Ocupantes de predios colectivos develan complicidad de la brigada 17 y Banacol
Dos Zonas de Biodiversidad afectadas, 122 hectáreas limpiadas, 320 hectáreas trochadas, una fuente de agua afectada y 19 cambuches instalados son parte de los daños causados por los invasores, ocupantes de mala fe dentro de los predios colectivos de Camelias en Curvaradó. Estos han amenazado con extenderse a las tierras de Caracolí, de Andalucía, El Guamo y pretenden llegar hasta los predios del resguardo indígena de Alto Guayabal.
La ocupación de predios es interpretado como una estrategia que entorpece la restitución de la propiedad colectiva favoreciendo a sectores beneficiarios del paramilitarismo o sectores empresariales.
Por eso los paramilitares han amenazado a líderes y lideresas de los consejos comunitarios de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de que si son identificados por la información que brindan a la Comisión de Justicia y Paz y a los “gringos” serán asesinados.
Entre los ocupantes se encuentran personas usadas, algunos campesinos sin tierra, otros despojados de la tierra por el paramilitarismo en otras regiones del país y de algunos trabajadores de las empresas palmeras y bananeras, y repobladores (ocupantes de mala fe) que se encuentran en el territorio de Curvaradó.
Los invasores fungen como víctimas, afirman que los afrocolombianas son terratenientes, que sus acompañantes nacionales e internacionales son esclavistas y explotadores, y que no se irán de los predios colectivos porque necesitan trabajar y comer independientemente de los daños ambientales que produzcan.
Con la invasión de tierras, aseguran algunos de ellos, confrontan las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad que son campos de restricción y de violación de derechos fundamentales. Con símbolos patriotas y discursos nacionalistas aseguran que no se irán por que cuentan con apoyos, entre ellos los de la brigada 17, quien les asesora en la constitución de una personería jurídica y creación de juntas de acción comunal y de Banacol. Aseguran que otros, sin identificar, les suministran recursos para alimentación, semillas y otros que reciben pagos de hasta 180 mil pesos ($ 90 U.S.) por hectárea rozada
Las revelaciones de los propios ocupantes de mala fe, indican que se trata de una operación consentida, apoyada por estructuras regulares de la brigada 17 y de sectores del paramilitarismo, al mando de JAISON SALINAS, en Brisas de Curvaradó, quien opera a escasos dos minutos de los militares.
Al tiempo, las unidades policiales en Carmen del Darién han realizado fuertes señalamientos a los habitantes de Curvaradó como conniventes con la guerrilla de las FARC.
La ocupación de mala fe se ha ido consolidando debido a las omisiones, dubitaciones y dilataciones de las autoridades municipales de Carmen del Darién. Actuaciones en contravía del derecho y en desconocimiento de las expresiones del gobierno nacional.
La eventual responsabilidad de Banacol en estas operaciones ilegales es un precedente nefasto para la aprobación de tratados de libre comercio en contra de los principios de la ética empresarial y la cláusula democrática de la UE
Más información leer constancia Curvaradó
Bogotá, D.C. diciembre 27 de 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz