Operación restitución: ¿fracaso del gobierno de Uribe?
Al presidente Uribe se le acabó el tiempo para hacer una de las entregas de tierras más importante de su gobierno. Y ahora, la misión incumplida se convertirá en un chicharrón más de Juan Manuel Santos.
La restitución de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó se ha convertido en la prueba de fuego de la política de restitución de tierras del gobierno Uribe y permite entrever los desafíos que encontrará Santos a lo largo y ancho del país en el tema de la reparación a las víctimas.
Según el ministro del interior Valencia Cossio, se trata de la devolución de más de 100 mil hectáreas de tierra a las familias de estos dos municipios desplazadas por grupos paramilitares desde finales de los noventa. Quienes conocen la zona aseguran que los desplazamientos comenzaron después de la Operación Génesis del Ejército contra el frente 57 de las Farc. Esta operación área y terrestre contra la guerrilla fue comandada por el ex coronel Rito Alejo del Río, salpicado por varios paramilitares e investigado por sus nexos con ellos en el Urabá chocoano, entre otros delitos. (Ver artículo)
Fue después de la Operación Génesis que llegaron más de 20 empresarios a la zona con sus maquinarias, empleados y proyectos productivos a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La tierra estaba vacía, más de 4.000 campesinos desplazados. Tumbaron árboles, drenaron el agua al suelo y construyeron canales para empezar sus cultivos de palma.
En sus declaraciones, Vicente Castaño contó cómo llevó a los empresarios a esta zona del Chocó porque creía que detrás de los empresarios vendría el Estado. Y así fue. Junto con los empresarios, llegaron los créditos del Gobierno y un modelo de desarrollo económico que ha tendido puentes entre un grupo de empresarios palmicultores y paramilitares por todo el país, a espaldas de las víctimas del desplazamiento.
Se fue la gente, llegó la palma
Para que los negocios de los nuevos empresarios paisas y costeños de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó despegaran, el ex ministro de agricultura Carlos Murgas les otorgó Incentivos de Capitalización Rural (ICR). En estos ICR se condonaba hasta el 40% del crédito obtenido, siempre y cuando se tratara de cultivos de rendimiento tardío que fomentaran proyectos productivos – como la palma-. En 2003, este tipo de alianzas entre empresarios, campesinos y el gobierno se conocieron bajo el nombre de Alianzas Productivas para la Paz.
Hoy, la mayoría de esos empresarios que repoblaron Curvaradó y Jiguamiandó salieron del Chocó y abandonaron sus cultivos. Pero las familias afrocolombianas de la zona siguen esperando la entrega material de las tierras que garantice formalmente su regreso a casa y la posibilidad real de trabajar sus tierras. Mientras llega el acto oficial, ocupan las parcelas de fincas abandonadas o viven en ‘zonas humanitarias’ coordinadas por Ong que se han establecido de forma permanente en la zona.
La Comisión Intereclesial Justicia y Paz es una de las ONG con presencia en la zona. Bajo campamentos cercados, reúne a cerca de 150 familias que viven bajo sus reglas comunitarias, en busca de algún tipo de protección por parte de los actores armados que mandan en la zona.
Según dijo un miembro de Fedepalma a La Silla, a los miembros de las zonas humanitarias se les prohíbe tener contacto por fuera del territorio cercado donde sus miembros viven de lo que siembran.
“La comunidad de las zonas humanitarias no tiene ingresos ni proyectos productivos. Los niños no tienen
educación ni salud”, dijo Germán Marmolejo, electo como representante de los consejos comunitarios de Curvaradó en septiembre de 2009. “Nosotros queremos que haya empresas y desarrollo”, dijo.
Mientras que en la zona coexisten las ONG, con las comunidades afro, y los indígenas, y algunos mestizos, y la guerrilla, y los paramilitares, cada vez hay menos empresarios y menos palma. Según Fedepalma, actualmente queda como una hectárea de palma en esa zona del Urabá chocoano. Un cifra pequeña para este tipo de monocultivo a gran escala.
El éxodo de los empresarios de la zona se ha dado paralelamente a las declaraciones judiciales o entrevistas de paramilitares de Vicente Castaño, alias el Alemán y alias HH, quienes han contado sobre su alianza con los empresarios en el Urabá chocoano. Sin embargo, en la zona la violencia no ha parado.
Los asesinatos de los líderes Argénito Díaz Tapias, Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, miembros del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó en diciembre de 2009 son sólo los ejemplos más sonados de una serie de asesinatos que ha dejado cerca de 150 muertos.
“En esta zona del pacífico van 15 años de conflicto armado, masacres, homicidios y desplazamiento sin ningún tipo de asistencia estatal”, dijo un funcionario de ACNUR a La Silla Vacía. “En la zona está la Brigada XV y la Brigada XVII del Ejército, pero no todos los apoyan porque en el caso de la Brigada XVII, han sido acusados por violaciones de derechos humanos en la masacre de San José de Apartadó de 2005”.
Se fue la palma y no les han dado las tierras
En 2007, el entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, junto con la Procuraduría, investigaron la validez de los títulos de propiedad de los empresarios en la zona y encontraron irregularidades. Había títulos de propiedad individual otorgados a los empresarios después de 1997, a pesar de que los consejos comunitarios afrocolombianos tienen títulos colectivos sobre sus territorios desde a ley 70 de 1993.
Los títulos otorgados por el Incoder para estas empresas fueron anulados, pero la restitución de la tierra tendrá que darse en el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Medio país no está titulado, ni tiene certificados de libertad. Hay que hacer una saneamiento general de títulos. Hay que formalizar la tierra y los empresarios del campo. Hay que llevar un registro porque el campo es el refugio de dineros mal habidos”, dijo un miembro de Fedepalma a La Silla, que prefirió dejar su nombre anónimo.
En efecto, el problema de los títulos falsos a favor de empresarios no es sólo un caso del Chocó. La Silla Vacía supo que los procesos de restitución en Turbo, Antioquia y en Majates y Chengue en el sur de Bolívar, también han recibido las mismas denuncias por parte de las comunidades que al regresar a sus territorios, se han encontrado con empresas palmeras que no sólo han sembrado los territorios, sino que dicen tener títulos que los acreditan como propietarios.
En el Urabá chocoano, varios de estos empresarios están siendo procesados e investigados por delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de los predios pertenecientes a las comunidades afrodescendientes. Entre los procesados por este caso incluyen a Gabriel Jaime Sierra Moreno, Raúl Alberto Penagos González, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Javier José Daza Pretel, Claudio Adolfo Fregney Ochoa, Guillermo Ochoa Pino, Héctor Duque Echeverry, Iván Patiño Patiño, Juan José Palacios Palacios, y Jorge Luis Santo Ortega (Ver noticia).
La Corte pone el punto final
En vista de este panorama, en 2009 la Corte Constitucional profirió un auto de seguimiento a la sentencia que declaraba el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento. En su auto, ordenó que el Gobierno hiciera todo lo posible por restituir sus tierras y brindarles garantías se seguridad y tranquilidad a los afro. Pero este auto no tuvo mayor alcance.
La Defensoría del Pueblo, en un informe del 31 de diciembre de 2009, luego confirmó que la entrega de tierras no se estaba cumpliendo en Curvaradó y Jiguamiandó . En su informe, advirtió de la presencia de grupos armados ilegales en territorios colectivos de poblaciones afro y en resguardos indígenas. La Defensoría también se quejó sobre la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos deliberativos de los consejos comunitarios y de las autoridades tradicionales de los indígenas. Dicho tímidamente, advirtió sobre fenómenos de compra de líderes y/o cooptación de miembros de las comunidades.
La Corte le hizo el último llamado de atención al Gobierno a través de otro auto. El 18 de mayo la Corté frenó el proceso de restitución que lideraba el Gobierno hasta que quede claro quiénes son los pobladores de la zona con derecho a la restitución, y quiénes son los líderes que los representan legítimamente.
La Corte justificó su decisión en los reportes de la Defensoría del Pueblo y las tutelas que denunciaron la ilegitimidad del actual Consejo Comunitario de Curvaradó, la autoridad supuestamente elegida por la comunidad y con poder de representación de la colectividad según la ley 70.
Según dijo la Corte, actualmente coexisten tres consejos comunitarios que se arrojan el poder de representación en la zona y entre las denuncias de unos contra otros, la Corte considera que no hay garantías para hacer una entrega material de los territorios.
Por eso, la Corte le encargó al gobierno realizar un censo en la zona Curvaradó y Jiguamiandó que aclare quiénes son titulares de los derechos colectivos a la tierra. Una vez realizado el censo, la Corte le ordenó al Gobierno la realización de la Asamblea General y elección del nuevo Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó el diez de agosto de 2010. Es decir, tres días después de que Uribe abandone la Casa de Nariño.
“Nos están quitando el derecho que nos dio la Constitución de 1991”, dijo Germán Marmolejo, uno de los líderes que dice representar a las comunidades de la zona, a La Silla.. “Somos libres de desarrollar los proyectos que queramos y ahora todo está parado por el auto de la Corte”.
Marmolejo además teme que las tierras terminen en manos de mestizos que en nuevo censo puedan verse favorecidos por la medida de restitución de tierras. Sin embargo, no todos los líderes piensan como Marmolejo.
“Habíamos manifestado de tiempo atrás que no había garantías para la entrega de las tierras, pues el Gobierno quiere hacerlo a través de líderes que no representan el sentir de todas las comunidades y están a favor de empresarios que quieren explotar nuestros territorios”, dijo Luis Alberto Rentería, del Consejo Mayor de la cuenca del río Curvaradó, quien ha sido amenazado de muerte en varias oportunidades por su defensa de los derechos colectivos (Ver artículo).
Lo que el gobierno de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón tendrán que entender muy pronto es que el caso de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó no es la excepción, sino el un patrón generalizado de las deudas del doble gobierno de Uribe Vélez. Las víctimas de la violencia y del desplazamiento no han sido reparadas, mientras que han crecido empresarios emergentes con falsos títulos sembrando palma por todo el país.
“No tienen una salida general al problema”, dijo Germán Marmolejo a La Silla, criticando la política de restitución de tierras del gobierno. “Queremos que se restituya a las comunidades con derechos integrales. No hemos recibido ninguna reparación por parte del gobierno y la gente ya está cansada de la violencia”.