Nuevos hechos que expresan el riesgo de daños irreparables para la vida integral

Por primera vez en este año, queremos dejar constancia de nuevos hechos que expresan el riesgo de daños irreparables para la vida integral de los integrantes de las experiencia de población civil en medio de la guerra y de la ausencia de una política de paz que brinde garantías y condiciones para el respeto de la vida.

Santafé de Bogotá, Enero 24 del 2000

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Ministro del Interior

Doctor
LUIS FERNANDO RAMIREZ
Ministro de Defensa

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procurador General de la Nación

Doctor
JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO
Defensor del Pueblo Nacional

Doctor
VICTOR G RICARDO
Oficina del Alto Comisionado de Paz

Reciban un respetuoso saludo.

Por primera vez en este año, queremos dejar constancia de nuevos hechos que expresan el riesgo de daños irreparables para la vida integral de los integrantes de las experiencia de población civil en medio de la guerra y de la ausencia de una política de paz que brinde garantías y condiciones para el respeto de la vida.

No deja de causarnos extrañeza que nuevamente los medios de información masiva sirvan de canal para la difusión de versiones de “Inteligencia Militar” que pretenden comprender sus derrotas militares desde el apoyo que la población civil brinda a la otra parte del conflicto, que se desconozca el aporte que las experiencias de Comunidad de Paz y otras que se desarrollan en el Urabá Antioqueño y el bajo Atrato chocoano fundadas en el Derecho Internacional Humanitario sean deslegitimidas por agentes del Estado.

Nos referimos a la emisión nocturna del noticiero de televisión RCN del 2 de Enero, en la que según la periodista, el comandante de las Fuerzas Militares, FERNANDO TAPIAS STHANLEI, “denunció a RCN que la guerrilla está usando los territorios de paz para preparar sus ataques terroristas” (Ver Anexo 1)

Posteriormente, el comandante de las Fuerzas Militares, envía al director del noticiero de televisión, DANIEL CORONEL, una carta de solicitud de Rectificación de su declaración quedando claro, según el noticiero del 10 de enero que, “el comandante general de las fuerzas militares no denunció a las comunidades de Antioquia y Chocó como sitios en donde las FARC planean ataques terroristas, su testimonio se incluyó erróneamente en la nota.(Ver Anexo 2) La información revelada por este noticiero el pasado fin de semana aparece en un informe de inteligencia militar”

Queda evidenciado que, sin bien el Comandante General no se expresó en ninguna declaración contra las comunidades, el medio de información RCN continúa sosteniendo que la base de la información de la periodista son las Fuerzas Militares, más en concreto “Inteligencia Militar”.

Afirma la periodista que este Informe de Inteligencia Militar, “revela la forma en que las FARC utilizan los territorios de paz de Antioquia y Chocó para realizar actos terroristas. Las comunidades relacionadas en el documento militar son: Caño Seco, Villahermosa, Clavellino, Domingodó, La Marina, Montaño, Nuestra Señora del Carmen, y San José de Apartadó.”

“Según el documento estas poblaciones son zonas limitadas para el control político y armado del estado desde 1997. La población rechaza la presencia de la policía y el ejército. Concluye el informe militar que de esta forma se facilita directa o indirectamente los planes armados de manejo y control de la población campesina por parte de las FARC. Estos territorios son aprovechados como áreas de apoyo logístico, retaguardias o movilidad .

“Según inteligencia, las FARC en la reciente incursión armada en el municipio de Juradó, usaron como rutas de acceso y repliegue los ríos donde paradójicamente están asentadas estas poblaciones”.

El relato de la periodista se apoya con imágenes, al parecer, del Documento de Inteligencia Militar en las que se visualiza el territorio del Bajo Atrato chocoano y se indica “desplazamiento bandoleros,” “concentración bandoleros,” “acción armada,” y “comunidades de paz” y flechas de relación entre ellas y su ubicación con el municipio de Juradó.

Desafortunadamente, las Comunidades no solamente han tenido que asumir los horribles costos de la guerra, sus asesinados, sus desaparecidos, la destrucción de sus proyectos de vida, sus núcleos básicos de organización, sino que las Comunidades organizadas que ya hicieron sus retornos o las que están en proceso de Retorno como las del Cacarica y las de Reubicación como la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, Dabeiba, han tenido que soportar y siguen soportando todos los dardos de “sospecha” por asumir el ejercicio de sus derechos en medio de la guerra, por sustentar sus procesos en los acuerdos básicos de la humanidad, por evitar que la deforestación y la destrucción ecológica se acreciente en sus territorios.

A las comunidades que han sido y siguen siendo víctimas de graves y diversos atropellos por agentes del Estado, por su estructuras paraestatales y por la degradación del conflicto, les asiste el derecho de saber el contenido de un “Informe de Inteligencia” que se ha hecho público a través de los medios de información. Pero les asiste el derecho no solo de conocer el contenido del Informe, sino que la pesada carga que imponen las afirmaciones de dicho informe, debe ser demostrada. Es más, les asiste el derecho de que se pruebe lo que allí se dice y que esta demostración se haga en las condiciones que la razón humana ha construido para que la Verdad resplandezca por encima de la oscura mentira que las estructuras del paraestado han creado. Condiciones como la imparcialidad de los jueces, sustentación en testigos

que no participen dentro de los montajes que se fabrican en instancias militares y paramilitares, como ex guerrilleros que para salvaguardar sus vidas o sus intereses, son usados para acusar a las comunidades o en menores de edad que atraídos por beneficios de cualquier especie se convierten ellos en ingeniosos inventores de “verdades”.

A las comunidades les asiste el derecho a partir de las investigaciones de oficio que se adelanten a conocer los autores del “Informe de Inteligencia”; a las comunidades les asiste el derecho a que el Estado efectivamente reconozca su identidad como población civil y como experiencias de participación civil para afirmar sus derechos en medio de la guerra; a las comunidades les asiste el derecho a que los medios de información del Estado, les brinde las condiciones para expresar su pensamiento, su experiencia de vida en medio del conflicto.

Desafortunadamente no es la primera vez que se realizan tales tipos de señalamientos, basta recordar las afirmaciones del anterior General de la Brigada XVII, MARTIN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL, en el diario El Colombiano, donde hablaba de las repúblicas independientes; coincidente con ella se produjo una carta escrita desde Carepa con fecha del 5 de marzo de 1.999, donde se ataca a las comunidades, a las ONG nacionales e internacionales, con expresiones y dudas similares a las que se expresan en el “Informe de Inteligencia”. No debe pasar desapercibido el hecho de que las comunicaciones paramilitares, coinciden en sus apreciaciones sobre las comunidades con las que se emiten desde las Fuerzas Militares a través de estos “Informes de Inteligencia”

La historia vivida en Colombia evidencia que los “Informes de Inteligencia” han servido para justificar crímenes de lesa humanidad, graves atentados irreparables contra la vida e integridad de comunidades, organismos de derechos humanos, defensores de derechos humanos. Por eso expresamos nuestra profunda censura moral, porque la historia nos permite concluir que esta “Inteligencia Militar” a través de este nuevo Informe, puede o va a derivar en graves atentados contra las Comunidades de Paz, contra los procesos de Retorno, la Comunidad de Vida y de Trabajo, o las experiencias de población civil en medio de la guerra.

Por eso, la presencia y actuación de las estructuras paramilitares en los lugares donde se encuentran las comunidades, preocupa mucho más cuando se conocen nuevos atentados de estos grupos y su presencia en nuevas bases como el sitio Aguas Claras, corregimiento del Dos, municipio de Turbo, donde durante este período se observan cientos de hombres armados.

• Diciembre 12 de 1.999: MANUEL DIAZ JULIO, 27 años de edad, hijo de una de las familias que se encuentran en el proceso de Reubicación que acompaña nuestra Comisión, fue asesinado por los paramilitares en el sitio conocido como Villa Arteaga, ubicado entre Caucheras y Mutatá. MANUEL fue retenido por tres paramilitares quien lo sacaron de una casa pequeña y lo subieron a un vehículo. Su cuerpo fue encontrado a las afueras del pueblo con un tiro en la cabeza, en sus manos se registran marcas de haber sido atado de manos y golpeado.

• El 3 de enero MARCELINO GOMEZ, desplazado de las comunidades organizadas que se encuentran en El Dos, municipio de Turbo, fue asesinado por dos integrantes de los grupos paramilitares, a las 7:15 a.m. en el salón comunitario de las comunidades. Estas familias en situación de desplazamiento son acompañadas por religiosas y religiosos de la Diócesis de Apartadó.

• El 6 de enero, luego del asesinato, las CONVIVIR reúnen a la comunidad desplazada de la cual forma parte MARCELINO, expresándose en contra de las religiosas y afirmando que los apoyos humanitarios para las familias víctimas deben ser a través de la Junta de Acción Comunal. La reunión se realizó en la caseta comunitaria en horas de la tarde

• El día 14 de enero se observa un grupo de paramilitares entre el Bocas del Atrato y Riosucio

• El día 17 de enero fueron asesinadas 3 personas en el lugar conocido como Yarumal

• El día 18 de enero fueron asesinados dos jóvenes en el barrio Uber Quintero. Uno de los jóvenes MARTIN BECERRA MENA, integrante del Grupo de Reubicación que acompaña nuestra Comisión, fue asesinado a las 7:30 p.m. Al lado de él, fue asesinado un joven de quién se desconoce su nombre

Estas acciones de las estructuras paramilitares se vienen implementando contra toda la población en Turbo, es significativa la presencia de integrantes de estos grupos en el casco urbano, en el Puerto, Casanova, El Dos, el Tres, sin que se haga efectiva ninguna acción para prevenir nuevos atentados. Al mismo tiempo, se corrobora que el actuar de las CONVIVIR expresa otro modo de la acción paraestatal, sus abusos contra la población son evidentes.

Pero al mismo tiempo, las conductas omisivas y permisivas de la policía en su responsabilidad de protección y seguridad en los alrededores de la Hacienda “El Cacique” continúan siendo evidentes, incumpliendo los acuerdos suscritos por el gobierno nacional.

A pesar de que se aumentó la presencia policial para labores de control perimetral en la Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica, estos continúan confundiéndose con la población civil ejerciendo sus labores dentro del lugar humanitario, irrespetando los acuerdos entre la comunidad y el gobierno nacional. A cualquier solicitud de respeto a los acuerdos, las unidades de policía dice desconocer lo acordado o expresan su desacuerdo con lo firmado.

• 3 de diciembre a las 10:00 .a.m. un grupo de unidades de la Armada Nacional, vestidos de civil, ingresaron al territorio humanitario de la Hacienda “El Cacique” y se hicieron pasar como integrantes de la Patrulla aérea de Salud de Antioquia.
Luego de que la comunidad expresó que no debían estar allí, se retiraron a la casa de la policía, desde allí ofrecieron servicios de salud y regalos para los niños. Posteriormente, el cabo de la policía LOPEZ BONILLA expresó que no se trataba de la Brigada de Salud sino de la Armada Nacional.

La Armada Nacional hizo presencia con medios de información masiva, uno nacional y otro regional

• 22 de diciembre de 1999: Cuando una de las niñas de la comunidad de desplazados se dirigió al río a lavar los utensilios de cocina, el agente de apellido BUSTAMANTE, la abordó con palabras y actitudes de acoso sexual contra ella. La niña avisó a sus padres y estos a la Comunidad.

• 29 de diciembre a la 1:15 p.m. en reunión con la presencia del Cabo LOPEZ, el SARGENTO RAMIREZ, el Intendente HERRERA , uno de los agentes expresó: “no sabemos cuales son nuestras restricciones, a mi me mandaron aquí a cumplir con mis funciones”.

Sin embargo, a raíz de la convivencia muy cercana con los damnificados de Cupica, se les ha solicitado responder a sus compromisos y han manifestado que, estos no se pueden cumplir hasta tanto no se vayan los damnificados por la emergencia invernal

• 1 de Enero, se escuchan dos tiros de arma de fuego a las 12:15 a.m. y treinta minutos más tarde por algún agente de policía.

• Al mismo tiempo, las vallas elaboradas por la comunidad para distinguirse como población civil en un terreno humanitario ha generado reacciones negativas de las unidades de policía quiénes han hecho mofa de las mismas.

• 10 de enero, uno de los agentes de Policía en reunión con la comunidad analizando el problema de las vallas y la necesidad de utilizar los faros de luz hacia el exterior expresó: “una cosa es lo que firmaron en Bogotá”.

• A raíz de la catástrofe invernal que desplazó a los pobladores del casco de Bahía Cupica a la “Hacienda El Cacique”, la situación de tensión de los desplazados ha aumentado significativamente. Integrantes de los grupos paramilitares han ingresado el 8 de noviembre a las 2:00 p.m. ; el día 15 de diciembre a las 6.00 p.m. y desde la llegada de los damnificados se ha visto el ingreso de armas, sin que haya existido alguna reacción de las unidades de policía.

Casos ocurridos en la Cuenca del Cacarica:

• El 3 de noviembre a la 5:30 p.m. en la Finca “Argelia”, ubicada en el sitio conocido como La Raya, corregimiento de Perancho, tres milicianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, asesinaron a ROBISON SERNA y WILSON PALACIO MOSQUERA con tiros de revólver.

Casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó:

• 12 de enero DUVALIER TORRES, menor de edad, y WILSON MARTINEZ PATERNINA, 24 años de edad fueron asesinados en la Vereda “El Cuchillo”, ubicada a 45 minutos del casco urbano de San José de Apartadó. Los dos asesinados son pobladores del corregimiento pero no forman parte de la Comunidad de Paz. Los asesinatos fueron cometidos por integrantes de las FARC.

Ante todos estos hechos respetuosamente a todos ustedes les expresamos, que no basta con una rectificación sobre una fuente de información, cuando existe un “Informe de Inteligencia” que coloca a las comunidades ante la opinión pública como parte de la estrategia de una de las partes de la guerra; se requiere mucho más: conocer la verdad, conocer las pruebas y eso solo es posible cuando exista la justicia; pero más allá de esto, se requiere una expresión efectiva de acción frente al paraestado de modo que se eviten nuevos atentados contra las comunidades, y finalmente, un efectivo desarrollo de la política de paz que coloque en su justo lugar a estas experiencias de la población civil.

Consideramos, que el conjunto de todos los hechos debe leerse e interpretarse en el marco originante de los derechos humanos, cuyas responsabilidades fundamentales recaen en el Estado, sin negar las responsabilidades del otro actor en conflicto. Cuando el estado justifica su accionar por encima de los principios del derecho se ilegitima y se convierte en instancia criminal, a través de actuaciones como “Informes Inteligencia” o el mantenimiento de las estructuras del paraestado.

Desde el año 1.997 y cada vez con mayor intensidad, las Comunidades de Población Civil organizada que ejerce sus derechos en medio de la guerra, llevan a cuesta los señalamientos de ser “colaboradores de la insurgencia”, “de ser repúblicas independientes” y son miradas con recelo por las autoridades militares y las autoridades civiles de la región, desconociendo el derecho de ser Población Civil. Hoy es cada vez más claro que los campesinos víctimas de la guerra que se organizan para no perder sus vidas en los suburbios de las ciudades, tienen que soportar estos señalamientos. Lamentablemente, estos van acompañados, tarde o temprano, de la muerte y el desarraigo.

Respetuosamente dejamos en sus manos todas estas consideraciones como constancia y censura moral, antes de que se consuman nuevos y graves atentados contra estas comunidades, justificados por las acciones de la “Inteligencia Militar” y ejecutados por las estructuras clandestinas del paraestado que atentan contra la población.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ