ocupación ilegal de Urapalma en propiedad de Erique Petro. Asesinatos de Aserradores por Guerrilla de las FARC EP. Amenazas
Nuevamente nuestra Constancia Histórica ante la constatación de la ocupación ilegal de la empresa Urapalma de los predios de ENRIQUE PETRO, ubicados dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó; ante las omisiones por parte de efectivos de la Brigada 17 y la Policía de Belén de Bajirá e instituciones civiles locales respecto a la arbitrariedad de Urapalma; ante los indicios de comunicaciones entre un Supervisor de Urapalma y las unidades militares de la Brigada 17, y los temores de funcionarios gubernamentales ante el poder empresarial, aunque este se funda sobre la ilegalidad, insinuando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la usurpación ilegal a negociar con los empresarios.
Bogotá, D.C. Octubre 30 de 2006
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vice Presidente de la Republica
Doctor
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Doctora
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Ministra de Relaciones Exteriores
Doctor
ANDRES FELIPE ARIAS
Ministro de Agricultura
Doctor
JUAN LOZANO
Ministro del Ambiente
Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Verificación ocupación ilegal de Urapalma en propiedad de ENRIQUE PETRO. Asesinatos de Aserradores por Guerrilla de las FARC EP. Amenazas.
Reciban un respetuoso saludo.
Nuevamente nuestra Constancia Histórica ante la constatación de la ocupación ilegal de la empresa Urapalma de los predios de ENRIQUE PETRO, ubicados dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó; ante las omisiones por parte de efectivos de la Brigada 17 y la Policía de Belén de Bajirá e instituciones civiles locales respecto a la arbitrariedad de Urapalma; ante los indicios de comunicaciones entre un Supervisor de Urapalma y las unidades militares de la Brigada 17, y los temores de funcionarios gubernamentales ante el poder empresarial, aunque este se funda sobre la ilegalidad, insinuando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la usurpación ilegal a negociar con los empresarios.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante los crímenes cometidos por la guerrilla de las FARC EP dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó de aserradores o de supuestos informantes, crímenes repudiables éticamente. Crímenes que cuestionan también el tipo de presencia y de responsabilidades institucionales, ante la ausencia de protección a la vida e integridad de personas si no por sus omisiones en la responsabilidad que les compete en materia de protección territorial y ambiental.
* Lunes 23 de Octubre, a las 3.00 p.m. los habitantes de la Zona Humanitaria de Curvaradó, ubicada en Caño Claro, manifestaron al funcionario del Ministerio y de la Defensoría del Pueblo cuatro preocupaciones.
La ocupación ilegal realizada por las empresas palmeras, la presencia de los desmovilizados “El Diablo y el Cucho”, que recorren, en funciones de seguridad de las empresas el área enmarcada entre Brisas y Belén de Bajirá, la inacción de las Fuerzas Militares ante los requerimientos para proteger los derechos de los afrocolombianos y mestizos y la situación de nuevos hechos de violencia, las persistentes amenazas por estar exigiendo en Derecho la devolución de la tierra; el desconocimiento a la Resolución Defensorial y su actualización.
Los funcionarios de gobierno y Estado guardaron absoluto silencio. El Defensor Nacional preguntó a qué acuerdos habían llegado con los empresarios. Ante esta pregunta, se precisó que los empresarios, entre ellos JAIME DAZA, por escrito y en presencia del General PAUSELINO LA TORRE reconocieron que esa propiedad era de la familia de PETRO. Y nuevamente se argumentó la invalidez cualquier transacción por tratarse de un Territorio Colectivo, así como, la posesión de mala fe, agregando que la actuación era contra DERECHO.
A eso de las 4.30 p.m. los funcionarios, junto con 20 personas de la Zona Humanitaria, acompañantes nacionales e internacionales se trasladaron al lugar de la propiedad de ENRIQUE PETRO en donde Urapalma ordenó arbitrariamente el trabajo. Luego de caminar durante 10 minutos constataron en el Lote 51, que ocho hectáreas dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, sembradas ilegalmente con palma, fueron, luego de ser ocupadas ilegalmente, limpiadas sin el consentimiento de sus habitantes ni del Consejo Mayor del Curvaradó. En el lugar no se logró observar a los trabajadores de Urapalma.
* Martes 24 de Octubre hacia las 8.20 a.m. aproximadamente, sin la presencia de funcionarios, que se negaron a ir nuevamente al lugar trabajado por Urapalma porque delimitar tierras le traía problemas, miembros de las comunidades se trasladaron al Lote 51 con el fin de visibilizar la propiedad de ENRIQUE PETRO, en la que se constituirá una Zona de Biodiversidad.
En el lugar se sorprendió a un trabajador de Urapalma en actividades de limpieza. Al ser interrogado por el nombre de la persona que está a su mando, manifestó, señalando unos metros hacia el fondo: “pregúntenle al capataz que está allá dentro, se llama Pascual o a Primavera”.
Cuando la comunidad y los acompañante se dirigieron al llamado PASCUAL LOPEZ, junto a el se encontraba otro hombre montado en una bestia mular, que al ver la presencia de la comisión se retiró inmediatamente, internándose entre la palma. El “capataz” al ser interrogado por quién dio la orden de trabajar en propiedad ajena manifestó: “todas las personas son las que mandan, yo soy un simple obrero que me rebusco la vida contratando con la empresa la limpieza de la palma”. Al insistirle quien era su jefe inmediato reiteró: “yo no tengo jefes, vayan a la empresa y pregunten”. (…) “llamen a la secretaria de la empresa”. “estamos 26 personas trabajando ahí” (…) “Sobre el contrato dijo que la misión era limpiar un área de 8 hectáreas”
Al constatar la presencia de trabajadores de Urapalma en el lugar, se les solicitó a los funcionarios de gobierno trasladarse al Lote 51.
10 minutos después en el lugar los funcionarios confirmaron la presencia de los 26 hombres trabajando. El Funcionario de Ministerio del Interior abordó al “capataz” de nombre PASCUAL LOPEZ, preguntando el lugar de origen de los trabajadores. Este respondió que contrataba gente de Córdoba y Antioquia, “no hay personas de la zona trabajando conmigo”.
A eso de las 09.30 a.m. se acercó, el hombre que minutos antes se ocultó con su bestia, que después se supo que se llamaba LEONARDO, vestido, con sombrero ancho, bigote bien perfilado, de mediana estatura, acento costeño, con una camisa azul que en la parte posterior tenía un letrero en color amarillo con la palabra Urapalma, quien portaba un radioteléfono. El “capataz”, llamado PASCUAL LOPEZ, indicó que alguien llamado “Primavera” era quien se desempeñaba como supervisor de los trabajos. Al ser abordado por el funcionario de Ministerio del Interior quien preguntó su nombre, este se negó a identificarse, simplemente expresó: “me llaman primavera soy de Puerto Berrío Antioquia”. Agregó que trabajaba con Urapalma, que no tenía jefes inmediatos”. Cuando se le preguntó, por parte de un defensor de Derechos Humanos, si con el radio se comunicaba directamente con la Brigada 17 este respondió: “Si, es para comunicarme directamente con la Brigada”.
Al preguntar nuevamente el funcionario del Gobierno por su nombre, y quien era su jefe inmediato, respondió el llamado “Primavera”: “es el técnico, que anda por la zona revisando las plantaciones”. El funcionario de Ministerio del Interior, solicitó que se comunicara con él y que lo llamara.
Aproximadamente 15 minutos después se acercó un hombre de unos 29 años de edad, de tez trigueña, acento costeño, de 1, 75 metros, quién dijo llamarse MILTON GONZALES, y ser técnico agrícola de la empresa Urapalma, quien tiene contrato por termino indefinido y de tiempo completo con la empresa. Agregó: “Estamos aquí limpiando esta palma porque hay una plaga llamada estonema que está dañando los cultivos viene desde Brisas y puede hacer perder todo este trabajo, por eso es que necesitamos hacer esto con urgencia porque aquí hay mucha inversión y no se puede arriesgar.”
Uno de los Defensores de Derechos Humanos preguntó si desconocía que la propiedad donde estaban trabajando era del señor ENRIQUE PETRO, a lo que este respondió: “yo no tengo conocimiento de problemas por tierras, solo sé que en estos días no nos dejaron limpiar un área de palma, pero yo no se nada de problemas de tierras, mi labor es que los cultivos estén bien”. Agregó “si quieren información vayan a la empresa y solicítenla, a mis jefes inmediatos JAVIER MESA y JAMES ARBELAEZ ”.
Aseveró el Ingeniero de Urapalma “es importante el trabajo de limpieza, lo vamos hacer en otras áreas cercanas, se estaba pensando fumigar por vía aérea a un kilómetro de aquí, vamos a seguir en esto, pero es un componente químico fuerte llamado bacillus turigiensi ”. Durante el tiempo en que se hablaba con el Ingeniero, el supervisor, llamado “Primavera” se comunicó constantemente por su radioteléfono con una persona a quien llamaba “DON JAVIER”.
Hacia las 10.00 a.m. cuando los afrocolombianos y acompañantes regresaban a la Zona Humanitaria, fueron filmados por el técnico de nombre MILTON. Posteriormente, desde una bifurcación de carretera se adelanta en una motocicleta color rojo sport AKT junto con “LEONARDO” apodado PRIMAVERA, se suben a la torre de vigilancia donde normalmente se instalan los militares y nuevamente adelantan registros fílmicos de miembros de la Zona Humanitaria y de la Comisión.
Los funcionarios de Gobierno y Estado se quedaron hablando con ellos en la torre ubicada a menos de 3 minutos de la Zona Humanitaria.
En horas de la noche, habitantes de la Zona Humanitaria manifestaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que el funcionario del Gobierno Nacional les sugirió que era mejor que negociaran con los empresarios, “la situación está muy difícil”, “¿si a usted le ofrecen 10 millones por hectárea no negociaría?”
* Miércoles 24 de octubre desde las 6.30 a.m. hasta las 10.00 a.m., 20 habitantes de la Zona Humanitaria iniciaron la delimitación de la propiedad de ENRIQUE PETRO, y definieron los linderos donde instalarán una nueva Zona de Biodiversidad.
* Miércoles 25 de octubre, a eso de las 7.30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz de primera mano en la sede de Bogotá confirmó el asesinato de JOSE PEREZ por parte de la guerrilla de las FARC EP.
El jueves 19 de Octubre, misioneros de la iglesia católica de nuestra Comisión de Justicia y Paz que acompaña en la Zona Humanitaria “El Tesoro”, hacia las 10.00 a.m. recibieron los testimonios de dos menores de edad que se acercaron luego de hora y media de camino, al espacio humanitario solicitando ayuda ante el crimen de JOSE PEREZ, su padrastro.
Hacia las 12.30 del día, luego de casi dos horas de camino, habitantes de la Zona Humanitaria, acompañantes nacionales e internacionales escucharon a la viuda en su casa ubicada cerca del caserío de Buena Vista
De acuerdo con su testimonio, el día anterior, miércoles 18 de octubre, antes de las 5.00 p.m. 4 hombres vestidos de camuflado y con armas largas ingresaron al patio de la casa de JOSE PEREZ, preguntando por él, quien en ese momento se encontraba aserrando, luego de esperar, los armados se identificaron como miembros de la guerrilla de las FARC EP.
Cuando JOSE PEREZ aproximadamente a las 4.30 p.m. ingreso al patio de su casa, sin mediar palabra, algunos de los guerrilleros le dispararon en 4 ocasiones causándole inmediatamente la muerte. El crimen se cometió en frente de su mujer y 5 niños.
Luego de escuchar el testimonio de la viuda, por solicitud expresa de ella y sus cinco hijos, los habitantes de la Zona Humanitaria construyeron un ataúd en madera y requirieron a la acompañante de la iglesia católica realizar la ceremonia religiosa.
Hacia las 3.00 p.m. con oraciones y un ritual fúnebre se le dio cristiana sepultura a JOSE PEREZ.
De acuerdo con la viuda, JOSE estaba dedicado al aserrío en la zona, sin ningún permiso especial.
* Jueves 26 de octubre, nuestra Comisión de Justicia y Paz aproximadamente a las 3.00 p.m. fue informada que el miércoles 18 de octubre, a eso de las 12.20 p.m. un grupo de tres hombres armados que se identificaron como miembros del Frente 57 de las FARC EP asesinaron con tres impactos de arma de fuego al señor EDINSON TORRES SOLANO a quién acusaron de ser informante.
EDISON fue asesinado a 200 metros de los límites de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, río Jiguamiandó, municipio del Carmen del Darién.
De acuerdo con la información recibida en el Curvaradó EDISON TORRES era poblador en el casco urbano de Belén de Bajirá. EDISON TORRES por decisión de algunos de sus familiares que lo acompañaron fue sepultado en el cementerio de Nueva Esperanza”.
Nuestra Comisión de Justicia y Paz corroboró el in suceso el viernes 27 de octubre luego de trasladarse hacia “Nueva Esperanza”
Viernes 28 de octubre a las 3.00 p.m. de acuerdo con información de algunas personas que habitan en el sitio conocido como La Grande, perteneciente el municipio de Murindó, se tuvo conocimiento de otro asesinato por parte de las FARC EP, frente 57 contra un hombre conocido como AMERICO.
Sobre este hecho sin que se conociera su autoría, el Lunes 23 de Octubre, a eso de las 7.00 p.m. los miembros de la Comisión de Verificación de la ocupación de Urapalma, fueron informados por pobladores de la existencia de un rumor según el cual en el sitio conocido como El Caballito, desde meses atrás, se estaba dando una explotación maderera y que al parecer uno de los aserradores había sido asesinado. Igualmente se le compartió la información presentada radialmente por la emisora Apartadó Estéreo relacionada con el asesinato de JOSE PEREZ a manos de la guerrilla del Frente 35 de las FARC EP.
* Sábado 28 de octubre, a las 4.45 p.m. nuestra Comisión Justicia y Paz fue informada de que el lunes 23 de octubre, miembros del frente 57 de la guerrilla de las FARC EP, en un número sin precisar, ingresaron a la zona montañosa, bosque primario de El Limón, en el Curvaradó. En el lugar se encontraban tres aserradores, a quiénes los guerrilleros le manifestaron que estaban aserrando en propiedades ajenas, entonces procedieron a quitarles dos motosierras, y les advirtieron que se debe aserrar en su propia propiedad y no en la ajena. Los guerrilleros afirmaron. “no se enreden con los paramilitares, es mejor que se vayan los que tienen vínculos con ellos” Luego los armados se fueron del lugar.
La Verificación realizada en días pasados permite concluir que la criminalidad no cesa en desarrollar los más diversos mecanismos para proteger los intereses empresariales. No ha sido suficiente la amenaza, la presión, el chantaje, el despojo violento y fraudulento. No ha sido suficiente el uso indebido de recursos estatales de FINAGRO para la implementación de un proyecto sustentado en la ilegalidad. No ha sido suficiente la destrucción ambiental y de vidas humanas.
Hoy persiste la sensación y la experiencia de la inacción integral y estructural del Gobierno. No es suficiente la suspensión de los créditos de recursos oficiales, se requiere una investigación, sanción de los responsables que aprobaron con tal laxitud los dineros a las empresas palmeras. A pesar de la Directiva 08 del Procurador General de la Nación, de la Resolución Defensorial 039, de las dos Resoluciones de INCODER para la delimitación de linderos y de propiedades, hoy continúa el transporte, del amargo fruto de la palma, para su procesamiento hacia Mutatá a la Extractora Bajirá S.A. Circulación de un fruto sembrado en la mayoría de sus hectáreas, como lo ha expresado el Ministro de Agricultura, en Territorio Colectivo o Individual, en medio de la militarización entre Cetino, Pavarandó y Mutatá y la presencia institucional de Codechocó. Insistimos, transporte que se realiza desde las propiedades ilegalmente poseídas por empresarios luego del desplazamiento forzado por estructuras de tipo paramilitar.
Por encima del DERECHO, se actúa CONTRA DERECHO, lamentablemente, con indicios serios, de tolerancia de la Fuerza Pública, la Policía de Belén de Bajirá y las Unidades Militares de la Brigada 17 en Caño Claro. Omisión ante la ocupación de los predios, denunciada verbalmente por los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Claro y conocida por el Gobierno Nacional oportunamente. Ocupación de la propiedad de la familia PETRO, dentro del Territorio Colectivo sobre un predio de 150 hectáreas, de las que 120 han sido sembrados ilegalmente. Propiedad que la misma empresa Urapalma reconoce como propiedad de ENRIQUE PETRO, dentro del Territorio Colectivo. Propiedad reconocida como de legal habitación y trabajo, por parte del General ® PAUSELINO LA TORRES. Propiedad que el INCODER ha excluido de sus dos resoluciones pues allí no existe ningún tipo de litigio legal, salvo el de la restitución de la propiedad de su dueño legítimo.
Reiteramos nuestra Censura Moral ante esta legitimación de las actuaciones CONTRA DERECHO. Estas han sido posibles gracias a la ausencia de una actuación integral por parte del ejecutivo y del ente investigador. La ausencia de celeridad y de efectividad de la institucionalidad para actuar frente a la criminalidad y la impunidad en que ella se sostiene, legitima las actuaciones CONTRA DERECHO de los empresarios.
Las recomendaciones, sugerencias, solicitudes, requerimientos, exigencias de los organismos que protegen y velan por la actuación y salida conforme a los principios del Estado de Derecho son esquivadas, son burladas por la criminalidad empresarial. Los temores, el silencio y el desconocimiento de los principios del Estado de Derecho, que hablan de la restitución del bien, se subordina al poder criminal en las actitudes de muchos funcionarios. Debajo de cuerda, a las víctimas los invitan a negociar, a arreglar con la empresa, desconociendo los caminos del Derecho, plantean soluciones “prácticas”, en lo aparente, que desconocen los Derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación.
Es lamentable la ausencia de investigaciones prontas y oportunas, sobre hipótesis que comprendan lo estructural y sistemático de la violencia expresada en 15 desplazamientos forzados, y más de 113 crímenes cometidos desde 1.996. O contemplar cómo el ente investigador se niega a avanzar en las investigaciones frente a la empresas palmeras, su articulación confesada, por sus propios artífices, con las estructuras paramilitares como lo han aceptado VICENTE CASTAÑO y FREDDY RENDÓN a la Revista Semana. Allá en los expedientes de Quibdó donde se encuentran los procesos contra Urapalma, se erige un monumento a la impunidad por la inacción de la Fiscalía, por el temor, la pereza o la costumbre a actuar con todo el rigor que legitima la autoridad sobre la ilegalidad.
Ceguera institucional que dista del absurdo judicial de asumir, eso si con celeridad y sin sana crítica, investigaciones contra las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, las víctimas del despojo, la víctimas de la destrucción ambiental. A ellos, a quiénes se les acusa falsamente de ser guerrilleros de las FARC EP. Justo a ellos que con su actitud solidaria acompañan a las víctimas de esa guerra de guerrilla, cuando asumen, ante la ausencia de presencia institucional, el Derecho a enterrar. Cuando ellos mismos asumen una actitud crítica, cuestionadora, distante y valerosa para distinguirse de las guerrillas a través de la iniciativa de las Zonas Humanitarias. Cuando las víctimas del despojo violento, desarrollan, basados entre otras disposiciones en la ley ambiental, la iniciativa de Zonas de Biodiversidad como mecanismo de recuperación, de protección ambiental ante la destrucción empresarial.
Nuestra Constancia ante las actuaciones de la guerrilla de las FARC EP que profundizan los miedos, los temores en la población civil. Los daños irreparables a la vida e integridad personal de 3 personas, EDISON TORRES, JOSE PEREZ y la persona conocida como AMERICO. Actuaciones censurables ética, jurídica y políticamente, crímenes que deben ser esclarecidos, sancionados.
Las actuaciones de la guerra de guerrillas no solamente han sido censuradas por los afrocolombianos y han generado prácticas de solidaridad con dos de los familiares de las víctimas. Temen, como ha ocurrido en el pasado, que las responsabilidades de las guerrillas en los crímenes, puedan ser usadas como justificación de la militarización o de la criminalización de ellos, afrocolombianos y mestizos, quienes afirman sus derechos a la Vida y al Territorio en las 4 Zonas Humanitarias “Pueblo Nuevo”, “Nueva Esperanza”, “Curvaradó Caño Claro” y “Curvaradó El Tesoro” y las Seis Zonas de Biodiversidad, tres de ellas ubicadas en Caño Claro, otra en Bracito, y dos más en La Cristalina y Cetino.
Además, de lo censurable que resultan los atentados a la vida de los aserradores, que extraían recursos maderables de bosques primarios de propiedad ajena privada o colectiva, lo que se refleja es que la institucionalidad ha sido incapaz de garantizar el respeto a la propiedad individual o comunal. Si la institucionalidad actuara con la decisión y la voluntad requerida en materia territorial, ambiental, las guerrillas no encontrarían ningún tipo de justificación para pretender sustituir la autoridad en estas materias y cometer los crímenes de los que estamos dejando constancia.
A ustedes nuevamente los apelamos en sus responsabilidades éticas, jurídicas, políticas, administrativas a fin de evitar daños a la vida, a la integridad personal de ENRIQUE PETRO, de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad, y o de los acompañantes nacionales e internacionales. Y a adoptar las medidas necesarias para el respeto a la constitución de la sexta Zona de Biodiversidad en la propiedad de ENRIQUE PETRO, que fue ocupada en estos días, para ser trabajada por la empresa Urapalma con la finalidad de proteger las inversiones ilegales que allí han realizado.
Respetuosamente, requerimos al señor Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS y a la Ministra de Relaciones Exteriores, MARIA CONSUELO ARAUJO:
Responder integralmente a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo relacionado con el reconocimiento de los derechos Territoriales y las Zonas Humanitarias, su protección, atención humanitaria, sistema de alerta, diseño de mecanismos de actuación preventiva
Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo del Curvaradó.
Actuar frente a la ampliación de siembra de palma y el procesamiento del fruto de la palma en Mutatá, en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legítimos propietarios.
Respetuosamente, solicitamos al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, de acuerdo con sus facultades constitucionales:
Ordenar de manera INMEDIATA la cadena de custodia de los restos de LINO ANTONIO DIAZ, ubicados en el cementerio de Llano Rico
Reasignar con urgencia, para que existan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A. a una fiscalía en Bogotá
Respetuosamente al señor Ministro de Ambiente JUAN LOZANO, conceder una audiencia con los peticionarios, beneficiarios y acompañantes de las comunidades afrocolombianos para conocer los daños ambientales producidos por las empresas palmeras y las iniciativas de las comunidades respecto a dicha problemática.
Con profunda preocupación e indignación ante tanta criminalidad manifiesta, cínica, abierta esperamos la actuación en DERECHO ante los derechos sistemáticamente negados a los afrocolombianos y los crímenes cometidos.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ