Nuevo reclamante de tierras amenazado de muerte
Amenazas de muerte a un reclamante de tierras en Curvaradó y seguimientos, hostigamientos a la familia de Manuel Ruíz reflejan la capacidad de control de estructuras paramilitares en el eje bananero y el bajo Atrato.
Belisario José Marzan Montaño, integrante del Consejo menor de Caño Claro, cuenca de Curvaradó, fue amenazado de muerte por segunda ocasión por empresarios ganaderos de la familia Ramírez.
“Si no se sale del territorio, lo pelamos”, esa fue la amenaza que conoció Belisario proferida por el ocupante de mala fe, el empresario William Ramírez, la que le obligó por tercera vez a desplazarse.
Belisario regresó a Curvaradó donde ha habitado su familia por 30 años en una propiedad de 80 hectáreas el pasado mes de marzo, luego de permanecer desplazado por cerca de un año.
En abril de 2011 ocupantes de mala fe de predios colectivos, le amenazaron ese año, luego de su regreso en 2007. En esa ocasión el empresario ganadero William Ramírez, le envió el siguiente mensaje con sus trabajadores: “le manda decir, mi patrón, que se merece el tiro de una AK o de un gabin”.
Con las amenazas, los trabajadores del empresario destruyeron 2 hectáreas de cultivos de yuca y árboles maderables del integrante del consejo comunitario.
Belisario a raíz de esta amenaza se vio obligado a desplazarse a Chigorodó. Ese año denunció ante la fiscalía seccional las amenazas.
Con el desplazamiento de estos días, confiando en un avance de la investigación, Belisario fue a colocar la denuncia por los nuevos hechos. El integrante del consejo comunitario se encontró con dos sorpresas. El sistema SPOA y el SIFUF de la Fiscalía no registró ninguna denuncia por los hechos de 2011 y los funcionarios le sugirieron dirigirse a la fiscalía seccional de Rio Sucio, distante a 7 horas, para la nueva denuncia.
Patricia Sánchez, Adalbis y Marisel Ruíz familiares de los asesinados Manuel y Samir Ruíz, el primero de ellos, reconocido reclamante de tierras de Curvaradó, han sido objeto de seguimiento y de hostigamientos de hombres con radios de comunicación en el municipio de Apartadó en donde se encuentran en condición de desplazamiento desde hace 12 días.
Con Belisario son ya 49 reclamantes de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó los amenazados. Los modos de operación paramilitar, las pretensiones y sus motivaciones reflejan que se trata de un plan criminal sistemático para asegurar la definición del uso de la tierra a fin con los intereses de los empresarios, ocupantes de mala fe, y beneficiarios de operaciones paramilitares y fraude procesal.
La continuidad de las amenazas refleja la ausencia de medidas de investigación eficaces para desmontar la estructura criminal, sus beneficiarios y la responsabilidad estatal en estas operaciones. La actuación abierta de paramilitares no ha podido ocurrir sin la complicidad de estructuras de la brigada 17 y la policía de Urabá, como lo corroboran decenas de testimonios. El gobierno nacional no ha adoptado medidas eficaces de protección a los reclamantes de tierras de predios colectivos.
Bogotá, D.C. Abril 13 de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz