#Opinión El sacerdote acusado de violencia sexual que nadie se atreve a remover de la rectoría de un internado indígena

Y una última persona manifestó que el sacerdote les habría ofrecido plata a ella y a una compañera para que fueran a la cocina, durante una formación. “Él se puso bravo porque no fuimos —declaró esta cuarta persona—. Nosotras le mandamos a decir que respetara porque él es el rector”. La declarante explicó que abandonó la institución educativa debido a los acosos.

“Me tuve que salir porque él me dijo que si yo les decía a mis padres me sacaba del establecimiento. Luego, el día de entrega de boletín, él le dijo a mi abuela que me llevara para arriba [de regreso a la casa familiar] porque yo no servía para estudiar, sino que para otra cosa”.

Esas cuatro declaraciones fueron levantadas después de que la hermana Narie Ocampo, de las Franciscanas Misioneras de María, alertara al entonces inspector de policía de Araracuara. Ese año había aparecido en uno de los baños de la institución educativa un letrero: “OJO. Padre acosador acosa a las niñas”. El mensaje agregaba el nombre de varias alumnas. Al funcionario le tomó cuatro meses hacer la respectiva investigación y remitir las declaraciones levantadas, junto con una fotografía del letrero, a la Comisaría de Familia de Solano (Caquetá). La razón para que los documentos fueran enviados a dicha entidad es que, si bien el internado depende administrativamente de la Gobernación de Amazonas, territorialmente está en jurisdicción del departamento vecino. En su carta el inspector manifestó, refiriéndose a las cuatro declarantes: “Es preocupante lo que ellas narran”. Y añadió que había razones para pensar que había más víctimas del rector que guardaban silencio: “casos que las menores no comentan ni ponen en conocimiento a sus padres de familia o a la autoridad sea indígena o como es el caso de estas dependencias (sic)”.

La intervención de la entonces procuradora regional de Amazonas

Según Elsi Angulo, entonces procuradora regional de Amazonas, quien se había incorporado a su cargo en noviembre de 2017, solo hasta 2018 ella tuvo conocimiento de las denuncias en contra de Héctor Reyna. Quien la alertó fue la hermana Narie Ocampo. Para entonces, la funcionaria ya estaba al tanto de otros casos de violencia sexual contra menores de edad en el departamento. Junto a la entonces Procuradora Judicial de Familia de Leticia y miembros del ICBF y de la Fuerza Aérea, había viajado al corregimiento de La Chorrera a inicios de año, en el marco de acciones en atención a otras denuncias. En su informe sobre el viaje, escrito el 21 de enero de 2018, Angulo manifestó a Juan Carlos Cortés: “Es menester que el señor Viceprocurador hable con el Fiscal General de la Nación, para que tome acciones que permitan resultados positivos en las investigaciones por delitos sexuales”.

El 30 de julio, la funcionaria visitó el internado Fray Javier de Barcelona, donde escuchó varios relatos que responsabilizaban a Héctor Reyna de violencia sexual contra estudiantes. Dichos testimonios le parecieron lo suficientemente graves como para suspender temporalmente de su cargo al denunciado y así se lo notificó ese día allí mismo al sacerdote, rector de la institución. La medida cautelar quedó en pie a partir de ese momento.

El 10 de agosto la Procuraduría General de la Nación informó a la opinión pública sobre la decisión, señalando que en principio la suspensión estaría vigente por tres meses mientras avanzaban las investigaciones. Para entonces, el sacerdote llevaba casi seis meses suspendido de sus facultades ministeriales en la Iglesia católica.

“En presencia de Dios”

Según manifestó el 16 de julio de este año monseñor José de Jesús Quintero, superior de Héctor Reyna, el sacerdote fue suspendido de sus facultades ministeriales el 14 de febrero de 2018, en atención a las denuncias en su contra, y desde entonces “no tiene ningún cargo ni nombramiento de parte del Vicariato Apostólico de Leticia”. Añade el prelado, pero sin precisar la fecha, que “se presentó el caso a la Sagrada Congregación, en Roma, con todas las informaciones recibidas y en la forma como se recibieron” y que, desde entonces, el Vicariato de Leticia está en espera de “los estudios que, del caso, haga la Iglesia a través del Tribunal Eclesiástico y de que indique los pasos a seguir”.

Según monseñor Quintero, los documentos enviados a Roma son unas copias de una denuncia ante la Secretaría de Educación, de las denuncias ante el inspector de policía de Araracuara y de una denuncia de una religiosa ante una funcionaria del Ministerio Público en Bogotá. Al hacer referencia a esos documentos, el prelado enfatiza que no conoce a las menores y que sus declaraciones no iban acompañadas por las firmas de sus padres. También refiere a comentarios escuchados sobre el comportamiento del sacerdote pero, de nuevo, hace énfasis en que dichos comentarios “no fueron plasmados por escrito ni firmados por las personas que los hacían”.

A través de una carta dirigida a monseñor Quintero en septiembre de 2019, una madre de familia cuya hija manifestó también haber sufrido acoso sexual por parte del actual rector del internado Fray Javier de Barcelona, planteó repensar la presencia eclesial en la región y enviar “misioneros laicos”, en lugar de sacerdotes. Otra persona, también dirigiéndose al prelado, describió a Reyna como “una persona que, por sus múltiples problemas de ética, no ha sabido encaminar a los educandos de la institución”. Estos y otros documentos, firmados por los remitentes en fecha similar, refieren explícitamente a actos de violencia sexual, pero no son mencionados por monseñor Quintero cuando hace referencia a las denuncias recibidas por él y remitidas a Roma.

La hermana Narie Ocampo asegura que dichos documentos fueron radicados en la Curia del Vicariato Apostólico de Leticia. Va más allá, al criticar que el prelado a cargo de la entidad le haya restado importancia a las primeras denuncias y que solo haya tomado cartas en el asunto después de que estas llegaran a la Secretaría de Educación del departamento.

Vos estis lux mundi es el motu proprio del papa Francisco del 9 de mayo de 2019 sobre las normas a seguir dentro de la Iglesia católica en reacción a denuncias por abuso sexual contra menores de edad por parte de clérigos. El documento plantea que “las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular: acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; atención espiritual; asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso”.

Nada de ello se ha ofrecido hasta el momento a las personas que manifiestan con nombre propio ser víctimas de Héctor Reyna. Monseñor Quintero afirma no tener conocimiento de algún fallo de la justicia colombiana en contra del sacerdote. Pero, con todo y los documentos en su poder, deja muy clara su posición frente al asunto: “El juicio en torno al actuar de los ministros y de la Iglesia no lo hago yo, lo pongo en la presencia de Dios y lo encomiendo a Él, porque es Él el que me da seguridad de plena verdad y plena justicia”.

“Sin Dios ni ley”

Según manifestó el 3 de agosto de este año José Felipe Ávila, jefe de la oficina de control interno de la Secretaría de Educación del Departamento de Amazonas, para la fecha no existía pliego de cargos en contra de Héctor Reyna ni se había decidido archivar eventuales procesos en curso en la entidad sobre él. Razón por la cual, según Ávila, no se podía suministrar información sobre el estado de eventuales investigaciones en curso contra el funcionario por violencia sexual, ya que esta, a su parecer, cuenta con reserva legal.

En septiembre de 2018, la procuradora regional de Amazonas que decidió suspender provisionalmente al sacerdote de su cargo público fue declarada insubsistente por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. La exfuncionaria le atribuye la decisión a presiones de grupos políticos afectados por investigaciones sobre corrupción en el departamento que, entre otras cosas, habían llevado a que 20 diputados y exdiputados fueran sancionados y destituidos de sus cargos. Según explicó La Silla Vacía al momento de dar la noticia, se trata de un caso similar al de la exprocuradora regional de Vichada, Claudia Osorio, declarada insubsistente por Carrillo también en septiembre de ese año, después de que “venía de denunciar supuestas irregularidades en la contratación de la Gobernación”.

Más de un año después de abierta la investigación en la Procuraduría Regional de Amazonas que llevó a la suspensión provisional del rector del internado Fray Javier de Barcelona, no ha habido decisiones al respecto y el suspendido sacerdote sigue al frente de la institución educativa, luego de su restitución a finales de 2018. Una denuncia penal contra José Wilson Elizalde vincula el nombre de Reyna a presuntos “delitos contra la recta impartición de justicia” dentro de la Procuraduría Regional de Amazonas. Mediante el documento, radicado en la Fiscalía en diciembre de 2018, un docente de la región, también investigado por violencia sexual, hace referencia al sacerdote, cuando asegura que en la Procuraduría Regional de Amazonas “todo se maneja pagando”. Lo anterior pone el foco en la corrupción en el departamento como una de las posibles explicaciones sobre la falta de celeridad para resolver la situación jurídica y disciplinaria de funcionarios sobre quienes pesan acusaciones.

Según el comunicado emitido en agosto de 2018 por la Procuraduría General de la Nación para informar sobre la suspensión provisional del sacerdote por tres meses, dicha decisión estuvo fundada, entre otros hallazgos, en el contenido de un informe de la Comisaría de Familia de Solano (Caquetá) dirigido a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas. Sin embargo, tras consultar a la Comisaría de Familia de Solano acerca de dicho documento, Piedad Constanza Lizcano, funcionaria a cargo de la entidad, respondió el 10 de julio de este año que en su oficina no se encontró “registro alguno” del mismo.

La hermana Narie Ocampo denunció nuevamente a Héctor Reyna el 29 de enero 2019, esta vez directamente en Bogotá, según ella, después de que un funcionario de la Defensoría del Pueblo le dijera que no valía la pena hacerlo en Leticia. Así que aprovechó un viaje a la capital para hacerlo. Su queja fue registrada por Liliana Tovar Celis, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y familia. En ella se lee que “la presencia de ese rector en el internado es un peligro para toda la comunidad educativa”.

La misionera agregó que “la mayoría de las niñas que han dejado el internado ha sido por él, por sus manifestaciones de que se dejen tocar, que estén a solas con él”. El documento da cuenta del que sería un segundo caso de una estudiante llevada por Héctor Reyna a Bogotá. El hecho habría ocurrido también en 2016, pero durante las vacaciones de mitad de año, y habría involucrado a una alumna entonces de 14 años, quien nuevamente habría sido llevada a la capital por el sacerdote un par de años después. “Me consta porque en el mismo vuelo en que yo viajé de Araracuara a Bogotá él venía con la niña; era un avión de Satena”, dijo la hermana Ocampo, bajo gravedad de juramento, refiriéndose específicamente al segundo viaje y antes de añadir que la relación abusiva era conocida por familiares de la menor: “Los abuelos venían al internado por mercado y la gente decía: ya recogieron la vacuna. Eso lo sabe todo el mundo en Puerto Santander y Araracuara”.

Una líder indígena de la región, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por seguridad, respalda lo dicho por la religiosa y agrega que habría otras familias al tanto del comportamiento del sacerdote hacia sus hijas o nietas que lo admiten a cambio de gasolina, dinero o “remesa”. La líder sostiene que a pesar de las denuncias emitidas ante las autoridades no parece haber “ni Dios ni ley” frente a lo que pasa en relación al actual rector de Fray Javier de Barcelona. De acuerdo con su testimonio, también su hija sufrió acoso por parte del funcionario, antes de que ella decidiera enviarla a terminar el bachillerato en Bogotá. La madre advierte que por su oposición al comportamiento del sacerdote ha sido rechazada dentro de la comunidad y teme recibir amenazas al comprometerse más abiertamente con las denuncias.

Cautela

Más de cuatro años después de que fueran registradas las primeras denuncias en contra de Héctor Reyna, las entidades responsables de determinar la situación jurídica y disciplinaria del sacerdote siguen sin llegar a conclusiones.

Desde 2016, a las denuncias sobre violencia sexual contra Reyna se añaden acusaciones sobre corrupción, trabajo forzoso y acoso laboral que involucran falsificación de firmas y maltrato físico y psicológico contra docentes del internado Fray Javier de Barcelona. Un par de docentes que han interpuesto denuncias contra Reyna ante la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas fueron contactados y ratificaron sus acusaciones contra el rector, pero se abstuvieron de dar nuevas declaraciones, por miedo a las presiones que puedan recibir. Son parte de quienes aseguran que hay una ley de silencio impuesta en los límites entre Araracuara y Puerto Santander en lo que tiene que ver con el comportamiento del funcionario. Entre dichas personas se encuentran una madre de familia de las que escribieron al Vicariato de Leticia con nombre propio y la hermana Narie Ocampo, quien sacó a la luz las primeras denuncias por acoso sexual y quien afirma no temer a las retaliaciones en su contra, pues considera que las gestiones que ha emprendido las ha hecho movida por el interés de que haya justicia.

Al negar información sobre el estado de las investigaciones en curso que involucran a Héctor Reyna, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Amazonas privilegia el respeto de los derechos del “sujeto procesal”. Pero, según el Código de Infancia y Adolescencia, “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”. De modo que, “en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, habría de aplicarse la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. Este último principio proviene de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado colombiano.

¿Debería haber nuevas medidas cautelares por parte del Estado colombiano para garantizar la protección de las estudiantes del internado Fray Javier de Barcelona? La abogada Beatriz Luna, consultora en derechos humanos, migración y trata, piensa que sí. Añade que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debería hacer parte de la urgente intervención que el caso necesita en diálogo respetuoso e intercultural con las autoridades indígenas de la región.

Como advierte Luna, la Amazonía es escenario de permanentes vulneraciones, entre ellas la trata “cuando se capta, se traslada, se acoge o se recibe a alguien con fines de explotarlo. Lamentablemente, una de las finalidades de explotación es la relacionada con aspectos sexuales y hay situaciones también en que estos menores han sido explotados en temas laborales, de trabajo forzoso”. En su opinión, lo importante es la población infantil y, ante todo y sobre todo, con miras a que no se repitan hechos de violencia en su contra; el Estado debe determinar el nivel de riesgo en que están los estudiantes del internado y sus familias, en función de que se cumpla de manera constitucional el derecho a la protección. Es decir, con garantías para la persona denunciada y el debido proceso, pero con celeridad por parte de las autoridades, asegura Luna, antes de agregar: “Si lo del Vaticano está demorado o no hay respuesta, ¿dónde quedan las víctimas?”.

La hermana Narie Ocampo decidió no hacerse la de la vista gorda ante las denuncias. Pero todavía falta que los órganos de control lleven a término las acciones emprendidas. ¿Les cumplirá el Estado a las niñas indígenas?

*Nombre cambiado por cuestiones de seguridad.

Nota: Héctor Reyna Pino fue contactado, pero se negó a ofrecer declaraciones.

**Miguel Estupiñan es periodista, magíster en estudios literarios y teólogo. Inició su trabajo en la investigación periodística del hecho religioso en 2012, bajo la dirección de Javier Darío Restrepo. Actualmente, prepara un libro sobre la relación entre resistencia indígena y misiones cristianas en los Llanos.

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