Oleada de 19 asesinatos por presumible responsabilidad la mayoría del grupo llamado La Mafia, en zonas de operaciones militares y policiales; continuidad de operaciones de erradicación forzosa que desconocen decisiones constitucionales y COVID19; operaciones extractivas con continuidad de daños ambientales
Bogotá D.C., 6 de abril de 2020
Nuestra Constancia Histórica ante la serie de amenazas, operaciones de control, asesinatos (19 personas), con un mismo modo de operación y un mismo objetivo de dominación que ha ejecutado mayoritariamente el grupo armado llamado “La Mafia” en lugares de operaciones policiales y militares. Asesinatos que hubieran podido evitarse si existe otra visión gubernamental de asuntos que lejos de resolverse de manera militar requieren una apuesta judicial, socio ambiental desde la perspectiva de la seguridad humana de Naciones Unidas y una generación de definición de política pública de inclusión social y desmonte criminal con justicia socio ambiental.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO
Vicepresidenta de la República de Colombia
ALICIA ARANGO OLMOS
Ministra del Interior
CLAUDIA BLUM DE BARBERI
Ministro de Relaciones Exteriores
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Ministra de Justicia
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ
Ministro de Salud
RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Ministro de Ambiente
EMILIO ARCHILA
Alto Consejero para la estabilización
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Alto Consejero para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos
MIGUEL ANTONIO CEBALLOS
Alto Comisionado para la Paz
FRANCISCO BARBOSA
Fiscal General de la Nación
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor Nacional del Pueblo
Ref. Oleada de 19 asesinatos por presumible responsabilidad la mayoría del grupo llamado La Mafia, en zonas de operaciones militares y policiales; continuidad de operaciones de erradicación forzosa que desconocen decisiones constitucionales y COVID19; operaciones extractivas con continuidad de daños ambientales
“…también podría ser Cristo, que nos recuerda que sin amor a nuestros semejantes no somos nada, que debería bastarnos “el pan de cada día”, que nada da tanta paz como el perdón y que haber ganado el mundo era poca cosa si por el camino perdíamos el alma”. William Ospina
Reciban un respetuoso saludo
Nuestra Constancia Histórica ante la serie de amenazas, operaciones de control, asesinatos (19 personas), con un mismo modo de operación y un mismo objetivo de dominación que ha ejecutado mayoritariamente el grupo armado llamado “La Mafia” en lugares de operaciones policiales y militares. Asesinatos que hubieran podido evitarse si existe otra visión gubernamental de asuntos que lejos de resolverse de manera militar requieren una apuesta judicial, socio ambiental desde la perspectiva de la seguridad humana de Naciones Unidas y una generación de definición de política pública de inclusión social y desmonte criminal con justicia socio ambiental.
Nuestra Constancia Histórica ante la incapacidad institucional a pesar de la presencia policial y militar para preservar la vida e integridad de personas ante la oleada permanente de asesinatos con un modus operandi similar, con unos blancos dirigidos, con practicas de control social en medio de lugares de presencia gubernamental y estatal civil y armada.
Nuestra Constancia ante la expansión de la autodenominadas FARC que no suscribieron el Acuerdo de Paz , expresiones armadas de violencia que crecen gracias a dinámicas históricas de exclusión, de represión y de medidas sin propuestas sociales o demandas incumplidas de sustitución voluntaria de siembra de coca.
Nuestra Constancia Histórica ante la persecución con amenazas, presiones, intimidaciones y a la lideresa social, ambiental y de paz, JANI SILVA, sin que se hayan adoptado medidas integrales, estructurales y estratégica que permitan el ejercicio de su labor legal y legítima, sin tacha alguna, en la Zona de Reserva Campesina de donde se encuentra desplazada forzosamente.
Nuestra Constancia ante la continuidad de erradicaciones forzosas que están desconociendo la voluntad comunitaria y familiar de salidas a las siembras de hoja de coca, sin el uso de la fuerza con un enfoque de derechos sociales y ambientales generando una tensión social innecesaria.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de investigaciones eficaces por parte de la Unidad de Desmonte de Estructuras Criminales, que logren identificar planes criminales, sus planificadores y beneficiarios, posibilitando la continuidad de asesinatos y de consolidación de los intereses económicos y modelos de sociedad criminales en una región con una significativa presencia militar y policial, además, de inversión extranjera, que podría ser seriamente cuestionada por operar en un lugar de controles armados ilegales
Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica de una situación estructural e histórica de violencia que compromete la responsabilidad estatal por acción y comisión por omisión
*Miércoles 8 de enero en horas de la noche en la inspección de Santa Lucía, municipio de Puerto Guzmán, se produjo el asesinato de ÓSCAR QUINTERO y GÉNTIL HERNÁNDEZ y el desplazamiento forzado del núcleo familiar de ARTURO TOVAR, reconocido líder social, quien tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos, ante la inminencia de un atentando contra su integridad.
Hacia las 6:30 p.m. en la comunidad de Caño Sabalo, Santa Lucía, hombres armados y motorizados todo parece indicar de la llamada “Mafia” asesinaron a ÓSCAR QUINTERO, oriundo de Santander de Quilichao, Cauca. ÓSCAR estaba afiliado a la Junta de Acción Comunal de Caño Sábalo.
Posteriormente, hacia las 7:00 p.m. los mismos armados llegaron hasta la comunidad del Mango, también ubicada en la inspección de Santa Lucía y asesinaron a GENTIL HERNÁNDEZ, miembro de la JAC de su comunidad.
Luego, los armados se dirigieron a la vivienda del líder comunitario ARTURO TOVAR, en la comunidad de Buena Esperanza, en Santa Lucía. El líder fue obligado a desplazarse, salvaguardando su integridad física y la de su familia, antes de que los armados los encontraran.
Estos asesinatos se suman a la muerte de la lideresa GLORIA OCAMPO y de HELODIO MORENO quienes fueron asesinados en vereda de La Estrella el pasado 7 de enero, en Puerto Guzmán. GLORIA era integrante de la JAC de su vereda, delegada del Consejo Municipal de Planeación Participativa, del PNIS y al núcleo del PDET, también fue candidata al concejo municipal.
Desde finales del año pasado, las comunidades de las inspecciones de José María y Santa Lucía en Puerto Guzmán, han manifestado su preocupación por la presencia de la estructura armada llamada La Mafia” de operación tipo paramilitar al servicio del narcotráfico, quienes han venido imponiendo restricciones a la movilidad, así como amenazas, y asesinatos selectivos a través de la modalidad sicarial.
*Jueves 16 de enero a las 12:15 p.m. y a las 2:10 p.m. se presentaron nuevamente rondas de intimidación sobre la lideresa JANI SILVA en la sede de ADISPA, en Puerto Asís, Putumayo.
A eso de las 12:15 p.m. un hombre que se movilizaba en moto se detuvo en el lugar de trabajo de la vivienda de la lideresa, observando durante más de 10 minutos en su interior.
Dos horas después, hacia las 2:10 p.m. nuevamente el mismo sujeto realizó un nuevo hostigamiento en la sede de trabajo de la lideresa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.
Estas actuaciones repetitivas de seguimiento se realizan en medio de afecciones a la protección ambiental debida a un humedal.
JANI SILVA y su esposo, el líder, HUGO MIRAMAR se encuentran desplazados desde hace dos años en Puerto Asís, por planes de atentados y amenazas de muerte.
*Martes 21 de enero en horas de la tardes, tres familias de pobladores de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, manifestaron que han sido abordados insistentemente por funcionarios de la empresa británica Amerisur para que suscriban un acta que desmienta las afirmaciones que se sostienen en Tribunales Nacionales e Internacionales sobre la contaminación del agua por la operación extractiva petrolera.
Durante dos semanas funcionarios de la empresa Amerisur intentaron persuadir a tres familias de la comunidad de La Alea de la ZRCPA intentando convencerlos de que firmaran un acta en la que se sostienen que los aljibes de agua están exentos de contaminación por la empresa petrolera.
Estas tres familias manifestaron a los funcionarios de la multinacional que no firmarán dicho documento porque eso sería faltar a la verdad, la empresa Amerisur si contaminó el agua.
De acuerdo con los relatos, estas presiones se habrían producido desde el sábado 11 de enero hasta hoy martes 21 de enero. Es de anotar que estos contactos de funcionarios de Amerisur coinciden con la demanda presentada por las comunidades campesinas a través de una oficina de abogados en Gran Bretaña que llevó al congelamiento temporal de sus activos por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
En la demanda de carácter civil varias de las pruebas fundamentan los daños ambientales causados por una operación extractiva petrolera que ha generado graves daños ambientales, entre ellos, a las fuentes de agua.
*Lunes 3 de febrero en horas de la mañana, integrantes de la comunidad de Bajo Lorenzo, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, municipio de Puerto Asís, se percataron de la presencia de hidrocarburos contaminando aguas del río Lorenzó.
La afectación se produce en medio de un proceso de descontaminación que desarrolla la empresa canadiense Gran Tierra Energy.
La empresa realiza operaciones extractivas en el Bloque Suroriente desde enero de 2019 dejando serias afectaciones socioambientales. El proceso de descontaminación por el petróleo asentado en el río afectó a 44 familias. Igualmente, a más de 30 niños y niñas de la Institución Educativa Bajo Lorenzo debieron suspender las clases. El proceso de descontaminación no ha sido eficaz y es poco preventivo al generar nuevas afectaciones. La comunidad rural afectada carece de acueducto y aljibes para su abastecimiento.
Estos pasivos y huellas ambientales se vienen presentando desde 2009 a través del operador Vetra.
La afección ambiental está afectando a los habitantes de San Salvador, La Piña, Bocana el Cuembí, que se encuentran aguas abajo del lugar de contaminación reportada en Lorenzó.
*Lunes 10 de febrero entre las 9:00 a.m. y las 11:30 a.m. en territorio del cabildo Nasa Kwesx Kiwe, municipio de Puerto Asís, se presentaron sobrevuelos y ocupación por unidades de la Policía, Ejército acompañando a erradicadores.
Tiempo después, entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. nuevamente desembarcaron tropas de Policía y Ejército.
Las comunidades indicaron nuevamente que estas operaciones desconocen la directiva 016 del Ministerio de Defensa que exige la coordinación con autoridades indígenas previo al ingreso en territorio ancestral; el artículo 246 de la Constitución Política pues el accionar militar en territorios de comunidades étnicas tiene un tratamiento particular, y, se desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada para procesos de erradicación forzosa.
Desde el 2018 las comunidades del pueblo Nasa han exigido al gobierno y al Estado de Colombia que se respeten las medidas adoptadas por la Corte Constitucional en materia de erradicación forzosa e igualmente sus derechos constitucionales para evitar nuevas conflictividades y situaciones de riesgo en sus territorios.
*Miércoles 12 de febrero hacia la 12:30 p.m. en la comunidad de La Esperanza, municipio de Puerto Guzmán, fueron encontrados los cuerpos sin vida de LUIS ALBERTO PARRA y su hijo JADER PARRA.
El pasado lunes 10 de febrero, en horas de la noche, en la comunidad de Villa Fátima Inspección de Galilea, los dos fueron retenidos y llevados por la fuerza por hombres armados del grupo “La Mafia”
LUIS era fiscal de la comunidad y su hijo había sido nombrado Coordinador de la Comisión de Obras.
*Viernes 14 de febrero a las 10:00 p.m. un grupo de militares adscritos a la Brigada XXVII de Selva, del Batallón de infantería No 27, ingresó arbitrariamente al Coliseo del Resguardo Nasa El Líbano, municipio de Puerto Caicedo, con un grupo de erradicadores que se acampó a 300 metros del lugar en una zona boscosa.
Al día siguiente, sábado 15 de febrero, a las 6:30 a.m. las autoridades indígenas solicitaron al mando oficial del grupo, el acatamiento a la Directiva 06 del Ministerio de Defensa sobre operaciones en coordinación con autoridades indígenas para el previo al ingreso en territorio indígena.
El efectivo militar al mando que se identificó como sargento MEJÍA expresó que eran 36 sus unidades y 21 erradicadores, quienes salieron del territorio de la comunidad Nasa a eso de las 10:10 a.m.
*Martes 18 de febrero a las 12:00 p.m. en la comunidad de Agualongo, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, municipio de Puerto Asís, fueron asperjados con glifosato cultivos de coca de dos familias campesinas.
La aspersión terrestre fue realizada por uniformados de la Policía Antinarcóticos con bomba de espalda.
*Jueves 5 de marzo hacia las 4:00 p.m. en la comunidad México, corredor Puerto Vega Teteyé, municipio de Puerto Asís, fue asesinado un joven, quien fue encontrado con las manos amarradas, vestía jean azul, camiseta blanca y tenis azules. La persona no pudo ser identificada y sus restos fueron trasladados a Puerto Asís.
Se desconoce los responsables
*Lunes 9 de marzo hacia la 1:00 p.m., en la comunidad de Chufiyá ZRCPA, municipio de Puerto Asís, ingresaron unidades militares de la Brigada XXVII de Selva, quienes custodiaban un número aproximado de 70 erradicadores.
De manera inmediata la comunidad exigió a las unidades militares el respeto a sus derechos amparados en decisiones de la Corte Constitucional Auto 387/19. Exigieron una comunicación para el cumplimento real y efectivo del programa nacional de sustitución PNIS, y planes de contingencia, antes de cualquier proceso de erradicación.
*Miércoles 11 de marzo sobre la cuenca del río La Paya fueron recuperados tres cuerpos, dos niños y una niña (15 años), quienes habrían muerto en enfrentamientos entre el Frente Carolina Ramírez de FARC EP y el grupo denominado “La Mafia”.
De acuerdo con versiones locales, el domingo 1 de marzo en horas de la mañana, en la cuenca del río la Paya, municipio de Puerto Leguizamo se produjeron enfrentamientos entre estas dos grupos armados: Agregan que el número de muertos en este enfrentamiento habría sido mayor.
*Jueves 12 de marzo hacia la 10:00 a.m. en la comunidad de Belén de la ZRCPA, municipio de Puerto Asís, ingresaron unidades militares de la Brigada XXVII de Selva custodiando la labor de un grupo de 20 erradicadores, quienes procedieron a erradicar una hectárea de cultivo de coca de una familia de la comunidad.
Luego de esto los uniformados y el grupo de erradicadores se retiraron.
En respuesta a esta acción que desconoce las iniciativas de erradicación voluntaria las comunidades de Belén, Chufiyá, Buen Samaritano, Comandante, Camios están concentrándose para evitar la continuidad de las erradicaciones forzosas
Las comunidades exigen el cumplimento real y efectivo del programa nacional de sustitución PNIS, así como de planes de sustitución alternativa o planes de contingencia antes de cualquier proceso de erradicación como la que se adelantó en el día de ayer.
En reciente Auto 387/19 de la Corte Constitucional reafirmó que el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas” es una política pública, que debe prevalecer sobre cualquier otra disposición del gobierno nacional. Así se concluye que se prioriza la sustitución voluntaria sobre la erradicación.
Adicionalmente, el Auto 218, estableció que ante el riesgo de desplazamiento por insubsistencia económica, el Estado debía garantizar planes de contingencia en las zonas donde se desarrollaran las acciones de erradicación.
*Viernes 13 de marzo hacia las 12:00 p.m., se conoció el asesinato de JOHN JANIER MELO, de 30 años, en la comunidad de La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caicedo. JHON era oriundo del Dovio Valle, y desde hace varios años vivía en Puerto Asís, y habría sido asesinado por la estructura armada conocida como “La Mafia“.
Esta serie de muertes serían responsabilidad de la estructura conocida como “La Mafia”, quien mantiene fuertes disputas por el control territorial con la estructura del Frente Carolina Ramírez de las FARC, grupo que no suscribió el Acuerdo de Paz.
*Martes 17 de marzo desde las 9:00 a.m. en la comunidad de Juvenil, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, municipio de Puerto Asís, aterrizó un helicóptero de la policía antinarcóticos transportando a un grupo aproximado de 20 policías.
Las unidades policiales con bomba de espalda, fumigaron cultivos de coca en tres predios pertenecientes a familias de la comunidad.
A las 11:00 a.m. nuevamente el helicóptero aterrizó y recogió a los uniformados.
La actuación policial desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto a los procesos de erradicación forzada y fumigación.
A pesar del delicado momento, debido a la pandemia mundial del COVID-19, decretada por la OMS, se siguen adelantando procesos de erradicación forzada, situación que concentra grandes grupos de población y aumenta la crisis y tensión social.
Las operaciones institucionales desconocen la solicitud de más de un centenar de comunidades que piden un Acuerdo Humanitario Global por COVID19 (https://www.change.org/p/presidencia-de-la-rep%C3%BAblica-colombia-respaldamos-a-comunidades-que-piden-acuerdo-humanitario-global-por-covid-19)
*Sábado 21 de marzo desde las 8:20 a.m. en la comunidad de La Española, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, dos helicópteros militares aterrizaron transportando integrantes de la Brigada XXVII de Selva.
Durante más de tres horas después del desembarco, los uniformados con bomba de espalda realizan labores de fumigación terrestre con glifosato.
Hace dos semanas al interior de un pelotón del Ejército que realizaba labores de erradicación en Puerto Asís, se produjo la muerte de un soldado y la enfermedad de otros siete, sin que haya explicación oficial alguna. (Ver : https://www.bluradio.com/nacion/un-soldado-muerto-y-8-mas-enfermos-por-extrana-enfermedad-en-peloton-en-putumayo-244303-ie43).
A pesar de la delicada situación por la pandemia mundial del Covid-19, y del llamado de más de 100 comunidades al cese de labores de erradicación de cultivos de coca la respuesta militar siguió su curso sin consideración alguna humanitaria por la pandemia, ni para los soldados, ni para las comunidades de la ZRCPA.
*Domingo en 29 de marzo a las 10:00 a.m. se conoció del asesinato de MARIO CAMPAÑA ocurrido en la comunidad de El Rosal, municipio del Valle del Guamuéz.
El joven asesinado habría sido retenido desde el pasado jueves 26 de marzo, en el corregimiento Cofania Jadines de Sucumbíos, municipio de Ipiales, Nariño.
Días antes, el domingo 22 de marzo, en el corregimiento de Siberia, municipio de Orito, fueron asesinados los hermanos, WILLIAM RICARDO CUASTUZA de 28 años de edad, y BRAYAN JESÚS CUASTUZA de 22 años, por hombres de un grupo armado.
En las zonas rurales de los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel se están presentando retenes y control armado por parte de estructuras del grupo autodenominado “La Mafia”.
De acuerdo con relatos, entre cuatro y seis hombres de este grupo armado, estarían realizando los retenes ilegales, e imponiendo su control con rondas en motocicletas de alto cilindraje, impidiendo el tránsito de personas entre Ecuador y Colombia por prevención COVID19.
Según algunas fuentes este grupo estaría, liderado por HÉCTOR BASTIDAS alias “Bonito”, hermano del narcotraficante MIGUEL ÁNGEL BASTIDAS alias “Gargola” .
El control territorial y asesinatos por parte de estas estructuras armadas se realizan en un departamento con fuerte presencia militar de la Brigada XXVII de Selva y de la Policía Nacional.
A pesar de la declaratoria de confinamiento a raíz de la pandemia mundial por el COVID-19 estas estructuras armadas continúan moviéndose libremente por los municipios del medio y bajo Putumayo.
Las comunidades exigen al gobierno nacional un cese integral de operaciones armadas y que asuma la propuesta de Acuerdo Humanitario Global por COVID hasta el 30 de mayo.
*Domingo 29 de marzo hacia las 8:00 p.m. en la comunidad Brisas del Hon Kong, municipio de Puerto Asís, Putumayo, fueron asesinadas tres personas, una mujer y dos hombres jóvenes que habrían llegado hace menos de una semana hasta ese lugar.
El sitio de los dolorosos hechos se encuentra ubicado a tres minutos del casco urbano en donde se ha ido posicionando la estructura armada llamada “La Mafia”
Desde hace varias semanas, en el centro urbano de Puerto Asís vienen circulando panfletos amenazantes en contra de población venezolana.
A pesar de que el Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional que venía haciendo presencia de manera permanente en este sector desde hace más de un mes, extrañamente anoche no cumplieron con su deber misional, facilitando el accionar de los armados.
*Martes 31 de marzo sobre las 6:30 p.m. se confirmó la identidad de las tres personas que fueron asesinadas el domingo 29 de marzo en la comunidad de Brisas del Hon Kong, municipio de Puerto Asís.
Fueron identificados dos hombres venezolanos, JOSÉ GREGORIO ÁLVAREZ BRITO, de 25 años, ÁNGEL GABRIEL FIGUERO CALDERÓN de 38 años, y EDITH NOHELIA CAICEDO nacionalidad colombiana.
*Viernes 20 de marzo en horas de la tarde en Bogotá, una fuente que exigió a nuestra organización reserva de su identidad expresó que había un plan para atentar contra la vida de la lideresa JANI SILVA
El plan se ejecutaría, dice la fuente, en algún traslado que realice la lideresa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA.
Desde hace dos meses atrás existe movilidad de estructuras armadas ilegales en el territorio de la ZRCPA, y sobre el río Putumayo y sus afluentes en medio de operaciones de control de unidades de las Fuerzas Militares.
JANI y tres líderes más de la ZRCPA han sido amenazados de muerte en el último año y medio, sin respuestas eficaces del ente de investigación, ni medidas de protección preventiva con enfoque colectivo en el territorio donde los lideres desarrollan su trabajo.
* Jueves 2 de abril en horas de la mañana en la comunidad de Vegas del Piñuña, Inspección del Cedral, municipio de Puerto Caicedo, mientras JOSÉ GILBERTO PEÑA BECERRA se encontraba realizando labores de agricultura sufrió un accidente por una mina antipersona.
Debido a las dificultades para poder transportarse de manera inmediata a un centro de salud, en horas de la noche fue ingresado al hospital local de Puerto Asís.
* Viernes 3 de abril a la 1:00 p.m. pobladores de la comunidad de La Alea, de la ZRCPA, Puerto Asís, denunciaron la presencia de unidades militares de la Brigada XXVII de Selva invadiendo espacios comunes de su caserío, como la iglesia.
Los uniformados realizaban labores de control militar ante el movimiento de personas provenientes de Ecuador, como parte de las medidas tomadas por la prevención a expansión del COVID-19, sin embargo, estos ocuparon los lugares exclusivos de la población civil.
La población además está expuesta a una confrontación armada debido a los grupos armados al margen de la ley que operan en la zona.
*Viernes 3 de abril en horas de la tarde en la comunidad de Caucasia, corredor Puerto Vega- Teteyé, municipio de Puerto Asís fueron asesinadas tres personas, dos hombres y una mujer, por hombres armados de la estructura armada conocida como “La Mafia”. Solo se conocen los nombres de dos de los asesinados YOLI PATRICIA ARROYO y HENRY GÓMEZ.
Algunas autoridades han dicho que las tres personas fueron asesinadas en Ecuador.
*Sábado 4 de abril en horas de la tarde sobre el río Picudo, a la altura de la comunidad de La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caicedo, fue asesinado OMAR EDUARDO RAMÍREZ PEJENDINO.
Hombres armados estaban esperando el paso del bote en un paraje dispararon contra OMAR en su cabeza. Al parecer segundos después constataron que habían asesinado a quién no correspondía.
Hace tres semanas, en la misma comunidad de La Pradera fue asesinado JOHN JEINER MELO.
Este nuevo asesinato se ejecuta cuando comunidades campesinas de la Inspección Arizona, denuncian la alta presencia militar y policial en labores de erradicación forzada que desconocen acuerdos suscritos.
En la zona hay una disputa militar entre un grupo de las FARC que no suscribieron el Acuerdo Final de Paz, así como integrantes de la estructura conocida como “La Mafia”.
Nuestra Censura Ética ante la ineficacia de operaciones militares y policiales en el Putumayo ante el evidente control en áreas urbanas y rurales de estructuras armadas ilegales, que ejercen como autoridad por la fuerza sobre los pobladores, imponiendo sus normas, la definición del uso de la tierra, incluso, la orden de aislamiento social.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de eficacia para proteger la vida e integridad por parte de la Brigada XXVII de Selva, de Policía y la Fuerza Naval del Sur, en el medio y bajo Putumayo en donde la ola de asesinatos, de amenazas y de operaciones armadas se desarrollan sin ninguna desestructuración estratégica ni operaciones preventivas eficaces, en particular del grupo llamado “La Mafia”, que aparece con gran poder ante los ojos de todos los ciudadanos. Controla ya toda la zona del río San Miguel, frontera con Ecuador, comprende sus centros urbanos de San Miguel, Valle del Guamuez, y Puerto Asís, zona rural y urbana. Otro sector de operación es Orito la que limita con Valle del Guamuez, especialmente el corredor de Siberia (corregimiento). Su capacidad de crecimiento en los centros urbano de Orito, Caicedo, Villagarzón, y Guzmán es evidente
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para el derecho a l vida, a la libertad, a la salud, a la tierra de las comunidades rurales en Putumayo, ante los 19 asesinatos, (4 personas sin identificar) de ÓSCAR QUINTERO y GÉNTIL HERNÁNDEZ, GLORIA OCAMPO, HELODIO MORENO y MARCO RIBADENERIA, y de los civiles JADER PARRA, LUIS ALBERTO PARRA, JHON JAINER MELO, MARIO CAMPAÑA, BRYAN JESÚS CUASTUZA, WILLIAM RICARDO CUASTUZA, EDITH NOHELIA CAICEDO, los migrantes JOSE GREGORIA ÁLVAREZ BRITO, ANGEL GRABRIEL FIGUEROA CALDERÓN, OMAR EDUARDO RAMÍREZ PENDEJINO, YOLI PATRICIA ARROYO y HENRY GÓMEZ, y ante el desplazamiento forzado del líder ARTURO TOVAR y el de su núcleo familiar, que nunca hubieran sucedido, si existiese otra política para dar salidas estructurales a asuntos históricos de exclusión con la militarización, y las garantías eficaces solo para la inversión empresarial.
Nuestra Censura Ética ante la persecución y amenazas contra la lideresa JANI SILVA y los planes que atentan contra su vida y la de su compañero, el líder, HUGO MIRAMAR, por el único delito” para sus perseguidores de promover la paz, la protección ambiental, los derechos de las mujeres y la calidad de vida de sus comunidades, y la incapacidad del Estado colombiano, a pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar su vida, su libertad de movimiento y de expresión.
Nuestra Censura Ética ante el desconocimiento de la situación de pandemia COVID19 que pone en riesgo tanto efectivos regulares, como a las comunidades por procesos de erradicación forzosa; ante el desconocimiento de los derechos étnico territoriales de las comunidades del Pueblo Nasa, así como el reciente Auto 387/19 de la Corte Constitucional, reiteró que el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas” es una política pública, que debe prevalecer sobre cualquier otra disposición del gobierno nacional; ante el desconocimiento del Auto 218, que establece ante el riesgo de desplazamiento por insubsistencia económica el Estado debía garantizar planes de contingencia en las zonas donde se desarrollaran las acciones de erradicación; ante la insistencia del gobierno nacional por considerar la intervención de los cultivos de coca con la reactivación el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIA) vulnerando los derechos amparados en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto de Seguimiento 387 de 2019 de la Corte Constitucional, adicional a causar daños a la salud, la destrucción de bosques, y provocando una triple deforestación con las tres etapas del daño ambiental.
Nuestra Censura Ética ante una política que con la militarización pretende dar respuesta al un déficit de derechos económicos, sociales, ambientales está propiciando un aumento de la conflictividad social y de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Putumayo.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas efectivas de control ante las operaciones empresariales extractivas que continúan profundizando daños ambientales en las fuentes de agua de las comunidades
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas de prevención, de mitigación y de medios materiales para que las comunidades indígenas y mestizas campesinas puedan afrontar la Pandemia COVID19.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces e integrales bajo la hipótesis de sistematicidad ante el conjunto de conductas criminales cometidas por estructuras armadas irregulares, en medio de operaciones militares y policiales institucionales, de la intimidación y terror de las comunidades y de operaciones de empresas multinacionales.
Con profundo dolor de patria, esperamos que conforme a sus responsabilidades institucionales brinden una respuesta integral, eficaz, precisa que evite la consumación de nuevos asesinatos, que terminé el terror y la zozobra, las operaciones empresariales con daños ambientales y sociales irreparables con respeto integral de los derechos humanos.
De toda consideración,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
CH PUTUMAYO-06-04-2020 by Anonymous UeGxFwA on Scribd
Imagen: Tripadvisor.