Oficial militar de alto rango declarado culpable de desapariciones en Colombia
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a garantizar que se hace justicia a todas las víctimas de la situación con rehenes que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, en la que murieron más de 100 personas, tras la histórica condena de un oficial militar de alto rango por violaciones de derechos humanos que se ha conocido hoy.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
9 de junio de 2010
Índice AI: PRE01/189/2010
“Con esta sentencia pionera, las familias de las víctimas, que llevan casi un cuarto de siglo luchando por la justicia, han comenzado a romper el silencio que durante tanto tiempo ha protegido a los responsables”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.
Luis Alfonso Plazas Vega se enfrenta a 30 años de cárcel por la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985, cuando fuerzas militares asaltaron la sede del poder judicial, donde miembros del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril tenían como rehenes a las personas que se encontraban en el interior del edificio.
“Las autoridades colombianas han intentado ocultar la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia, a pesar de los abrumadores indicios de que miembros de las fuerzas de seguridad organizaron la desaparición forzada, tortura y ejecución de algunas de las personas que se encontraban en el interior del edificio”, ha afirmado Marcelo Pollack.
“Aunque se han registrado avances en varias investigaciones criminales de gran repercusión sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, los progresos han sido en gran medida el resultado de intensas presiones internacionales”, ha afirmado Marcelo Pollack.
“La mayoría de las víctimas de abusos cometidos durante el asedio del Palacio de Justicia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de la guerrilla, no han obtenido todavía justicia.”
La Corte Constitucional falló en 1997 que las violaciones de derechos humanos en las que estuvieran implicados miembros de las fuerzas de seguridad debían ser investigadas por el sistema de justicia civil.
A pesar de esta sentencia, los tribunales militares continúan reclamando la jurisdicción sobre casos clave en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad, a la vez que de forma habitual se abstienen de investigar de forma efectiva las violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad.
“La investigación sobre Luis Alfonso Plazas Vega se demoró en repetidas ocasiones debido a los intentos del sistema de justicia penal militar de reclamar la jurisdicción sobre el caso”, ha afirmado Marcelo Pollack.
“Estos intentos sólo sirven para mantener una cultura de impunidad y negar justicia a las víctimas”, ha agregado Marcelo Pollack.
Las personas que participaron en la investigación y el juicio, incluido el juez a cargo del caso y un abogado que representa a las víctimas, han recibido amenazas de muerte en repetidas ocasiones.
Se presentará recurso contra la sentencia hecha pública hoy, y continúan las investigaciones sobre los generales retirados Iván Ramírez Quintero y Jesús Armando Arias Cabrales y el ex coronel del ejército Edilberto Sánchez Rubian, por su presunta responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia.