Nuevas amenaza en el Jiguamiandó y Curvaradó. Solicitud de entrega de las copias de escrituras de las tierras que afirman los empresarios son legales y ah sido reconocidas como tales por el INCODER. Solicitud de cita con el Fiscal General de la Nación

Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral ante el desconocimiento del estado de la vida e integridad personal de BERNARDO PEQUI detenido por integrantes de la Brigada 17 en operaciones militares en las que se apropiaron de ganado de los habitantes de las Zonas Humanitarias y destruyendo los lugares humanitarios, justificando su acción en respuesta a operaciones militares de las guerrilla de las FARC EP que hurto semovientes; las nuevas amenazas e intimidaciones de la estructuras paramilitares contra los habitantes desplazados en Belén de Bajirá y los que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó que se oponen a la siembra de palma aceitera y se han negado a las presiones paramilitares para vender sus parcelas y entregar los recursos del Plan Colombia a estos grupos que operan en total connivencia con estructuras de la Brigada 17 y de la Policía de Urabá.

Bogotá, D.C 14 de noviembre de 2005

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

SABAS PRETELT DE LA VEGA
Ministro del Interior

CAROLINA BARCO
Ministra de Relaciones Exteriores

ANDRES LOPEZ
Ministro de Agricultura

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo

Ref Dónde está detenido BERNARDO PEQUI por la Brigada 17 ? Nuevas amenaza en el Jiguamiandó y Curvaradó. Solicitud de entrega de las copias de escrituras de las tierras que afirman los empresarios son legales y ah sido reconocidas como tales por el INCODER. Solicitud de cita con el Fiscal General de la Nación

“Escucha oh Dios, la voz de mi gemido, del terror que guarda mi vida; ocúltame a la pandilla de malvados, a la turba de los agentes del mal. Los que afilan su lengua como espada, su flecha apunta, palabra envenenada, para tirar a escondidas contra el íntegro la tiran de improviso y nada temen. Se envalentona su acción malvada, calculan para tender lazos ocultos dicen:¿ quien observará y escrutará nuestros secretos?” Salmo 64 1,7

Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral ante el desconocimiento del estado de la vida e integridad personal de BERNARDO PEQUI detenido por integrantes de la Brigada 17 en operaciones militares en las que se apropiaron de ganado de los habitantes de las Zonas Humanitarias y destruyendo los lugares humanitarios, justificando su acción en respuesta a operaciones militares de las guerrilla de las FARC EP que hurto semovientes; las nuevas amenazas e intimidaciones de la estructuras paramilitares contra los habitantes desplazados en Belén de Bajirá y los que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó que se oponen a la siembra de palma aceitera y se han negado a las presiones paramilitares para vender sus parcelas y entregar los recursos del Plan Colombia a estos grupos que operan en total connivencia con estructuras de la Brigada 17 y de la Policía de Urabá.

Nuevamente nuestra Constancia y Censura Moral ante los daños irreparables a la vida e integridad personal de los pueblos afrodescendientes, la negación del derecho a su existencia y la grave situación de afectación de su sobrevivencia por la siembra de palma aceitera sustentada en el engaño, la presión y el despojo forzado de tierras “legalizado”.

No deja de escandalizar, de generar estupor que los mismos militares se encuentren anunciando a todo los vientos que van ingresar a las Zonas Humanitarias los paramilitares a asesinar, es la segunda ocasión en que la hacen, tan vehementemente en el último mes y medio. Y no deja de cuestionar profundamente la legitimidad de la actuación militar cuando esta usa la fuerza contra los civiles y no contra la guerrilla de las FARC EP

*Miércoles 19 de octubre en horas de la mañana fue visitada la familia del campesino MANUEL ENRIQUE PETRO por miembros de la fiscalía de Apartadó, quienes interrogaron a algunos de sus miembros por los hechos relacionados con la desaparición de ORLANDO VALENCIA, por la familiaridad con él. Después que los campesinos respondieron que no lo conocían, manifestaron “si es cierto que no lo conocían entonces por qué iba a entrar a esta casa”. Andes de salir de la casa, dejaron una nota escrita a mano en una hoja arrancada de su agenda personal en la que pedían que don MANUEL ENRIQUE PETRO se acercara a la fiscalía en Apartadó. Al salir manifestaron: “si no va, lo agarramos donde sea y lo hacemos ir, o si no a alguno de ustedes”.

* Durante el sábado 29 y Domingo 30 de octubre, de acuerdo con testigos, a 2 kilómetros del casco urbano de Belén de Bajirá en la carretera que conduce a Riosucio, en el caserío de Santa María, TERESA CASTAÑO y funcionarios del gobierno adelantaron reuniones con parceleros de la zona para definir la distribución de los recursos del Plan Colombia.

* Lunes 31 de octubre, a las 9:30 a.m nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que en Belén de Bajirá en una reunión el pasado 28 de octubre en desarrollo de la estrategia paramilitar, se planearon tres nuevos atentados contra afrodescendientes en los que participaría un hombre apodado “El Cucho”. Los atentados estarían dirigidos contra 3 miembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó para “hacer lo mismo que ORLANDO. Es necesario hacer lo mismo con los mas cabezudos de esas Zonas Humanitarias, los reclamos por lo de la palma no pueden seguir adelante”

A los pobladores se les manifestó que de recursos del Plan Colombia recibirían $600.000 por dos meses (U.S $ 265) de los que deberían entregar cerca de $300.000 (U.S 130) a los “civiles” armados de la estrategia paramilitares al mando de El Alemán. Además de comprometerse a participar en todas las reuniones a las que ellos los convoquen.
Durante el mes de octubre la expansión de los cultivos de palma aceitera continúo en parcelas de la comunidad de Llano Rico, apropiadas ilegalmente bajo presión paramilitar y en la vía a Riosucio en las inmediaciones del caserío Playa Roja, en terrenos que reclaman los paramilitares como de su propiedad.

* Sábado 12 de noviembre a las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la presencia de un significativo número de militares en el casco urbano de Murindó en donde manifestaron a varios pobladores de este lugar, que el despliegue militar y todo el abastecimiento es por que va a haber “pelea”, agregaron, que los paramilitares van a acabar esas Zonas Humanitarias, que van a matar a ese poco de líderes y de gente que se opone al progreso y que para eso los paramilitares tienen una lista. Los militares se encuentran acompañados de dos ex guerrilleros de las FARC EP conocidos como “El Negro” y “El Cucho”.

Nuestra Constancia y Censura Moral ante las actuaciones institucionales. Ya son 111 asesinatos y desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad. 13 desplazamientos forzados, crímenes de guerra. Más de 7000 hectáreas de los Territorios Colectivos de los pueblos afrodescendientes sembrados con palma de aceite de manera ilegal e ilegitima. Millones y millares de especies vivas destruidas.

Han sido centenares las cartas de exigencia de respeto a los derechos de loa afrodescendientes, las 3 Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las Medidas Provisionales. Centenares de testigas y testigos de la ilegalidad de las violaciones de derechos humanos y de su interacción con la siembra de palma y la extensión ganadera y lo que podemos decir, sordera del poder ejecutivo para actuar en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.

Resoluciones Defensoriales y Directivas del Procurador General de la Nación. Visitas de verificación, diálogos con el Gobierno Nacional y nada absolutamente nada cesa. Los derechos de los afrodescendientes siguen siendo sistemáticamente negados. El Derecho a la existencia, a la sobrevivencia es nulo en desarrollo de la política de seguridad gubernamental.

Aún Señor Vicepresidente FRANCISCO SANTOS ni las comunidades ni nosotros hemos recibido respuesta del Gobierno Nacional del estado de BERNARDO PEQUI DIAZ detenido por el ejército de la Brigada 17 el pasado 9 de octubre, habitante de Bartolo, territorio jurisdicción del municipio de Murindó. Aún esperamos la respuesta.

Igualmente aún se ha negado el Derecho de apelación a las comunidades afrodescendientes frente al comunicado público del INCODER que afirma que los titulos de propiedad de los empresarios, les autorizan para seguir sembrando palma. Ha transcurrido más de un mes, y hasta el día de hoy, no hemos recibido copia de los títulos de propiedad de los empresarios. Será posible que se pueda acceder a esos títulos, pues no se comprende como justo la siembra se desarrolla en los lugares donde habitaron colectivamente los afrodescendientes desde hace más de 50 años. Por qué la impugnación empresarial fue atendida con celeridad y las posibilidades de defensa de los derechos territoriales de las comunidades no? Será eso imparcialidad, transparencia, justicia?

Solicitamos al Vicepresidente y los Ministros, teniendo en cuenta sus responsabilidades entregar copia de las escrituras empresariales, tal como se comprometieron en la reunión de medidas provisionales del 18 de octubre pasado.

Apelamos a las responsabilidades institucionales del poder ejecutivo a fin de evitar nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal de los afrodescendientes, a respetar los Derechos Colectivos Territoriales, a entregar los documentos de escrituras públicas que dicen poseer los empresarios, para que los afrodescendientes puedan desarrollar las acciones propias en Derecho, a posibilitar el retorno de las comunidades como lo contemplan las medidas provisionales.

Todo sucede, se planean nuevos crímenes y el Estado no hace absolutamente nada. No es solo la inexistencia de voluntad, es algo más que lo hace proclive a sostener la irresponsabilidad con el Derecho a la Vida, al territorio, a los Derechos de los Pueblos. Es su responsabilidad pasada y presente en el desarrollo de la estrategia paramilitar, que ahora fortalece su botín de guerra con recursos del Plan Colombia. Todo sucede y nadie absolutamente nadie logra detener, desmoronar una máquina de guerra en la nueva etapa de control poblacional con proyección agroindustrial, bañada en sangre con finos olores de impunidad.

Al Señor Fiscal General de la Nación conceder con prontitud la reunión solicitada para la investigación que se requiere en el marco del Estado de Derecho, si se quiere restaurar el sentido de verdad y de justicia, frente a más de un centenar de Crímenes de Lesa Humanidad y su interacción con la siembra de palma. Por que es claro, que las investigaciones son inexistentes y las víctimas vienen siendo presionadas por la fiscalía local, cuando las estructuras criminales están enfrente de los investigadores. Será posible por ese métodos acaso acceder a la justicia?

No sobra volver a dejarlo por escrito. No se está cuestionando el deber del Estado de enfrentar los factores de violencia, pero en ese actuar contra la guerrilla de las FARC EP, sus acciones deben estar dirigidas contra ellos y no contra civiles, sus acciones si quieren ser legitimas deber ser conforme al Derecho no a la barbarie. Mucho más cuando los afrodescendientes y mestizos han cometido como único delito el afirmar su derecho a la vida y el negarse a sembrar palma aceitera en sus territorios titulados colectivamente
Apelamos a sus conciencias a fin de obrar, antes de que nada sea posible, en defensa del derecho a la vida, a la protección, a la libertad de los afrodescendientes que han construido su propuesta de Zonas Humanitarias.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ