Ocupación ilegal de Urapalma de propiedad de Enrique Petro, nuevas presiones para ceder en la afirmación de los Derechos Territoriales
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Moral ante la ausencia de celeridad para restituir los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó, ante los nuevos mecanismos de presión sobre ENRIQUE PETRO y su familia, las confusas actuaciones armadas sobre los afrocolombianos en Despensa Baja, las actuaciones ilegales de la empresa Urapalma sin que existan respuestas inmediatas para hacer respetar los derechos colectivos.
Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vice Presidente de la Republica
Doctor
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Doctora
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Ministra de Relaciones Exteriores
Doctor
ANDRES FELIPE ARIAS
Ministro de Agricultura
Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“ Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´! Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo´ Salmo 83, 2-5
Ref: Ocupación ilegal de Urapalma de propiedad de ENRIQUE PETRO, nuevas presiones para ceder en la afirmación de los Derechos Territoriales
Reciban un respetuoso saludo.
Nuevamente nuestra Constancia y Censura Moral ante la ausencia de celeridad para restituir los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó, ante los nuevos mecanismos de presión sobre ENRIQUE PETRO y su familia, las confusas actuaciones armadas sobre los afrocolombianos en Despensa Baja, las actuaciones ilegales de la empresa Urapalma sin que existan respuestas inmediatas para hacer respetar los derechos colectivos.
Han sido múltiples nuestras apelaciones, los llamados internacionales y la situación tiende a empeorarse. El panorama parece ofrecer la ausencia de una voluntad firme, más allá de las expresiones mediáticas o formales, para enfrentar una criminalidad que se oculta en el sector empresarial de la palma en el Curvaradó. Los indicios indican que se han usado de los recursos públicos con mecanismos de engaño y de fraude sin que esto haya derivado en responsabilidades penales o civiles. Todo muestra como las presiones, las intimidaciones, las amenazas, los desplazamientos desarrollados por estrategias paramilitares están detrás del negocio de la palma. Pero ante las evidencias, ante las decenas de testimonios nada eficaz, a fondo se ha hecho en materia administrativa o de investigación penal. Esta es la razón por la que hoy continúan con sus mecanismos de presión, tratando de encubrir, de arreglar con sus métodos ilegales y de terror. Preocupa por esta misma razón la inacción de las autoridades militares, policiales, y de las autoridades civiles de la región que parecen atrapadas o presas de esta maraña de intereses criminales. Por eso las actuaciones CONTRA DERECHO son el DERECHO
* Martes 1 de agosto hasta el de día de hoy se ha constatado el continúo transporte del fruto de la palma desde El Curvaradó caserío de Cetino hasta Mutatá en donde se encuentra la Extractora Bajirá S.A. desconociendo todas las decisiones administrativas y de organismos de control del Estado.
* Miércoles 9 de agosto familias de las comunidades de la Cuenca del río Curvaradó iniciaron en sus territorios, que no se encuentran en litigio, la constitución de Zonas de Biodiversidad, como mecanismo de recuperación y de protección ambiental de propiedades individuales y del Territorio Colectivo.
Las Zona de Biodiversidad sustentadas en los Derechos Ambientales interno y el Derecho Internacional se han instalado en el caserío Las Camelias en la finca La Cristalina; en el caserío Caño Claro, fincas Riosucio y La Rosa de Ella; en el caserío El Guamo, finca “Andalucía”; en el caserío Las Menas, finca de la familia Ubaldo Montes; en el caserío Cetino las finca de la familia Montes; caserío Andalucia, finca Los Claveles.
* Miércoles 16 de agosto un día después de la visibilización de la Zona de Biodiversidad en la finca “Los Claveles” caserío Andalucía, propiedad del campesino UBALDO MONTES, el trabajador vinculado a la empresa Urapalma CECILIO TORDECILLA, arrancó las tablillas donde estaba inscrito el texto “Zona de Reserva de Biodiversidad y Pan Coger, territorio Colectivo del Curvaradó, propietario Ubaldo Montes”. Minutos después en el puente de Cetino, JULIO CAUCIL, también trabajador de la misma empresa las recibió, las tomó, las picó con machete y las arrojó al río.
* Domingo 20 de agosto a las 5 00 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO fue convocado a una reunión por la asistente de JAIME SIERRA, miembro de Urapalma en las instalaciones de su sede en Belén de Bajirá.
A eso de las 5:05 p.m. llegó al lugar en una camioneta Toyota 2 puertas de placas MMP 736 a la sede empresarial TERESA, al parecer de apellido CASTAÑO, de quien se afirma es familiar de los hermanos CASTANO GIL, y un hombre que se presentó como abogado de nombre MERLANO, quienes preguntaron al campesino ENRIQUE PETRO por su situación. Las dos personas aclararon que inicialmente no iban a realizar ningún negocio porque la empresa era una sociedad de varios socios y hasta tanto, “no nos reunamos, no podemos hacerle ninguna propuesta”.
El campesino PETRO que facilitó 5 hectáreas, de su mejora y posesión de 30 años, para la ubicación de la Zona Humanitaria del Curvaradó, propiedad que no se encuentra en litigio de linderos, pero que ha sido sembrada en palma de aceite, luego de desplazamientos forzados y amenazas paramilitares, les solicitó que no siguieran trabajando ni cuidando en su finca la palma, agregó que, cuando quisieran hablar tendría que ser con sus abogados. La señora TERESA CASTANO y su abogado, luego de reír ante la solicitud de que cesaran en los trabajos de palma en su propiedad de 130 hectáreas, reconocieron irónicamente que “tenía la razón¨, 40 minutos después terminó la reunión.
* Martes 22 de agosto 42 personas desplazadas del Curvaradó que habitan en el Jiguamiandó iniciaron una etapa de exploración a una mejora ubicada dentro del Territorio Colectivo del que fueron desplazados en el caserío El Tesoro donde piensan instalar una nueva Zona Humanitaria
* Viernes 25 de agosto a las 5 30 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO, integrante del Consejo Comunitario de Curvaradó, fue citado a una nueva reunión en la sede de Palmas de Curvaradó S.A, en Belén de Bajirá. En la reunión se hicieron presentes ANGELA MARIA OSORIO GALEANO, un abogado de nombre CARLOS DANIEL MERLANO, la señora TERESA, al parecer de apellido, CASTAÑO, y un reconocido paramilitar como escolta apodado “El Gago” quienes le propusieron autorizar la fumigación de la palma que está en su propiedad, aclarando que, “no hablamos de comprar su tierra porque eso tiene un costo muy grande, esa tierra son de las negritudes y no la compramos porque más adelante tenemos el mismo problema. Usted qué negocio nos propone? Usted limpia la palma de su finca y le pagamos, hacemos negocio para poder fumigar, qué piensa? Si no se puede fumigar la palma que hay en su tierra, la plaga se riega” . El señor PETRO respondió que no tenía ningún negocio qué hacer con ellos, que él contaba con sus abogados, y que el Gobierno Colombiano deber dar las respuestas.
* Lunes 28 de agosto hacia las 10:00 a.m. 7 campesinos del Consejo Comunitario de Pedeguita del caserío del Caño Montería, que limita con el Territorio Colectivo del Curvaradó fueron amenazados por “civiles” armados de la estrategia paramilitar, entre ellos los apodados “Yuber”, “El Tío”, “Pablo”, “El Secretario”, y JOSE LUIS LUNA que portaban armas largas y cortas cada uno de ellos.
Los paramilitares les apuntaron con las armas de fuego, luego de amenazarlos, les vaciaron en aceite quemado que tenían para lubricar las motosierras, les dieron 5 días para desocupar el lugar y les advirtieron: “salgan de acá, no intenten volver, nosotros somos los dueños de estas tierras. Ustedes no tienen permiso de trabajar aquí. Acá ya se está todo negociado con la empresa Maderas del Darién”.
Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar se movilizan permanentemente entre Belén de Bajirá y el eje bananero en un vehículo marca Chevrolet, cuatro puertas, de color azul oscuro, vidrios polarizados con placa FBZ 201.
* Viernes 1 de septiembre hacia las 4:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento de una comunicación suscrita por el empresario JAIME SIERRA MORENO actuando en calidad de representante legal de la Asociación de Palmicultores del Darién, dirigido a entidades de Gobierno y del Estado Colombiano en que a través de Peticiones, realiza falsas acusaciones contra las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, humanitarias y de solidaridad que acompañan la Zona Humanitaria del Curvaradó, pretende desconocer las actuaciones en Derecho de ENRIQUE PETRO y del Consejo Comunitario del Curvaradó, y pretende auscultar sobre el fundamento y contenido de las Medidas Provisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el escrito, el empresario afirmó que: “el día nueve (9) de abril de esta anualidad personas ajenas a la empresa PALMAS DE URABA PALMURA S.A. se instalaron por las vías de hecho, en un lote de terreno en donde la sociedad PALMURA S.A. tiene sembrados de palma africana y de forma arbitraria procedieron a destruir los cultivos de los lotes número 4 y 6 que fueron sembrados en el mes de octubre de 2003”.
Igualmente, identificando con nombre y apellido los nombres de acompañantes nacionales e internacionales con base en información policial, el Representante de los empresarios expresó que: “el grupo invasor estaba conformado por el defensor del pueblo de Apartadó, señor Daniel Antonio Sastoque, un delegado del Ministerio del Interior, Cesar Augusto Muñoz Lopera (se sabe que es Abogado (sic) contratista del Ministerio del Interior), religiosos Hermana Cecilia Naranjo, sacerdote claretiano Henry Ramírez, y varios extranjeros de los que se identificaron Anniey Jubinville, Veronique Cloutier y el señor Enrique Manuel Petro Hernández que reclamaba como suyo el terreno. Así lo informaron a los miembros de la Fuerza Pública quienes los visitaron el 11 de abril, los mayores de la Policía Nacional de Urabá, Geimar Leal Chavarro, José Sánchez Páez y el teniente del Ejército Nacional Diógenes Sánchez”.
Continúa el texto indicando que: “desde la fecha y hasta el momento los invasores a exepción de los funcionarios de la Defensoría y del Ministerio del Interior han instalado carpas o campamentos donde se hace alusión a una zona humanitaria o territorio de paz y continuado con la destrucción de los cultivos de palma propiedad de la empresa Palmura S.A., apoyados por un grupo mayor de extranjeros que según los carteles pertenecen a varas ONG´S internacionales como son 8ª Day Center For Justicie Chicago IL USA, Sister of Charity BVM Dubuque, Iowa, USA, la Alianza Metropolitana Santuariana de Chicago, Red de Lideres Religiosos de Chicago Estados Unidos, Peace Brigadas (sic) Internacionales (sic) y la nacional Comisión Intercongregacional Justicia y Paz”.
En el Derecho de Petición se formularon 12 solicitudes relacionadas con los contenidos de la legalidad de las Zonas Humanitarias, el alcance de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que calificó de “imposición de zonas humanitarias¨; el alcance de la resolución defensorial 039 de 2005; el papel de las organizaciones internacionales de acompañamiento, la reglamentación del funcionamiento de las ONG en el territorio colombiano, “cuál es la oficina encargada de vigilar las actividades de extranjeros en el territorio nacional y dónde se pueden denunciar los abusos por parte de estos quienes dicen estar amparados en el Derecho Internacional Humanitario den su calidad de miembros de ONG”.
Junto con el texto escrito se anexan 37 fotografías, las que fueron tomadas en el entorno de la Zona Humanitaria en operaciones policiales y militares, como se indicó en el Informe 71 del 28 de junio de 2006. En una de las actuaciones, efectivos de la Brigada 17, uno de ellos expresó: “como yo me voy, me quiero llevar este recuerdo” Dentro de las fotografías se destacan los realizados en el casco urbano de Belén de Bajirá a integrantes de organismos acompañantes, en particular del Projet Accompagnement Solidarité Colombia, PASC, mientras acompañan a las comunidades en este corregimiento.
Los contenidos de los textos de las fotografías expresan lo siguiente
Foto: pancarta en la propiedad de Enrique Petro, de “Zona humanitaria del Curbaradó Lugar Sagrado del Trabajo”, similar a la de la fotografía que ponemos enseguida. “Subtítulo del empresario: conformación zona humanitaria invasión con vías de hecho”.
Foto: Siembra de arroz hecha por la comunidad en la propiedad de Enrique Petro. Subtítulo del empresario: “cultivo pan coger dentro de la invasión (mayo 9-06)”.
Foto: Pancarta en la que se lee: “Alianza Metropolitana Santuario de Chicago ESTADOS UNIDOS HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO, las comunidades propietarias de este territorio están cobijadas con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Subtítulo del empresario: “pancarta de ONG INTERNACIONAL QUE APOYA Y EJECUTA EL PROCESO DE INVASION (mayo 9-06).
Foto: Pancarta en la que se lee: “Zona Humanitaria en Territorios Colectivos Ancestrales Apoyada Internacionalmente HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO, juntos en la lucha, 8ª Day Center for Justice Chicago IL, USA”. Subtítulo del empresario: “Pancarta de ONG INTERNACIONAL que apoya y ejecuta el proceso de invasión (mayo 9-06).
Foto: Integrante del Pasc del Canadá Veronique Cloutier frente a pancarta de zona humanitaria. Subtítulo del empresario: “Defensora de los DD.HH frente a una pancarta de una ONG INTERNACIONAL patrocinadora de la invasión mayo 9-06).
Foto: Integrantes del Pasc del Canadá Veronique Cloutier y Anniey Jubinville y campesino de la comunidad en la entrada de la Zona Humanitaria. Subtítulo: “Defensoras der (sic) DD.HH protagonistas de la invasión (Mayo 9-06).
Foto: frente a zona humanitaria, integrante del Pasc del Canadá, Anniey Jubinville, miembros de la comunidad y policía que llegó en el momento. Subtítulo: “Defensora de DD.HH (origen extranjera), autora intelectual de la invasión (Mayo 9-06)”
Foto: Pancarta “Zona Humanitaria en Territorios Colectivos Ancestrales Apoyada Internacionalmente HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO En solidaridad Paz y Justicia. Sisters of Charity, BVM Dubuque, Iowa. Subtítulo: Apoyo de las ONG`s internacionales a la invasión (mayo 9-06).
Foto: Parte interior y ventana que da a la calle, en el fondo Veronique Cloutier del Pasc caminando al frente del expendio de carne “Cebu” en el casco urbano de Belén de Bajirá. Subtítulo: Extranjera invasora (Mayo 6-06)
* Lunes 28 agosto a domingo 3 de septiembre, en los municipios de Chigorodó y en el corregimiento de Belén de Bajirá la “Corporación Tierra Prometida” verbalmente y a través de la emisora ¨Banana Stereo¨ convocaron a desplazados de Bajirá y el eje Bananero a una reunión en el coliseo municipal de Chigorodó, el domingo 3 de septiembre a las 9:00 a.m., expresando que en la misma se ¨contaría con la participación de diversas personalidades¨ con el fin de tratar temas relacionados con el retorno a las tierras.
*Domingo 3 de septiembre hacia las 9:30 acudieron al coliseo municipal cerca de 300 desplazados, quiénes al ingresar inscribieron sus nombres y firmas en hojas dispuestas por una funcionaria de la alcaldía de Chigorodó de nombre CECILIA, encargada de la atención a desplazados.
Varios de los campesinos mestizos y afrocolombianos observaron la presencia dos camarógrafos con equipos de televisión de Teleantioquia, trabajadores y personal administrativo vinculadas a Urapalma, entre ellos GUSTAVO MARTINEZ CUABA, quien de civil guía al ejército en sus operaciones y a varios comisionistas que tramitaron las ventas ilegales de tierras del Jiguamiandó y Curvaradó, entre ellos EMILIANO ROMAÑA.
En el recinto del coliseo se encontraban funcionarios de la alcaldía de Chigorodó, el personero municipal MARINO ORTIZ, quien se retiró, al parecer al constatar la desviación de los objetivos de la reunión.
GUSTAVO MARTINEZ CUABA, tomó la palabra señalando a los miembros de las comunidades del Jiguamiandó de ser controlados por la guerrilla de las FARC, afirmando igualmente que, “los de Justicia y Paz y los internacionales, son los que verdaderamente se quedan con las tierras de los Consejos Comunitarios, para entregársela a otros, diferentes a sus dueños. A nosotros no nos desplazó el gobierno como ellos dicen, sino la guerrilla, ellos son unos bandidos, son marxistas, que tienen conexiones con las FARC”. Enseguida, otro afrodescendiente JAIME BEITAR, quien dijo representar desplazados de Turbo, hizo uso de la palabra acusando a la Comisión de Justicia y Paz; “está causando perjuicio al pueblo, se asocian con unos curitas y monjitas para engañar a la gente, para robarles las tierras, se unen a los internacionales para quedarse con las tierras de los consejos comunitarios, ellos matan, desaparecen y secuestran a la gente, ellos son unos bandidos, ladrones, matones, son cómplices de la guerrilla”.
GUSTAVO MARTINEZ CUABA, participó entre el 27 de enero al 12 de febrero del 2005, en operaciones militares de la Brigada 17, en las que fue asesinado en cercanías al caserío Caño Seco el campesino conocido como Pedro Murillo. Y en el 2001 participó en el desarrollo de estrategias paramilitares que provocaron el desplazamiento forzado de los campesinos de la comunidad de Bellavista, en el Curvaradó.
* Martes 5 de septiembre, hacia las 10:00 a.m. llegó hasta la Zona Humanitaria del Curvaradó, el siguiente mensaje escrito a ENRIQUE PETRO:
“5 septiembre de 2006
Señor Petro
Siguiendo estrictamente sus indicaciones, los socios me han autorizado a reunirnos hoy 5 de septiembre de 2006 a las 5:00 p.m. en las oficinas de Palmas del Curvaradó (donde siempre nos hemos reunido) a fin de concretar una sita (sic) con sus abogados, para reunirnos prontamente con ellos, en el lugar, la hora y la fecha que usted señale,
Ate, su amigo”.
Pegado a la carta, con un gancho, anexan la siguiente oración:
“Alma de Cristo, Santifícame
Cuerpo de Cristo, Sálvame
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, Confórtame
Oh buen Jesús óyeme
Dentro de tus llagas escóndeme
No permitas que me separe de ti
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte llámame
Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos amén”.
* Miércoles 6 de septiembre a las 3:30 p.m. fue convocado el señor ENRIQUE PETRO a una reunión con el abogado de los empresarios de la palma, de nombre MERLANO, en la sede de Palmas de Curvaradó en Belén de Bajirá. Durante una hora el abogado le insistió en que dejara de confiar en sus acompañantes “ellos no son campesinos, yo si, nosotros lo podemos ayudar, negociemos directamente, le podemos pagar 40 millones de pesos de intereses atrasados por el incumplimiento en el negocio, es decir que le damos por todo 64 millones y le demos otras 5 hectáreas mas de palma a las que se habían acordado en el documento”.
El señor ENRIQUE PETRO indicó que ya existían trámites judiciales, acciones administrativas, que deben hablar con el gobierno Nacional, que en relación con el ofrecimiento económico este no corresponde a los daños causados, y en ellos no es posible confiar.
MERLANO abogado de los empresarios de la palma, le manifestó que le preocupaba que los registros fotográficos, prueba, de la reunión, “pueda pasar a manos de subversivos”. El integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, le manifestó enfáticamente “las comunidades y los acompañantes no son guerrilleros, yo mismo no me siento preocupado, cuando las fotografías de su finca y de las Zonas Humanitarias han sido utilizadas para que ellos mismos acusándolo de ser invasor en su propia tierra.
Hacia las 4:30 concluyó la reunión.
* Jueves 7 de septiembre, a las 5 00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el administrador del paramilitar apodado ¨El Napo¨, LEGARDO LOPEZ DUQUE, nombrado “El Gallito” ha ofrecido a los jóvenes de Belén de Bajirá 500 mil pesos (180 U.S) por su vinculación en nuevas estructuras armadas de tipo paramilitar.
* Viernes 8 de septiembre en el caserío de Brisas a las 10 30 a.m. un niño de 14 años de edad que habita en la Zona Humanitaria del Curvaradó que se dirigía de Belén de Bajirá hacia el espacio en que habita fue abordado por un efectivo de la Brigada 17, que le expresó: “todos los de la Zona Humanitaria son unos guerrilleros. Usted en ese bolso que llevó debe haber bombas” Un militar le tomó la bicicleta y luego de esculcarle la bolsa con unos cuadernos, lo dejaron ir
* Jueves 28 de septiembre, “El Gago”, ex miembro de la estructura paramilitar que comandó el llamado “El Palillo”, actualmente portero de la sede de Urapalma, en un lugar público manifestó su alegría porque llegó “La Señora”, KATHIA PATRICIA SANCHEZ, con “Dos Caminantes”, miembros de seguridad. El “Gago” agregó que con ella, refiriéndose a la señora, se van arreglar las cosas, pues viene el pago que nos deben de 4 meses atrasados.
La señora SANCHEZ, gerente de Urapalma, según registro de la Cámara de Comercio, llegó a Belén de Bajirá en la camioneta de la empresa, una Hilux, Toyota, de color café, con dos escoitas. De acuerdo con testigos, ambos se encontraban con armas cortas, uno de ellos es un desmovilizado del Bloque “Elmer Cárdenas”, que opera en la región, y el otro ha actuado en el pasado como miembro de las “Convivir”.
* Lunes 2 de octubre, 102 personas entre niñas, niños, mujeres adultas y hombres adultos regresaron a la Zona Humanitaria del Tesoro en el territorio Colectivo del la Cuenca del río Curvaradó.
* Sábado 7 de octubre, en horas de la tarde en Belén de Bajirá un empleado de Agropalma y Cia Limitada manifestó en conversación con varios trabajadores de Urapalma y vecinos de Belén de Bajirá que: “El Patrón” esta “mamado” con el viejo PETRO y a él hay que sacarlo a las buenas o a las malas”.
Días antes JAVIER MESA había manifestado que “El Profe”, al parecer refiriéndose a VICENTE CASTAÑO, había manifestado que era necesario “parar a Donde PETRO”
* Lunes 9 de octubre, en Belén de Bajirá, hacia las 9:00 a.m. trabajadores de la empresa Urapalma que trabajan en la zona rural se comunicaron con nuestra Comisión de Justicia y Paz para informar que no se les ha pagado por su trabajo desde hace más de seis meses, que muchos de ellos decidieron tomarse un lote enfrente de la Policía ante su situación infrahumana, que recientemente dos trabajadores por la carencia de medidas de prevención se intoxicaron al aplicar un veneno en las plantaciones de palma.
De acuerdo con los testigos, por carecer de afiliación a servicios de salud la empresa tuvo que trasladar uno de los trabajadores a Montería. Uno de ellos, agregó que escucharon versiones de los jefes de la empresa, según, la cual se iba “a aplicar Kan kil” en donde están las carpas – Zona Humanitaria- en la finca de Don ENRIQUE PETRO. “Es importante que cuiden a Don PETRO y a los que están en su finca”.
* Martes 10 de octubre, hacia las 6:00 p.m. el llamado “El Gago”, en un lugar público cercano a la empresa Urapalma en Belén de Bajirá, manifestó que CARLOS MERLANO, abogado de la empresa URAPALMA S.A, le propuso a él y otras tres personas conseguir unas palas para desenterrar los restos de LINO DIAZ. “Vamos a ir con gente de confianza a la tumba de un señor que se encuentra en el cementerio de Llano Rico, necesitamos exhumar sus restos. De acuerdo con “El Gago” MERLANO aseguró que, “todo estaba cuadrado con el Mayor de la Policía de Belén de Bajirá y el cura del pueblo”
El abogado CARLOS MERLANO ha estado presionando y haciendo ofertas a don ENRIQUE PETRO, para arreglar la “ilegalidad” empresarial, ha obrado como testigo en los planteamientos hechos por TERESA, familiar de los hermanos CASTAÑO GIL, al integrante de los Consejos Comunitarios del Curvaradó.
* Miércoles 11 de octubre hacia las 6 30 p.m. ingresaron en un bus de servicio público a Belén de Bajirá 35 hombres vestidos de civil provenientes de San Pedro de Urabá, entre ellas, dos mujeres. El grupo de personas ingresaron a la sede de Urapalma donde cenaron. JAVIER MESA, jefe de mantenimiento de las plantaciones manifestó: “llegaron 35 hombres, 35 mulas para limpiar la región, vamos a donde Don PETRO”
De acuerdo con versiones recibidas desde Belén de Bajirá dentro de los trabajadores entraron algunos de los llamados “Caminantes”
* Jueves 12 de octubre, afrocolombianos de Despensa Baja, Territorio Colectivo del Curvaradó, en donde se está planeando la constitución de una Zona de Biodiversidad informaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que algunos de ellos se vieron obligados a abandonar el lugar en el que se intenta la recuperación y la protección ambiental, luego de que trabajadores de las empresas palmeras, afirmaron que las tierras no les pertenecían. Algunos de ellos expresaron que SINTRAINAGRO había adquirido las tierras para la reinserción de los paramilitares y que allí se iba adelantar un plan de paz con el apoyo empresarial para los desmovilizados.
A pesar de que los afrocolombianos manifestaron que la propiedad era parte del Territorio Colectivo y que ellos habían allí habitado y trabajado, los trabajadores continuaron sus labores.
Ese mismo día hacia las 6:00 p.m. otras personas decidieron salir de la comunidad, luego de que llegaron cerca de 20 hombres armados, con radios de comunicación, vestidos de camuflado verde y amarillo con boina azul.
Cuando los afrocolombianos exigieron su identificación y la razón de su presencia estos se identificaron como “Aguilas Negras”. Los armados agregaron que les iban a quitar los instrumentos de trabajo y las mulas porque esa tierra no era de ellos.
Luego de unos minutos, los uniformados siguieron su recorrido hacia el punto conocido como Playa Roja a la propiedad conocida como San Andrés en donde acamparon.
De acuerdo con informaciones recaudadas en el municipio de Riosucio, con la instalación de una Brigada Móvil, existe una movilidad permanente de sus unidades por Caño Manso y Despensa Baja, Territorio del Curvaradó, y por Montería caserío de La Larga, las unidades visten de camuflado y con boina azul.
* Miércoles 18 de octubre, hacia las 6:10 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que cerca de 15 trabajadores de la empresa Urapalma ingresaron desde el martes 17 de octubre a la propiedad de 150 hectáreas de la familia PETRO, que se encuentra ubicada en el Territorio Colectivo del Curvaradó, 120 hectáreas de las cuales se encuentran sembradas en palma de manera ilegal desde el 2001, luego de que su propietarios fueran obligados a desplazarse.
Los trabajadores reiniciaron los trabajos de limpieza en las plantaciones de palma, sembradas ilegalmente dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, a menos de 800 metros de la Zona Humanitaria, luego de varios meses en que el mismo Gobierno Nacional reconoció la legalidad y legitimidad de la propiedad de Don PETRO.
Durante el día, de acuerdo con testigos miembros de la empresa Urapalma, JAVIER MESA y cuatro escoltas armados, bajo la dirección de un administrador, que ha intentado en varias ocasiones persuadir bajo presión y corrupción para que DON ENRIQUE PETRO desista de afirmar sus derechos estuvieron en los lotes acompañando a los trabajadores.
La ocupación de la propiedad se realizó a menos de 4 minutos de la base militar de la Brigada 17 de Caño Claro y a menos de 3 minutos de la Zona Humanitaria del Curvaradó.
Hacia el medio día, del miércoles 18 de octubre, en Brisas de Curvaradó, MOISES CASTRO, Defensor de Derechos Humanos, miembro de la Iglesia Presbiteriana fue abordado al parecer por un Informante de la Fuerza Pública, que se encontraba en medio de unidades militares, preguntando por su nombre y apellido completos. El Defensor de Derechos Humanos manifestó que de su presencia conocía la Vice Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y su labor es legal y legítima en función de su misión evangélica y de defensa de los derechos humanos. Agregó, finalmente que solo a las autoridades competentes se les debía responder las preguntas por él formuladas, este manifestó: “tranquilo que no va a pasar nada”
Hacia las 6 20 p.m. el Gobierno Nacional a través de la Vice Presidencia de la República fue informada acerca de la ocupación ilegal, y en particular de la inacción de las unidades militares de la Brigada 17. Se reiteró que la ocupación empresarial es contra derecho, desconoce la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cinco minutos después el gobierno nacional manifestó telefónicamente a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que el Teniente BADILLO de la Policía había conocido de la información, que al siguiente día iba a verificar la situación. Igualmente se indicó que la Brigada 17 afirmó que no era cierta la presencia de las “Aguilas Negras” en esta región, pues este grupo “delincuencial” se encontraba en la serranía del Abibe. Adicionalmente expresó que para las autoridades policiales y militares había dificultades en reconocer exactamente cuales eran los linderos del Señor PETRO
* Jueves 19 de octubre hacia las 7:30 a.m. un grupo de 50 trabajadores fueron observados a menos de 800 metros de la Zona Humanitaria, y dentro del área de las 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, preparando sus herramientas para continuar ocupando y trabajando dentro de la propiedad del Territorio Colectivo. Igualmente se observó a menos de 400 metros del lugar ocupado por la empresa Urapalma, en la torre que se encuentra a un costado de la finca del integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó instaladas carpas del batallón Voltígeros de la Brigada 17.
A las 8:00 a.m. organismos de control y del ejecutivo fueron enterados de la situación.
Hacia las 9:20 a.m., aproximadamente, 20 habitantes de la Zona Humanitaria del Curvaradó, un integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, acompañados de observadores internacionales se dirigieron a la torre donde se encontraban los militares. En el lugar dialogaron con el sargento ROJAS, del batallón Voltígeros, al manifestarle familiares de ENRIQUE PETRO que su propiedad estaba siendo ocupada ilegalmente por los trabajadores, este afirmó que se comunicaría inmediatamente con el Coronel PADILLA, comandante del Batallón Voltígeros, para que hablara con los administradores de Urapalma. Agregó el militar que sus unidades habían notado la presencia de los trabajadores, pero que estos solo estaban obedeciendo órdenes.
El sargento ROJAS anotó los nombres y apellidos del miembro de nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y de la Iglesia Presbiteriana MOISES CASTRO.
A las 9:50 a.m. el Gobierno Nacional a través de la vicepresidencia informó que el Coronel PADILLA afirmó que la presencia de trabajadores de Urapalma es los límites de la propiedad de ENRIQUE PETRO, precisando que la presencia de las unidades de la Brigada 17 es permanente en razón de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente reiteró que la Brigada 17 no tenía conocimiento de la presencia en el Curvaradó del “grupo de delincuencia común llamado “Aguilas Negras”, aunque se tiene conocimiento de que han hecho presencia en la serranía del Abibe.
A pesar de los requerimientos a las autoridades para evitar los trabajos dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó, más de 50 trabajadores continuaron ocupando ilegalmente y limpiando en el interior las plantaciones de Palma, sin ninguna autorización de sus legítimos y legales dueños.
* Viernes 20 de octubre, desde el medio día se observó la ampliación de la ocupación y de los trabajos de la empresa Urapalma en predios de ENRIQUE PETRO, sin su autorización a menos de 400 metros de la Zona Humanitaria.
Hasta este día se ha ocupado y trabajado ilegalmente en cerca de 25 hectáreas de la propiedad de la familia PETRO.
* Sábado 21 de octubre el semanario El Espectador, en el Informe sobre el proyecto de Ley sobre Desarrollo Rural , titulado “Ley de Tierras podría prestarse para el lavado de activos”, página 4 A afirma que en concepto del Procurador General de la Nación: “pareciera que su principal objetivo (el del proyecto) fuese legitimar los cultivos de palma en territorios de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó, Curvaradó, Alto Mira y Frontera (Chocó), desarrollados sin el consentimiento de sus autoridades legítimas en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos (cultivos de palma)”
* Lunes 23 de octubre a las 9:00 a.m. se logró confirmar que la empresa Urapalma denunció civilmente bajo el radicado “Interlocutorio Civil 104 del 31 de julio de 2006” del juzgado promiscuo municipal de Riosucio” para ordenar un desalojo por ocupación de hecho de la propiedad de la familia PETRO en Territorio Colectivo del Curvaradó, a su legítimo propietario como cabeza de familia e integrante del Consejo Comunitario a ENRIQUE PETRO, a la Hermana CECILIA NARANJO, religiosa de la congregación del Sagrado Corazón, defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz; al sacerdote HENRY RAMÍREZ, religioso de la congregación de los misioneros Claretianos y a las ciudadanas canadienses ANNI JUNBINVILLE y VERONIQUE CLOUTIER de la organización de acompañamiento internacional PASC.
Los nombres precisos con sus documentos de identidad, que sustentan las falsas acusaciones de los empresarios de la palma, junto con algunas de las fotografías que circulan en los despachos de las empresas y en Derechos de Petición, fueron obtenidos por la Policía de Urabá que levantó un acta en presencia de administradores de los empresarios en el mes de abril de 2006.
El mismo día a primera hora, el Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS, ratificó en entrevistas ofrecidas a la emisora “La W” y a la Cadena Super en el programa “La Hora de la Verdad” que devolverán a los afrocolombianos las propiedades colectivas.
Al leer los hechos, solo se puede concluir que la criminalidad no cesa en desarrollar los más diversos mecanismos para acallar la verdad, para impedir el acceso a la justicia, para negar las posibilidades de reparación integral a las victimas de violaciones de derechos humanos, a las víctimas del despojo violento y fraudulento de la propiedad privada y del Territorio Colectivo, a las víctimas primeras de la destrucción ambiental en una región de altísima biodiversidad.
Si para la desterritorialización se uso de la estrategia paramilitar bajo el pretexto de la persecución de la guerrilla, aunque el blanco militar y víctima sistemática de violaciones de derechos humanos fue la población; ahora para la legitimación del crimen y la impunidad el argumento irracional es el progreso, el desarrollo y la inversión privada que posibilitara en alianza con los “propietarios” – aunque no exista devolución – para lograr que estos salgan de la miseria o se reconcilien con sus victimarios en el agronegocio de la palma, del banano o de la ganadería extensiva.
Nuestra Censura Moral ante esta legitimación de las actuaciones CONTRA DERECHO, pues estas solo han sido posibles ante la inacción, la ausencia de celeridad y de efectividad de la institucionalidad para actuar frente a la criminalidad, que incluso, nos atrevemos a afirmar, ha permeado sus propias estructuras.
Todas las recomendaciones, sugerencias, exigencias de los organismos de control del Estado son desconocidas, los mecanismos regionales de protección de Derechos como las Medidas Provisionales son burlados permanentemente. A cualquier afirmación en Derecho de los Derechos por parte de los afrocolombianos argucias lingüísticas para proteger los “privilegios” de quienes usan de todos los medios de la ilegalidad, entre ellos la violencia para imponer sus leyes. Es lamentable observar que una cosa se dice por los medios de información, en la reuniones de seguimiento de las medidas provisionales y otra cosa es lo que pasa en el Curvaradó. Sigue la palma avanzado, se ocupan los predios de afrocolombianos, y continúan las amenazas.
Hoy la situación del Curvaradó evidencia la Erosión del Estado de Derecho, las razones se encuentran en la contundencia de los hechos. Más de 5 años exigiendo el cese de la siembra de palma, 2 años exigiendo el cese de la extracción del fruto, y los empresarios ampliando la siembra, extrayendo el fruto de la palma, mientras a los afrocolombianos se les dilata la devolución de su propiedad.
Años exigiendo suspender la siembra avanza en Playa Roja y el procesamiento en la Extractora Bajirá en Mutatá. Si hoy se evidencia la erosión del Estado de Derecho es por que el uso de la fuerza no está destinado a proteger la vida, la integridad de los derechos de los afrocolombianos. Basta constatar que la fuerza legal mira pasivamente como se ocupan los predios de los campesinos mestizos y afrocolombianos y guardan silencio, justifican o dilatan. El poder de corrupción, de intimidación, de presión empresarial criminal parece ser los que rigen. Basta ver los indicios que llevan a deducir la reingeniería de la estrategia paramilitar, y el uso de las estructuras regulares para operaciones de tipo encubierto. Basta mirar la ausencia de investigaciones prontas y oportunas, sobre hipótesis que comprendan los estructural y sistemático de la violencia expresada en 15 desplazamientos forzados, y más de 113 crímenes cometidos desde 1.996 y observar. O contemplar como el ente investigador se niega a avanzar en las investigaciones frente a la empresas palmeras, su articulación confesada, por sus propios artífices, con las estructuras paramilitares como lo han aceptado VICENTE CASTAÑO y FREDDY RENDÓN a la Revista Semana. O contemplar el absurdo judicial de asumir investigaciones contra las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, las víctimas del despojo, la víctimas de la destrucción ambiental.
A ustedes nuevamente los apelamos en sus responsabilidades éticas y políticas a fin de evitar daños a la vida, a la integridad personal de ENRIQUE PETRO, de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de los acompañantes nacionales e internacionales, ustedes solamente ustedes, tienen la posibilidad de evitarlo, el “desarrollo” no puede sustentarse sobre la sangre, la impunidad y la imposición.
Respetuosamente, requerimos al señor Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS y a la Ministra de Relaciones Exteriores, MARIA CONSUELO ARAUJO,
actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,
dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales
Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo;
actuar frente a la ampliación de siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legítimos propietarios
Respetuosamente, solicitamos al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, le solicitamos respetuosamente actuar
Ordenando de manera INMEDIATA la cadena de custodia de los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico
Trasladando INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., hasta este momento no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso
Con profunda preocupación e indignación ante tanta criminalidad manifiesta, cínica, abierta esperamos la actuación en DERECHO ante los derechos sistemáticamente negados a los afrocolombianos.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ