Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial
Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el que éste se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, las FARC-EP proponen:
1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio. Referido al ordenamiento territorial fundamentado en la más amplia democracia y participación social, para construir una sociedad que supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, estabilizar sus comunidades y realizar un manejo sostenible de su entorno en busca del buen vivir de la población.
Proponemos, convocar un gran debate nacional acerca de la reorganización espacial y territorial y de los impactos socioambientales que viene imponiendo la explotación minero-energética. Abogamos además, por el reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e informada.
2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. Se ha de fundamentar el uso de la tierra considerando su vocación agroecológica, la sostenibilidad socioambiental y la garantía de la soberanía alimentaria, lo cual implicará la actualización y definición precisa de las zonas de reserva forestal y de parques naturales, la protección especial de las fuentes de agua y su uso racional. En los procesos de sustracción de territorios de zonas de reserva forestal se deberá favorecer a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El reordenamiento territorial debe conducir al desestímulo de la ganadería extensiva, liberando no menos de 20 millones de hectáreas para propósitos agrícolas. Se definirá el cierre de la frontera agrícola, aumento de la producción alimentaria, frenar la deforestación y las actividades de extracción minero-energética, especialmente la minería a cielo abierto.
Al respecto, se deberá crear un ente de amplia participación y decisión popular encargado de trazar y establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, y los conflictos que de él se deriven.
3. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles. Reconocimiento del derecho humano al agua y definición de medidas de protección especial o restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos, de las cuencas, los páramos, humedales, fuentes y recursos hídricos en general, así como de las zonas coralinas, entre otros. Abogamos por asuntos de interés nacional como la suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas, orientados a la exportación de energía, como el megaproyecto de El Quimbo.
4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos. En el marco del reordenamiento territorial colocamos como primordial el propósito de la producción agrícola que garantice el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. Se propone el aumento de las áreas efectivamente cultivadas, al menos a 20 millones de hectáreas y se reivindican la economía campesina y sus territorios (Zonas de Reserva Campesina y Zonas de producción campesina de alimentos) como principales productores y abastecedores de alimentos que son.
Los territorios indígenas y afrodescendientes también deben ser considerados territorios de producción de alimentos y ser estimulados con programas específicos.
5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos. El reordenamiento territorial debe contemplar la construcción de nuevos asentamientos para la organización de la producción de bienes agrícolas. Tales proyectos se harían en espacios aledaños a los centros de consumo.
6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población. El nuevo ordenamiento debe poner freno a la expansión desordenada y anárquica de las economías minero-energéticas y extractivistas, estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. Conlleva tomar medidas como la de suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la exploración y la extracción petrolera. Se debe derogar la Resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una importante parte de la región amazónica y un alto porcentaje de zonas de tradición y vocación agrícola.
7. Minería artesanal digna. Pequeña y mediana minería con sostenibilidad socioambiental. Acompañamiento y protección de la minería artesanal con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya economía se concentra en esta ancestral actividad. Se deberán reconocer y legalizar los títulos mineros que están en manos de pequeños y medianos mineros.
8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se propone cesar la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP