Orden judicial para restituir predios comunitarios en Curvaradó y Jiguamiandó
Un nuevo reconocimiento legal se ha dado en el día de hoy a la dignificación que las comunidades negras y mestizas que habitan en las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó se conoció hoy a través de la Sentencia 73 del Tribunal Administrativo del Chocó.
El fallo ordenó a empresas palmicultoras y ganaderas, y otros particulares, que ocupan ilegalmente los territorios colectivos, que en 48 horas suspendan toda actividad y en 30 días entreguen voluntariamente los predios a sus legítimos propietarios.
La sentencia a una acción de tutela interpuesta en enero de 2009 exige a los Ministerios de Agricultura, Interior y de Justicia, Defensa, al Incoder, Acción Social, Gobernación del Chocó, autoridades de Carmen del Darién y a la Defensoría del Pueblo velar por el cumplimiento de esta decisión.
, La decisión judicial es de obligatorio cumplimiento para 42 ocupantes de mala fé, entre ellos 9 empresas palmicultoras, 2 ganaderas, 2 comercializadoras y 29 personas naturales, todas ellas beneficiarias de la estrategia paramilitar desarrollada por la Brigada 17 desde 1996, y consentida por autoridades locales.
La providencia significa otro reconocimiento en Derecho a los hoy habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, que durante la larga noche de la ocupación y el destierro han reclamado del Estado protección de la vida, devolución y autonomía respecto del territorio.
Esta decisión se suma al reconocimiento que la OIT realizó hace cerca de dos años al comprender estas comunidades como pueblo tribal. Igualmente las resoluciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han requerido medidas de protección a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad dada la conexión entre las operaciones violentas y el agronegocio de la palma y de la ganadería extensiva.
Hasta la fecha a pesar de los fundamentos de hecho y de derecho, las empresas y las estructuras paramilitares que hoy se mantienen en presencia de la Brigada 15 y la Policía de Urabá, continúan usufructuando el territorio con estos agronegocios.
El agronegocio de la palma en estas comunidades ha estado financiado el 100% con créditos de FINAGRO, Ministerio de Agricultura. La política nacional de producción de agrocombustibles estimulada por las necesidades energéticas y de consumo “verde” de la Unión Europea y Estados Unidos, ha estimulado a que sectores vinculados con la agroindustria, el tráfico de drogas y el paramilitarismo a ser parte de esta bonanza económica
Recientemente empresas bananeras, también beneficiarias del paramilitarismo empezaron el desarrollo de agronegocios dentro del territorio colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó. Estas empresas son algunas de las denunciadas en tribunales internacionales y nacionales, las que en confesiones de ex comandantes paramilitares contribuyeron al despojo y el desarrollo de agroindustria en el eje bananero y el bajo Atrato.
Se espera una respuesta integral y coherente del fallo, que significa una restitución de la propiedad en las condiciones familiares, sociales, comunitarias y ambientales en las que se encontraba el territorio antes del desarraigo forzoso para la palma y el ganado
A la fecha las acciones penales no han dado resultados concretos posibilitando la reingeniería empresarial y paramilitar.
Bogotá. D.C. Noviembre 2 de 2009
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ