Operaciones de integrantes de AGC, fragmentan y silencian
En Travesía, territorio colectivo de Cacarica, sobre el río Atrato, desde las 9:00 a.m y hasta las 3:30 p.m del pasado miércoles 19 de abril tres unidades de las AGC, hostigaron, limitaron la movilidad y libertad de expresión de pobladores de Cacarica que discutían temas de asuntos territoriales.
Tres hombres permanecieron allí como informantes, y dos de ellos, con arma corta oculta. A unos 200 metros de Travesía, se encuentra de manera permanente un puesto del batallón fluvial.
Unos kilómetros aguas abajo en el punto conocido como Tumaradó, jurisdicción de Acandí, cuatro hombres de las AGC vestidos de civil están permanentemente.
En ese lugar, el viernes 21 de abril a eso de las 1145 a.m a tres integrantes de nuestra Comisión que se vieron forzados a detenerse allí durante 15 minutos, llamaron la atención de los AGC. Dos de ellos, entre ellos el llamado “Damián” vigilaron sus movimientos.
Los AGC continúan desde 2006 cumpliendo operaciones de control del transporte de personas de Cacarica, extorsivas, y las propias del tráfico de drogas, así como las que aseguran movilidad de las unidades de la estructuras armada por el río Atrato y el Parque Nacional de los Katíos.
Ese mismo día en la Balsa, en el punto conocido como La Coquera, se conoció de la existencia de una oficina de despacho de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, a las afueras del casco urbano. Allí como es de público conocimiento, indígenas, afrocolombianos y afro mestizos, se ven obligados a ir para proteger la vida de personas que aparecen en listas de personas que serían asesinadas. En ese mismo lugar elaboran listados de los jóvenes a quienes reclutan con ofrecimiento de pagos.
En muchos casos definen las AGC, que las personas deben salir de la región o serían asesinadas.
Otro de los lugares que ubicaron para aclarar este tipo de situaciones es en Cacarica, allí cerca de Bijao, pobladores del territorio colectivo se han visto obligados a ir para evitar el asesinato de amenazados por las AGC.
Este tipo de oficina de control social se encuentra a pocos kilómetros de la comunidad de La Balsa. En esa comunidad del territorio colectivo se encuentra rodeada de unidades militares regulares desde el 24 de febrero.
En el caserío permanecen tres AGC vestidos de civil, con evidencia de ser foráneos, ostentado pagos de comida y con una llamativa embarcación de fibra.
A pesar de la militarización las AGC financiaron actividades deportivas en la semana santa en algunas comunidades en las que ejercen control total.
Entre el viernes pasado y el día de hoy en el municipio de Turbo en los barrios La Playa, Gaitán y Obrero continuaron el reclutamiento de integrantes de pandillas y bandas. Los jóvenes se ven obligados a someterse o serían asesinados y se les ofrecen pagos entre 100 y 150 mil pesos y o un máximo de 300 mil. Algunos de los jóvenes vinculados se encuentran operando en las áreas rurales de Cacarica.
A pesar de la militarización la ausencia de respuesta en materia de protección y derechos sociales de parte del Estado es evidente, entre tanto, el desmoronamiento lento sigue su curso, y las AGC se instituyen el ente regulador social.
Bogotá, D.C. 23 de abril de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz