas contra organizaciones de población afrocolombiana que en forma legítima trabajan en favor de los derechos consagrados en la Constitución, la ley 70 de 1993 y las normas que fundamentan las políticas públicas de atención al desplazamiento forzado, y (ii) el apoyo al trabajo de estas organizaciones.
II. La adopción de un mecanismo especial para la investigación penal sobre la situación.
III. Adelantar un proceso decidido para corregir las políticas públicas de protección vigentes, cuya aplicación continúa generando situaciones que no tienen correspondencia con el riesgo que enfrentamos, como lo es la exclusión y/o dilatación para proporcionar medidas de protección adecuadas a las organizaciones amenazadas”.
Sin embargo, a pesar la gravedad de las amenazas, nuestras denuncias y nuestra comedida solicitud de atención y protección al Gobierno Nacional, un mes después, ante la ausencia de la respuesta institucional requerida, fue asesinado (17 de Julio) el líder afrocolombiano Jair Murillo, miembro de la red de organizaciones de AFRODES de la ciudad de Buenaventura. En el marco de estas amenazas y con un patrón simétrico de persecución selectiva también fueron asesinados los lideres y lideresas afrocolombianos:
18 de Mayo, Rogelio Martínez (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE).
20 de Mayo, Estrella Hinestrosa Robayo (Asociación de Desplazados con Dignidad y Seguridad Social, ASODES)
23 de Mayo, Alexander Quintero (Presidente de Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya).
6 de Junio, Jaider Julio (Asociación Humanitaria de Bolívar, Ashudebol).
3 de Julio, Andrés Medina (Colectivo Afrocolombiano Son Batá).
De esta manera, las denunciadas amenazas se tradujeron en el asesinato sistemático de los lideres y lideresas afrocolombianos, en medio de la persecución y hostigamiento de sus procesos organizativos.
Ahora bien, AFRODES se ha visto en la necesidad de desarrollar esta nueva solicitud de protección al Gobierno Nacional debido a que esta semana, más precisamente el pasado 10 de octubre, la Águilas Negras han amenazado nuevamente de exterminio y muerte al menos a otras 60 organizaciones colombianas, entre ellas AFRODES y su red regional de organizaciones[3]; organizaciones que trabajan incansablemente en la defensa de los derechos humanos, la protección y garantías de las víctimas, la procura de la paz y la profundización de la democracia colombiana.
Esta nueva amenaza no constituye un hecho aislado, más bien, configura una situación sistemática de persecución que demuestra una vez más el alto riesgo que recae sobre nuestras vidas y la persecución sistemática contra nuestro trabajo humanitario en favor de los derechos vulnerados a la población afrocolombiana. Riesgo inminente que no solo lo hace patente la serie sistemática de asesinatos arriba citada, sino además el hecho de que tan solo dos días después de las mismas (12 de octubre de 2010) otra lideresa de AFRODES haya sido víctima de intento de asesinato mientras adelantaba sus actividades en la ciudad de Cartagena.
Esta agravada persecución contra los lideres, lideresas y procesos organizativos afrocolombianos evidencia una vez más la no implementación de la prescripción de la Corte Constitucional en el Auto 200 según la cual “[L]as autoridades deben prestar una atención particular a los casos en los cuales quienes solicitan protección son sujetos de especial protección constitucional, tales como indígenas, afrocolombianos, (…) defensores de derechos humanos”, como también la emitida en el Auto Diferencial 005, donde la Corte ordenó al Gobierno Nacional, entre otras medidas para la protección de nuestros derechos fundamentales, diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas.
Esta crítica situación humanitaria de los líderes y lideresas afrocolombianos, también pone en evidencia la desatención institucional a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus Observaciones del 27 de marzo de 2009, de adoptar medidas para cumplir con la obligación de proteger de la violencia a los afrocolombianos y los consejos comunitarios a los cuales pertenecen, en especial en el caso de los niños y las niñas y sus lideres (CIDH, recomendación No 1), e igualmente, la del Comité Contra el Racismo y la Discriminación, en su informe a Colombia de agosto de 2009, de intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas (CERD, 2009, § 15).
De otro lado, la continuidad de las amenazas y la impunidad asociada a las mismas demuestra a su vez la desatención del Gobierno Nacional a las recomendaciones de la Señora Margaret Senaggya, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, quien al término de su visita de septiembre de 2009 a, luego de constatar esta agravada persecución, señaló que es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia, señalando a su vez que el Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores.
Es claro entonces que si sumamos a la persecución y asesinatos reseñados la desatención gubernamental a las citadas prescripciones de la Corte Constitucional e instituciones internacionales, como también, a las recomendaciones previamente presentadas por AFRODES, podemos concluir entonces que: hasta la fecha el Gobierno colombiano ha fallado en su deber y obligación de proteger y salvaguardar la vida e integridad de los lideres y lideresas afrocolombianos y sus comunidades.
Así pues, con el propósito de corregir esta reiterada desatención institucional y recibir el apoyo efectivo del Estado colombiano ante esta nueva amenaza, y en reconocimiento de las declaraciones del Señor Presidente Santos según las cuales la defensa de los derechos humanos será un compromiso firme e indeclinable de su gobierno[4], de manera respetuosa presentamos las siguientes solicitudes y recomendaciones:
1. Realizar pronunciamiento público por parte de cada una de sus entidades en el que en forma explícita y contundente se exprese: (i) la inaceptabilidad de las amenazas contra organizaciones de población afrocolombiana que en forma legítima trabajan en favor de los derechos consagrados en la Constitución, la ley 70 de 1993 y las normas que fundamentan las políticas públicas de atención al desplazamiento forzado, y (ii) el apoyo irrestricto del gobierno nacional al trabajo de estas organizaciones, y reconociendo de su función alcanzar la paz y profundizar la democracia colombiana.
2. Investigar y castigar a los responsables de las amenazas y demás violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos afrocolombianos. Para tal efecto será central contar con un mecanismo especial para adelantar una investigación rápida e integral sobre esta grave situación.
3. Cumplir con las ordenes de la Corte Constitucional, muy especialmente, las emitidas en los Autos 005 de 2009 y 200 de 2007, particularmente, la de prestar protección especial a los lideres y lideresas afrocolombianas. Para tal efecto es importante que se introduzca el enfoque diferencial en el programa de protección implementado, con la participación y consulta previa de los líderes y lideresas afrocolombianos.
4. Adoptar de inmediato las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Señora Margaret Senaggya, como también las realizadas por la CIDH, el CERD y demás recomendaciones intergubernamentales dirigidas a proteger los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, sus lideres y lideresas.
5. Adelantar un proceso decidido para corregir las políticas públicas de protección vigentes, cuya aplicación continúa generando situaciones que no tienen correspondencia con el riesgo que enfrentamos, como lo es la ausencia de atención diferencial, y la reiterada exclusión y/o dilatación para proporcionar medidas de protección adecuadas a las organizaciones amenazadas, lideres y lideresas y sus familias. Será importante que el Estado colombiano refuerza a su vez los esfuerzos para proteger a los líderes y lideresas afrocolombianos en el crítico marco de la política de reparación y restitución de tierras a las víctimas.
… A la Comunidad Internacional
1. Todas los actores de la Comunidad Internacional con compromiso y voluntad frente a la protección de los derechos de la Población Afrocolombiana, especialmente el Departamento de Estado de los EE.UU., la CIDH, y el Sistema de Naciones Unidas, deberán priorizar y profundizar las acciones para defender y apoyar a los actualmente victimados líderes y lideresas afrocolombianos. Para ello recomendamos solicitar al Estado colombiano el rechazo inmediato a esta serie sistemática de asesinatos y hostigamientos. Asimismo, solicitar al Estado colombiano medidas de protección efectivas y oportunas para proteger a nuestros líderes, lideresas, sus procesos organizativos y familias, como también, solicitar al Estado la necesidad de que estos agravados hechos no queden impunes, sean investigadas las amenazas, persecuciones y asesinatos sistemáticos contra nuestros líderes y lideresas, y sean identificados y castigados quienes están detrás de todos estos crímenes.
De antemano agradecemos la atención prioritaria a esta comunicación. Creemos que su trabajo debe ser un factor importante para la protección de nuestras vidas y proceso organizativo. Quedamos atentos a cualquier información adicional o aclaración que requieran, y a la espera de un pronta respuesta a este comedida solicitud.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA
Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES
Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
Cell: (202) 489-1702
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