Oficialidad avala minería ilegal con daños humanos y ambientales
Contra el derecho a los reglamentos internos, la negación del derecho a la consulta, la decisión administración territorial de los habitantes legales y legítimos del Consejo Comunitario de Apartadocito, amparada en la autorización, según la empresa, por Ever Alberto Rentería Mosquera, presidente de la Junta del Consejo Comunitario de Curvaradó.
La arbitraria decisión y extralimitación de funciones de la Junta del Consejo afecta las aguas y ecosistemas de los ríos Apartadocito, Caño Claro y Curvaradó y derechos fundamentales de los afrocolombianos e indígenas que habitan entre Jiguamiandó y Curvaradó.
Ya son casi cuatro semanas desde las que ingresaron dos retroexcavadoras en la parte alta de la comunidad de Apartadocito e iniciaron las actividades de explotación minera.
El comandante de la policía de Pavarandó confirmó que la maquinaria ingreso con base en un permiso que no corresponde con la explotación minera. El policial asumió el compromiso con la comunidad de Apartadocito de realizar las acciones necesarias para el retiro de la maquinaria.
Hasta el día de hoy las maquinarias siguen operando.
Ante la exigencia del respeto a su territorios el Ever Rentería respondió que los consejos locales no son nadie para “ prohibir que la gente trabaje”.
El Consejo Comunitario Menor de Apartadocito interpuso denuncia ante el personero de Carmen del Darién, el 9 de diciembre de 2016, sin lograr respuesta eficaz.
La junta del Consejo Comunitario del Curvaradó que adoptó la arbitraria decisión fue elegida el pasado 31 de julio de 2016.
Contra las objeciones éticas y en derecho presentadas por la mayoría de los consejos comunitarios locales de Curvaradó ante el Ministerio del Interior, éste convocó a una elección que excluyó de voz y voto a las mayorías, profundizando la discriminación contra habitantes tradicionales del territorio como los de Apartadocito
La elección impugnada desde agosto pasado no ha sido resuelta incumpliendo los plazos previstos en la ley por la alcaldía del municipio de Cármen del Darién.
Este tipo de situaciones que hoy se presentan en el territorio eran previsibles y el Ministerio del Interior desconoció tercamente los derechos fundamentales de la mayorías pretendiendo dar cumplimiento a órdenes de la Corte Constitucional.
El Ministerio del Interior contra las evidencias promociona este proceso como un caso exitoso hacia la restitución y reparación. Sin embargo, pretende desconocer la negación de los derechos de las mayorías que habitan en Curvaradó, la continuidad de operaciones neoparamilitares y de grupos armados afines a intereses de empresas privadas, y la extralimitación y arbitrariedad de la Junta elegida a su amparo.
El desamparo de los derechos de los legales y legítimos sujetos del derecho colectivo de la propiedad es un contrasentido contra la llamada paz territorial.
“La puesta en marcha de grandes proyectos que conduzcan a la construcción de un nuevo país en Paz”, http://www.portalterritorial.gov.co/noticias.shtml?apc=aax;x;x;x1-&x=452388
como lo expresa el Ministerio del Interior, desconoce a los habitantes tradicionales afectados directamente por decisiones de una Junta que actúa contra la propia ley de comunidades negras y la Zona de Reserva Forestal creada desde 1957.
Bogotá, D.C. 23 de diciembre de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz