Nuevas amenaza evidencian vínculos de empresarios con estrategias paramilitares
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que se continúan presentando en los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó por parte de empresas palmeras, ganaderas que con la complicidad de autoridades locales y regionales continúan atentando contra los derechos de los afrocolombianos y mestizos, concertando actuaciones delictivas, destruyendo ambientalmente los territorios legitimando el contra derecho con la inacción, la aquiescencia y la tolerancia de las autoridades militares y policiales.
Bogotá, D.C., 7 de Julio de 2008
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
JUAN LOZANO
Ministro Ambiente
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
JULIO CESAR TURBAY
Contralor General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Hasta cuando los injustos, señor, triunfarán, gritan, dicen insolencias, se enorgullecen todos los agentes del mal, a tu pueblo señor aplastan, a tu territorio humillan.”
Salmo 94, 3-4
Ref. Nuevas amenaza evidencian vínculos de empresarios con estrategias paramilitares. Militares apoyan actuaciones ilegales de empresarios en la destrucción ambiental contra derecho, abusos de la policía en actuaciones de desalojos ilegales ordenados en extralimitación de funciones de la personería de Río Sucio.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que se continúan presentando en los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó por parte de empresas palmeras, ganaderas que con la complicidad de autoridades locales y regionales continúan atentando contra los derechos de los afrocolombianos y mestizos, concertando actuaciones delictivas, destruyendo ambientalmente los territorios legitimando el contra derecho con la inacción, la aquiescencia y la tolerancia de las autoridades militares y policiales.
Mientras el Incoder adelantó un proceso de delimitación y deslinde de los territorios pertenecientes a estos dos títulos colectivos, determinando quienes son los legales y legítimos ocupantes afrodescendientes y mestizos en Jiguamiandó y Curvaradó; las Fuerzas Militares acompañan a los empresarios ocupantes de mala fe en la extracción del fruto de la palma y en la delimitación ilegal de más de 1.000 hectáreas que reclama el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, como suyas, contra toda legalidad. Mientras se proclama el fin de los grupos paramilitares y se argumenta que los “emergentes” son bandas que no pretenden revivir el paramilitarismo sino que están al servicio del narcotráfico, paramilitares de quienes se desconoce la situación jurídica, entre ellos, el alias “Andrés”, “Mateo” que se presenta como comandante FABIO GIL, JUAN JOSE PALACIO, conocido como “El Diablo”; NICOLAS GIRALDO y “Pata de Palo” o “El Dólar”, JOSE MOYA ASPRILLA, “El Cucho”, y alguien que se presenta como “MATEO” comandante de las AUC de Urabá”, continúan actuando de manera simultánea y con la complicidad de la Policía de Belén de Bajirá, la policía de Urabá y la Brigada 15 del ejército para favorecer las actuaciones para empresariales del ganadero y bananero ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro” y LUIS FELIPE MOLANO conocido como “El Tío” o “Coronel Molano”.
La Inspectora de Policía de Río Sucio AMINTA CASTRO CUESTA y el Personero de ese municipio DARIO CAICEDO BLANDON abusando de sus funciones, actuando en jurisdicciones que no les corresponden. Legitima a los ocupantes de mala Fé en su posesión sobre los predios de la familia BARRERA, que posee legítimos de propiedad de la comunidad de Caracolí, Curvaradó. Abusos que se traducen en detenciones ilegales, irregulares sobre pobladores y dos defensores de Derechos Humanos, ante los cuales, la Fiscalía resuelve la libertad por no encontrar mérito de privación a la libertad por la actuación arbitraria de la Policía contra la familia BARRERA que posee títulos legítimos de propiedad en la comunidad de Caracolí, Curvaradó. Regresaron a sus territorios, donde se extiende a la comunidad de Montería la práctica de la parcelación de tierras para entregarlas a repobladores, como ocurre a través de ASOPROBEBA, ahora bajo hacen el nombre de la organización “Limites sin Frontera” entre tanto todas las autoridades hacen oídos sordos, guardan silencio ante el repoblamiento y la parcelación ilegal que antes ocurrió.
Mientras esto ocurre con los legítimos y legales propietarios reconocidos en la Resolución del Incoder, las estructuras paramilitares continúan ejerciendo control en Belén de Bajirá, en Mutatá, por la carretera a Caucheras, Barranquillita, la carretera Panamericana, Nuevo Oriente e igualmente con conocimiento de todas las autoridades continúa la devastación y deforestación territorial hacia el Jiguamiandó.
Uniformados con armas largas, quienes no se identifican, patrullan por los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, mientras efectivos militares indagan por los líderes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. El control de las “Águilas Negras” sobe la explotación maderera persiste sin que exista actuación alguna y esa ilegalidad se ampara en la policía de Belén de Bajirá.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de hechos que evidencian la configuración de un Estado de hecho con la formalidad del Derecho los hechos aquí consignados.
* Martes 11 de marzo a las 7:30 a.m. en puente Zapayal en el Territorio Colectivo de Jiguamiandó se observó la presencia de GUSTAVO MARTINEZ, GREGORIO BLANDON y un hombre de nombre ROBERTO apodado “Buche de Plástico”, comisionistas de tierras que han participado en las operaciones empresariales de la palma y de la ganadería extensiva.
Los comisionistas ofrecieron compra de tierras a nombre de palmicultores y ganaderos, iniciativa que los integrantes de los Consejos Comunitarios que habitan dentro del Territorio Colectivo rechazaron en razón de ir en contravía de las disposiciones que contempla la ley 70 y su vinculación con el paramilitarismo.
Con los comisionistas coincidencialmente ingresaron miembros de las Fuerzas Militares en operaciones de control sobre los lugares en que estos se movilizaron.
* Jueves 13 de marzo en horas de la mañana MANUEL GREGORIO BLANDON y GUSTAVO MARTÍNEZ ordenaron a sus aserradores acelerar la deforestación y la salida de la madera de la región. Algunos de ellos manifestaron que era necesaria la autorización del Consejo Comunitario de Jiguamiandó.
Los comisionistas señalaron falsamente a BENJAMIN SIERRA, líder del Consejo Comunitario, de estar auxiliando a la guerrilla. Indicaron que no era necesaria ninguna consulta ni acuerdo con los afrodescendientes, pues si la comunidad cobra un dinero por la autorización la plata va a la guerrilla a través de BENJAMIN SIERRA.
* Domingo 16 de marzo desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. se realizó una intensiva deforestación de preparación para el cultivo de palma aceitera en tierras pertenecientes al Territorio Colectivo de Jiguamiandó, entre ellas las mejoras del fallecido ALFONSO IBAÑEZ y del integrante del Consejo Comunitario MANUEL GALINDO en el caserío de Las Menas.
* Ese día en Caño Claro Andalucía, Territorio Colectivo de Curvaradó, durante el día las empresas palmeras realizaron obras de reparación de la carretera en territorio apropiado ilegalmente
* Lunes 17 de marzo hacia 6.30 a.m. ingresaron, sin autorización, a la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” en el Jiguamiandó, 15 unidades militares que se identificaron como pertenecientes al batallón de alta montaña de la Brigada 15 al mando de un militar de apellido LONDOÑO. El militar manifestó “venimos para darles protección a la población, vamos a estar de manera permanente”.
Los miembros de la Zona Humanitaria solicitaron a los militares retirarse de su propiedad privada y ejercer su papel de seguridad perimetralmente. Los efectivos regulares se negaron a salir del predio rápidamente.
Hacia las 8:00 a.m. uno de los militares en tono amenazante manifestó a los habitantes de la Zonas Humanitaria que salían porque, ustedes son guerrilleros, a los que quieren son a los guerrilleros”. Al salir, los militares se dividieron en dos grupos, uno por la vía que comunica a Caño Claro Andalucía y el otro por la vía que comunica al El Tesoro.
* Lunes 24 de marzo hacia las 10:00 a.m. en poblado de Caño Manso, poblado ubicado entre Curvaradó y Pedeguita, 3 integrantes del Consejo Comunitario entre ellos CARLOS HERNÁNDEZ, observaron en su mejora del Territorio Colectivo a los trabajadores de LUIS FELIPE MOLANO, alias “El Tío” aserrando y cortando árboles de su propiedad. Al exigirles parar el corte, estos abandonaron el predio.
* Martes 25 de marzo hacia las 5:00 a.m. en Caño Manso el campesino CARLOS HERNANDEZ fue abordado por el conocido como “Pablo” administrador de los ocupantes de mala fe, quien lo increpó por haber ordenado el cese del corte de madera y le indicó que el único que tiene real ocupación de la propiedad es “El Tío”.
El campesino reiteró que esa era su propiedad y por ser su propietario no autorizaba el corte de madera.
* Miércoles 26 de marzo hacia las 7:00 a.m. trabajadores de los ocupantes de mala fe en Caño Manso, se dirigieron hacia la propiedad del campesino CARLOS HERNANDEZ, portando seis (6) motosierras para el corte de madera. El grupo de aserradores fue escoltado por una moto YAMAJA DT de placas HZC 73 A, conducida por el administrador conocido como “Pablo” quien andaba con un arma larga tipo changón.
Desde ese día, persiste la explotación ilegal de madera en la propiedad del campesino.
* Miércoles 9 de abril en horas de la mañana pobladores de la comunidad de Caño Manso reunidas en Asamblea decidieron abrir el portón de ingreso, que instalaron los ocupantes de mala fe para definir los límites de la propiedad usurpada e impedir el ingreso de los legítimos propietarios. A pesar de la oposición del administrador el llamado “Pablo” observó como los campesinos quitaron los candados.
* Jueves 10 de abril En horas de la mañana desde el día anterior los ocupantes de mala fe instalaron nuevamente los candados para evitar la libre movilización de los pobladores de Caño Manso.
* Viernes 11 de abril Los legítimos y legales ocupantes del Territorio Colectivo de Caño Manso decidieron tumbar el portón ante la negación de su derecho ala libre movilización dentro de sus propiedades.
* Domingo 13 de abril hacia las 5:00 p.m. uno de los ocupantes de mala fe apodado “Megateo” sacaron semovientes de la comunidad a la carretera, cuando los campesinos le reclamaron les advirtió que debían atenerse a las consecuencias.
* Lunes 14 de abril en horas de la tarde llegaron al caserío de El Guamo en la cuenca del Curvaradó 8 hombres foráneos montaron un campamento en el lugar. Para iniciar la deforestación intensiva de propiedades colectivas.
* Martes 15 de abril hacia s 10:00 a.m. un habitante de la Zona Humanitaria de “El Tesoro” fue abordado cerca del lugar humanitario por 30 hombres armados vestidos de camuflado con armas largas y sin distintivos. Al campesino le preguntaron por su nombre, el número de cédula y procedencia, por las ONG que les acompañan, por los nombres de los líderes y por el movimiento de la guerrilla. Cuando el campesino respondió que en la Zona Humanitaria no había guerrilla, los militares le manifestaron: “si fuera la guerrilla, ahí si le dirían todo”. Le repitieron en varias ocasiones que no podía contar nada de lo que habían dicho.
* Miércoles 16 de abril hacia las 3:00 p.m. 13 hombres armados, vestidos de camuflado, presumiblemente las Fuerzas Militares, llegaron a la propiedad del campesino JOSÉ BUELVAS, ubicada en El Guamo, Territorio Colectivo de Curvaradó. Cuatro de los armados interrogaron a JOSE acerca de las Zonas Humanitarias, de las ONG y la guerrilla.
* Jueves 17 de abril hacia las 11:00 a.m. cerca de 10 armados, vestidos de camuflado con pañoletas negras ingresaron a la finca de la afrodescendiente, MARÍA LIGIA CHAVERRA en la comunidad de Camelia, Territorio Colectivo de Curvaradó. A los 4 pobladores que allí se encontraban les gritaron “no se asusten, somos del ejército y no venimos matando”. Luego a un joven afrocolombiano le expresaron que a él lo necesitaban. Luego dijeron que estaban perdidos en medio de la palma.
* Domingo 20 de abril hacia las 10:30 a.m. se constató el avance de la deforestación en los límites que comunican las tierras del Consejo Comunitario del Curvaradó y las del Jiguamiandó a la altura del punto conocido como Las Menas.
De acuerdo con el registro técnico la deforestación a esa fecha comprendía 100 hectáreas de bosques primario y secundario con una explotación selectiva y de tala rasa
El corte en tala rasa está localizado en las coordenadas geográficas N 7o 14’ 35.2’’ W 76º 43’ 26’’ y las selectivas en las coordenadas geográficas N 7º 13’ 54.3’’ W 76º 43’ 51.0’’.
La madera es transportada del sitio de corte hasta la carretera atravesando las plantaciones de palma aceitera, por semovientes, y posteriormente es acarreada en camiones. Algunos de los camiones que transportan la tala ilegal corresponden a las placas SBF 568 y TKA 998 que se movilizan hacia Mutatá, pasando por el puesto militar junto al puente del río Caño Claro en la comunidad de Andalucía.
Ese mismo día hacia las 11:00 a.m. en el caserío de Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó la policía de Belén de Bajirá ingresó con la ocupante de mala fe CLAUDIA ARGOTE hasta el lugar donde se encuentra asentada la comunidad que regreso a su lugar de origen hace unos pocos meses.
Los ocupantes de mala fe tomaron registros fotográficos de todos los habitantes de este espacio humanitario. ARGOTE increpó a la ocupante tradicional del territorio LIRIA ROSA GARCIA y le manifestó que dijera a los abogados que se trasladaran a Apartadó para asumir un proceso en su contra. La ocupante tradicional desde hace 30 años, LIRIA ROSA, le exigió a la policía y a CLAUDIA ARGOTE la orden judicial para estar en su propiedad, esta respondió dándole su nombre y número telefónico.
* Martes 29 de abril hacia la 1:00 p.m. en Belén de Bajirá, a la altura del barrio Belencito, ANDRES MORENO, reconocido por algunos pobladores como paramilitar – se desconoce su situación jurídica, miembro de las llamadas “Convivir” abordó a la señora MIRIAM GARCIA, hermana de la campesina de la Comunidad de Caracolí LIRIA ROSA GARCIA, a quien le manifestó: “dígale a LIRIA ROSA que se salga de allá para evitar problemas por que “El Guajiro”, él ya vino a hablar con el patrón y la cosa se puede poner fea. “El Guajiro” les va a pagar una plata por la propiedad, si no se van por las buenas, les van es a dar un paseo y los van a sacar por las malas. Es mejor hacer un negocio malo que perder todo”.
* Viernes 25 de Abril hacia las 10:00 a.m. llegó a la residencia de JAIR BARRERA en Belén de Bajirá el reconocido paramilitar conocido como “El Cucho”, en compañía del paramilitar conocido como “Andres” en una motocicleta KMX color verde, quién le manifestó le iba a pasar al teléfono a su “jefe” para arreglar el tema de las tierras. Al otro lado de la línea se presentó un “Mateo” como comandante de las A.U.C. de Urabá. Y agregó: “El Guajiro” vino y me puso la querella, él está dispuesto a negociar para que no haya problemas con esa tierra. Yo no estoy de un lado ni de otro, yo quiero es un acuerdo allí, al que tenga la razón yo se la voy a dar, es mejor que acuerde por la buenas”. JAIR le respondió que el no era el jefe de la familia, que toda una comunidad estaba afectada y que no querían negociar su tierra. Luego se terminó la llamada.
El conocido como “El Cucho”, le expresó “usted ya sabe cuál es el asunto del negocio. Mañana vengo con un carro para recoger la gente de Caracolí y arreglar todo”.
* Martes 29 de abril hacia la 1:00 p.m. en Belén de Bajirá, a la altura del barrio Belencito, el reconocido paramilitar, miembro de la “Convivir” conocido como ANDRES MORENO, abordó a la señora MIRIAM GARCIA, hermana de la campesina de la Comunidad de Caracolí LIRIA ROSA GARCIA, manifestándole que ella debía salirse del lugar para evitar problemas con “El Guajiro”. Eso se va a poner mal. El Guajiro les va a pagar una plata, y si no se van por las buenas, les van es a dar un paseo, los van a sacar por las malas”.
* Miércoles 30 de abril hacia las 5:30 p.m. en la comunidad de Caño Manso, el ocupante de mala fe LUIS FELIPE MOLANO, apodado “Coronel Molano” y “El Tío” intimidó a la campesina ocupante tradicional de tierras en esa comunidad LEDYS TUIRAN expresando que si se metían con cualquiera de sus cabezas de ganado, se morían por falta de agua, “ustedes ya saben como me la van a pagar”
Ese mismo día el ocupante de mala fe luego de tomar fotografías a los integrantes de la comunidad de Caño Manso informó que había enviado denuncias a Bogotá por ocupación ilegal de su predio buscando legalizar la ilegalidad.
Estos pobladores se vieron obligados a salir por operaciones paramilitares desde1996 un grupo y otro desde el 2001. A raíz de su último desplazamiento forzoso el territorio del Consejo Menor se convirtió en las Haciendas Villa Alejandra I y II.
* Jueves 1 de mayo hacia las 8:30 p.m. los reconocidos paramilitares, de quiénes se desconoce su condición jurídica, miembros de una “convivir”, alias “Andres” y “El Cucho”, abordaron, por segunda vez, en Belén de Bajirá, cerca del parque principal, a la señora MIRIAM GARCÍA para enviar una razón a LIRIA ROSA para que esta se abstuviera de denunciar lo de las tierras a la fiscalía pues “eso no le convenía”.
* Viernes 2 de mayo hacia las 9:30 a.m. la hermana de la campesina LIRIA ROSA GARCIA, MIRIAM GARCIA fue abordada por tercera vez por los paramilitares alias “Andrés” y “El Cucho” y conducida junto con el campesino de la comunidad de Caracolí EVERTO GONZALEZ, al poblado de Nuevo Oriente.
Allí a la casa donde los trasladaron llegó una persona que se identificó como paramilitar, les manifestó: “Necesitamos que nos entreguen los papeles de la propiedad de Caracolí, luego se reúnen con “El Guajiro” para arreglar ese problema de las tierras por otras vías, que no son las legales”. Los campesinos manifestaron que toda documentación ya está en manos de las autoridades, el paramilitar les expresó: “a nosotros no nos importa que han hecho con el gobierno, aquí toca es arreglar de otra manera, es que no entienden”.
Luego de eso les regresaron a Belén de Bajirá
* Lunes 5 de mayo en horas de la mañana a la Comunidad de Caracolí llegó CLAUDIA ARGOTE, hija de ANTONIO ARGOTE conocido como “El Guajiro” junto con un oficial de policía de Belén de Bajirá, de apellido GOMEZ quien indicó que venía para “resolver el litigio del ganado”.
Los ocupantes de mala fe manifestaron tener documentos que los acreditan como propietarios de esas tierras. Esta documentación fue controvertida por los habitantes legales y legítimos demostraron las razones de su propiedad con base en la ley 70 de comunidades negras.
Los invasores solicitaron al ente policial exigir a los habitantes de Caracolí dejar el ganado pastar en los predios hasta las 4:00 p.m. Los campesinos respondieron que si el ganado no dañaba sus siembras de pan coger y la policía se mantenía hasta las 4:00 p.m. aceptarían la iniciativa.
Ante la negativa de la policía el ganado fue retirado de la platanera.
* Martes 6 de mayo, 10:00 a.m. en Caracolí, territorio de Curvaradó, LIRIA ROSA GARCIA y otros miembros de su comunidad procedieron a sacar el ganado que ocupaba ilegalmente su predio debido a los daños que estaba causando en las siembras de pan coger. Mientras eso ocurría los ocupantes de mala fe, encabezados por el administrador, JOSE BUITRAGO, ordenaron a los vaqueros que hostigaran con los caballos a los campesinos. Uno de los campesinos se vio obligado a golpear con el plan del machete al caballo que lo envestía.
Hacía las 11:00 a.m. en Belén de Bajirá, el paramilitar conocido como “El Cucho” abordó al campesino JAIR BARRERA manifestándole: “si usted tiene familia allá en Caracolí, es mejor que la saque, por que si no van ustedes a tener problemas. Es mejor que ustedes hablen con “El Guajiro”, no se vayan a meter en allá, él les va a dar una plata para que dejen todo quieto”. El campesino agregó que él nunca vendió y que a su papá lo amenazaron para quedarse con la tierra: “yo no quiero plata, yo lo que quiero es mi tierra” y se retiró del lugar.
Hacia 1:00 p.m. llegaron al caserío de Caracolí miembros de la policía nacional junto con el ocupante de mala fe ANTONIO ARGOTE apodado “El Guajiro”; dos de sus hijos, CLAUDIA Y ANDRES y un hombre que se presentó como JOTA MARIO, y con el cargo de Inspector de policía de Belén de Bajirá.
Uno de los efectivos de la policía retiró el alambre que distingue la comunidad como población civil y el predio colectivo de otras tierras usurpadas, lo que generó el reclamo de la comunidad, y la respuesta de la policía de que allí “no había ninguna comunidad”. ANTONIO ARGOTE agregó que él tenía en sus manos los papeles que lo acreditaban como propietario de esas tierras y que ese alambre podía ser cortado. LIRIA ROSA, la campesina que habita desde hace 30 años en el lugar le exigió los documentos auténticos de propiedad y no los fraudulentos, precisando que ella nunca vendió sus tierras y además es de todos conocidos que ustedes nos sacaron a plomo”.
Minutos después se retiraron del lugar los ocupantes de mala fe y las unidades policiales.
* Miércoles 7 de mayo hacia las 2:15 p.m. se reunieron en Belén de Bajirá en frente de la antigua alcaldía de Bajirá ANTONIO ARGOTE, el reconocido paramilitar apodado “El Cucho” y HENRY CHAVERRA, ex funcionario de la alcaldía.
Una hora después ingresaron al expendio comercial conocido como “La Fonda” propiedad de FABIO GIL, miembro de la familia CASTAÑO GIL.
Este lugar es el que las empresas palmeras usan para el pago a los trabajadores con comida y uno de los lugares en los que desde 1996 los paramilitares llevaban a pobladores para obligarlos a vender o entregar sus tierras.
El mismo día en el poblado de Caño Manso convertido en las Haciendas Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, luego de las operaciones paramilitares de arrasamiento en el 2001, los trabajadores del ocupante de mala fe intensificaron el corte ilegal de madera en los territorios de las comunidades.
Cuando los campesinos intervinieron manifestando que no podían explotar madera en sus territorios. Los ocupantes de mala fe indicaron que pararían el corte si el Gobierno hacía llegar una orden de prohibición.
* Viernes 9 de mayo hacia las 10:00 a.m. en el caserío de Montería los comisionistas de compra-venta de tierras JAIRO BOTERO y JESUS GOMEZ, a nombre de LUIS FELIPE MOLANO alias “El Tío” estuvieron entregando parcelas a repobladores.
* Martes 13 de mayo hacia las 6:00 a.m. aproximadamente 15 unidades de la Brigada 15 del ejército ingresaron al caserío de Camelias, lugar al que regresaron 18 familias desde el día anterior. Seis de los regulares afirmaron que pretendían verificar lo qué estaba ocurriendo, procedieron a hacer registro fotográficos y a georeferenciar.
Uno de los afrocolombianos les reclamó por las fotografías que tomaban, y estos indicaron que era para un informe. Antes de retirarse del lugar, los militares se refirieron a los habitantes de “Nueva Esperanza” como guerrilleros”. La comunidad exigió respeto a los militares y agregaron que los habitantes de Camelias y Nueva Esperanza son Zonas Humanitarias. “Somos población civil, y esos señalamientos sobre los habitantes de Nueva Esperanza, los pone a ellos y a nosotros en riesgo.
* Sábado 17 de mayo hacia las 2:00 p.m., aproximadamente, en el caserío de Caracolí, territorio del Curvaradó ocupado de mala fe por empresarios ganaderos beneficiarios de operaciones paramilitares y de narcotraficantes desde 1997, se inició el desalojo violento de la familia BARRERA SANCHEZ, que en el día anterior ingresó a su finca llamada “El Triunfo”, que comprende una extensión de 41 hectáreas.
Unidades policiales llegaron al poblado de Caracolí, acompañando a la Inspectora Municipal de Riosucio AMINTA CASTRO CUESTA, quién resolvió el desalojo de los legítimos y legales propietarios del lugar en contradicción a la Resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2424 del 10 septiembre de 2007.
A las 2:30 p.m. DARIO BLANDON CAICEDO, Personero Municipal de Riosucio llegó al lugar manifestando a los dueños legítimos y legales que debían salir del lugar. Segundos después, con el beneplácito del Coronel HERRERA, comandante de policía de Urabá, y el teniente GOMEZ, autorizaron a los ocupantes de mala fe, soltar el ganado vacuno que los integrantes del Consejo Comunitario habían concentrado en un cerco en días anteriores.
Los administradores levantaron las cercas, el ganado se desbocó contra la familia BARRERA. Algunos de ellos para protegerse de la envestida animal sacaron sus machetes, en reacción la policía de inmediato exhibió sus armas contra la población. El joven DAVID SALAS fue golpeado por la espalda ante lo cual este reaccionó para protegerse golpeando a un agente policial e inmediatamente la policía arremetió contra él. A la distancia las defensoras de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ELIZABETH GOMEZ y LUZ MARINA ARROYABE observaron la estampida de la gente, y a unidades policiales golpeando a algunos campesinos. Posteriormente un oficial de la policía intentó tomar el celular desde el que informaban de la situación las defensoras de derechos humanos y tomaron la cámara de fotografías de la defensora de derechos humanos.
Un abogado de los ocupantes de mala fe, quien se encontraba con CLAUDIA ARGOTE, indicó a la policía que debían llevarse a las mujeres por ser de una “ONG ilegal”. Los policías las detuvieron por la fuerza, halaron de la ropa a una de ellas, desprendiendo partes de la misma, a otra la confundieron con LIRIA ROSA GARCIA, líder campesina por orden del Coronel HERRERA. Luego las esposaron y las obligaron a subirse a un camión, junto con JHON BARRERA, JAIR BARRERA y DAVID SALAS
La actuación de las autoridades estuvo acompañada por FABIO GIL reconocido apoyo de las estructuras paramilitares y empresariales palmeras y de asociaciones campesinas creadas por TERESA CASTAÑO o SOR TERESA GOMEZ fundadora de la Asociación de Pequeños productores de Belén de Bajirá, ASOPROBEBA, comprometida en el crimen de YOLANDA IZQUIERDO. Igualmente, en la actuación estuvieron presentes algunos reconocidos paramilitares, entre ellos, uno de los sicarios que atentó contra la vida e integridad personal de los hermanos HOYOS en hechos ocurridos en septiembre pasado.
A eso de las 5:00 p.m. las defensoras y campesinos detenidos ilegalmente llegaron al municipio de Belén de Bajirá a la Estación de Policía en el que permanecieron cerca de una hora. Allí fueron fotografiados sus rostros en primer plano y DEVIS SALAS fue golpeado en su rostro. DEVIS había sido golpeado en horas de la tarde con bolillos en su espalda.
Hacia las 5:30 p.m. se recibió una llamada desde Belén de Bajirá en la que se manifestó por parte de una fuente de alta credibilidad que se estaba cometiendo una arbitrariedad y que las defensoras de derechos humanos iban en dirección al municipio de Riosucio. Se refirió a un montaje judicial”. Minutos antes una fuente gubernamental indicó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que las defensoras de derechos humanos serían trasladas a Chigorodó, sin que se precisara la responsabilidad individual en alguna conducta punible.
Minutos después, mientras el gobierno Nacional, expresaba que las defensoras estaban en dirección a la estación de policía de Chigorodó, testigos observaron que los pobladores y las defensoras de derechos humanos eran transportados en una camioneta policial hacia el municipio de Río Sucio.
Como a las 6:00 p.m. los detenidos fueron conducidos hacia el municipio de Riosucio, en dos patrullas de la policía Nacional, 3 en una y 2 en la otra. Cerca de las 9: 30 p.m. en el municipio de Río Sucio, al bajarse de la patrulla, una de las defensoras se comunicó con nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá. Terminada la conversación que fue escuchada por el teniente GOMEZ, este afirmó que ellas no tenían ningún problema legal y que su aprehensión obedecía a órdenes del Coronel HERRERA. Aseguró, que el señor DEVIS SALAS agredió a un integrante de la fuerza pública, por lo cual, él sí iba a ser judicializado. Una de las defensoras precisó que no hubo agresión premeditada sino una reacción a un ataque de la fuerza pública por la espalda.
En Riosucio el señor DEVIS fue requisado y conducido a la sala de Investigación criminal por un patrullero de apellido OCHOA, el campesino se negó a facilitar sus huellas dactilares hasta tanto no hubiera algún abogado o ente de control. El patrullero reaccionó agresivamente y en tono amenazante aseguró que todo se le iba a ir muy hondo.
A las 11.00 p.m. aproximadamente, el agente policial expresó al señor DEVIS que no se dejara creer de esas “viejas”, – haciendo referencia a las defensoras de derechos humanos-, de quienes afirmó lo iban a abandonar y lo iban a perjudicar más. Sostuvo, además, que si se negaba a facilitar sus huellas iba a permanecer en la cárcel por tres años y se iba a afectar su pasado judicial. Finalmente, el señor DEVIS fue fotografiado en varias ocasiones. Le dijeron además, que si se negaba a firmar, lo iban a meter al calabozo.
Las defensoras de derechos humanos, que se encontraban en la estación de Policía, se negaron a firmar algunos documentos sin la presencia de su abogado. El subteniente GOMEZ en actitud agresiva y desafiante les aseguró que su negativa iba a traer consecuencias graves.
Las defensoras de derechos humanos solicitaron, de manera insistente, que les permitieran comer algo, petición que fue negada en todas las oportunidades. También requirieron conocer el motivo de su detención ante lo cual, el coronel HERRERA afirmó que todas las acciones “de hecho” son judicializadas, a lo que estas respondieron que ellas no habían actuado así. Así mismo, solicitaron la presencia del encargado de derechos humanos de la Policía, frente a lo que les informan que se encontraba en Apartadó.
* Domingo 18 de mayo hacia la 1:00 a.m. las personas aprehendidas ilegalmente fueron presentadas ante la Fiscal 15 del Municipio de Río Sucio, departamento de Chocó. La funcionaria tomó la declaración solicitando la exposición de las circunstancias en las que habían sido retenidos.
Hacia las 4:00 a.m. la Fiscal indicó que no existía mérito alguno para la detención preventiva y resolvió la libertad de las dos defensoras de derechos humanos, aunque se conoció de la existencia de un proceso por asonada.
A eso de las 4:00 p.m. una abogada de nuestra Comisión de Justicia y Paz se presentó a la sede de la Fiscalía de Riosucio para auscultar sobre la situación jurídica de las defensoras de derechos humanos, sin lograr ser atendida en razón de que la Fiscal había salido de la región..
* Miércoles 21 de mayo hacia las 7:00 a.m. el empresario GABRIEL JAIME SIERRA indicó que había adquirido propiedades dentro del Título Colectivo del Jiguamiandó, entre ellas las siguientes mejoras pertenecientes a miembros a campesinos que no se encuentran en el territorio o que están fallecidos: LUIS FLOREZ 100 hectáreas, en el límite entre Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho por el río Bijao a salir al río Jiguamiandó; SANTOS GOMEZ 50 hectáreas. En los limites con FÉLIX VARGAS 100 hectáreas, que colinda con la anterior; JOSE CARDOSA 100 hectáreas, limita con la otra propiedad EDILBERTO TORRES 50 hectáreas, entre la finca de SANTANDER TORRES y TOMAS HERNANDEZ; EREMIO BERRÍO 16 hectáreas, la finca colinda con TOMAS HERNÁNDEZ y ERASMO SIERRA; CECILIO TORDECILLA 20 hectáreas, colinda con EREMIO BERRÍO Y ERASMO SIERRA; DAGO TORDECILLA 80 hectáreas., limita con IMELDA FLOREZ; RAMÓN VALETA 100 hectáreas, limita con la finca de JUAN DIAZ; CLÍMACO SERPA 120 hectáreas, limita con la finca de RAMÓN VALETA; MARÍA OVIEDO 50 hectáreas, limita con CLÍMACO SERPA; ANTONIO HEREDIA 150 hectáreas, en el límite entre Nueva Esperanza y Andalucía.
Estas propiedades forman parte del Título Colectivo de la Cuenca del río Jiguamiandó conforme lo ratificó el Incoder en Resolución de agosto de 2007..
* Ese día hacia las 8:00 a.m. se constató que se realizan actividades de limpieza de plantaciones de palma por parte de trabajadores de la empresa Palmas de Curvaradó, en el que representante legal GABRIEL JAIME SIERRA, a la altura del Puente de Zapayal.
Hacia las 8:47 a.m. a la altura del corral del empresario, ocupante de mala fe, GABRIEL JAIME SIERRA dentro del Título Colectivo de Curvaradó, en los límites con la cuenca del río Jiguamiandó, se constató la presencia de trabajadores acopiando corozo de palma aceitera en una tracto mula color azul de placas TPU 694. La actividad contaba con la presencia de 10 militares del Batallón de Ingenieros No 15.
Integrantes del Consejo Comunitario de Jiguamiandó que caminan por el lugar, fueron requeridos por los militares, quiénes los registraron, cuando estos les preguntaron a los regulares por la inacción frente al tema de la palma indicaron que “no podían intervenir por que esa es función de la policía”
* Sábado 31 de mayo a las 12:00 p.m. aproximadamente, en el caserío de Caño Manso, el comisionista de tierras JORGE FRANCISCO LARA, conocido como “Kiko” vinculado con LUIS FELIPE MOLANO anunció que junto a ocho personas más se dirigía a la comunidad de Montería para negociar 40 fincas y parcelarlas a nombre de la organización “Limites Sin Fronteras”.
* Lunes 2 de junio a eso de las 11:00 p.m. se conoció que paramilitares de las “Aguilas Negras” que operan en Belén de Bajirá prohibieron a los mototaxistas prestar ese servicio al Consejo Comunitario del Jiguamiandó.
* Miércoles 3 de junio hacia las 12:15 p.m. al caserío de Caracolí ingresaron 9 hombres vestidos de civil, entre los que se encontraban reconocidos trabajadores de ANTONIO ARGOTE conocido como “El “Guajiro”. Uno de ellos con cámara fotográfica tomó registros a las personas de la comunidad, al ser requeridos por su identificación, dos de ellos se presentaron como miembros de la policía de Carepa con los nombres de LUIS GUILLERMO PANGUERA y EULISES RODRIGUEZ QUINTO. Los efectivos regulares indicaron que estaban en “preparación” para la reunión convocada por el gobierno para el viernes 6 de junio en Medellín sobre el tema de las tierras.
Hacia las 2:00 p.m., se conoció una carta dirigida a todos los representantes de las comunidades, firmada por JOSE LEONIDAS TOBON TORREGLOSA, director de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura, fechada el 28 de mayo de 2008, convocándoles a una reunión para el día 4 de junio, donde “el tema a tratar es de suma importancia para usted y su población, como es el de aprovechamiento de los territorios Restituidos (sic) a las comunidades de las cuencas de los Ríos (sic) Jiguamiandó (sic) y Curvaradó (sic)”
El funcionario que firmó la convocatoria promueve en el país, la implementación de cultivos para la producción de “biocombustibles”.
* Viernes 20 de junio hacia las 9.30 a.m. al caserío de Caracolí llegaron los afrocolombianos ADAN QUINTO, GRACIANO BLANDON, habitantes foráneos de Curvaradó y JUAN JOSÉ PALACIOS conocido como alias “El Diablo”, reconocido paramilitar ¿? de quien se desconoce su situación jurídica, y otros dos presumibles integrantes de las llamadas “Águilas Negras” que operan en la región y el habitante de Bocas de Curvaradó, MANUEL MOYA LARA
En ese momento, la Comisión gubernamental que se aprestaba para el reconocimiento de predios y georeferenciación reconocidos en la Resolución del Incoder 2424 del 10 de diciembre fue convocada de maneras urgente por el representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó, LUIS ALBERTO RENTERIA, para valorar la pertinencia de la actuación dada la presencia de reconocidos paramilitares y personas ajenas al Curvaradó.
MANUEL MOYA LARA manifestó que desconocía a la junta del Consejo Mayor y que impugnaría su elección del 26 de abril. Ante la presencia de alias “El Diablo”, quien participó en los operativos de desplazamiento de las comunidades de la Cuenca de Curvaradó, la campesina, líder de esa comunidad LIRIA ROSA GARCIA le exigió retirarse del caserío, “usted es un paramilitar y lo digo así me cueste la vida”. El hombre salió y permaneció cerca del lugar en que se adelantaba la reunión.
Minutos después estas personas estuvieron presentes en la obstaculización a la libre movilización de los legítimos propietarios del Curvaradó y 3 defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Solo uno de ellos se ocultó, ADAN QUINTO.
Hacia las 9:50 a.m. tres defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA, FABIO ARIZA y SENAIDA PARRA y cinco pobladores de Curvaradó, entre ellos, el reconocido adulto mayor, ENRIQUE PETRO, y una menor de 5 meses, fueron retenidos por trabajadores y ocupantes de mala fe de los predios individuales y colectivos de las comunidades negras de Curvaradó en el camino que conduce del caserío de Caracolí a Caño Manso.
Una camioneta blanca 4×4 de placas FGS 100 de Envigado en la que se encontraba se les atravesó en la vía. Simultáneamente un grupo de ocho hombres, a pié algunos con machete al cinto y otros desenfundados en la mano, los cercaron, otros dos hombres a caballo y dos en motocicletas, una sin placas, conducida por el comisionista RENE PALACIOS y testaferro del narcotraficante HUGO FENEL BERNAL MOLANO y otra de marca Yamaha blanco y roja, de placa HZG74A conducida por el alias de “El Secretario” le cerraron el paso por completo. Igualmente se encontraba JOSE BUITRAGO, administrador de La Tukeka, empresa del ganadero ANTONIO ARGOTE, quien realizó registros fotográficos, a pesar de la objeción de los campesinos y los defensores de derechos humanos.
De la camioneta descendió LUIS FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío” o “Coronel Molano”, DARIO BLANDON CAICEDO, personero del municipio de Río Sucio y NEMESIO CUESTA representante del Consejo Mayor de La Larga Tumaradó. El funcionario público BLANDON CAICEDO, gritó “Con qué autorización ustedes andan por esta carretera”, mientras LUIS FELIPE MOLANO ordenó a los hombres con machete: “ni por el putas los deje pasar”. NEMESIO CUESTA manifestó en voz alta: “todas estas tierras me pertenecen, que hacen andando por mis propiedades”.
Hacia las 10:15 a.m. arribó al lugar una camioneta marca Mazda 4 puertas de color blanco, con placas EKM 999 de Sabaneta de la que descendieron ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro”, su hija CLAUDIA ARGOTE, LUIS RENDON, quien manifestó ser abogado de la familia. CLAUDIA ARGOTE hizo registros fotográficos a la y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, a quiénes se les impedía seguir su camino.
Los defensores de derecho humanos se dirigieron al personero de Río Sucio DARIO BLANDON CAICEDO que se encontraba al lado LUIS FELIPE MOLANO, exigiéndole actuar conforme a sus responsabilidades constitucionales respecto a la negación a la libre movilización, la intimidación, y la extralimitación de funciones. El funcionario anotó en su libreta, y a los pocos minutos se retiró a un lugar apartado.
El abogado de los empresarios manifestó a los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz que se estaban inmiscuyendo en problemas ajenos y estaba esperando una comisión de afrocolombianos con la finalidad de sabotear.
Hacia las 10:35 a.m. descendió de un vehículo de servicio público de placas THI 462 JAIME BEITAR, habitante oriundo de Domingodó, EUGENIO PALACIOS, originario de Cacarica, junto con tres mujeres afrodescendientes provenientes del municipio de Turbo. Todos estos son habitantes ajenos de Curvaradó
Mientras LUIS FELIPE MOLANO, ANTONIO ARGOTE, CLAUDIA ARGOTE y el abogado LUIS RENDON dialogaban con el personero de Río Sucio, DARIO BLANDON CAICEDO y NEMESIO CUESTA, y los hombres con machetes continuaban apostados a lo ancho de la carretera impidiendo la movilización de campesinos y defensores de derechos humanos, JAIME BEITAR insultó a los integrantes de Justicia y Paz como ladrones, responsables de desplazamiento, a los campesinos mestizos les negó el derecho al territorio y agregó: nosotros queremos las empresas, no queremos que salga Maderas del Darién de nuestros territorios y tampoco vamos a permitir que se moche la palma africana que está sembrada, nosotros decidimos con quien negociamos, si viene un paisa con plata, nosotros negociamos con los paisas”.
Hacia las 11:00 a.m. JAIME BEITAR se acercó hasta el lugar en el que se encontraba el defensor de derechos humanos ABILIO PEÑA, gritando “usted es un bandido, usted no sabe de la ley 70 y le dio un golpe en el pecho. La campesina de Caño Manso, LEDYS TUIRAN, le reclamó por la agresión física a lo que manifestó: “Yo a usted tampoco la respeto aunque sea mujer le doy un golpe”. Este hombre la sacudió de un brazo, mientras NEMESIO CUESTA, la sujetaba del otro brazo.
De nuevo, continuaron las agresiones contra integrantes de Justicia y Paz: “ustedes son una porquería, son unos negociantes”. NEMESIO CUESTA se acercó gritando: “deje esa llamadera que usted tiene con las autoridades, por que si eso de devolver las tierras es orden del gobierno, pues el gobierno metió la pata” JAIME BEITAR, se acercó de nuevo al defensor de Derecho Humanos, que se comunicaba telefónicamente intimidando y amenazando: “diga la verdad, chismoso, no diga que yo le pegué una trompada” e intentó raparle el celular, sin conseguirlo.
Hacia las 11:40 a.m. las y los campesinos intentaron devolverse hacia la propiedad de la pobladora LIRIA ROSA GARCIA pero tres hombres con machete le impidieron porque es “una orden del patrón”. Durante 3 ocasiones más se les impidió la movilización
El hostigamiento y las agresiones verbales de JAIME BEITAR fueron permanentes intentado grabar las conversaciones telefónicas de los defensores de Derechos Humanos. Éste luego, intentó agredir al campesino ENRIQUE PETRO. Las agresiones verbales por parte de NEMESIO CUESTA continuaron: “aparecidos, oportunistas,” (…) desplazaron la gente desde Córdoba, los organizan para meterlos en las tierras, los organizan para vender el territorio, para llenarse ellos de dinero. A MANUEL MOYA lo metieron preso, siendo el dueño del territorio”.
Hacia las 11:50 a.m. arribó una camioneta Land Cruiser azul con estacas de placas CBZ 144 de Sabaneta, conducida por GABRIEL DIAZ, empresario de Palmadó y Palmas S.A., y de la que desembarcó NICOLAS GIRALDO, reconocido paramilitar que operó con CARLOS CASTAÑO en la finca Las Tangas, conocido como “Pata de Palo” o “Dólar” quien portaba una cámara de video que entregó al señor JAIME BEITAR. Este empezó a realizar registros de video a los miembros de Justicia y Paz y de las comunidades.
Ese mismo vehículo ingresó hasta el caserío de Caracolí en donde se transportaron los foráneos del territorio colectivo de Curvaradó GRACIANO BLANDON, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDON, ADAN QUINTO y JOSE LUIS PALACIOS “El Diablo” y ADAN QUINTO. Estas personas se bajaron en el lugar donde estaban sitiados los integrantes de Justicia y Paz.
JAIME BEITAR y las mujeres reiniciaron una desordenada andanada de insultos contra nuestra Comisión de Justicia y Paz: “si ustedes no son negros entonces los pintamos de negro, pero así se pinten el alma sigue siendo blanca. Los de INCODER están manipulando metiendo mestizos al territorio. Esta gente que está aquí viene a invadir con una niña de 5 meses, una recién parida auxiliada por Justicia y Paz (…) estos de Justicia y Paz vienen a atropellar a los negros, cómplices alcahuetes de la corrupción, atendieron a desplazados con colchones viejos”.
Minutos después emprendieron las agresiones verbales contra dos mujeres integrantes de Peace Brigadas Internacional “ustedes son una flacas, desabridas, espagetis, feas, descoloridas, qué hacen en este territorio”. Y continuaron las injurias: “Justicia y Paz les está lavando el cerebro a los afrodescendientes del Curvaradó, así como se las lava a los de Cacarica”.
Los trabajadores al servicio del empresario de “La Tukeka”, ANTONIO ARGOTE y LUIS FELIPE MOLANO gritaron en tono de burla “que viva el partido comunista, que venga aquí a sacarnos para ver si es que pueden”. JAIME BEITAR gritó: “la Viceministra está metiendo la pata, la ley la está pasando por encima, esto es una invasión a los títulos de los negros”.
Hacia las 12:00 la Defensoría del Pueblo arribó al lugar constató las agresiones y la pretensión de impedir el trabajo de la comisión para la delimitación de los predios colectivos.
Hacia la 1:15 p.m. llegó al lugar la policía al mando del Teniente GOMEZ quién se reunió con los empresarios.
Posteriormente, el campesino ENRIQUE PETRO les comunicó a las unidades policiales de la presencia de alias “El Diablo” y de alias el “Dólar” o “Pata de Palo”, tomaron nota del primer dato y no prestaron atención al segundo. Ninguna actuación de registro sobre estos se adelantó, tampoco acataron la solicitud de impedir los registros de video y fotográficos que se estaban adelantando sin la autorización de Peace Brigades International, las y los miembros las comunidades y los integrantes de Justicia y Paz.
La policía expresó a los campesinos que se habían negado a aceptar su presencia en la delimitación, afirmación que fue desmentida. Posteriormente ante la demora de su presencia indicaron que el temor a emboscadas los lleva a tomar medidas preventivas.
Hacia las 3:30 p.m. JAIME BEITAR devolvió la cámara de video a NICOLAS GIRALDO, “El Dólar”, quien a su vez la entregó a CLAUDIA ARGOTE, hija de ANTONIO ARGOTE “El Guajiro”.
Hacia las 4:00 p.m. se retiró el personero de Riosucio y NEMESIO CUESTA con LUIS FELIPE MOLANO en su vehículo y MANUEL MOYA en el vehículo de ANTONIO ARGOTE.
Hacia las 4:30 p.m. los pobladores de Curvaradó y los defensores de derechos humanos acompañados por Peace Brigades International, PBI, regresaron al caserío de Caracolí.
* Sábado 21 de junio desde las 8:00 a.m. en la entrada del camellón que conduce a Caño Manso, se apostaron cerca de 30 hombres, trabajadores de las fincas Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, uno de ellos con una arma larga de dos cañones y 12 tiros tipo changón dirigidos por LUIS FELIPE MOLANO.
Hacia las 12:00 m, este hombre manifestó a sus subalternos “Justicia y Paz es un reducto comunista (…) “El problema son los de las Zonas Humanitarias y los de Justicia y Paz (…) y si vienen los que estuvieron ayer en Caracolí y el abogado que estuvo ayer, los agarramos a palo”.
Allí permanecieron en el lugar hasta las 4:00 p.m. al constatar que la comisión de delimitación del título colectivo del Curvaradó no llegó al sitio.
* Domingo 22 de junio a eso de la 1:00 p.m., de acuerdo con versiones de los pobladores, en el templo católico, una mujer que se presentó como inversionista indicó que era propietaria de 2 mil hectáreas de tierra en El Guamo, Territorio Colectivo de Curvaradó y Playa Roja también propiedad de un Consejo Comunitario. La mujer agregó que contaba con el aval del Incoder y de una empresa lechera y estaba dispuesta a parcelar las hectáreas de tierra e invertir en proyectos productivos.
* Lunes 23 de junio de acuerdo con un testigo, en el día de ayer, en Belén de Bajirá, una persona que sostiene contacto con los paramilitares indicó que las estructuras armadas que operan en el bajo Atrato están preocupados por la eventual devolución de tierras de Curvaradó. Han indicando que “a nosotros no nos valen los de derechos humanos ni los gringos, nos podemos cargar uno de ellos y todo se arregla” (…). Además de la estigmatización de los espacios comunitarios afirmaron que: “la gente de las Zonas Humanitarias y las de Biodiversidad debe venderle al Patrón, GABRIEL JAIME SIERRA es el que manda (…) Su plata es ilícita pero es el que manda y paga y deben venderle.(…) Dijeron que “apoyados por las ONG y gringos, la guerrilla a hecho esas Zonas Humanitarias, eso no nos vale mucho si matamos a alguno. En Nueva Esperanza se ocultan ERASMO SIERRA y DANILO VERGARA son guerrilleros, y nosotros vamos por ellos, ustedes se van a dar cuenta” (…) “Si le dimos a un Presidente, afirmaron los paramilitares, porque no le vamos a dar a un gringo y a esas ONG”.
ERASMO SIERRA y DANILO VERGARA son reconocidos líderes, que no tienen ningún cuestionamiento ético por la coherencia y la transparencia de sus vidas y continúa uno de ellos judicializado falsamente.
Ese mismo día, coincidentemente en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá a eso de las 9:30 a.m. y hasta el medio día, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de un acto de desprestigio protagonizado por 8 personas con panfletos y arengas contra Peace Brigades International, PBI, Justicia y Paz. Otras organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, el Colectivo de Abogados, CAJAR que junto con nuestra Comisión de Justicia y Paz somos representantes ante la OIT a nombre de los afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y las de Biodiversidad. Igualmente se refieren al CINEP en los mismos términos.
La acción de estigmatización y falsos señalamientos contó con la participación de NEMESIO CUESTA, GRACIANO BLANDON, JAIME BEITAR, entre otros. Estas personas participaron el viernes pasado en la retención de 3 defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó, al lado de reconocidos participantes de las estructuras paramilitares JUAN PALACIO “El Diablo” y NICOLAS GIRALDO “El Dólar” y empresarios palmeros y ganaderos beneficiarios de los paramilitares, entre ellos ANTONIO ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO o “Coronel Molano”, GABRIEL DIAZ. Otro de los beneficiarios, que no se encontró en el lugar, es el reconocido empresario paramilitar RAUL HASBÚN.
NEMESIO CUESTA afirmó a algunos medios que Justicia y Paz es responsable de haber herido de bala a dos personas en el bajo Atrato el pasado lunes, sin precisar detalles.
Los 3 afrodescendientes no tienen ocupación legal y legitima en este territorio ni forman parte del Consejo Comunitario de Curvaradó. Estos responsabilizan a los defensores de derechos humanos de Justicia y Paz ABILIO PEÑA, GERMAN ROMERO y DANILO RUEDA de ordenar atentados contra su vida y de dirigir todas las acciones contra las comunidades, de imponer las Zonas Humanitarias y Zonas Biodiversidad de desarrollar la estrategia de persecución legal a nombre de la guerrilla. “Justicia y Paz hace lo que las FARC no puede hacer, las Zonas Humanitarias son la estrategia de la FARC en la zona”. Y responsabilizan al padre JAVIER GIRALDO S.J. de la estrategia internacional.
Hacia las 12:30 p.m. se conoció que en Brisas de Curvaradó se estaban reuniendo los trabajadores y repobladores a cargo del empresario GABRIEL JAIME SIERRA para tomar decisión respecto a la delimitación de la propiedad colectiva y su restitución.
* Martes 1 de julio después del medio día la inspectora de policía del municipio de Riosucio, AMINTA CASTRO CUESTA, en compañía del Personero municipal DARIO BLANDON CAICEDO, ordenó el desalojo de la familia BARRERA MONCADA, atendiendo el recurso impuesto por los ocupantes de mala fe la FAMILIA ARGOTE.
La diligencia fue acompañada por cien unidades de la Policía Nacional, que se presentaron como efectivos de la Policía del departamento de Santander. También estuvo presente NEMESIO CUESTA MOSQUERA, representante legal del consejo comunitario de la Larga Tumaradó, CLAUDIA ANGELA ARGOTE, ocupante de mala fe, sus trabajadores y el apoyo del conocido como “El Secretario” y los trabajadores de éste, ocupantes de mala fe de Caño Manso.
Los integrantes de la familia BARRERA MONCADA, conformado por campesinas y campesinos, entre ellos un anciano de 85 años de edad, 8 adultos y 9 niños, regresaron a su propiedad semanas atrás, luego de casi 12 años de desplazamiento forzado por operaciones paramilitares, de la presión recibida para vender la propiedad por parte de estas mismas estructuras criminales. La propiedad total de esta familia es de 61 hectáreas, 20 que hacen parte del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de Caracolí y la restante 41 de carácter familiar, reconocidas en la Resolución No 0564 del 19 de septiembre de 1988 del INCORA
La irregular diligencia judicial se realizó desconociendo el derecho a la oposición que la familia interpuso verbalmente y por escrito, exhibiendo el documento que prueba y justifica legalmente su ocupación, conforme al artículo 13 del Decreto 0992 de 1930, al momento en que la Inspectora ordenó el desalojo. La actuación contra derecho no fue notificada por el Procurador Ambiental y Agrario del Chocó, de acuerdo con la disposición de la ley 1152 de 2007.
A las 3:40 p.m. se inició el procedimiento irregular del desalojo, con la participación pasiva de los agentes de policía, y el ingreso de 15 particulares, entre ellos la persona conocida como “El Secretario”, sus trabajadores de éste y los trabajadores de la Familia ARGOTE, quienes sacaron los enseres de la familia BARRERA y los metieron en uno de los camiones de la Policía de Urabá.
A las 6:20p.m. dieron por terminado el procedimiento ilegal de desalojo, dejando a los miembros de la familia BARRERA a la intemperie en la carretera, sin alimentos, frente a la finca de su propiedad.
La policía dispuso un operativo de más de 100 efectivos, tres camiones, dos patrullas y dos ambulancias. Los efectivos policiales se presentaron como parte de estructuras del departamento de Santander y otros afirmaron ser de la ciudad de Bucaramanga, se negaron a entregar el nombre del Coronel que se encuentra en la diligencia, que en contra derecho, se adelantó en el poblado de Caracolí.
El accionar de los policías también estaba encaminado a colocar en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al adulto Mayor HERNANDO BARRERA SANCHEZ de 85 años de edad y a los 9 niños, acción que los demás miembros de la comunidad impidieron que esto sucediera.
* Domingo 6 de julio a las 3:00 p.m. conoció que el sábado 5 de julio, unidades militares ingresaron al territorio colectivo del Jiguamiandó, hacia el sitio El Hobo. Según testimonios, cerca de 10 camiones llegaron el sábado hasta el sector donde finaliza la carretera que se encuentra en las siembras de palma en el Curvaradó y empezaron su recorrido hacia ese lugar en donde se iniciarán las labores de adecuación de una carretera anunciada por GABRIEL JAIME SIERRA.
Nuestra Censura Ética ante las lógicas del progreso, de la ganancia, de la competitividad, del mercado que se imponen a la Vida, la humana y la natural. Se impone un estado de hecho en el bajo Atrato. Existe un desconocimiento de lo que en derecho se ha logrado que el Estado reconozca a las comunidades afrocolombianas, las que son estigmatizadas, señaladas, judicializadas y frente a las cuales se estructuran discursos racistas. Víctimas a quiénes se les pretende negar el derecho al apoyo humanitario, al apoyo jurídico, psicosocial, alimentario, ambiental y de protección de organismos humanitarios de derechos humanos nacionales e internacional.
¿Qué restitución de tierras puede haber con garantías, cuando los paramilitares que, ni siquiera, se dejan de llamar en Urabá y el Bajo Atrato “AUC” o “Convivir” continúan ejerciendo el absoluto control de en el área de los cultivos de palma aceitera o de extensión ganadera?
¿Qué restitución puede haber cuando los victimarios continúan actuando amparados en la fuerza pública y paramilitar como el alias de JOSE MOYA ASPRILLA, “El Cucho”; NICOLAS GIRALDO, “El dólar”; JUAN JOSE PALACIO “El Diablo”, deforestando los bosques que quedan, adquiriendo de manera ilegal tierras pertenecientes a los títulos colectivos, entrando y sacando ganado sin control alguno?
¿En qué justicia pueden creer las víctimas cuando el proceso judicial abierto por la Fiscalía bajo el radicado 3856 no ha emitido una sola orden de captura y empresarios de la palma o de extensión ganadera como LUIS MOLANO, ANTONIO ARGOTE, GABRIEL JAIME SIERRA, SOR TERESA GOMEZ O TERESA CASTAÑO, HERNAN GOMEZ, KATIA SANCHEZ, JESUS ANTONIO ROLDAN, SOR ENID OSPINA RENDON, FABIO GIL continúan incurriendo en actuaciones contra derecho, en uno tras otro delito a la vista de todas las autoridades?
¿En qué justicia se puede creer cuando no hay adopción de medidas cautelares que evite la repetición de conductas delictivas bajo las cuales se pretende proteger la apropiación ilegal de predios, la siembra ilegal de palma y la extensión ganadera, así los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, cuando no ellos mismos paramilitares continúan en sus agronegocios ilegales, destruyendo ambientalmente el territorio?
¿Qué desarrollo puede haber si las comunidades no tienen derecho a decidir el tipo cultivos que pueden implementar o la actividad económica que quieren realizar? Si la imposición de un modelo de desarrollo les ha significado más de 140 crímenes, más de 13 desplazamientos forzosos, la estigmatización, los señalamientos, las falsas acusaciones judiciales, la destrucción de su entorno vital?
¿En qué autoridad pueden creer, cuando esa autoridad convive con el delito, actúa con los delincuentes, ampara a los criminales, se congracia con ellos?
¿Por qué se actúa con tanta diligencia por parte de la Inspecciones de Policía de Carmen de Darién y de Riosucio, negando la restitución de la propiedad a los legítimos ocupantes, habitantes, poseedores, mientras amparando a los empresarios ordenan el desalojó con actuaciones irregulares de los ocupantes de mala fe, muchos de ellos, beneficiarios del paramilitarismo?
¿Qué y quiénes se quieren ocultar impidiendo la restitución de la propiedad en Caño Manso, Caracolí, El Guamo y en general el Territorio de Curvaradó? ¿Quiénes quedarán al descubierto?
¿Qué medidas efectivas se están adoptando para evitar la deforestación, la ampliación de la destrucción ambiental en una zona declarada Reserva Forestal?
¿Qué medidas ha adoptado la Contraloría General de la Nación para investigar y sancionar a los responsables que aprobaron dineros públicos para el agronegocio de la siembra de palma con pruebas falsas y actuaciones irregulares e ilegales respecto a la propiedad de la tierra?
¿Por qué la Inspección de Policía de Riosucio continúa desconociendo al Ministerio Público en sus actuaciones irregulares, desproporcionadas y contra derecho, bajo la cual legaliza el desalojo de mestizos y afrocolombianos?
¿Por qué contra toda sana lógica, debido proceso, fundamentos de hecho y de derecho la Inspección del Municipio de Carmen de Darién continúa negando a los habitantes ancestrales, la restitución de la propiedad?
A nadie le cabe duda de la ausencia de una voluntad para actuar con diligencia, con celeridad y con eficacia a fin de evitar la repetición de nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal y comunitaria y al territorio de los afrocolombianos y mestizos.
A ustedes nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, aún hoy, 12 años después de sistemática impunidad, de una violencia sistemática destinada a perseguir y destruir a pueblos y comunidades bajo el pretexto de estrategias contrainsurgentes, bajo las cuales ha existido una apropiación de tierras para el agronegocio de la palma, de la extensión ganadera.
Nadie con un mínimo de sensatez, puede entender, porqué el Estado colombiano no ha sido eficaz para actuar contra tanta evidencia de criminalidad,
Si se quiere actuar en derecho, aún hoy, se tendría la posibilidad de hacerlo enfrentado las estructuras criminales enquistadas en los proyectos económicos, en sectores del poder local y regional y en medio de las autoridades constituidas para ejercer el derecho de la fuerza legitima del Estado. Si el poder ejecutivo en sus más altas instancias interviene sobre la Brigadas y la Policía de Urabá. Si los entes de control e investigación del Estado intervienen ya sobre las estructuras legales de la Fuerza Pública que conviven con la criminalidad; si de inmediato son separados los integrantes de la Fuerza Pública que ante la evidente ilegalidad actúan contra derecho, amparando la criminalidad paramilitar
Si existen sus actuaciones en conformidad con el poder que ustedes representan, actuarían en conciencia, en derecho, en la protección de los afrocolombianos, de los mestizos de Curvaradó y Jiguamiandó, antes de que la injusticia y la criminalidad corroa los pocos espacios que de legitimidad y de legalidad quedan en el bajo Atrato.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ