Ordenan desalojo de familias de Caracoli-Curvaradó

Miercoles 11 de junio hacia las 11:00 a.m. en reunión con el Gobierno Nacional de seguimiento de Medidas Provisionales del Jiguamiandó y Curvaradó, se informó que la policía de Urabá estaba adelantando los trámites de desalojo a la comunidad de Caracolí ,ordenado por la jueza promiscua de Riosucio – Chocó ERCILIA GONZALES MORENO para ejecutarse próximo jueves 18 de junio.

Bogotá 11 de junio de 2009

FRANCISCO SANTOS

Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Ordenan desalojo de familias de CARACOLI-CURVARADÓ, favoreciendo ocupantes de mala fe.

“… venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes”
Amos 2, 6-7

* Miércoles 11 de junio hacia las 11:00 a.m. en reunión con el Gobierno Nacional de seguimiento de Medidas Provisionales del Jiguamiandó y Curvaradó, se informó que la policía de Urabá estaba adelantando los trámites de desalojo a la comunidad de Caracolí ,ordenado por la jueza promiscua de Riosucio – Chocó ERCILIA GONZALES MORENO para ejecutarse próximo jueves 18 de junio.

Esta decisión la toman después de que el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó, el 20 de mayo del presente año, decidió negar la acción de tutela interpuesta por el viceministerio del Interior y Justicia, en la que se demostraba que las tierras en que habita la comunidad de Caracolí pertenece al territorio colectivo de esa cuenca, conforme se deriva de las verificaciones adelantadas en junio de 2008 y 17 de febrero de 2009.

Adicionalmente el juzgado por iniciativa propia y haciendo solo comparecer a la familia ARGOTE, realizó una inspección judicial de carácter privado, que no tuvo en cuenta las resoluciones 2809 del 2000 y 2424 de 2007 expedidas por el INCODER y las verificaciones realizadas, en las que se reconoce que Caracolí forma parte del título colectivo del Curvaradó.
Estos elementos hacen que la sentencia de la Juez de Riosucio que ordena el desalojo, y que protege un predio individual empresarial ilegal, sobre un predio colectivo comunitario legal, desconozca elementos de prueba notorios y determinantes que hacen que sea una Vía de Hecho, donde se violan derechos fundamentales (debido proceso, vida, dignidad, trabajo y mínimo vital básico, territorio) protegidos por la constitución, generando un nuevo desplazamiento forzado y un perjuicio que no podrá ser remediado.
De manera reiterada, la comunidad de Caracolí ha venido siendo objeto de agresiones por parte los ocupantes de mala fe de la empresa LA TUKEKA propiedad de CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE en los que han sido destruidas plantaciones de plátano, arroz y yuca de las que dependía la seguridad alimentaria de las familias de esta comunidad de la cuenca del Curvaradó.

Una vez mas a sus despachos nuestra constancia ética para que si quieren eviten mayores daños irreparables a las familias del Curvaradó que fueron víctimas del desplazamiento forzado, vienen siendo victimas de la destrucción de sus cosechas y ahora, amparados en una decisión de una juez que de manera clara y contra el derecho mismo, beneficia a ocupantes de mala fe, beneficiarios, a su vez, del paramilitarismo, y que pretenden por esta vía generar un nuevo desplazamiento forzado.

Llama poderosamente la atención que una instancia del mismo gobierno, el Viceministerio del Interior, haya tenido que interponer una acción de tutela contra una decisión arbitraria de una juez en el municipio de Riosucio y que el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó haya desconocido soportes como las resoluciones e informes que prueban que CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE son ocupantes de mala fe.

Dejamos constancia ética que la orden de desalojo va en contravía de los derechos fundamentales de la comunidad de Caracolí y que el Consejo Superior de la Judicatura, en especial su sala disciplinaria, está en la obligación de investigar la actuación de la juez de Riosucio.

Dejamos constancia ética que el Ministerio de Interior y Justicia y la Vicepresidencia de la República son conocedores plenos de la titularidad colectiva de las tierras del Curvaradó y que si quieren pueden solicitar a la Policía que no ejecuten esta acción en razón que el mismo Ministerio del Interior ha impugnado la decisión del Tribunal Superior de Quibdó relacionado con esta orden de desalojo que se pretende materializar el 18 de junio.

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz