Ordenación territorial: Réquiem por la agricultura familiar
“Asistimos a un cambio de relaciones del ser humano con su entorno que, sin duda, puede agravar en el inmediato futuro la soberanía alimentaria a diferentes escalas. Sabemos ya, a escala mundial, lo que está suponiendo el acaparamiento de tierras y el control de los alimentos de máxima necesidad y consumo: el aumento de la pobreza y del hambre”.
Las propuestas de ordenación del territorio son el adiós a las tradiciones agrícolas de mayor raigambre en nuestra comunidades rurales vinculadas en gran medida a las fincas familiares, por la que entonamos un Réquiem. Sin duda, de este proceso se beneficiarán algunas multinacionales y sociedades corporativas que están al acecho de esta ordenación tecnocrática del territorio.
Cómo nos roban los recursos naturales
Asistimos a un cambio de relaciones del ser humano con su entorno que, sin duda, puede agravar en el inmediato futuro la soberanía alimentaria a diferentes escalas. Sabemos ya, a escala mundial, lo que está suponiendo el acaparamiento de tierras y el control de los alimentos de máxima necesidad y consumo: el aumento de la pobreza y del hambre. En nuestro país, muchas regiones y comarcas que hasta hace poco lograban un cierto equilibrio en el abastecimiento de sus bienes más necesarios, en particular de los agroalimentarios, se encuentran ahora en una situación cada vez más precaria. Si ayer contribuían a un uso inteligente de los recursos naturales, complementándose con los territorios próximos en un intercambio de bienes que beneficiaban al conjunto de habitantes, con escasos residuos, los procesos de globalización y los intereses especulativos actuales han cambiado radicalmente el modelo, y por tanto, las dependencias externas son cada vez más costosas tanto social como ambientalmente.
Por otro lado, observamos como las administraciones públicas han renunciado a su responsabilidad directa con los territorios administrados, cediéndosela a grandes grupos que se han apoderado del manejo de los recursos estratégicos y naturales, tanto en el medio rural como en el medio marino. Con el tiempo, estas corporaciones se han fortalecido y se hacen prácticamente indispensables en el control productivo y mantenimiento medioambiental.
Cabe subrayar, por ejemplo, el significado de TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria S.A.), creada en 1977 al desaparecer el IRYDA, que a pesar de mantener el 51% de capital público, se ha convertido en un modelo empresarial con una fuerte presencia privada donde se confunden los intereses y se diluyen las responsabilidades de la propia administración. No cabe duda, que en el sector agroforestal o en todo lo relacionado con el medio natural, para lo malo y para lo bueno, el grupo TRAGSA es el protagonista en nuestro país. Su posición privilegiada en un buen número de comunidades autónomas convierten a la empresa en la referencia más visible a la hora de la gestión forestal y agrícola.
Paralelamente, desde el sector privado se ha avanzando en la ocupación de sectores agroalimentarios de dimensión estratégica, casi siempre bajo fórmulas corporativas o segregando de la matriz empresarial original algunas filiales nuevas. Estas empresas desvinculadas en sus raíces e intereses de los territorios, apuestan por crear nuevas plusvalías con el capital acumulado durante siglos por generaciones anónimas de personas campesinas, desaparecidas del escenario geográfico y económico en las pasadas décadas, tras el vendaval del éxodo rural. No ha sido en absoluto un proceso ingenuo, que algunos explicarían exclusivamente como consecuencia de la modernización. Frente a la desarticulación y abandono, desde las bases económicas más especulativas, oportunistas y a veces más voraces, se preparó la ocupación del territorio y el asalto a su capital social y cultural y, lo que es más grave, a su identidad y a sus riquezas naturales.
Cobran una relevancia especial aquellas empresas que bajo fórmulas innovadoras o, incluso, abanderando la marca o imagen ecológica y sostenible, se han adueñado de sectores claves en el ámbito de las simientes, de la producción cárnica, de la denominaciones de origen como el vino, de la producción hortícola, etc. y por supuesto, de las energías clásicas y de las renovables. Asistimos a la formación de verdaderos dominios territoriales destinados a la producción agroalimentaria bajo fórmulas empresariales anónimas que anteponen sus intereses a las necesidades de los ciudadanos y del propio territorio.
Un nuevo expolio disfrazado de ordenación territorial
En este contexto, Castilla y León se encuentra, tras décadas de vaciamiento y despoblación, ante una gran dificultad para la gestión inteligente de sus propios recursos. La reordenación del territorio que propone en esto momentos la Junta de Castilla y León a sus 2.248 municipios, supone una decisión política y administrativa que dificultará la cohesión demográfica y social de su extenso territorio. En aras a una falaz “eficiencia y racionalidad” se pretende crear un número reducido de Distritos de Interés Comunitarios (DIC) que integren a los municipios; de ellos unos 558 están por debajo de los 100 habitantes y en una situación complicada por sus posiciones marginales, pero vinculados a espacios de gran valor económico, ambiental y cultural.
La adaptación al mercado se impone, y se olvidan en la búsqueda de alternativas administrativas del peso y del significado de las propias entidades comarcales, que siguen teniendo validez como marco de partida para la vertebración y ordenación territorial, manteniendo además la identidad cultural y territorial ante la propuesta tecnocrática del distrito.
Muchas áreas rurales alejadas de los centros de poder verán empeorada gravemente su situación, estando, por tanto, abocadas a un ocaso inminente e irreversible, que afecta de lleno a su capacidad de supervivencia y al control de sus propios recursos. Ello supone al menos dos graves consecuencias: la extinción de la riqueza humana y cultural de aquellas comarcas con gran identidad histórica, y la desaparición de productos que garantizan nuestra soberanía alimentaria tanto a escala regional como peninsular.
La mayoría de los pequeños municipios rurales han demostrado durante estos años de crisis una gestión prudente de sus propios recursos y de sus presupuestos, sin acumular pérdidas o despilfarros que pongan en entredicho su compromiso vital con los ámbitos geográficos próximos y con sus habitantes. Subsumir sus políticas y sus bienes públicos y estratégicos en áreas funcionales sin verdadera identidad y bajo gestión privada, acelerará los procesos de apropiación de los recursos naturales (aguas, bosques concejiles y públicos) y de los recursos agroalimentarios por los intereses particulares y más alejados de la biodiversidad y de los paisajes.
Mientras, los sistemas productivos locales que conservaron hasta hace poco tiempo la agricultura en los ruedos de nuestros pueblos agonizan, y los aprovechamientos ganaderos extensivos en sus alrededores se desvanecen, se impone el descontrol en el manejo de los asuntos públicos, acarreando consigo incendios pavorosos como por ejemplo los acontecidos durante este mes de julio en Valencia; así pues, la destrucción de los recursos colectivos y públicos es una realidad dolorosa, que necesita más que nunca de la presencia del ser humano y de su adaptación al entorno. Ni los medios técnicos más sofisticados, ni las unidades de emergencias más especializadas lograrán mantener un equilibrio ambiental y alimentario igual al de un grupo humano solidario con el territorio.
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