Nuevo informe revela que investigaciones espurias intentan silenciar a activistas Colombianas
El Estado Colombiano acusa a Defensores de Derechos Humanos Sin Fundamento
Nuevo informe revela que investigaciones espurias intentan silenciar a activistas.
(English version below)
(Nueva York y Bogotá, el 24 de febrero, 2009) – Las investigaciones criminales sin fundamento por parte de fiscales ponen en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos colombianos e intentan desacreditar sus labores, anunció la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First, en un nuevo informe.
“En un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante,” declaró el informe.
El nuevo informe, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: presos y señalados en Colombia, publicado hoy, documenta 32 casos particulares de procesos penales infundados en contra de defensores de derechos humanos. Por primera vez, este informe indica que el problema es sistémico e incluye un análisis detallado de los alegatos de la defensa, las resoluciones de los fiscales y las sentencias.
“Los fiscales lo hacen al revés. En vez de abrir casos de cargos espurios en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia Colombiana,” señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos. “La acusación sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado que requiere una respuesta comprehensiva del Estado.”
Si bien no sólo los defensores son investigados falsamente, su persecución como grupo se distingue por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras con base en el testimonio falso de excombatientes y archivos de inteligencia inadmisibles como evidencia. Mientras que los fiscales locales son los que llevan a cabo estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación, también resulta responsable por su inactividad frente a esta práctica tan generalizada. Además, el gobierno colombiano es responsable por hacer declaraciones públicas que fomentan ataques contra los defensores de derechos humanos.
Pese a que existe un nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, la detención arbitraria de los activistas de derechos humanos continúa. En casi todos los 32 casos documentados en este informe, un fiscal o juez que revisó el caso posteriormente, declaró que la investigación nunca debió haber sido iniciada e incumple con los estándares mínimos del debido proceso.
Sin embargo, cuando las investigaciones son finalmente precluidas, los defensores de derechos humanos pueden haber pasado meses o años defendiéndose y quedan estigmatizados peligrosamente como terroristas o guerrilleros. Existen casos de defensores de derechos humanos que fueron puestos en libertad tras acusaciones falsas, y luego fueron atacados o incluso asesinados por paramilitares u otros grupos armados.
“Los procesos penales infundados deben ser evitados antes de que el daño esté hecho,” indicó Hudson. “Es tiempo que el Fiscal General introduzca reformas para enfrentar la corrupción y los fiscales que exceden sus funciones.”
Entre muchas otras recomendaciones, el informe insta a que las autoridades Colombianas:
* delegar a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para que revise todas las investigaciones criminales en contra de defensores de derechos humanos, y cierre aquellas que resulten infundadas, como también poner en libertad inmediatamente a todos los defensores detenidos injustamente;
* abran procesos penales en contra de los fiscales que hayan violado la ley al investigar infundadamente a defensores de derechos humanos;
* cesen el uso de testimonios coaccionados o preparados por los fiscales y de archivos de inteligencia como base para abrir investigaciones criminales en contra de los defensores; y
* se abstengan de hacer declaraciones que señalen como guerrilleros, a quienes realizan el trabajo de defensa de los derechos humanos.
“Como uno de los principales financiadores de las reformas judiciales, el gobierno Estadounidense puede y deber jugar un papel en ayudar a Colombia a poner un fin a esta peligrosa práctica,” indicó Hudson. La legislación de los Estados Unidos que regula la ayuda externa a Colombia para el 2008 designó US$20 millones a la Fiscalía General como parte de más de US$500 millones de ayuda.
Las recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos presentadas en el informe incluyen:
* USAID y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben apoyar al Fiscal General de Colombia en su veeduría y seguimiento de todas las investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos; y
* El Congreso estadounidense debe, en las leyes que regulan la asistencia económica a Colombia, condicionar tal asistencia a que las Fuerzas Armadas de Colombia no participen en violaciones de derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos.
Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos. Docenas de defensores son asesinados cada año, incluyendo sindicalistas, abogados, líderes indígenas, miembros de organizaciones no-gubernamentales, y líderes comunitarios y religiosos.
Para más información, contacte a:
Andrew Hudson en Colombia (Inglés, Español): hudsona@humanrightsfirst.org + 57 313 787 1339
Krista Minteer (Inglés): minteerk@humanrightsfirst.org +1 212 845 5207
Lea el informe: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colombia-esp.pdf
Lea el resumen ejecutivo: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colom-1pager-esp.pdf
Más información sobre el informe: http://www.humanrightsfirst.org/defenders/reports/index.aspx
Human Rights First es una organización internacional de derechos humanos que protege a las personas en peligro: a los refugiados que huyen de la persecución, a las víctimas de crímenes contra la humanidad u otras atrocidades masivas, a las víctimas de discriminación, a aquellos cuyos derechos son vulnerados en nombre de la seguridad nacional, y a los activistas de derechos humanos que por su defensa de los derechos de otros son blancos de ataques. Human Rights First no acepta aportes de gobiernos.
Colombian Officials Target Human Rights Defenders with Baseless Prosecutions
New Report Reveals Attempts to Silence Activists through the Courts
February 24, 2009, New York and Bogotá—Malicious criminal investigations by prosecutors are endangering Colombian human rights defenders and undermining their work, according to a new report by a leading human rights organization, Human Rights First.
“In a criminal justice system plagued by impunity, the tenacity with which Colombian prosecutors pursue human rights defenders for supposed crimes is striking,” the report finds.
The new report, Baseless Prosecutions of Human Rights Defenders in Colombia: In the Dock and Under the Gun, released today, documents 32 recent cases of unfounded prosecutions against defenders. The report contains the most comprehensive accounting to date of the scope of the problem, based on detailed analysis of court documents and interviews with government officials and human rights defenders.
“Prosecutors have it exactly backwards. Instead of bringing trumped-up charges against human rights defenders, officials should recognize that these activists strengthen Colombian democracy,” said Andrew Hudson, Senior Associate in the human rights defenders program. “The baseless prosecution of human rights activists as terrorists is a widespread problem that requires a comprehensive response from the government.”
While human rights defenders are not alone in being subjected to false investigations, their harassment is distinctive due to the nature of the charges and the methods of collecting, and falsifying, evidence. Prosecutors usually accuse defenders of rebellion and membership in a guerrilla organization, using false testimony from ex-combatants and inadmissible intelligence reports. While local prosecutors carry out these investigations, the institution of the Prosecutor General is also to blame for failing to address such a widespread practice. The Colombian government also bears responsibility for inflammatory statements that encourage the targeting of human rights defenders.
Despite a new criminal procedural code, the arbitrary detention of human rights activists continues. There is, however, a growing awareness among judges and senior prosecutors that these cases are spurious. In almost all of the 32 cases documented in the report, a prosecutor or judge eventually found that the investigation should never have been initiated and failed to comport with even basic notions of due process.
However, by the time the charges are dismissed, human rights defenders may have spent months or years defending themselves, and remain dangerously stigmatized as terrorists or guerrillas. Activists have been released from jail following false accusations, only to be attacked or even killed by paramilitaries.
“Baseless prosecutions must be prevented before the damage is done,” said Hudson. “It is time for the Prosecutor General to create safeguards against corruption and overzealous prosecutors.”
Among many recommendations, the report urges that the Colombian authorities:
* Empower the human rights prosecutor to review all criminal investigations against human rights defenders, close those that are unfounded, and immediately release those in detention;
* Prosecute officials found to have violated the law in falsely investigating human rights defenders;
* Stop using coerced and coached witness testimony and intelligence files as a basis to initiate criminal investigations against defenders; and
* Refrain from public statements that falsely link human rights advocacy to terrorism.
“As a major financial supporter of judicial reform, the U.S. government can and must play a role in helping Colombia to end this dangerous practice,” said Hudson. U.S. appropriations legislation for 2008 earmarked $20 million for the Office of the Prosecutor General, as part of more than $500 million in aid.
Recommendations for the United States government include:
* The US Agency for International Development (USAID) and the Department of Justice should fund the Colombian human rights prosecutor to vet specious prosecutions of defenders; and
* The U.S. Congress should include in appropriations legislation a condition that the Colombian armed forces are not involved in violations against human rights defenders.
Colombia is one of the most dangerous states in the world for human rights defenders. Dozens of human rights defenders are murdered every year, including labor rights activists, lawyers, indigenous leaders, members of nongovernmental organizations, and community and religious leaders.
For further information contact:
Andrew Hudson hudsona@humanrightsfirst.org + 57 313 787 1339
Krista Minteer minteerk@humanrightsfirst.org + 1 212 845 5207
Read the report: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colombia-eng.pdf
Read the Executive Summary: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colom-1pager-eng.pdf
More information about the report: http://www.humanrightsfirst.org/defenders/reports/index.aspx
Human Rights First, formerly the Lawyers Committee for Human Rights, was established in 1978 and is a leading international human rights organization based in New York. We protect individuals at risk: refugees fleeing persecution, victims of crimes against humanity, human rights activists who are attacked for defending the rights of others and individuals whose human rights have been eroded in the name of national security. We accept no government funds.
Andrew Hudson
Senior Associate – Latin America
Human Rights Defenders Program
Human Rights First
Tel: + 1 212 845 5278
Fax: + 1 212 845 5299
Skype: andrewhudsonau
Email: HudsonA@HumanRightsFirst.org
http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hr_defenders.asp