Orden de desalojo para favorecer a sector empresarial despojador
La lideresa Mary Hernández es amenazada de muerte por afirmar su derecho al territorio ante el anuncio de un desalojo contra derecho ordenado por la Inspectora de tránsito del municipio de Río Sucio, Chocó, Celmira Gutiérrez Gaviria.
La amenaza fue proferida por personas vinculadas a la empresa Recife, propiedad del empresario palmero y ganadero, Juan Guillermo González.
El próximo lunes, 15 de abril a las 10:00 a.m., serían desalojados los habitantes de los consejos comunitarios que regresaron a sus tierras, luego de años de despojo de sus territorios por operaciones paramilitares.
Con la decisión los legítimos dueños serían sacados de los predios comunitarios que están habitando desde hace dos meses, luego de más de 16 años de desplazamiento forzoso.
Juan Guillermo González está siendo investigado por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, daño ambiental.
Según el diario El Tiempo, a González testigos le vieron de camuflado y armado al lado del Comandante paramilitar, Freddy Rendón Herrera, conocido como el “Alemán”.
Entre 2002 y 2003, las familias que se encontraban en condición de desplazamiento forzoso fueron contactadas por Juan Guillermo González Moreno para que le fueran vendidas las tierras bajo la amenaza de que si no vendían, “la viuda nos deja más barato”.
La inspectora pretende legalizar la tierra mal habida por el empresario negando los derechos de las comunidades negras de Bijao Onofre. Esta funcionaria argumenta en un escrito que el Representante Legal del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla autorizó el usufructo de esas tierras al ocupante de mala fe.
Este tipo de mecanismo de legalización de la ocupación y del usufructo usado en otros casos como Cacarica y Curvaradó es usual para asegurar negocios, desconociendo la consulta a los directos ocupantes.
El empresario años atrás intentó legalizar más de 1700 hectáreas mediante el mecanismo de accesión de un predio de 28 hectáreas.
La empresa en 2005 según informe de INCODER aparece como ocupante de mala fe dentro del territorio colectivo de Curvaradó; así mismo, El Consejo de Estado y la Corte Constitucional en los diferentes Autos de Seguimiento de la Sentencia T 025/04 han ordenado el desalojo inmediato de la empresa del Curvaradó.
Si el gobierno del presidente Santos no interviene con eficacia, nuevamente la protección de los derechos de las víctimas del despojo será una quimera. El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, debe actuar pronto ante esta nueva injusticia anunciada, aseguró uno de los integrantes del Consejo Comunitario.
Bogotá, D.C. 11 de abril de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz