Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos
La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado
. Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. ACSN ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos. Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:
El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: “ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre”.
Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: “tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo”.
Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación. El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que “…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben”.
Dichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos. Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.
La violencia y los atentados en contra del las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en Santiago de Cali el 13 de julio. Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de COPDICONC, señalándolos como “guerrilleros” mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían. Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de COPDICONC. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.
El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos. Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales. Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.
Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos. El congreso de EE.UU. debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que “los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades”.
ACSN recomienda que el Departamento de Estado y el congreso de los EE. UU. le urjan al gobierno colombiano que:
· (a) implemente el Auto 005 y Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional (b) cree medidas de protección diferenciales y colectivas con son consultadas con los consejos comunitarios y organizaciones (c) se comunique con la alcaldía de Suárez, Cauca y demande sacar las retroexcavadoras que hay en el territorio y la adopción de medidas para prevenir la llegada de nuevas y (d) reconozca la ruta de protección del territorio tradicional.
· El Ministerio del Ambiente respete los derechos ambientales de las comunidades.
· El Ministerio de Defensa decomise las ocho retroexcavadoras en el territorio colectivo de La Toma.
· La Alcaldía de Suárez (a) defienda la autoridad del Consejo Comunitario de La Toma ante los intereses privados e inversionistas y (b) demande que la Fuerza Publica decomise las ocho retroexcavadoras.
· La Procuraduría General de la Nación (a) investigue y sancione a todos los funcionarios que otorgaron títulos o concesiones violando los derechos de las comunidades y (b) abra una investigación a la alcaldía y secretario de gobierno de Suárez y demás funcionarios gubernamentales por permitir la minería ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.
· La Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal a los dueños de la maquinaria y a todas las demás personas que han permitido o consentido la entrada, presencia y actividad ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.