Nuevas amenazas en contra de miembros del Movimiento Nacional de Víctimas, capitulo Sucre
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de la persecución de tipo paramilitar de la que son blanco los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice- Sucre- La ausencia de voluntad política para derruir la impunidad y desmontar estructuralmente el enquistamiento del paramilitarismo en lo militar-policial, en lo político, en lo económico, en lo social y en el aparato judicial en Sucre, continúa propiciando el riesgo a la vida e integridad de personas y de organizaciones que ejercen una afirmación integral de sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral.
Bogotá, D.C. Marzo 26 de 2010
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMÚDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
FERNANDO PAREJA REIMER
Vice-Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Pero tú, Señor estás siempre conmigo… los que me persiguen caerán, y no podrán vencerme; fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable” Jeremías 20.11.
Las estructuras paramilitares permanecen y tienen el mismo control que ostentaban antes de la desmovilización con modificaciones en su modo de operación para sostener el proyecto de poder social territorial. Un signo innegable de esta condición han sido las operaciones recientes previas y el mismo día de las elecciones, el pasado 14 de marzo, en las que se partidos que apoyan al presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ lograron sostener y ampliar su proyecto político de mano de estructuras ilegales.
Pese a que el ex – gobernador de Sucre, SALVADOR ARANA fue condenado a 40 años de prisión como determinador de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado por el asesinato del ex alcalde del Roble TITO EULALIO DIAZ y como coautor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, las operaciones para estatales continúan sosteniéndose, renovándose y expandiéndose.
Por su parte, el defensor de Derechos Humanos CARMELO AGAMEZ, quien se encuentra privado de la libertad por un absurdo proceso judicial en el que se le acusa de hacer parte de estructuras paramilitares, y sobre el cual la Fiscalía General de la Nación no ha resuelto la apelación que se interpuso contra la resolución de acusación que lo llama a juicio en diciembre pasado.
Ante ustedes los fundamentos de nuevos hechos que muestran la continuidad de un patrón de persecución integral
* Martes 16 de febrero a las 2:00 p.m. vecinos del barrio donde habita INGRID VERGARA y su familia en el municipio de Sucre informaron y constataron que dos hombres de civil en una moto marca Yamaha de alto cilindraje, de color blanco y sin placas, circularon en el lugar y preguntaron el lugar de residencia de esta defensora de derechos humanos.
Los hombres afirmaron que buscaban a INGRID porque tenía medidas de protección y que querían hablar con ella. Sin embargo, para los vecinos les era extraño y dudoso que si se trataba de agentes estatales estuvieran en una moto sin placa.
* Miércoles 17 de febrero a las 9:28 a.m. INGRID VERGARA recibió una llamada del número 313-5757439 a su celular 312-4547759 con el siguiente mensaje amenazante: “quédate quieta, perra hijo de puta, te gustó el mensaje que te mandamos.”
La llamada se hizo de un teléfono público cerca del banco Davivienda, en el centro de Sincelejo.
Este mismo día JUAN DAVID DÍAZ CHAMORRO conoció que el juez primero especializado de Sincelejo GERLAS CAICEDO, en la sentencia proferida contra los paramilitares CARLOS VERBEL VITIORA Y ELVIRA ANAYA como autores materiales del asesinato de su padre EULALIO DÍAZ resolvió la apertura de investigación en su contra por el delito de concierto para delinquir.
En la sentencia el juez ordenó en el punto 11:” Por secretaria compulsase las copias que vienen ordenadas en la parte motiva de esta sentencia, y envíense a la Dirección Seccional de Fiscalías de esta ciudad, para que un Fiscal competente inicie si a ello hubiera lugar la correspondiente investigación penal en contra del señor JUAN DAVID DÍAZ CHAMORRO por el delito de concierto para delinquir.”
En varias declaraciones EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ alias “Chino” sostuvo falsamente en el proceso penal ordinario en su contra por el que fue condenado a 35 años de prisión, así como, en las versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz en Barranquilla que, JUAN DAVID era parte de las estructuras paramilitares de Sucre.
* Miércoles 2 de Marzo a las 6:10 a.m. mientras CENDY PAOLA TORRES VERGARA, hija de INGRID VERGARA, se dirigía a su colegio, vecinos y familiares se percataron de la presencia de un hombre que vestía un sweter de rayas rojas que se movilizaba en una motocicleta Boxer de color negro y de placas SAP71B, realizando un seguimiento al automotor donde ella se trasportaba.
Nuestra constancia frente a este nuevo hecho de hostigamiento que se suma a las múltiples denunciados en el caso de Ingrid Vergara y sobre las cuales no existen avances reales en las investigaciones; estas se caracterizan por su falta de resultados concretos y por la ausencia de sistematicidad.
Nuestra Censura Ética ante la ineficacia institucional para generar garantías a la vida, a la libertad de expresión, de asociación de las y los defensores de derechos humanos en Sincelejo, en particular, los integrantes del Capítulo Sucre del Movice-Sucre y sus familias. Parte de esas garantías este en el cese de la impunidad. No existen resultados efectivos en ninguna de las investigaciones adelantada por la fiscalía con determinación de los autores responsables de las amenazas contra los miembros del Movice-Sucre.
Nuestra Constancia Histórica ante las faltas aseveraciones y la eventualidad de un montaje judicial contra JUAN DAVID DÍAZ CHAMORRO y con la orden del Juez Primero de Sincelejo de solicitar investigación, a partir de las falsas e irresponsables acusaciones que realizan miembros de la estructura paramilitar.
Este mecanismo contra derecho fuel el que dio inicio a la judicialización injusta de Carmelo Agámez, secretario del Movice Sucre, quien hasta hoy se encuentra encarcelado desde noviembre de 2008 con cargos absurdos por la participación en el paramilitarismo. Se evidencia el uso de falsos testimonios de los paramilitares para incriminar a sus víctimas.
Con las amenazas de muerte, y los montajes judiciales, los hostigamientos y señalamientos se está intentando acallar las voces críticas, la valiosa labor del Movice en Sucre en aras de que no se conozca la Verdad sobre el paramilitarismo y su grado penetración en lo político, social y económico de la sociedad sucreña.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución solicitamos nuevamente que se nos informe:
1. ¿Qué actuaciones investigativas ha realizado la Fiscalía General de la Nación frente a las decenas de denuncias que los miembros del Movice Sucre han presentado en las que documentan de manera detallada las amenazas de las que han sido víctimas y cuáles son sus resultados?
En esta ocasión ¿qué investigación y recolección de pruebas se ha adelantado por la amenaza proferida desde el número móvil 313-5757439?
2. ¿Qué actividad ha desplegado la Procuraduría General de la Nación para investigar a los funcionarios públicos, y miembros de la fuerza pública que siguen operando de manera conjunta con grupos paramilitares, que nunca se desmovilizaron?
3. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno Nacional ante el compromiso que asumió en el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de propiciar una reunión con los integrantes del Movice para discutir con ellos las garantías para el ejercicio de sus derechos?
4. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho del actual Gobernador de Sucre para negar las solicitudes del Movice Sucre de retirar las fotografías de los gobernadores involucrados en parapolítica de la sede de esta instancia pública?
5. ¿Cuáles son las medidas y actuaciones concretas que la Fuerza Pública ha adoptado para enfrentar a estructuras paramilitares y a las estructuras estatales que les permiten su movilidad y actuación? ¿Cuándo, dónde, resultados?
6. Qué actividades eficaces ha realizado la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones de las amenazas de muerte teniendo en cuenta que los patrones de hostigamiento y persecución se repiten?, Por qué insisten en adelantar investigaciones aisladas, dispersas y sin que haya una misma cuerda procesal?
7. ¿Cuál ha sido el cumplimiento del compromiso que el Gobierno Nacional para propiciar una reunión para abordar las garantías para el ejercicio de los derechos, luego de que la los organizaciones del Comité de Impulso presentaran un trágico balance de amenazas y persecución en sus diferentes capítulos?
8. ¿Cuál es la respuesta a la apelación a la resolución de acusación solicitada por la defensa del defensor de derechos humanos, CARMELO AGAMEZ?
9. ¿Qué garantías procesales se están brindando a CARMELO AGAMEZ, para que su situación sea resuelta en un plazo razonable?
Con profunda preocupación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz