Nuevas exigencias de control de tipo paramilitar a la población del Cacarica
Desde hace seis años con el desarrollo de la Operación militar Génesis, entre el 24 y 27 de febrero de 1.997, al mando del General RITO ALEJO DEL RIO, comandante de la Brigada XVII, durante el periodo del Presidente ERNESTO SAMPER PIZANO, con unidades de “civiles” que participan en las estructuras militares encubiertas como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, bajo pretexto de una confrontación al Frente 57 de las FARC EP, se ha desatado una estrategia criminal que continúa extendiéndose, ampliándose, cualificándose generado el exterminio, la persecución de comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas.
Pasó el gobierno del P. ANDRES PASTRANA ARANGO, se inició el de ALVARO URIBE VELEZ y se percibe una línea de continuidad geométrica en relación con esta estrategia criminal. Ellos a pesar del conocimiento de las situaciones presentadas o de sus responsabilidades y posibilidades de actuación para evitar nuevos atentados a la vida, y a la integridad personal y de tomar las decisiones administrativas, no han querido actuar. El Bajo Atrato es casi un territorio desolado, el control militar paraestatal integral sobre la población es visible, hoy son cada vez menos quienes dentro de su territorio afirman su derecho a la vida y al territorio asumiendo su identidad como población civil. En el Cacarica se evidencian hoy los destrozos del formal Estado de derecho, la abdicación de las autoridades judiciales y de control, la ley del silencio ante el exterminio, las nuevas formas de esclavitud asociada a la imposición de proyectos agroindustriales ilegales en relación con la ley 70, ilegítimos en relación con los derechos de los empobrecido y de los excluidos por parte de empresas como Maderas del Darién, que usan el engaño para desolar de cativos los bosques de las comunidades afrodescendientes. Hoy el bloqueo armado genera la necesidad de ceder a las pretensiones de los desplazadores, anuncian e implementan el tiempo del progreso con la Palma Aceitera y la Coca.
1. Miércoles 12 de febrero, en el municipio de Riosucio, autoridades locales, entre ellos el Alcalde RICARDO VICTORIA, al preguntar por la situación del Cacarica, manifestó su extrañeza porque no se haya realizado la incursión paramilitar, anunciada para el mes de enero o febrero. La primera autoridad del municipio expresó que en el Cacarica la cosa iba a empeorar, que se iban a tomar medidas fuertes de control.
2. Domingo 16 de febrero, civiles “armados” que forman parte de la estrategia militar encubierta, reunieron en el municipio de Turbo a transportadores fluviales que prestan su servicio en la región del Cacarica. Allí, el coordinador de la reunión, un paramilitar apodado “El Paisa” les anunció que el impuesto que se cobra a los pobladores y transportadores se modificaría, tanto como el reporte a los puestos de control. El armado afirmó que hasta la fecha toda carga de bienes y de pasajeros debería presentarse a la Comandancia en la base de La Balsa, caserío del Territorio titulado colectivamente a los afrodescendientes del Cacarica, pues esta prohibido el ingreso por Puente América y El Cirilo, puntos de acceso a las zonas humanitarias.
Todas las embarcaciones tipo chalupa que llevan bienes y servicios a la cuenca del Cacarica han sido detenidas en los puesto de control de tipo paramilitar, exigiendo el recibo de pago y el nombre de los compradores.
3. Lunes 17 de febrero, en horas de la tarde, se realizó una segunda reunión, en esta ocasión con el comandante apodado “Mario”, en el caserío La Balsa. Este armado que participó en las operaciones conjuntas con unidades militares de la Brigada XVII, desplegadas contra las comunidades del Cacarica en junio del 2001, anunció a los transportadores fluviales que se abría la circulación nuevamente por El Cirilo, que la cuota por el transporte de cada palo de madera, bulto de maíz era de $1.500 pesos (U.S $ 5), y el tope de transporte de mercados familiares de $40.000 pesos (U.S $ 15). Agrego en dicha reunión que de incumplirse las ordenes, los responsables del transporte y los beneficiarios se verían en problemas.
De acuerdo con la versiones recaudadas la base armada encubierta se mantiene en el sitio de La Balsa y en La Clarita, en donde aun se mantienen campamentos de la Empresa Maderas del Darién. Al mismo tiempo, se confirmó que a los pobladores de La Balsa se les han prohibido las salidas del lugar, en casos excepcionales, de autorizárseles una salida, deben regresar en menos de 24 horas, de lo contrario sufrirán las consecuencias. Allí mismo, los armados reiteraron la prohibición, que desde hace cerca de un año impusieron, de sostener cualquier contacto con los habitantes de las zonas humanitarias del Cacarica, mientras sigue el corte ilegal de madera, la siembra de Palma Aceitera y de Coca.
4. Miércoles 19 de febrero, en horas de la mañana, un grupo de pobladores de la región que se movilizaron por el Atrato constataron la extensión del control de tipo paramilitar de Tumaradó a Sautatá y desde este punto sobre el Atrato hacia el sitio conocido como Letras y el salto Música y Cristales, que limitan entre el Parque Nacional de los Katíos y Cacarica, paso hacia Panamá y de control sobre las zonas humanitarias, en particular la de Esperanza en Dios. De acuerdo con la información recaudada hay una fuerte presencia armada de tipo paramilitar. De este modo, las zonas humanitarias se encuentran cada vez mas sitiadas por el río Atrato, la Zona Humanitaria de Nueva Vida por la base de La Base paramilitar de La Balsa y Esperanza en Dios por el control desde Sautatá hasta las caídas de agua natural.
5. Jueves 20 de febrero, nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ, conoció de una entidad humanitaria de Panamá que presta servicios legales de asistencia que LEONARDO LOPEZ, miembro de CAVIDA, que desde octubre 2 salió hacia Boca de Cupe, se encuentra detenido en el centro carcelario de La Joya de Pacora en Panamá. El abogado logro contactar personalmente a LEONARDO LOPEZ en la segunda quincena de febrero, (IE 13, Panamá/Cacarica, 14/02/03), aun se desconoce los motivos por los que su presencia en un centro carcelario fue negada a sus conocidos más cercanos. También se confirmó que JORGE PINO afrodescendiente del Cacarica, también se encuentra detenido, al parecer en el mismo lugar.
6. Martes 18 de febrero, nuestra Comisión JUSTICIA Y PAZ, conoció que integrantes de las comunidades indígenas Kunas y pobladores de Arquía, municipio de Ungía, donde existe una presencia militar regular y de los “civiles” armados, fueron amenazadas y agredidas, entre ellos siete Kunas adultos y dos niños, que ante la presión armada encubierta de tipo paramilitar buscaron refugio en Panamá, en un lugar cercano al resguardo de Ustupu en Kuna Yala.
7. Viernes 21 de febrero, a raíz de las amenazas de incursión paramilitar y de amenazas de muerte a los habitantes del Cacarica y de otros poblados que se encontraban en el punto conocido como Punusa, en el vecino país de Panamá, la mayoría de las familias se desplazaron a los alrededores de Boca de Cupe, con el temor que sean deportados nuevamente a Colombia. Del total de familias que se encontraban en Punusa, solamente tres familias de los afrodescendientes, 30 personas, permanecen cerca de su lugar de refugio en Panamá, ocultos entre la selva esperando que cesen las amenazas y el movimiento armado de tipo paramilitar contra las comunidades.
Los armados en la estrategia militar encubierta se encuentran por el río Tuira, movilizándose de Sautata, Ungía, Paya donde realizaron una incursión asesinando a 4 líderes indígenas (Sailas), en su paso por los poblados han amenazado de muerte a las comunidades, obligando al desplazamiento disperso y silencioso, entre ellas las 35 familias que buscan refugio en Panamá.
Desde el inicio del retorno por etapas en el 2000 con acuerdos firmados por las Altas Autoridades del Gobierno y del Estado, las acciones de control y de represión de tipo paramilitar se han incrementado, se han cualificado y se han extendido en el entorno de las comunidades que habitan las Zonas Humanitarias de “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, ahora agravadas por la situación fronteriza donde algunas familias buscaron refugio.
A pesar de la solicitud de adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 17 de diciembre de 1.997 hasta hoy, es persistente La situación de riesgo de las comunidades afrodescendientes y mestizas que ha sido conocida por el gobierno nacional, danos irreparables se han producido con asesinatos, con desapariciones forzosas; a impunidad en la operación Génesis, sobre la que no existe investigación alguna, sobre los crímenes cometidos que se encuentran, si acaso en etapa preliminar, otros extraviados, y dispersos en distintos despachos donde se apolillan y se borran con el tiempo, las pocas pruebas que han pretendido ser recaudas han utilizado procedimientos y mecanismos carentes de principios éticos como el respeto a las víctimas, la exclusividad de la sustentación de la prueba en el testimonio, el uso de los estímulos y de prebendas para involucrar a los testigos con las unidades militares de la región; hasta el momento, la Resolución del Defensor Nacional del Pueblo ha sido desconocida pues las operaciones de tipo armado encubierto a través de “civiles” armados continúan su marcha y su centro de operaciones en La Balsa; las posibilidades de sobrevivencia física se agotan por el bloqueo económico y la implementación de la deforestación ilegal y el inicio de la siembra de Palma Aceitera, por la imposibilidad de uso de los medios de protección natural en la selva y del refugio en Panamá. Hoy seis años después solo queda decir que las estructuras armadas encubiertas se han fortalecido.
Nadie, absolutamente nadie en Derecho ha querido hacer nada de fondo, el miedo o la simple comodidad, lo que evidencia una complicidad con la decisión, con una política criminal sucesiva en el tiempo de persecución a la población civil, que expresa sus sistematicidad en el modo de operación y de cualificación para matar asesinando y desapareciendo, para matar colonizando el alma, para matar posesionando el territorio colectivo. Por eso los sobrevuelos que se vienen adelantando en la zona humanitaria desde mediados del mes de enero son el signo que las operaciones militares son OMISIVAS frente a las bases militares encubiertas en La Balsa y el transito armado por Ungía, Sautatá, Tumaradó y el Parque Nacional de los Katíos, esas fantasiosas acciones, permiten decir a la comunidad internacional con desparpajo de cinismo que existe operativos de la Brigada XVII y del Batallón fluvial que han logrado la seguridad y la protección, por lo que han ACTUADO, ahora no OMITEN sino ACTUAN pero no enuncian por supuesto en defensa de quien y para que … la seguridad ahora llamada democrática.
Bogotá, Marzo 01 del 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ