Ordenan libertad a líderes sociales señalados de pertenecer al ELN

Al estudiar un recurso apelación contra la decisión emitida por el juzgado segundo de garantías de Cartagena, que envió a la cárcel a los líderes sociales, el juez manifestó que la investigación realizara por la Fiscalía se concentró más en precipitar resultados mediáticos y no en estructurar una imputación “más razonable”. Además, el juez dice que históricamente se ha intentado judicializar a personas en el marco del conflicto armado sin contar con mayores pruebas, lo que se ha constituido popularmente como “falsos positivos judiciales”.

“Ante la gravedad de las acusaciones se hace necesario que la participación esté fundamentada a plenitud en unos elementos materiales probatorios contundentes. Por ejemplo: interceptaciones y videos, pues si tiene la noticia de que una persona está vinculada con una organización subversiva, ese solo dicho no puede tenerse como inferencia si no hay un mayor respaldo probatorio”, precisó el juez.

Además, en la decisión, el funcionario judicial dijo que la investigación no se puede limitar a un señalamiento pues, si hay dudas en el derecho penal, estas deben ser resueltas. “Es una investigación que se hace desde la distancia y desde luego que se corre el riesgo de incurrir en equívocos. Sin embargo, por estar en juego la libertad y la dignidad de los procesados, (..) es inaceptable aceptar equívocos” agregó.

Las capturas de estos líderes sociales están enmarcadas en un operativo realizado por la Policía en el Sur de Bolívar y otros departamentos. En ese momento, la Comisión Internacional Congreso de los Pueblos pidió la liberación inmediata de los líderes capturados. “Este hecho hace evidente justamente la ausencia de garantías”, señaló Andrés Gil, líder de la Marcha Patriótica. Desde algunas organizaciones sociales se catalogó el hecho como una “ofensiva judicial” y de “falsos positivos judiciales para afectar el campesinado organizado y castigar a líderes y lideresas por pensar diferente”.

Fiscal del caso logró preacuerdo con la Fiscalía

María Bernarda Puente López, fiscal tercera especializada de Cartagena, y quien ordenó las capturas de los líderes sociales, logró un preacuerdo con la Fiscalía en otro proceso judicial por el cual es investigada. Según pudo establecer este diario, pagaría una pena de cinco años y una multa de $25 millones por el delito de concierto para delinquir. Puente López es señalada de pertenecer a una red de corrupción al interior del organismo investigativo que habría beneficiado a narcotraficantes y paramilitares.