Opiniones ante la Paramilitarización del País
Una reacción para tapar el sol con las manos o enfriar el agua caliente, fueron los intentos gubernamentales para ocultar lo que la gran mayoría de los colombianos experimenta, la institucionalización del paramilitarismo o mejor la configuración del paraestado. Los artículos de prensa de la semana anterior que dejaron explícito la paramilitarización del país y la gravedad del manejo del proceso de desmovilización paramilitar fueron respondidos por el Presidente Alvaro Uribe Vélez con actuaciones reactivas, mediáticas en el fondo tapando goteras que no despejaron las dudas sino que anuncian una posible tormenta.
Hoy estamos asistiendo a la asunción de un ejercicio de poder y de sociedad esclavizada en la sensación de libertad, una sociedad restringida de facto en sus derechos para enaltecer al Estado y a su príncipe. Un país de formales libertades donde se encarcela sin debido proceso simplemente por el hecho de pensar, de afirmar derechos consagrados constitucionalmente. Una sociedad con un modo de producción asegurado en la privatización de las propiedades a la fuerza y protegida por ejércitos privados articulados con el ejército público. Un Estado abdicando de sus deberes y responsabilidades sociales socializando la seguridad en cabeza de los ciudadanos. No se trata tan simplemente de un proyecto militar contrainsurgente financiado con el tráfico de drogas.
El Presidente Uribe reaccionó ordenando un operativo militar contra un bastión paramilitar asentado en el Casanare, unidad armada que se encontraba en lucha encarnizada con el Bloque Centauros, línea de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. Este bloque que nunca ha sido atacado controla militar, social y políticamente desde Villavicencio hasta el Ariari. El frente paramilitar del Casanare conformado por niños reclutados forzosamente en Girardot, Bogotá, Villavicencio fue atacado en un hecho inusitado por las Fuerzas Armadas, mientras la conducta es de tolerancia, de omisión, de complicidad, de anuencia con el Bloque Centauros.
No es nueva esa protección. Así sucede hoy en la mayoría del país, es el resultado de una estrategia militar venida desde la década del 60. Evidencia el hecho la parcialidad de la actuación militar y la ausencia de voluntad política para asumir las Recomendaciones internacionales en relación con el combate a los paramilitares, la carencia de decisiones para enfrentar estructuralmente una dinámica militar enquistada en el Estado, basada en la doctrina militar y por supuesto en la impunidad en que se encuentran los millares de crímenes y violaciones de derechos humanos a través de estas estructuras armadas. Esa gestación encubierta sigue extendiéndose como una conducta casi regular de la fuerza pública.
Los resultados estadísticos expresan el aumento de combate a los llamados, eufemísticamente, grupos de “Autodefensa”, la cantidad de capturados o de desertores de estas filas, pretenden llamar a engaños a muchos. Lo cierto es que millares de colombianos en medio del terror, y de la ley del silencio, observan impávidos la cualificación de las estructuras paramilitares en el Chocó, el Putamayo, Santaderes, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Atlántico, Santanderes y los barrios marginales de todas las ciudades de Colombia, su incidencia, su influencia y control social y político. Hoy es innegable el control de tierras, el repoblamiento que están implementando, y el uso de notarías y de Oficinas de Registro y Control para hacer legal lo ilegal de las tierras.
Simultáneamente, en el juego de apariencias para que no quedaran dudas frente a la opinión de los Estados Unidos y la colombiana en relación con los pedidos de extradicción de los miembros de los grupos paramilitares que son traficantes de drogas, no importando tanto, su participación en violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, el presidente URIBE firmó la extradición de uno de los miembros de los paramilitares. Para completar el cuadro justificativo de la actuación transparente del gobierno frente al problema de la impunidad, los delitos atroces, y la relación con el tráfico drogas, Uribe expresó en Miami, que en Colombia no se iba a repetir lo que había ocurrido con el grupo guerrillero M-19 y la toma del Palacio de Justicia. Acción armada, que según el presidente, se realizó en una actuación financiada por el narcotráfico y sobre la cual iba a presentar pruebas.
Nueva cortina de humo para desestimar las críticas y el debate desarrollado por la oposición política, en la que figuran antiguos miembros del M-19, en el Congreso de la República frente a la nueva operación “Dragón” de aniquilación de la oposición política, de sectores sindicales y de defensores de derechos humanos, bajo modalidades paramilitares desde agentes estatales encubiertos y las nuevas pruebas presentadas de la paramilitarización del país, la concentración de tierras y la relación paramilitarismo y tráfico de drogas. Más que despejar dudas, las mismas aumentaron pues el recurso público de ataque a sectores que hoy conforman el Polo Democrático, se interpretó como un recurso de afección al partido de oposición, cuando en las encuestas Uribe empiezan a declinar. Al mismo tiempo, el anuncio de cero a la impunidad se interpreta como 100 por ciento impunidad. que se avecina con un proyecto poco profundo de Verdad, de Justicia y de Reparación, que pretende ocultar la relación entre lo militar y lo para militar y establecer como una simple relación funcional el aparato armado paramilitar con el tráfico de drogas.
Pero la cortina de humo tampoco funcionó, los ex miembros del M-19 plantearon crear una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1.985 en la toma del Palacio de Justicia y la Contra Toma por parte de las Fuerzas Militares, e incluso su disposición de ir a la cárcel. Durante los días polémicos nunca se presentaron pruebas de la relación del entonces M-19 con los narcotraficantes y la toma del Palacio de Justicia.
Pero los colombianos desempolvaron su memoria, condenaron la acción armada del M-19 pero volvieron con las imágenes de un operativo militar de las Fuerzas Militares desbordado, bárbaro en el que se negaron los principios humanitarios. Se volvió a recordar que los procesos judiciales fueron allegando pruebas de todo tipo en que más de un centenar de personas murieron, entre ellas, más de una decena de Magistrados, debido a balas oficiales y al fuego generado por los impactos de los tanques del ejército.
Se volvió a la memoria y se volvió a vivir la tragedia que hoy persiste en los familiares de los 11 desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, sacados de ese recinto, por agentes estatales, tal vez llevados a un cementerio de Bogotá, luego de haber sido atropellados en instalaciones militares del norte de la capital del país. Miles recordaron que el Congreso de la República se negó a hacer un juicio al presidente Belisario Betancur, quién asumió la responsabilidad del operativo.
Desde ese tiempo se ocultó por todos los medios la Verdad Histórica, basta preguntar a Noemí Sanín, hoy embajadora en España, porque la censura de esos días a la radio colombiano. O simplemente mirar porque uno de los responsables de esa tragedia múltiple, Alfonso Plazas Vega, se encuentra en un alto cargo público del gobierno Uribe, quién no pudo asumir en el pasado cargos diplomáticos pues fue censurado; este oficial que se hizo celebre desde esa época, pues en medio de la cremación, de los asesinatos, y la desaparición forzada de personas expresó a los medios de información, que él lo que estaba haciendo era: “defendiendo la democracia”.
Por eso, en ausencia de la posibilidad de crítica, no es de extrañar, que en un comunicado de la Casa de Nariño del 27 de septiembre, se haya escrito que quiénes se oponen a la negociación con las Autodefensas favorecen a la guerrilla. Nuevamente, se evidencia que las víctimas, los familiares de las víctimas, los sujetos sociales que cuestionan o critican un proceso en el que se ha desconocido los principios construidos por la conciencia de la humanidad respecto al Derecho Humanitario o los principios directrices del Derecho a la Memoria, a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral son nuevamente puestos como favorables al polo armado contrario, la guerrilla o mejor, los terroristas, pues se nos olvidaba que desde el 7 de agosto del 2002, no hay conflicto armado en Colombia. Problemas del humo.
Ver Adjunto Nuevas Opiniones frente a la paramilitarización en Colombia
El Gobierno no acepta presiones
(…) El objetivo del Gobierno es una Colombia sin guerrilla, sin autodefensas y sin la droga que las sustenta.
El Gobierno no acepta presiones de las autodefensas ni de quienes, por favorecer a la guerrilla, se oponen a la negociación con las autodefensas.
Apartes del comunicado Casa de Nariño, publicado por El Tiempo, el 28 de septiembre de 2004
El Gobierno no está negociando indulto con los paras
Allá en el pasado se indultaron atrocidades de la guerrilla. El M-19 quemó el Palacio de Justicia, en asociación con el narcotráfico, y están indultados. Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares, ni a favor de guerrilleros” Alvaro Uribe Vélez
Tomado de El Tiempo, edición 1 de octubre, sección Justicia
SE REPITE LA PELÍCULA?
Memorias
(…) No se puede dejar de mirar con temor el espejo lejano de la Italia prefascista de 1922. La valerosa advertencia sobre la nueva ley de tierras.
Hace poco volví a ver El conformista y 1900, dos bellas películas de Bernardo Bertolucci sobre el fascismo en Italia en la primera mitad del siglo XX. La primera, basada en una novela de Alberto Moravia, es la historia de un intelectual de poca monta que se entrega al fascismo como vehículo para ascender y lo hace con tal celo que asesina a su antiguo mentor, un profesor enemigo del régimen y a su esposa, la bella Dominique Sanda.
La segunda es la historia de una región agrícola, en donde surgen en competencia una modalidad radical del fascismo italiano -los squadristi de las tristemente célebres Camisas Negras- y el comunismo. En algunas escenas de la película aparece Attila, el jefe de los squadristi interpretado por Donald Sutherland, organizando con terratenientes la financiación de un grupo paramilitar que se va a encargar de extirpar el socialismo y de quitarles a los socialistas el poder que tienen en el mercado laboral.
Attila no solamente ahuyenta y somete exitosamente a los socialistas con métodos violentos sino que se adueña del mercado laboral y se convierte de facto en la autoridad de la región. Asesina a los terratenientes que inicialmente habían contribuido al movimiento pero que posteriormente sintieron escrúpulos por el rumbo que tomó y pasa a disfrutar de sus propiedades.
Para los colombianos este guión no es extraño, con la diferencia de que en nuestro país se desarrolla con dosis de maldad y de violencia que Italia -aun en su época más tumultuosa del siglo pasado- no alcanzó a experimentar (lo había hecho siglos antes cuando los paramilitares de entonces se apoderaron hasta del Vaticano).
Un libro reciente que intenta esclarecer cuál ha sido la anatomía del fascismo les atribuye en efecto a los squadristi del Valle del Po buena parte del crédito por el ascenso de Mussolini al poder y la creación de un gobierno totalitario en Italia (Robert O. Paxton, The Anatomy of Fascism, Alfred A. Knopf, Nueva York, 2004). Los terratenientes de esa región los reclutaron inicialmente para quitarse de encima a los socialistas, que no utilizaban métodos completamente ortodoxos tampoco, y en vista de que el gobierno central no les daba protección adecuada.
Como no obtuvieron apoyo de las autoridades lo buscaron en las Camisas Negras. Ellos, con métodos violentos, dominaron e intimidaron a los socialistas y terminaron apoderándose del poder local. Su éxito no se basó solamente en la fuerza. “Los fascistas les dieron a los campesinos lo que más deseaban: tierra y trabajo…”. Al tiempo que demostraban exitosamente que el estado central era incapaz de proteger a los terratenientes y de mantener orden, los Camisas Negras comenzaron a suplantar al estado en la organización de la vida pública y a desafiarlo en cuanto al monopolio de la fuerza. A medida que se volvieron más atrevidos ocuparon ciudades enteras. Una vez instalados en Ferrara, para nombrar alguna, le impusieron a la ciudad un programa de inversiones públicas.
Para 1922, las escuadras fascistas y sus líderes truculentos -autodenominados ras, a la manera de los jefes de tribu en Etiopía- se habían convertido en el poder de hecho en el noreste de Italia y desafiaban al estado central. “Sin ellos y sin su bendición, los gobiernos locales no podían funcionar normalmente”. Cualquiera que haya notado cómo los ‘paras’, la mafia y la guerrilla se han adueñado de los gobiernos locales o quien haya escuchado recientemente a los jefes paramilitares intentando hablarle al Estado de igual a igual no pueden dejar de mirar con temor este espejo lejano de la Italia prefascista de 1922. (las notas entre comillas son del libro referido).
Apartes tomados del artículo de Opinión en el diario El Tiempo escrito por Rudolf Hommes, octubre 01 de 2004
Críticas a proceso en Ralito
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que durante el cese de hostilidades declarado por las Auc, los ‘paras’ han avanzado en la expropiación forzada de tierras. Mencionó tres casos: en Tumanco, luego del asesinato de la moja Yolanda Cerón; en el Atrato (Chocó), en las comunidades de Jiguamiandó y Cacarica, y en el Meta, en el Ariari. La Fundación Manuel Cepeda criticó al Comisionado de Paz por sus afirmaciones en una grabación filtrada a la prensa, según las cuales se han presentado homicidios en el Ralito, que no han salido a la luz pública.
Tomado de El Tiempo Breves/política 1 de octubre de 2004 1-3
Informe de la Defensoría del Pueblo
(…) Según el organismo, las quejas fueron recogidas por sus funcionarios en 11 departamentos con influencia paramilitar. Se trata de Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander, Valle y Putumayo.
El informe lo acabó recientemente la Defensoría, sobre el cese unilateral de hostilidades declarado hace 23 meses por las Au-todefensas Unidas de Colombia (Auc) como gesto de compromiso con el naciente proceso de paz que se adelanta en Santa fe de Ralito (Córdoba).
(…) De acuerdo con testigos, algunos hombres de las Auc continúan perpetrando actos de guerra como masacres, asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones, desplazamiento forzado, ‘expropiación’ de bienes y reclutamiento de menores. Todas, violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario.
Por eso, la Defensoría conmina tanto al Gobierno como a las Auc a que debatan con urgencia el tema en la mesa de diálogo y se tomen los correctivos necesarios.
(…) Así mismo, le solicita a la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la OEA, que diseñe estrategias que le permitan conocer en forma ágil y oportuna los actos vulneratorios del cese y adopten me-didas para garantizarlo.
Finalmente, le pide a la Fiscalía General que asuma con ‘la diligencia debida’ las investigaciones para esclarecer la veracidad los hechos y establecer responsabilidades.
Apartes tomados del diario El Tiempo, octubre 03 de 2004
Los muertos de Ralito
Redacción Judicial
(…) En momentos en que el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, admitió que en los alrededores de la zona de ubicación se han presentado varios asesinatos “que comprometen a personas que están dentro de la zona” y que “este asunto” el Gobierno lo ha venido “manejando con el mayor cuidado para evitar un escándalo público” que le haga daño al proceso de paz, la Fiscalía le reveló a El Espectador un completo informe sobre los homicidios selectivos efectuados, según el ente acusador, por los paramilitares en Santa Fe de Ralito y Tierralta (Córdoba)….
Desde que fue instalada formalmente la mesa de diálogos, el pasado 1º de julio, han sido asesinadas siete personas, entre ellos un profesor y un líder indígena de la zona que venía enfrentándose a la extorsión de los paramilitares en el municipio de Tierralta. A su vez, la Fiscalía investiga la misteriosa desaparición de los comerciantes Adriana Cristina Sierra León, ocurrida el pasado 18 de junio, y Hernán Manuel Guzmán Jiménez, el 23 de agosto último.
Los asesinatos
(…) Es así como la Fiscalía investiga el presunto homicidio de Osnidio Vargas Vergel, ocurrido en el corregimiento de El Caramelo el 11 de julio, y el de Luis Eduardo Díaz Martínez, acaecido el pasado 11 de agosto en la vereda Los Volcanes. Los expedientes están siendo estudiados con sumo cuidado por parte del ente investigador, ya que ambos serían miembros de las Auc.
Otras muertes
(…) Los dos primeros asesinatos ocurridos en cercanías a la zona de ubicación y que prendieron las alarmas de las autoridades, fueron los de los hermanos Mario Alberto y Guillermo León Ángel Carrascal, ultimados, según las investigaciones, a sangre fría en dos fincas ubicadas en Puerto Escondido y Morindó (Córdoba) días después de instalados formalmente los diálogos en Ralito, el 1º de julio. Los Ángel Carrascal, según la Fiscalía, presuntos testaferros del narcotraficante Manuel Tomás Amador Navarro, asesinado el 5 de diciembre del año pasado por hombres de Vicente Castaño Gil, alias El Profe, “no quisieron entregarles a los paramilitares las fincas que administraban y por eso los mataron”, señaló uno de los investigadores del proceso.
(…) El 22 de julio fue asesinado el comerciante Andrés Peña Morelo. Todo apunta a que las Auc son las responsables. Una semana más tarde fue ultimado el líder indígena Fabián Domicó Cuñapa en cercanías a la zona de ubicación. Las pesquisas iniciales de la Fiscalía apuntan a que también fueron los paramilitares.
Apartes tomados de El Espectador, fin de semana, 2 de octubre de 2003
El tiempo de silencio
Por Marianne Ponsford
(…) Sí. A ellos también hay que entenderlos. Quizás lo que sorprende es una honestidad que va en contravía de un supuesto principio moral de solidaridad con el que solemos engañarnos a nosotros mismos. Pero en el fondo, todos preferimos el silencio. Todos preferimos que no nos cuenten el horror.
Hagamos la comparación con nuestros propios medios. Durante las últimas dos semanas hemos asistido a un despliegue mediático inusitado sobre el auge del paramilitarismo. Grandes titulares, información, análisis, artículos, debates. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Nada. La paramilitarización del país sigue con normalidad un curso ya trazado, y la mafia no se ha tomado Bogotá de repente. Ese repentino despliegue mediático es del mismo tamaño del silencio de los años precedentes. Un tiempo de silencio, en el que se ha preferido no mirar, no escuchar, no saber, y en el que se ha criticado duramente a los columnistas de prensa que vienen señalado desde hace años lo que está pasando.
Uno entiende al gobierno que quiere silenciar. Sea el de Blair o el de Uribe. Uno entiende a la gente que prefiere no saber, sea británica o colombiana. Pero los editores de la BBC han tenido claro desde un comienzo que no van a dejar de dar despliegue a una información difícil de tragar, que encarna dilemas morales y políticos muy complejos, a pesar de lo que opine la gente. Me temo que los directores de medios en nuestra guerra no lo han tenido tanto. Porque es posible que no sea exacto lo que se dice más arriba: en muchos de nuestros medios, los súbitos titulares dan una impresión de falso desbordamiento que no compensa el tamaño del silencio que los antecedió.
Apartes tomados de El Espectador, fin de semana 2 de octubre de 2004
Por Ramiro Bejarano
(…) Si a Luis Carlos Restrepo le asisten temores de que se sepan cosas todavía más comprometedoras de su tempestuosa gestión, debería sincerarse y contarnos todo lo que ha pasado en esa caldera del diablo, antes de que sus angelitos paramilitares nos vuelvan a estremecer con otra de las famosas cintas que ya se anuncia andan circulando. Y si no está dispuesto a contar la verdad, pues que renuncie, porque mientras viva prisionero de la intimidación, nada puede negociar ni dialogar.
Mientras el camuflado ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, da declaraciones negando que esté sucediendo todo lo que estamos conociendo, se multiplican los gestos militaristas, como el que va inmerso en el proyecto para permitir el voto a los miembros de la fuerza pública, presentado por dos representantes uribistas pero claramente auspiciado con el silencio gubernamental. Valido de la siniestra cultura del paramilitarismo, es factible que en unos meses el Gobierno nos invite a que, por puro cansancio, caigamos rendidos ante la insólita propuesta de perdonar a los paramilitares y darles tratamiento de héroes, como cuando entraron triunfantes al Capitolio.
(…) Por supuesto, el problema no es el Alto Comisionado, sin duda una persona bien intencionada, sino la falta de claridad del Gobierno, porque mientras no se sepa para dónde va este engendro de Ralito, quien quiera que sea el portavoz gubernamental le va a pasar lo mismo, aun cuando el embajador de los Estados Unidos respalde la negociación, eso sí, sin desistir de las solicitudes de extradición de la dirigencia paraca.
Que el Gobierno diga de una vez por todas si va o no o a extraditar a sus respetados paramilitares, porque mientras eso no se defina habrá nuevos altercados y más grabaciones; o si van a ser sometidos a la justicia colombiana, porque lo único que no puede pasar es que la siniestra alianza narco-paraca, temporalmente protegida en el infierno de Ralito, se arrope para siempre con el manto de la impunidad y pueda disfrutar a sus anchas del dinero mal habido.
Apartes tomados del artículo de opinión desde La Buhardilla, El Espectador, fin de semana 2 de octubre 2004
La Clave
Por Alfredo Molano
(…) Uribe inició negociaciones con los paras, que son, como ha dicho Enrique Santos C., el brazo armado del establecimiento, es decir, de terratenientes, grandes empresarios, comerciantes y compañías extranjeras, pero sobre todo de narcotraficantes.
La negociación con los paras no es sólo sobre las armas, sino sobre la legalización del capital narco. Y estas garantías son las que le dan confianza a toda gran empresa privada, porque el capital siempre tira a lo mismo: concentración ilimitada de tierras y capital, bajos salarios a sus trabajadores, exenciones tributarias ad hoc, contratos públicos jugosos, injerencia política directa sobre el Estado y, sobre todo, represión brutal de movimientos populares. El chorro de billete que está entrando al país habla de la confianza que tienen los capitalistas -de cualquier origen- en que el Estado no cambiará las reglas del juego. “Credibilidad es nuestra palabra clave”, afirmó el Presidente el jueves ante inversionistas de Wall Street.
(…) A eso atinan las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Son la prenda de esa hipoteca. De ahí el afán por la reelección. Los inversionistas necesitan un período de gracia de por lo menos 12 añitos más, para poder consolidar sus ganancias, limpiarlas y blindarlas.
Una de las paradojas que nacen de las garantías que le da Uribe al capital en las negociaciones de Santa Fe de Ralito, ha llevado a la adopción de hecho de la propuesta que hicieron en su hora los extraditables, encabezados por Pablo Escobar: pagar la deuda externa. Me explico: el Gobierno está comprando dólares baratos, baratísimos, debido a la gran oferta que hay en el mercado, y con ellos está amortizando parte de la deuda externa. La propuesta de los “extraditables” era más generosa, sin duda, pero una y otra van por el mismo lado: legalizar el capital narco, fundirlo en el capital “bien habido”, avasallar al Estado y pactar por esta vía con la banca internacional. Hasta este punto, la estrategia podría ser considerada novedosa.
(…) Pero hay que ver su necesario complemento: la represión de los intereses de la gente, los bajos salarios, la destrucción de sindicatos, las desapariciones forzadas, el destierro, el secuestro, el cierre de hospitales, la parcialización de la justicia, la privatización de empresas del Estado, la impunidad, los tratados de comercio, la parálisis de la construcción de vías e infraestructura, que es lo que han hecho siempre los gobiernos de turno. El paquetico con todas estas políticas es consustancial a la guerra, pero ahora nos lo venden -e imponen- como Seguridad Democrática. La guerra y la seguridad son de por sí un gran negocio, pero es mejor el que está detrás: impedir toda reforma social.
Apartes tomados del artículo de opinión de Alfredo Molano, La Clave, El Espectador, fin de semana 2 de octubre 2004
Editorial
El Espectador
Por estos tiempos, en Colombia es más difícil encaminar la paz que hacer la guerra. Lo prueba el ambiguo proceso de diálogo político del Gobierno con las autodefensas, que transcurre por un camino minado de verdades a medias, grabaciones anónimas y cartas tapadas de narcotraficantes que pretenden filtrarse en el experimento. Un inédito escenario que aún puede enderezarse si, por ejemplo, se empieza por aclararle al país las múltiples preguntas sin respuesta que desde los orígenes del proceso hacen dudar de la transparencia de los interlocutores del Gobierno.
¿Qué pasó con Carlos Castaño? Un país que conoció sus andanzas, que sufrió sus arremetidas, que se asombró con sus confesiones, no puede resignarse a la elástica versión de que desapareció como por arte de magia. Muerto o escondido, la sociedad espera que algún día se le diga la verdad sobre su silencio. Como también aguarda que se aclaren las identidades de los 36 negociadores de las autodefensas, tal como lo prometieron en el Congreso sus voceros. Sólo así será posible separar narcos de contraguerrilleros.
También sería benéfico para el país y para el mismo proceso de paz, que se dijera por qué y con qué propósito, clandestinamente, durante 18 meses, se estaban grabando las conversaciones entre el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y los negociadores de las autodefensas. Y de paso, que se ratifique o se desmienta la versión periodística según la cual supuestamente fue detectado un funcionario del propio despacho del Alto Comisionado que les estaba entregando información confidencial a las autodefensas.
(…) Y hay más interrogantes: ¿Qué pasó con los presuntos 847 desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, si un año después el propio Gobierno acepta que el 30% eran delincuentes comunes sin nexos con la organización? ¿Las autodefensas están cumpliendo el cese de hostilidades, que fue la condición para el inicio de las conversaciones? ¿Quiénes fueron los determinadores del asesinato del comandante del Bloque Centauros, Miguel Arroyave, quien hasta hace pocos días era uno de los abanderados de la desmovilización de unos 6.000 hombres bajo su mando?
En su artículo 22, la Constitución señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y el Gobierno Nacional, en el caso específico de las autodefensas, lo ha asumido con todos los riesgos que implica. A su vez, el presidente Álvaro Uribe Vélez, con el soporte de su credibilidad, advirtió que su administración “no está manejando indultos con los paramilitares ni por debajo ni por encima de la mesa”. La palabra del Jefe del Estado es prenda de garantía, pero la mejor forma de blindar el proceso es a través de una comunicación transparente.
(…) Aquí no hay campañas perversas ni sañas feroces, como lo sugirió en su declaración el Estado Mayor Conjunto de las autodefensas. Lo que existe es un país ávido de paz, que está dispuesto a respaldar cualquier proceso de reconciliación, siempre y cuando preserve el derecho de las víctimas a ser reparadas, respete los compromisos internacionales del Estado colombiano, evite que la impunidad extienda su pérfido manto y, a través de un diálogo amplio y franco, realmente conduzca a erradicar la tragedia cotidiana de nuestra ancestral violencia.
Apartes tomados editorial El Espectador, fin de semana, octubre 2 de 2004
Mentiras estatales
Por Felipe Zuleta
La falsedad de este país no tiene límites. Esta semana, tal vez como en ninguna otra, salieron a la luz pública algunos hechos que demuestran con creces el grado de hipocresía con que el establecimiento está manejando las cosas.
Ahora resulta que todos nos rasgamos las vestiduras dizque porque el país está en manos de los paramilitares. Como si esta fuera una cosa nueva y las Auc hubieran aparecido en el escenario nacional de un día para otro.
Es decir, que nunca antes el establecimiento, los medios, los políticos, los columnistas, las víctimas de la violencia, las autoridades civiles, los militares, los organismos de control y el Presidente de la República, se habían dado cuenta del nefasto crecimiento que lograron los paramilitares durante los últimos años para enquistarse como un cáncer en lo más profundo del país.
El tema de la influencia de los paras en la historia reciente de Colombia se venía cocinando en una olla a presión que ya empezó a sonar y a soltar sus vapores siniestros, sin que haya estallado todavía. Porque cuando esto ocurra, me temo, no quedará ni un solo espacio o personaje que no haya sido tocado por la criminal mano de los paramilitares.
Desde hace mucho tiempo se le viene advirtiendo al Gobierno sobre los peligros de negociar con los paramilitares como se ha venido haciendo. Pero, claro, el Gobierno es sordo y ciego frente a este tema, en una actitud que pasa de estúpida a sospechosa, por decir lo menos.
¡Oh sorpresa! Bastó con que El Espectador, El Tiempo y Semana coincidieran el domingo sobre el tema de los paras, para que el Gobierno descubriera que este ciudadano de apellido Sierra estaba pedido en extradición. Ahora resulta que el Gobierno decide extraditar a un ciudadano que tiene vínculos con los paramilitares, pero con quien mantuvo conversaciones hasta hace poco, a pesar de todas las sindicaciones que públicamente se le hacían de narcotraficante.
(…) No desconozco que el Gobierno piensa que los colombianos somos unos estúpidos, pero que al menos lo disimule, pues nadie podría creer que la extradición se solicitó, tramitó y firmó en un solo día, es decir, cuando aparecieron las publicaciones mencionadas.
El Gobierno no está diciendo la verdad sobre el tema de los paramilitares. No nos han dicho quiénes están pedidos por la justicia de los Estados Unidos ni qué se está negociando. Y eso que el doctor Restrepo, comisionado de Paz, es un “patriota incorruptible”, como tuvo a bien decirlo el presidente Uribe, pero eso no lo hace necesariamente idóneo para llevar adelante la “negociación” con los paras, entre otras cosas porque nadie en el país, excepto el Jefe del Estado, sabe realmente para dónde va este asunto, en el que ciertamente pesan algunos factores diferentes a los del bien común. ¿Cuáles? Sólo Uribe y de golpe el incorruptible comisionado Restrepo lo saben.
Apartes tomados artículo de opinión El Espectador, Fin de semana, octubre 02 de 2004
A otro perro con ese hueso
Por María Elvira Samper
(…) La “oportunidad histórica” de desactivar la guerra es, sobre todo, de los que están armados y recurren a la dialéctica de las balas para imponerse; de los que a sangre y fuego han ido apoderándose de vastos territorios para imponer su ley; de los que a base de intimidación y miedo han ido expulsando a las gentes de sus tierras y cooptando gobiernos locales mediante proselitismo armado; de los que alimentan la guerra con el negocio del narcotráfico; de los que eliminan sin piedad a quienes no les son afectos e inclusive a socios que les estorban. De ellos es la “oportunidad histórica”, no de los que ni siquiera tenemos una pistola de agua.
(…) Los colombianos no queremos ser víctimas de un nuevo engaño, y prender las alarmas para impedirlo no nos convierte en enemigos de la paz. Evita, eso sí, que quienes han mostrado tan poca voluntad para desmontar su máquina de guerra nos conviertan en idiotas útiles.
(…) La vocación de estos ángeles de la guarda de nuevo cuño –algunos pedidos en extradición–, con cargos por masacres, secuestros, asesinatos y narcotráfico, no es propiamente defenderse de la guerrilla. Su verdadera vocación es el poder: militar, político y económico, un poder que empezaron a ganar en la década del 80 mediante una estrategia de tierra arrasada, y que han ido consolidando con el apoyo –muchas veces interesado y otras veces miope– de sectores de las Fuerzas Armadas, empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos. Un poder que, como mancha de aceite, se ha ido extendiendo a la economía y a la política de algunas regiones, hasta el punto de que allí hoy no se mueve una hoja sin su bendición.
(…) Sólo podremos creer en un proceso que hasta ahora se ha dado en la sombra, si las Auc prueban con hechos su decisión de ponerle fin la guerra, de desmovilizarse, de responder por sus crímenes, de reparar a las víctimas, de dejar el narcotráfico. Que devuelvan las tierras que expoliaron a su paso. No podemos permitir que pretendan legitimarse a través de una negociación en la que todos ponen, salvo ellos. Esta es mi posición y no la cambio. No soy enemiga de la paz, soy enemiga de la violencia como medio para hacerse al poder.
Apartes Tomados Revista Cambio edición 3 de octubre 2004
Bogotá, D.C Octubre 05 de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz