Ordenes de captura contra integrantes de Zona Humanitaria y Zona de Biodiversidad
Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de Curvaradó y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos humanos
Bogotá, D.C. octubre 27 de 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa.”
Alfred Adler
“El lenguaje político jurídico está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de consistencia al puro viento.”
George Orwell
Ref: Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de Curvaradó y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos humanos
Nuestra Constancia y Censura Ética ante el montaje judicial que hoy ha sido conocido, implementado por los ocupantes de mala fe, empresarios palmeros y ganaderos, con el concurso de sectores de la institucionalidad y la ausencia de sana critica de la Fiscalía de Medellín. La persecución judicial se dirige contra integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan las Zonas Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad, otros líderes comunitarios del bajo Atrato y defensores de derechos humanos.
Hoy 27 de octubre en horas de la madrugada una fuente de alta credibilidad informó a nuestra Comisión de Justicia y Paz de la expedición de entre 15 y 20 ordenes de captura contra integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad como responsables de los asesinatos de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo cometidos por parte de la guerrilla de las FARC en diciembre pasado.
GUILLERMO DIAZ, hermano del líder comunitario asesinado en enero de este año, ARGENITO DIAZ, EUSTAQUI POLO del territorio colectivo de Curvaradó; la junta directiva del Consejo Mayor de Jiguamiandó, MANUEL DENIS BLANDON, ROMUALDO SALCEDO, MELKIN ROMAÑA, MEDARDO ACOSTA, EDELSON SIERRA, HELADIO BLANDON, MARTHA, CECILIA VARGAS NAVAS , FIDEL CUESTA, entre otros.
Se conoció igualmente que en este proceso se pretende involucrar al defensor de comunidades negras, el sacerdote LUIS ARMANDO VALENCIA, a otros líderes del bajo Atrato, entre ellos del consejo comunitario de La Larga y a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
En septiembre pasado, luego de una amenaza de muerte por dos motorizados contra DANILO RUEDA, en la ciudad de Bogotá, se conoció del plan de seguimientos contra los abogados LILIANA AVILA y WILLIAM RUEDA y el montaje judicial contra el padre ALBERTO FRANCO CScR, ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA y el integrante de base de la Comisión de Justicia y Paz, director del Banco de Datos P. JAVIER GIRALDO S.J.
Para este montaje judicial se ha venido pagando falsos testigos. Algunos, como el caso de MASUEL ROMAÑA, han sido capturados al negarse a participar de ese montaje. Otros testigos han sido llevados para repetir, sin fundamento cierto, acusaciones contra los integrantes de los consejos menores y los defensores de derechos humanos. Así se construyó un supuesto acervo probatorio del cual se expiden las órdenes de captura.
De acuerdo con la fuente de esta madrugada, el operativo de captura iría a estar acompañado de una operación militar y policial sin precedentes, con participación el DAS y el CTI en la región.
Posteriormente, a las 9:30 a.m. de hoy, nuestra Comisión de Justicia y Paz vía correo electrónico, fue informada que se realizaría una operación armada inusual en la región como parte de la estrategia de desprestigio y del montaje judicial.
Se trata de ingresar a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, dejando publicidad de las guerrillas y hasta material de guerra (armas) para presentar a las comunidades como participes de las operaciones guerrilleras y se estaba avaluando la realización de una operación similar en Bogotá.
Luego se haría una operación informativa en medios masivos para que las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y sus integrantes queden como cómplices y algunos de ellos como guerrilleros, acompañados de organismos no gubernamentales nacionales internacionales de derechos humanos.
Se pretende deslegitimar, aislar y criminalizar la defensa del territorio. Así se deja en cuestión las Medidas Provisionales, las Medidas Cautelares del Sistema Interamericano, las acciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y de centenares de organizaciones en el mundo, entre ellas, la bancada de congresistas afrocolombianos de los Estados Unidos. Lo cual además servirá para remover un obstáculo para el TLC y las explotaciones mineras proyectadas.
Dentro de la serie de montajes, ocupantes de mala fe, de la empresa “La Tukeka”, propiedad de la familia ARGOTE, fueron vistos entregando mercados a repobladores en el territorio colectivo de La Larga. Según la información, estos colocaban letreros con el titulo: “Zona de Recuperación de Tierra” y al ser interrogados expresaban falsamente que la Comisión de Justicia y Paz, los apoyaba y acompañaba, suministrando apoyo jurídico y alimentario.
Nuevamente nuestra Constancia, reitera lo que desde octubre de 2008 hemos dejado en su conocimiento, esto es, el desarrollo de una estrategia de difamaciones, de señalamientos y de montajes judiciales. En esta operación, se encuentran involucrados nuevamente, el general DEL RIO, el ex ministro del Interior FERNANDO LONDOÑO HOYOS, MARIA FERNANDA, al parecer, CABAL, ADAN QUINTO, JAIME BEITAR, GERMAN MARMOLEJO, FERNANDO VARGAS, con el apoyo de UnoAmérica, Avanti Raggazzi, La Diáspora del Atrato y la divulgación de noticias falsas en Cable Noticias, Apartadó Estereo de Caracol, y de columnas publicadas en el diario El Tiempo y El Colombiano, por columnistas como JOSE OBDULIO GAVIRIA y JAIME PANESSO.
Una situación similar se presentó en el año 2003, en aquellos hechos participó el general JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, protector del General(R) RITO ALEJO DEL RIO, con la participación de la empresa “Maderas del Darien-Pizano S.A”, beneficiaria del paramilitarismo y la abogada JOHANA CABEZAS, quien suministraba información falsa al G3 del DAS en sus operaciones ofensivas e ilegales.
La campaña mediática y social de desprestigio y la estrategia de montajes judiciales pretenden asegurar la impunidad de militares y de empresarios que se han beneficiado o han participado de la estrategia paramilitar, como lo han confesando excomandantes paramilitares, criminalizando a las victimas, persiguiéndolas y aterrorizándolas, para asegurar su libertad y sus negocios, en predios que usurparon y despojaron violentamente.
Así, se busca posibilitar el desarrollo e implementación de agronegocios de palma y banano, de ganadería extensiva, de las operaciones extractivas y de obras de infraestructura como carreteras y de integración eléctrica, silenciando y criminalizando con falsas acusaciones a lideres de comunidades negras, indígenas y mestizas, que exigen restitución de los predios colectivos o respeto y apoyo a sus iniciativas de calidad de vida.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces para brindar garantías y protección de las y los lideres y liderezas comunitarios y defensores de derechos humanos del bajo Atrato y de nuestra organización que han exigido en derecho, mediante todas las acciones legales y constitucionales, la restitución de tierras despojadas violentamente por grupos paramilitares y empresarios.
Nuestra Censura Ética pues, ante los esfuerzos para reconstruir el Estado de Derecho en la región del bajo Atrato, hoy ante este montaje judicial, con presiones, con pagos de testigos y el uso de la fiscalía de Medellín, las operaciones criminales se imponen los procedimientos de un Estado de Derecho derruido. Ahora no se trata solo de la fuerza si no de la manipulación del derecho para sostener su impunidad y los negocios proyectados sobre el bajo Atrato. Prevalece la ambición, la acumulación del capital por encima de la vida humana, pues afrocolombianos y mestizos e indígenas son vistos como desechos si no funcionan en conformidad a los intereses económicos que se pretenden imponer. Para este fin, valen todos los medios pues no hay ningún tipo de mínimos éticos y de derechos que se reconozcan y respeten.
Nuestra Censura frente a la nueva modalidad para violar derechos humanos, limitar, constreñir e imposibilitar la libertad para actuar en derecho, evitando el retorno y la restitución de predios comunitarios. Se combinan difamaciones y campañas de desprestigio, se inician causas judiciales con falsas acusaciones y testigos falsos y pagos, de modo que luego de encarcelar a los líderes comunitarios, y a los defensores de derechos humanos nacionales, se entreguen las tierras para que se continúen los negocios ilegales de la palma, de la ganadería extensiva, del banano y con ellos del lavado de activos.
Hoy se evidencia que el poder criminal sigue incólume a pesar de los múltiples esfuerzos y del reconocimiento de mandos paramilitares, algunos extraditados, de cómo se desarrolló esta estrategia criminal en el bajo Atrato, que combinó además de las armas, las amenazas de muerte, la corrupción y las estrategia de desprestigio y el pago de falsos testigos para iniciar causas judiciales injustas.
Desde diciembre de 2009 a la fecha, (octubre de 2010) se han cometido 3 crímenes de lideres de las comunidades, se han multiplicado las amenazas a los habitantes de las Zonas Humanitarias y a la Comisión de Justicia y Paz, se ha continuado con la destrucción de los bienes de pan coger y de alimentos por parte de los sectores empresariales que ocuparon violenta e ilegalmente la tierra, en Curvaradó y el Jiguamiandó para continuar los agronegocios de la siembra de palma, la ganadería extensiva y el banano.
Desde septiembre de 2008, los propios empresarios patrocinaron una falsa representación legal a través de un afrocolombiano, desconocido por la mayoría de las comunidades. A través de este fraude se quisieron entregar las tierras, pero no a los dueños legales y legítimos si no a las empresas beneficiarias criminales.
Nuestra Censura Ética ante la turbia operación judicial, se hubiera evitado si los procesos judiciales contra los palmeros, los ganaderos, los bananeros en sana crítica y debido proceso hubieran avanzado eficazmente, pues son algunos de ellos, con su entorno, los que se encuentran apoyando y financiado el montaje judicial.
Lamentablemente lo que se llama justicia, golpea injustamente, a los mas débiles, a quienes tienen como única posibilidad la palabra, la palabra verdadera, los que no tienen nada que pagar ni comprar, por que obran con conciencia, una conciencia que el erosionado Estado de Derecho, no soporta, no quiere y excluye, porque el valor de la verdad es el poder del dinero y de la corrupción.
Por esta misma razón, las investigaciones que protegen a las victimas, que restituyen sus derechos no avanzan. Por ejemplo, las operaciones ilegales del DAS contra las comunidades y nuestra Comisión de Justicia y Paz, hace parte de ese expediente macabro e ilegal, desde allí se montaron campañas, seguimientos en el exterior y montajes judiciales. Nada ha sido investigado eficazmente. En octubre de 2008 se conoció la estrategia de RITO ALEJO DEL RIO y FERNANDO LONDOÑO y nada sucedió en materia de investigación judicial. Se ha pagado, se ha presionado a personas para que testifiquen falsamente y nada ha sucedido, como le sucedió a MASUEL ROMAÑA.
La etapa de empalme gubernamental ha posibilitado que las estructuras paramilitares, paraempresariales y mafiosas, se hayan reacomodado y hayan implementado esta estrategia perversa, valiéndose de causas judiciales en la Fiscalía General de la Nación en Medellín.
Ante la iniquidad, la perversidad, nos queda seguir exigiendo, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y en conformidad con sus responsabilidades institucionales:
1. La adopción inmediata de medidas concretas para que se protejan los espacios legales y legítimos de las y los defensores de derechos humanos y los lideres e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que han exigido verdad, justicia, reparación, restitución de las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó y que continúan siendo perseguidos.
2. El respeto irrestricto del derecho al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa e independencia judicial respecto a los líderes e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas del Río Jiguamiandó y Curvaradó y los defensores de derechos humanos que los acompañan.
3. La acción de la Fiscalía General de la Nación en la solicitud al Fiscal que adelanta la investigación del sustento probatorio y de derecho existente para emitir las órdenes de captura en contra de cada uno de los lideres judicializados de las comunidades y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, todas y cada una de las pruebas que obran en el proceso, las líneas de investigación que están siendo asumidas y los mecanismos utilizados para el recaudo de evidencias.
4. Al Fiscal General de la Nación que ordene, de manera, inmediata, que la investigación sea asumida por la Unidad de Derechos Humanos de la cuidad de Bogotá y se adopten medidas eficaces de protección de quienes han sido presionados para dar declaraciones falsas en contra de los lideres judicializados y defensores de derechos humanos.
5. A la Fiscalía General de la Nación que informe los avances concretos que ha tenido la investigación que se sigue luego de que se conociera el plan de desprestigio y judicialización orquestado por el General RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el ex Ministro LONDOÑO HOYOS, cuáles han sido los móviles y finalidades y relación con las actuación de GERMAN MARMOLEJO, ADAN QUINTO, JAIME VEITAR, MARIA FERNANDA CABAL, JOSE OBDULIO GAVIRIA, y los integrantes de UnoAmérica, Avanti Ragatzzi, la Diáspora del Atrato y Acción Nacionalista.
6. Al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a los demás organismos de inteligencia del Estado, entregue a las comunidades y a la Comisión de Justicia y Paz toda la información ilegalmente tomada sobre estas y se depuren los archivos de inteligencia que sirven de sustento para estas campañas de difamación y montajes judiciales.
7. Al Ministerio del Interior y de Justicia informe de manera detallada a la Corte Constitucional todas y cada una de las actuaciones que ha venido realizando para dar cumplimiento al Auto de 18 de Mayo de 2010, cuál ha sido su actuación respecto a garantizar la participación de todos los integrantes de los consejos menores, incluyendo los que habitan en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, y la realización del censo de habitantes de manera transparente e imparcial.
Con profunda indignación,
Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz