Nuevas evidencias de seguimientos al CCajar
Un micrófono encontrado hace pocos días en el vehículo del esquema de protección asignado por el Estado colombiano para su protección al reconocido defensor de derechos humanos Rafael Barrios Mendivil, Presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), y hostigamientos contra su familia dejan en evidencia que no han cesado las acciones ilegales de seguimiento, intimidación e interceptación en Colombia.
Defensores de derechos humanos | Bogotá Distrito Capital |
El 10 de mayo la señora Kimberly Ann Stanton de nacionalidad estadounidense, esposa de Sr. Barrios y directora ejecutiva de la Consejería en Proyectos/Project Counselling Service (PCS), recibió en su teléfono un mensaje de voz que reproducía una conversación privada, que pocos días antes, ella había sostenido con su esposo al interior del referido vehículo del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia.
El mensaje dejado en el teléfono de la señora Stanton, estuvo precedido de una serie de llamadas de un número desconocido que ella no contestó. Posteriormente se conoció que las llamadas se originaron desde un teléfono de cobro por minutos localizado en Turbo (Antioquia).
La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia del caso y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) ordenó el 13 de mayo la inspección judicial del vehículo del señor Barrios, encontrando en su interior un micrófono, cuya procedencia se desconoce.
Es de recordar que el CAJAR había devuelto, el 7 de abril, los elementos de su esquema de protección manejados por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Se entregaron cuatro de los siete vehículos asignados y se suspendió la presencia de efectivos del DAS en los vehículos.
“La devolución del esquema de seguridad, respondió a que, en base a las investigaciones adelantadas en Colombia por las actividades del DAS, hemos tenido conocimiento que el programa de protección al CAJAR se ha utilizado en su contra, como lo muestran los procesos judiciales contra altos funcionarios del DAS entre 2002 y 2005”, explicó Barrios.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo tiene desde hace 10 años medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ha puesto en conocimiento de ésta el “ambiente de alta crispación contra los miembros del Colectivo, originado tras la condena de 35 años de prisión impuesta el pasado 29 de abril de 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales”.
Kimberly Stanton y Rafael Barrios han solicitado a las autoridades investigar, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos intimidatorios; mejorar el esquema de seguridad como se ha solicitado al Ministerio de Interior y de Justicia; y garantizar el trabajo legitimo de los defensores de derechos humanos, propio de un estado moderno de derecho, como lo ha anunciado públicamente el presidente Juan Manual Santos. [[[1] El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos prometió fortalecer la protección a los defensores de derechos humanos, al expresar su preocupación este viernes por amenazas contra la organización no gubernamental estadounidense Wola y otros grupos colombianos”. Gobierno colombiano preocupado por amenazas a defensores de derechos humanos. Despacho Agencia Francesa de Prensa (AFP), 22 de octubre de 2010.]]
“Solicitamos que la sociedad colombiana conozca de parte de las autoridades los pasos concretos y demostrables que se tomarán para poner fin -de una vez por todas- a estas prácticas ilegales de seguimiento e interceptación de los y las ciudadanas de este país, y los internacionales que se encuentran dentro de sus fronteras”, añadieron los afectados.