Nuevas actuaciones contra los Afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó. Sin consulta se imponen formas de ilegalidad

En sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral ante las actuaciones de miembros de efectivos de la Brigada 17 acompañando las actuaciones ilegales desarrolladas por actores empresariales dentro de los Territorios Colectivos; el involucramiento directo de estos en formas de presión, disuasión, mediación a los campesinos para la aceptación de la ilegalidad de proyectos agroindustriales cimentados en falsificaciones, actuaciones paramilitares, y la negación del derecho a la consulta; la participación irregular de funcionarios del INCODER contribuyendo a la legalización de la ilegalidad, a la institucionalización de la corrupción a favor de los sectores empresariales beneficiarios de la actuación paramilitar; y la continuación de la apropiación ilegal de las tierras para la siembra de la palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó, que vienen afectando los derechos a la vida , al territorio, a la supervivencia de las comunidades afrodescendientes y campesinas mestizas.

Bogotá D.C., abril 27 de 2007

Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

Doctor
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Ministro del Interior

Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

Doctor
ANDRÉS ARIAS
Ministro de Agricultura

Doctor
JUAN LOZANO
Ministerio Ambiente

Doctor
MARIO IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación

Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Doctor
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo

Referencia: Presiones Para los agronegocios de Brigada 17, al parecer ausencia de imparcialidad en el deslinde por funcionarios del INCODER, nuevos mecanismos para perpetuar la ilegalidad de la siembra y la extracción del fruto. Nuevas actuaciones contra los Afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó. Sin consulta se imponen formas de ilegalidad

“La tierra poseída se encuentra manchada por los Crímenes de las gentes del poder. Por las abominaciones que han llevado de un extremo a otro con su ambición” Esdras 9, 11

Reciban un respetuoso saludo.

En sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral ante las actuaciones de miembros de efectivos de la Brigada 17 acompañando las actuaciones ilegales desarrolladas por actores empresariales dentro de los Territorios Colectivos; el involucramiento directo de estos en formas de presión, disuasión, mediación a los campesinos para la aceptación de la ilegalidad de proyectos agroindustriales cimentados en falsificaciones, actuaciones paramilitares, y la negación del derecho a la consulta; la participación irregular de funcionarios del INCODER contribuyendo a la legalización de la ilegalidad, a la institucionalización de la corrupción a favor de los sectores empresariales beneficiarios de la actuación paramilitar; y la continuación de la apropiación ilegal de las tierras para la siembra de la palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó, que vienen afectando los derechos a la vida , al territorio, a la supervivencia de las comunidades afrodescendientes y campesinas mestizas.

Nuestra Constancia Histórica esperando que por lo menos, por una única vez, se actúe diligentemente a fin de evitar la apropiación ilegal del Territorio Colectivo y de propiedades individuales, se enfrente las nuevas dinámicas paramilitares y la posibilidad de la comisión de nuevos crímenes, tipificados como violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad y el avance de la destrucción ambiental y los daños a la vida por el uso de fumigantes de alto riesgo para la salud humana para la protección de la palma.

* Sábado 17 de marzo a las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que 7 miembros del Ejército Nacional de la Brigada 17 en compañía, entre otros, de los Señores GRACIANO BLANDON y MANUEL GREGORIO DENIS BLANDON participaron en la marcación de árboles primarios que se encuentran en un área de 2000 mil hectáreas de la comunidad de Bella Flor Remacho y Caño Seco y el punto conocido como Bocas de Calderón, Territorio Colectivo de Jiguamiandó.

Los afrocolombianos afectados por estas actuaciones dentro del Territorio Colectivo han conocido que el empresario JAIME SIERRA, de Palmas de Curvaradó ha manifestado en Belén de Bajirá que esta tierra es de él y será destinada al progreso empresarial. Agregando, el mismo, que en Bocas de Calderón se instalará una base militar.

Los Señores BLANDON y DENIS BLANDON que fueron acompañados por las unidades militares han actuado como comisionistas de las empresas palmeras, quiénes a su vez cuentan con personal de los grupos paramilitares en desarrollo de actuaciones de seguridad. Estos mismos civiles se han encargado de atizar en medio públicos y de información masiva que las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, acompañantes nacionales y organismos internacionales son parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC.

* Miércoles 21 y jueves 22 de marzo en la Zona Humanitaria de Andalucía-Caño Claro se conoció de la fumigación por aspersión de químicos sobre la siembra de palma africana la que logró contaminar el río Caño Claro y afectar a los habitantes del lugar.

Desde el viernes 23 de marzo los pobladores, en particular, las mujeres afrocolombianas y mestizas sufrieron afecciones vaginales, gastrointestinales, fiebre, mareos, diarrea, conjuntivitis, de las que no se han logrado recuperar. Las acompañantes internaciones y nacionales de derechos humanos también estuvieron afectadas-.

A raíz de las fumigaciones las especies acuáticas para el consumo alimentario fueron afectadas y se ha afectado el Derecho a la alimentación.

* Martes 27 de marzo a eso de las 11:30 a.m. a la comunidad de El Guamo, Territorio Colectivo del Curvaradó llegaron 10 personas ajenas de la región con una comunicación firmada por MANUEL MOYA LARA, como Representante Legal del Consejo Comunitario de Curvaradó en la que se autoriza a este grupo de personas a ocupar los predios de la propiedad comunitaria para el desarrollo de un Proyecto Empresarial. Con los campesinos se encontraban GABRIEL DIAZ, ANDRES o ORLANDO MORENO quiénes se encuentran vinculados a la empresa Palmado.

MORENO en varias ocasiones ha amenazado a los afrodescendientes y mestizos.

Los habitantes de El Guamo se negaron a aceptar dicha presencia manifestando que no han sido consultados, que el Representante Legal es LIGIA MARIA CHAVERRA, y que no entienden porque MANUEL MOYA suscribe compromisos de alianza estratégicas que son carentes de cualquier legalidad.

Los campesinos ajenos de la región llegaron acompañados con unidades militares, que se hicieron a la distancia para no ser observados por los afrodescendientes y mestizos.

Los pobladores de El Guamo manifestaron que se reunirían en Asamblea al siguiente día para discutir sobre los abusos empresariales y la deshonesta actuación de MANUEL MOYA.

* Miércoles 28 de marzo en el caserío El Guamo los integrantes del Consejo Comunitario menor se reunieron en Asamblea Comunitaria desde las 11 OO a.m. hasta las 3.00 p.m. concluyendo que se no era posible recibir en su comunidad a 10 personas ajenas al Territorio. Reiteraron que ellos no han sido consultados para que allí se desarrolle algún proyecto empresarial de palma o de otro tipo; que ellos nunca han avalado a MANUEL MOYA para ser representados y que este se encuentra actuando contra la ley 70, contra sus derechos respaldado en los empresarios y las instituciones, las que también son responsables de la arbitrariedad.

* Viernes 30 de marzo a las a las 9:00 a.m. integrantes del Consejo Comunitario de Guamo, Territorio del Curvaradó mientras esperaban en Brisas de Curvaradó un bote para transportarse a su comunidad fueron abordados por ANDRES MORENO LEMUS, vocero de la empresa Palmado, quien les manifestó que no iban a llevar “personas desconocidas”.

Cuarenta minutos después, en un nuevo intento para transportarse abordaron un bote que alcanzaron a pagar, cuando estaban a punto de arrancar, el conductor les manifestó que debían bajarse los que van para El Guamo y les devolvieron el dinero. El motorista fue presionado por ANDRES MORENO

Ante la imposibilidad de transportarse por vía acuática, los campesinos decidieron emprender el camino por tierra. A eso del medio día, al llegar a la propiedad de la familia VALENTIN VEGA, ubicada entre los caseríos de El Guamo y Caracolí en frente de terrenos sembrados con palma por la empresa Palmado, fueron abordados por dos militares. Uno de ellos se presentó como capitán.

Los afrocolombianos preguntaron por las identidades a los militares, pero estos se negaron a darlos, se taparon con la mano los distintivos. Los efectivos de la Brigada 17 les preguntaron y expresaron: “¿Ustedes por qué vienen huyendo?. A Usted EUSTAQUIO POLO lo hemos estado buscando para dialogar. Ustedes le metieron terror a la gente con lo de los proyectos, los negocios. Ustedes nos atacaron hace unos días allá en El Guamo. No permiten trabajar .Ustedes han hablado así por que los atemoriza la guerrilla. Nosotros ayudamos. ¿Por qué no negociamos para acordar lo de los proyectos, negociemos o hablen con los empresarios. Don GABRIEL SIERRA tiene títulos de todo eso, y es mejor llegar a un arreglo”

EUSTAQUIO miembro de la Junta del Consejo Comunitario menor desmintió al militar. “No es cierto que nosotros los atacamos. Nuestra Comunidad no ha autorizado ningún proyecto en El Guamo. Nosotros no hemos sido consultados. Ni queremos vender la tierra. Nosotros vivimos ajenos de la guerra. Nosotros no hemos autorizado al señor MANUEL MOYA para representarnos. El no nos representa ni ha sido legalmente elegido”. Y agregó: “nosotros no tenemos nada que hablar con empresarios que no son los dueños de la tierra, nosotros somos los habitantes nacidos y originarios y no hemos hecho nada más que trabajar la tierra y protegerla. Ellos tienen unos títulos ilegales, son falsos, no son los verdaderos”-

Uno de los militares les expresó en tono amenazante: “ustedes saben como es que son las normas aquí?”

Los militares, luego de la advertencia, les dejaron continuar el camino.

* Sábado 31 de marzo a las 5:00 p.m. se observó la marcación de árboles realizada en el caserío de Andalucía, Territorio Colectivo de Curvaradó, días antes, por comisionistas de las empresas palmeras que actuaron desde el desplazamiento del 2001 como intermediarios entre paramilitares y empresarios, y que desarrollaron esta actividad acompañados de las Fuerzas Militares.

Los comisionistas GRACIANO BLANDON y GREGORIO BLANDON estuvieron actuando a nombre del empresario GABRIEL JAIME SIERRA.

* Domingo 1 de abril hacia las 9:30 a.m. en límites del cerro Las Menas en dirección hacia el poblado de Andalucía se observaron los avances en la preparación para la siembra de palma africana de manera ilegal dentro del Territorio Colectivo. En este lugar se apreció la instalación de una habitación provisional al lado de una construcción de dos pisos en madera que tenía pintadas las iniciales BEC y AUC.

Hacia las 10.30 a.m. sobre la carretera que se dirige a las instalaciones de las empresas palmeras en Caño Claro, al lado del Cementerio de Andalucía se instalaron 4 casas en los que se encontraban habitando personas que no pertenecen a los repobladores, personas de la zona y se constató la presencia de quién se afirma es un desmovilizado de nombre GUSTAVO MARTÍNEZ.

El predio que es propiedad del Territorio Colectivo la familia que lo habito por más de 30 años fue forzado por los grupos paramilitares a vender. Hoy allí, de acuerdo con las versiones existentes, se construye un nuevo poblado apoyado por el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, en el que habitaran familias ajenas del territorio, “desmovilizados” y unas nuevas personas involucradas en redes de información.

* Jueves 12 de abril a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la iglesia católica del municipio de Belén de Bajirá se realizó reunión Informativa convocada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre el procedimiento topográfico para la “identificación predial ” o “geo referenciación” de 211 predios de propiedad particular, ubicados en el territorio colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó, como parte del proceso de deslinde en cumplimiento de la resolución 2658 y 2672 de diciembre de 2.006.

Resolución que ha sido cuestionada por los afrocolombianos y que quedaría sin piso si el Estado asume las observaciones de la Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

En la misma no hubo ocasión de resolver preguntas e inquietudes de los afrocolombianos y fue presentado, falsamente, como Representante Legal al señor MANUEL MOYA LARA, a pesar de las advertencias manifestadas a los funcionarios del Incoder, con documentos que certifican que la representación en Asamblea Comunitaria y con todos los requisitos de ley es la matriarca LIGIA MARIA CHAVERRA.

La reunión informativa en la que se espera la presencia de la Vice Presidencia de la República, se realizó sin que esta entidad hubiese estado presente. A es eso de las 11:00 a.m. todo culminó

Hacia las 2:30 p.m. algunos campesinos del Curvaradó en la oficina provisional del Incoder en Belén de Bajirá fueron testigos de una reunión en la que participaron funcionarios de esta institución, entre ellos PIEDAD ECHEVERRY, quién moderó la reunión en la mañana. En la misma reunión participaron cuatro personas, que sin decir sus nombres, se identificaron como representantes de las empresas palmeras, algunas autoridades chocoanas y el señor MANUEL MOYA LARA, quien fue presentado como representante del Consejo de Comunidades Negras del Curvaradó.

En dicha reunión se planteo, por parte de los empresarios que solo reconocían a MOYA LARA como representante legal del Curvaradó. Apoyando la iniciativa, la funcionaria del Incoder PATRICIA ECHAVARRIA se mostró de acuerdo y solicitó al señor MOYA LARA, enviar documentos de manera “diligente” para enviarlos a Quibdó para iniciar el trámite respectivo, de modo que las pretensiones quedarán legalizadas.

De acuerdo con los testigos se elaboraría un proyecto entre palmicultores y comunidades, impulsado por MANUEL MOYA LARA, en el que se contendría las condiciones sobre el uso de la tierra, la participación de la comunidad en la empresa, propuesta que sería presentada ante el Ministerio de Agricultura con el objetivo de ser el prototipo de modelo a implementar en toda la región, y eso “nos va a permitir asegurar el capital invertido en la palma, ampliar la extensión de la siembra a todos los territorios de los Consejos, ese es el modelo y todo quedará arreglado”.

* Miércoles 25 de abril, hacia las 4:00 p.m. un militar de la Brigada 17, uniformado con el rostro cubierto hostigó e intimido al campesino del Consejo Comunitario del Curvaradó ENRIQUE PETRO, mientras este se encontraba en la Zona de Biodiversidad de Caño Claro – Andalucía sembrando arroz. Cuando el uniformado fue descubierto este huyó del lugar.

A las 7:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá tuvo conocimiento de las amenazas contra pobladores del caserío de Llano Rico por parte de “civiles” que pareciera son parte de la red de informante de la Brigada 17.

De acuerdo con algunos de los afectados ROBERTO ROMERO TERREGLOSA y LUZ ENEIDA RODRIGUEZ, el primero de ellos que anda con arma corta ha sindicado varios pobladores de ser guerrilleros o auxiliadores.

Los pobladores señalados y sindicados son quiénes se niegan a aceptar las imposiciones de las empresas palmeras sobre sus tierras o que afirman su derecho a la restitución

Ese mismo día unidades militares de la Brigada 17 al mando de ARDILA fueron vistos dialogando con dos hombres foráneos que visten de negro. Estos hombres se han identificado como “Aguilas Negras” ante los pobladores.

Nuestra Censura Moral ante las actuaciones CONTRA DERECHO, que no es la primera, y que se han venido dejando en su conocimiento, sin que se adopte ningún correctivo que permita a las víctimas de la guerra, del desarraigo y la posesión ilegal de sus tierras creer que el Estado Democrático, el Estado Social de Derecho es una realidad

Nuestra Censura Moral ante las actuaciones de la Brigada 17 amparando la ilegalidad en la posesión arbitraria de los Territorios desconociendo todas las decisiones y Resoluciones como la 039 de la Defensoría del Pueblo, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Las presiones sobre el campesino EUSTAQUIO POLO por unidades de la Brigada 17, que anuncian la posibilidad de un daño irreparable contra su vida e integridad personal o los otros miembros del Consejo Comunitario de El Guamo, de la cual sería responsable el Estado Colombiano; las acusaciones sin fundamento sobre los pobladores de Llano Rico por redes de informantes o de cooperantes de la Brigada 17 y la eventualidad de que algo pueda suceder contra su vida e integridad personal muestran la absoluta distorsión del mandato constitucional del Estado.

La participación no simplemente omisiva sino coincidente con los intereses empresariales por parte de la Brigada 17 es evidente.

Los anuncios hechos en diciembre de 2005 luego de una incursión ilegal a la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo”, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Acción Social, Ministerio del Interior son la base de sus actuaciones. En esa ocasión les expresaron a afrocolombianos, atónitos por el abuso de autoridad, “que la tierra no era de ellos sino de H y de los empresarios”, bajo este mismo presupuesto hoy continúan presionando, intimidando, hostigando, disuadiendo para que los afrocolombiano y mestizos desistan de sus derechos colectivos, de sus derechos territoriales y ambientales y entreguen todo a los “empresarios”.

Nuestra Constancia ante la pretensión de mostrar la legalidad de propiedad sobre las tierras, cuando la mayoría de “negocios” si así se pueden llamar, fueron realizados bajo presión a los desplazados por las operaciones militares y paramilitares de 2001.

Para las víctimas del despojo el mensaje era uno. “O nos venden o le compramos a la viuda” y luego como corderos al sitio de suplicio eran llevados. Muchos firmaron en La Fonda establecimiento en Belén de Bajirá; en las Fincas La Conga, La Tukeka, Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, donde hombres armados de la estrategia paramilitar rodeaban los lugares o las mesas en donde se encontraban costales de dinero, que iban siendo entregados a los amenazados. En muchas ocasiones la señora, al parecer familiar de los hermanos CASTAÑO GIL, TERESA CASTAÑO, que habita en la región en grandes haciendas, desembolsaba los dineros. Ella, junto con KATIA SANCHEZ, el señor JAVIER MESA, el señor JAVIER DAZA, GABRIEL JAIME SIERRA y CARLOS MERLANO se constituyeron en los rostros públicos para legalizar la ilegalidad y desarrollar la estrategia de la “Alianza Estratégica” que hoy tiene forma en las Resoluciones 1516 y 2038 expedidas por el Ministerio de Agricultura.

13 desplazamientos forzados, más de 100 crímenes perpetrados por estas estructuras criminales evidencian la pretensión, no se trataba de una actuación contrainsurgente a las FARC. Se trataba del control de la población y del Territorio.

El Comandante del Bloque Metro, “Doble Cero” o “Rodrigo” así lo reconoció en el diario El Tiempo, la palma en el Chocó chorrea sangre, corrupción, lavado de activos con el uso de recursos públicos o lo reiteró Vicente Castaño a la Revista Semana , yo llevé a los empresarios de la palma.

A pesar de tantas evidencias y de reconocimiento de paramilitares, nada pasa, todo continúa con el reconocimiento tácito de derechos empresariales, desconociendo los derechos de los afrocolombianos, el informe del Incoder de Marzo de 2005, las Observaciones de la OIT y los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestra constancia hoy se eleva con el fin de recordar que las recomendaciones de este órgano de control y vigilancia de la OIT, no pueden ser ignoradas: si bien se tiene por los fallos de la Corte Constitucional su carácter vinculante en el ordenamiento interno, también ha de entenderse que cuando se continúa en un sistemático incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política, como en este caso frente al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se genera un incumplimiento en la obligación de cumplir en el orden interno los compromisos que libremente adquirió el Estado colombiano en el plano de las relaciones internacionales.

Dado que el Estado se obligó con los otros miembros de la OIT a garantizar los derechos de los pueblos afrodescendientes, hoy reconocidos como pueblos tribales a partir de la Observación en mención, y en lugar de esto con dejamos Constancia hoy viene siendo cómplice y testigo (por la actuación de miembros de sus cuerpos armados) en la continuidad de la siembra ilegal de palma en el territorio Colectivo de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó realizada por particulares que se arrogan de ser dueños y señores de la propiedad que ancestralmente ha venido siendo ocupada por las comunidades y en cuyos terrenos han depositado además de su legado cultural y social, el espíritu de organización.

Nuestra Constancia ante la ausencia de actuaciones diligentes y responsables por parte de la Procuraduría General de la Nación respecto a las investigaciones de funcionarios públicos y la recaudación de pruebas de más de 17O víctimas y testigos de las operaciones ilegales y contra derecho que comprometen la responsabilidad del Estado. Tal vez si se hubiera obrada sobre notarios, sobre funcionarios del Ministerio de Agricultura, Codechocó, Fuerza Pública habría esperanzas de la restauración del Estado de Derecho.

Nuestra Constancia ante la solicitud elevada ante el Ministerio de Ambiente de una audiencia, que es desconocida por cargos medios, a pesar de la decisión de convocarla por parte del Ministro; nuestra profunda censura ante el desconocimiento de fondo a las disposiciones ambientales y la ley 70 por parte de las corporaciones que continúan mudas y ciegas ante la destrucción territorial.

Nuestra Constancia ante la ausencia de una actuación eficaz y efectiva por parte del alto mandatario ante la serie de irregularidades y operaciones ilegales que contradicen y cuestionan de fondo las pretensiones de la política de Seguridad, las políticas anticorrupción, y el eficaz y transparente reconocimiento de los derechos de los afrocolombianos y mestizos del Curvaradó y Jiguamiandó.

Nuevamente dejamos constancia para que se actúe diligentemente y con eficacia para que exista una real restitución de los Derechos Colectivos de las comunidades negras, obrando con transparencia y en derecho.

Al Señor Vicepresidente, FRANCISCO SANTOS, reclamamos a partir de sus responsabilidades institucionales y llamando a su conciencia a:

* Adoptar las medidas de protección de los integrantes del Consejo Comunitario del Curvaradó, en particular de los de El Guamo, y de uno de sus representantes EUSTAQUIO POLO con la destitución de los militares de la Brigada 17 que le han hostigado e intimidado y han pretendido disuadirlo para que acepte la ilegalidad

* Adoptar las medidas de depuración de la Brigada 17 que operan en Llano Rico y toda su estrategia de inteligencia que coloca en riesgo a sus pobladores

* Enfrentar las estructuras ilegales que protegen acciones empresariales en El Guamo a través de Palmado y de un falso representante legal MANUEL MOYA LARA

* Adoptar las medidas necesarias para la aplicación y el cumplimiento de la “Observación Individual en el caso de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y el Jiguamiandó” emitida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación con el respeto del Convenio 169, emitido en marzo pasado, que contiene, entre otras formulaciones, la siguiente: “contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”.

* Ordenar a través de las entidades correspondientes el Cese inmediato de la extensión preparación de nuevos territorios para la siembra de palma y otros agronegocios cuestionados legal y legítimamente, y que están promovidos por GABRIEL JAIME SIERRA y protegidos por la Brigada 17.

* Intervenir sobre la empresa Extractora Bajirá S.A. con sede en Mutatá por el desconocimiento de las decisiones de organismos de control y su participación en la negación de los derechos a la vida, al Territorio de los afrocolombianos.

Al Señor Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS

* Cumplir su palabra respecto a la devolución de 15 mil hectáreas de tierra de los afrodescendientes

* Ordenar una investigación inmediata de los funcionarios del INCODER, que se encuentra en Belén de Bajirá, en particular de la Señora PATRICIA ECHAVARRIA por actuaciones CONTRA Derecho, en contravía de las disposiciones internacionales como el Derecho a la Consulta y extralimitación de funciones. Mientras la misma se realiza desligarla de cualquier tipo de responsabilidad en la región frente al problema del Curvaradó y Jiguamiandó.

* Aplicar medidas conducentes al cese de la preparación de territorios para la siembra de palma y la extracción del fruto de la palma en Caño Seco, Bella Flor Remacho

* Informar sobre el pago de los créditos aportados por FINAGRO para la siembra de la palma en el Curvaradó y si estas no se han aportado iniciar las acciones judiciales y de control interno a que diere lugar

Al Señor Ministro del Interior, CARLOS HOLGUIN SARDI

* Intervenir a fin de que se impidan actuaciones ilegales en el nombramiento de representaciones legales de Consejos Comunitarios, que desconocen las disposiciones que contempla la ley 70 y las obligaciones del Estado en el Derecho Internacional

* Intervenir ante la suscripción de acuerdos entre empresarios y comunidades que desconocen los derechos colectivos, y el bien supremo de la vida como pueblos tribales, el bien supremo de un ambiente como patrimonio de la humanidad.

Al Señor Ministro del Ambiente JUAN LOZANO

* Concretar directamente en su despacho la reunión con delegados de las comunidades para tratar además de sus iniciativas de protección y de recuperación ambiental, las afecciones causadas por el uso de fumigantes para la protección de la siembra ilegal de palma que viene afectando la vida humana, la flora y la fauna que ha logrado sobrevivir al arrasamiento forestal, y de aguas

* Intervenir con control interno sobre las Corporaciones Ambientales que debieron haber autorizado la ampliación de la preparación de tierras para agronegocios en Buenavista, en Las Menas, en Bella Flor Remacho y Caño Seco como lo sostiene el empresario GABRIEL JAIME SIERRA

Al Señor Fiscal General de la Nación MARIO IGUARAN ARANA

* Habilitar una cita de evaluación de los avances de las investigaciones sobre la apropiación ilegal de tierras, la protección de diversas pruebas y para conocer el nombre del nuevo Fiscal Delegado ante la Corte para coordinar la Investigación

Al Señor Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON, disponer con carácter urgente una comisión de procuradores delegados del orden nacional para

* Intervenir en el dudoso proceso de deslinde que se ha iniciado de modo que se protejan los derechos de los afrocolombianos

* Recolectar los testimonios y las pruebas por responsabilidad de agentes estatales en la siembra y extensión y extracción de la palma, daños ambientales y en las actuaciones ilegales empresariales

Al Señor Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ

* A través de sus funcionarios intervenir directamente en el proceso de deslinde

Con profunda preocupación ante la consolidación de un Estado de hecho,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Bogotá D.C., abril 27 de 2007

Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República

Doctor
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Ministro del Interior

Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

Doctor
ANDRÉS ARIAS
Ministro de Agricultura

Doctor
JUAN LOZANO
Ministerio Ambiente

Doctor
MARIO IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación

Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Doctor
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo

Referencia: Presiones Para los agronegocios de Brigada 17, al parecer ausencia de imparcialidad en el deslinde por funcionarios del INCODER, nuevos mecanismos para perpetuar la ilegalidad de la siembra y la extracción del fruto. Nuevas actuaciones contra los Afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó. Sin consulta se imponen formas de ilegalidad

“La tierra poseída se encuentra manchada por los Crímenes de las gentes del poder. Por las abominaciones que han llevado de un extremo a otro con su ambición” Esdras 9, 11

Reciban un respetuoso saludo.

En sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral ante las actuaciones de miembros de efectivos de la Brigada 17 acompañando las actuaciones ilegales desarrolladas por actores empresariales dentro de los Territorios Colectivos; el involucramiento directo de estos en formas de presión, disuasión, mediación a los campesinos para la aceptación de la ilegalidad de proyectos agroindustriales cimentados en falsificaciones, actuaciones paramilitares, y la negación del derecho a la consulta; la participación irregular de funcionarios del INCODER contribuyendo a la legalización de la ilegalidad, a la institucionalización de la corrupción a favor de los sectores empresariales beneficiarios de la actuación paramilitar; y la continuación de la apropiación ilegal de las tierras para la siembra de la palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó, que vienen afectando los derechos a la vida , al territorio, a la supervivencia de las comunidades afrodescendientes y campesinas mestizas.

Nuestra Constancia Histórica esperando que por lo menos, por una única vez, se actúe diligentemente a fin de evitar la apropiación ilegal del Territorio Colectivo y de propiedades individuales, se enfrente las nuevas dinámicas paramilitares y la posibilidad de la comisión de nuevos crímenes, tipificados como violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad y el avance de la destrucción ambiental y los daños a la vida por el uso de fumigantes de alto riesgo para la salud humana para la protección de la palma.

* Sábado 17 de marzo a las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que 7 miembros del Ejército Nacional de la Brigada 17 en compañía, entre otros, de los Señores GRACIANO BLANDON y MANUEL GEGRORIO DENIS BLANDON participaron en la marcación de árboles primarios que se encuentran en un área de 2000 mil hectáreas de la comunidad de Bella Flor Remacho y Caño Seco y el punto conocido como Bocas de Calderón, Territorio Colectivo de Jiguamiandó.

Los afrocolombianos afectados por estas actuaciones dentro del Territorio Colectivo han conocido que el empresario JAIME SIERRA, de Palmas de Curvaradó ha manifestado en Belén de Bajirá que esta tierra es de él y será destinada al progreso empresarial. Agregando, el mismo, que en Bocas de Calderón se instalará una base militar.

Los Señores BLANDON y DENIS BLANDON que fueron acompañados por las unidades militares han actuado como comisionistas de las empresas palmeras, quiénes a su vez cuentan con personal de los grupos paramilitares en desarrollo de actuaciones de seguridad. Estos mismos civiles se han encargado de atizar en medio públicos y de información masiva que las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, acompañantes nacionales y organismos internacionales son parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC.

* Miércoles 21 y jueves 22 de marzo en la Zona Humanitaria de Andalucía-Caño Claro se conoció de la fumigación por aspersión de químicos sobre la siembra de palma africana la que logró contaminar el río Caño Claro y afectar a los habitantes del lugar.

Desde el viernes 23 de marzo los pobladores, en particular, las mujeres afrocolombianas y mestizas sufrieron afecciones vaginales, gastrointestinales, fiebre, mareos, diarrea, conjuntivitis, de las que no se han logrado recuperar.

A raíz de las fumigaciones las especies acuáticas para el consumo alimentario fueron afectadas y se ha afectado el Derecho a la alimentación.

* Martes 27 de marzo a eso de las 11:30 a.m. a la comunidad de El Guamo, Territorio Colectivo del Curvaradó llegaron 10 personas ajenas de la región con una comunicación firmada por MANUEL MOYA LARA, como Representante Legal del Consejo Comunitario de Curvaradó en la que se autoriza a este grupo de personas a ocupar los predios de la propiedad comunitaria para el desarrollo de un Proyecto Empresarial. Con los campesinos se encontraban GABRIEL DIAZ, ANDRES o ORLANDO MORENO quiénes se encuentran vinculados a la empresa Palmado.

MORENO en varias ocasiones ha amenazado a los afrodescendientes y mestizos.

Los habitantes de El Guamo se negaron a aceptar dicha presencia manifestando que no han sido consultados, que el Representante Legal es LIGIA MARIA CHAVERRA, y que no entienden porque MANUEL MOYA suscribe compromisos de alianza estratégicas que son carentes de cualquier legalidad.

Los campesinos ajenos de la región llegaron acompañados con unidades militares, que se hicieron a la distancia para no ser observados por los afrodescendientes y mestizos.

Los pobladores de El Guamo manifestaron que se reunirían en Asamblea al siguiente día para discutir sobre los abusos empresariales y la deshonesta actuación de MANUEL MOYA.

* Miércoles 28 de marzo en el caserío El Guamo los integrantes del Consejo Comunitario menor se reunieron en Asamblea Comunitaria desde las 11 OO a.m. hasta las 3.00 p.m. concluyendo que se no era posible recibir en su comunidad a 10 personas ajenas al Territorio. Reiteraron que ellos no han sido consultados para que allí se desarrolle algún proyecto empresarial de palma o de otro tipo; que ellos nunca han avalado a MANUEL MOYA para ser representados y que este se encuentra actuando contra la ley 70, contra sus derechos respaldado en los empresarios y las instituciones, las que también son responsables de la arbitrariedad.

* Viernes 30 de marzo a las a las 9:00 a.m. integrantes del Consejo Comunitario de Guamo, Territorio del Curvaradó mientras esperaban en Brisas de Curvaradó un bote para transportarse a su comunidad fueron abordados por ANDRES MORENO LEMUS, vocero de la empresa Palmado, quien les manifestó que no iban a llevar “personas desconocidas”.

Cuarenta minutos después, en un nuevo intento para transportarse abordaron un bote que alcanzaron a pagar, cuando estaban a punto de arrancar, el conductor les manifestó que debían bajarse los que van para El Guamo y les devolvieron el dinero. El motorista fue presionado por ANDRES MORENO

Ante la imposibilidad de transportarse por vía acuática, los campesinos decidieron emprender el camino por tierra. A eso del medio día, al llegar a la propiedad de la familia VALENTIN VEGA, ubicada entre los caseríos de El Guamo y Caracolí en frente de terrenos sembrados con palma por la empresa Palmado, fueron abordados por dos militares. Uno de ellos se presentó como capitán.

Los afrocolombianos preguntaron por las identidades a los militares, pero estos se negaron a darlos, se taparon con la mano los distintivos. Los efectivos de la Brigada 17 les preguntaron y expresaron: “¿Ustedes por qué vienen huyendo?. A Usted EUSTAQUIO POLO lo hemos estado buscando para dialogar. Ustedes le metieron terror a la gente con lo de los proyectos, los negocios. Ustedes nos atacaron hace unos días allá en El Guamo. No permiten trabajar .Ustedes han hablado así por que los atemoriza la guerrilla. Nosotros ayudamos. ¿Por qué no negociamos para acordar lo de los proyectos, negociemos o hablen con los empresarios. Don GABRIEL SIERRA tiene títulos de todo eso, y es mejor llegar a un arreglo”

EUSTAQUIO miembro de la Junta del Consejo Comunitario menor desmintió al militar. “No es cierto que nosotros los atacamos. Nuestra Comunidad no ha autorizado ningún proyecto en El Guamo. Nosotros no hemos sido consultados. Ni queremos vender la tierra. Nosotros vivimos ajenos de la guerra. Nosotros no hemos autorizado al señor MANUEL MOYA para representarnos. El no nos representa ni ha sido legalmente elegido”. Y agregó: “nosotros no tenemos nada que hablar con empresarios que no son los dueños de la tierra, nosotros somos los habitantes nacidos y originarios y no hemos hecho nada más que trabajar la tierra y protegerla. Ellos tienen unos títulos ilegales, son falsos, no son los verdaderos”-

Uno de los militares les expresó en tono amenazante: “ustedes saben como es que son las normas aquí?”

Los militares, luego de la advertencia, les dejaron continuar el camino.

* Sábado 31 de marzo a las 5:00 p.m. se observó la marcación de árboles realizada en el caserío de Andalucía, Territorio Colectivo de Curvaradó, días antes, por comisionistas de las empresas palmeras que actuaron desde el desplazamiento del 2001 como intermediarios entre paramilitares y empresarios, y que desarrollaron esta actividad acompañados de las Fuerzas Militares.

Los comisionistas GRACIANO BLANDON y GREGORIO BLANDON estuvieron actuando a nombre del empresario GABRIEL JAIME SIERRA.

* Domingo 1 de abril hacia las 9:30 a.m. en límites del cerro Las Menas en dirección hacia el poblado de Andalucía se observaron los avances en la preparación para la siembra de palma africana de manera ilegal dentro del Territorio Colectivo. En este lugar se apreció la instalación de una habitación provisional al lado de una construcción de dos pisos en madera que tenía pintadas las iniciales BEC y AUC.

Hacia las 10.30 a.m. sobre la carretera que se dirige a las instalaciones de las empresas palmeras en Caño Claro, al lado del Cementerio de Andalucía se instalaron 4 casas en los que se encontraban habitando personas que no pertenecen a los repobladores, personas de la zona y se constató la presencia de quién se afirma es un desmovilizado de nombre GUSTAVO MARTÍNEZ.

El predio que es propiedad del Territorio Colectivo la familia que lo habito por más de 30 años fue forzado por los grupos paramilitares a vender. Hoy allí, de acuerdo con las versiones existentes, se construye un nuevo poblado apoyado por el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, en el que habitaran familias ajenas del territorio, “desmovilizados” y unas nuevas personas involucradas en redes de información.

* Jueves 12 de abril a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la iglesia católica del municipio de Belén de Bajirá se realizó reunión Informativa convocada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre el procedimiento topográfico para la “identificación predial ” o “geo referenciación” de 211 predios de propiedad particular, ubicados en el territorio colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó, como parte del proceso de deslinde en cumplimiento de la resolución 2658 y 2672 de diciembre de 2.006.

Resolución que ha sido cuestionada por los afrocolombianos y que quedaría sin piso si el Estado asume las observaciones de la Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

En la misma no hubo ocasión de resolver preguntas e inquietudes de los afrocolombianos y fue presentado, falsamente, como Representante Legal al señor MANUEL MOYA LARA, a pesar de las advertencias manifestadas a los funcionarios del Incoder, con documentos que certifican que la representación en Asamblea Comunitaria y con todos los requisitos de ley es la matriarca LIGIA MARIA CHAVERRA.

La reunión informativa en la que se espera la presencia de la Vice Presidencia de la República, se realizó sin que esta entidad hubiese estado presente. A es eso de las 11:00 a.m. todo culminó

Hacia las 2:30 p.m. algunos campesinos del Curvaradó en la oficina provisional del Incoder en Belén de Bajirá fueron testigos de una reunión en la que participaron funcionarios de esta institución, entre ellos PATRICIA ECHAVARRIA, quién moderó la reunión en la mañana. En la misma reunión participaron cuatro personas, que sin decir sus nombres, se identificaron como representantes de las empresas palmeras, algunas autoridades chocoanas y el señor MANUEL MOYA LARA, quien fue presentado como representante del Consejo de Comunidades Negras del Curvaradó.

En dicha reunión se planteo, por parte de los empresarios que solo reconocían a MOYA LARA como representante legal del Curvaradó. Apoyando la iniciativa, la funcionaria del Incoder PATRICIA ECHAVARRIA se mostró de acuerdo y solicitó al señor MOYA LARA, enviar documentos de manera “diligente” para enviarlos a Quibdó para iniciar el trámite respectivo, de modo que las pretensiones quedarán legalizadas.

De acuerdo con los testigos se elaboraría un proyecto entre palmicultores y comunidades, impulsado por MANUEL MOYA LARA, en el que se contendría las condiciones sobre el uso de la tierra, la participación de la comunidad en la empresa, propuesta que sería presentada ante el Ministerio de Agricultura con el objetivo de ser el prototipo de modelo a implementar en toda la región, y eso “nos va a permitir asegurar el capital invertido en la palma, ampliar la extensión de la siembra a todos los territorios de los Consejos, ese es el modelo y todo quedará arreglado”.

* Miércoles 25 de abril, hacia las 4:00 p.m. un militar de la Brigada 17, uniformado con el rostro cubierto hostigó e intimido al campesino del Consejo Comunitario del Curvaradó ENRIQUE PETRO, mientras este se encontraba en la Zona de Biodiversidad de Caño Claro – Andalucía sembrando arroz. Cuando el uniformado fue descubierto este huyó del lugar.

A las 7:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá tuvo conocimiento de las amenazas contra pobladores del caserío de Llano Rico por parte de “civiles” que pareciera son parte de la red de informante de la Brigada 17.

De acuerdo con algunos de los afectados ROBERTO ROMERO TERREGLOSA y LUZ ENEIDA RODRIGUEZ, el primero de ellos que anda con arma corta ha sindicado varios pobladores de ser guerrilleros o auxiliadores.

Los pobladores señalados y sindicados son quiénes se niegan a aceptar las imposiciones de las empresas palmeras sobre sus tierras o que afirman su derecho a la restitución

Ese mismo día unidades militares de la Brigada 17 al mando de ARDILA fueron vistos dialogando con dos hombres foráneos que visten de negro. Estos hombres se han identificado como “Aguilas Negras” ante los pobladores.

Nuestra Censura Moral ante las actuaciones CONTRA DERECHO, que no es la primera, y que se han venido dejando en su conocimiento, sin que se adopte ningún correctivo que permita a las víctimas de la guerra, del desarraigo y la posesión ilegal de sus tierras creer que el Estado Democrático, el Estado Social de Derecho es una realidad

Nuestra Censura Moral ante las actuaciones de la Brigada 17 amparando la ilegalidad en la posesión arbitraria de los Territorios desconociendo todas las decisiones y Resoluciones como la 039 de la Defensoría del Pueblo, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Las presiones sobre el campesino EUSTAQUIO POLO por unidades de la Brigada 17, que anuncian la posibilidad de un daño irreparable contra su vida e integridad personal o los otros miembros del Consejo Comunitario de El Guamo, de la cual sería responsable el Estado Colombiano; las acusaciones sin fundamento sobre los pobladores de Llano Rico por redes de informantes o de cooperantes de la Brigada 17 y la eventualidad de que algo pueda suceder contra su vida e integridad personal muestran la absoluta distorsión del mandato constitucional del Estado.

La participación no simplemente omisiva sino coincidente con los intereses empresariales por parte de la Brigada 17 es evidente.

Los anuncios hechos en diciembre de 2005 luego de una incursión ilegal a la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo”, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Acción Social, Ministerio del Interior son la base de sus actuaciones. En esa ocasión les expresaron a afrocolombianos, atónitos por el abuso de autoridad, “que la tierra no era de ellos sino de H y de los empresarios”, bajo este mismo presupuesto hoy continúan presionando, intimidando, hostigando, disuadiendo para que los afrocolombiano y mestizos desistan de sus derechos colectivos, de sus derechos territoriales y ambientales y entreguen todo a los “empresarios”.

Nuestra Constancia ante la pretensión de mostrar la legalidad de propiedad sobre las tierras, cuando la mayoría de “negocios” si así se pueden llamar, fueron realizados bajo presión a los desplazados por las operaciones militares y paramilitares de 2001.

Para las víctimas del despojo el mensaje era uno. “O nos venden o le compramos a la viuda” y luego como corderos al sitio de suplicio eran llevados. Muchos firmaron en La Fonda establecimiento en Belén de Bajirá; en las Fincas La Conga, La Tukeka, Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, donde hombres armados de la estrategia paramilitar rodeaban los lugares o las mesas en donde se encontraban costales de dinero, que iban siendo entregados a los amenazados. En muchas ocasiones la señora, al parecer familiar de los hermanos CASTAÑO GIL, TERESA CASTAÑO, que habita en la región en grandes haciendas, desembolsaba los dineros. Ella, junto con KATIA SANCHEZ, el señor JAVIER MESA, el señor JAVIER DAZA, GABRIEL JAIME SIERRA y CARLOS MERLANO se constituyeron en los rostros públicos para legalizar la ilegalidad y desarrollar la estrategia de la “Alianza Estratégica” que hoy tiene forma en las Resoluciones 1516 y 2038 expedidas por el Ministerio de Agricultura.

13 desplazamientos forzados, más de 100 crímenes perpetrados por estas estructuras criminales evidencian la pretensión, no se trataba de una actuación contrainsurgente a las FARC. Se trataba del control de la población y del Territorio.

El Comandante del Bloque Metro, “Doble Cero” o “Rodrigo” así lo reconoció en el diario El Tiempo, la palma en el Chocó chorrea sangre, corrupción, lavado de activos con el uso de recursos públicos o lo reiteró Vicente Castaño a la Revista Semana , yo llevé a los empresarios de la palma.

A pesar de tantas evidencias y de reconocimiento de paramilitares, nada pasa, todo continúa con el reconocimiento tácito de derechos empresariales, desconociendo los derechos de los afrocolombianos, el informe del Incoder de Marzo de 2005, las Observaciones de la OIT y los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestra constancia hoy se eleva con el fin de recordar que las recomendaciones de este órgano de control y vigilancia de la OIT, no pueden ser ignoradas: si bien se tiene por los fallos de la Corte Constitucional su carácter vinculante en el ordenamiento interno, también ha de entenderse que cuando se continúa en un sistemático incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política, como en este caso frente al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se genera un incumplimiento en la obligación de cumplir en el orden interno los compromisos que libremente adquirió el Estado colombiano en el plano de las relaciones internacionales.

Dado que el Estado se obligó con los otros miembros de la OIT a garantizar los derechos de los pueblos afrodescendientes, hoy reconocidos como pueblos tribales a partir de la Observación en mención, y en lugar de esto con dejamos Constancia hoy viene siendo cómplice y testigo (por la actuación de miembros de sus cuerpos armados) en la continuidad de la siembra ilegal de palma en el territorio Colectivo de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó realizada por particulares que se arrogan de ser dueños y señores de la propiedad que ancestralmente ha venido siendo ocupada por las comunidades y en cuyos terrenos han depositado además de su legado cultural y social, el espíritu de organización.

Nuestra Constancia ante la ausencia de actuaciones diligentes y responsables por parte de la Procuraduría General de la Nación respecto a las investigaciones de funcionarios públicos y la recaudación de pruebas de más de 17O víctimas y testigos de las operaciones ilegales y contra derecho que comprometen la responsabilidad del Estado. Tal vez si se hubiera obrada sobre notarios, sobre funcionarios del Ministerio de Agricultura, Codechocó, Fuerza Pública habría esperanzas de la restauración del Estado de Derecho.

Nuestra Constancia ante la solicitud elevada ante el Ministerio de Ambiente de una audiencia, que es desconocida por cargos medios, a pesar de la decisión de convocarla por parte del Ministro; nuestra profunda censura ante el desconocimiento de fondo a las disposiciones ambientales y la ley 70 por parte de las corporaciones que continúan mudas y ciegas ante la destrucción territorial.

Nuestra Constancia ante la ausencia de una actuación eficaz y efectiva por parte del alto mandatario ante la serie de irregularidades y operaciones ilegales que contradicen y cuestionan de fondo las pretensiones de la política de Seguridad, las políticas anticorrupción, y el eficaz y transparente reconocimiento de los derechos de los afrocolombianos y mestizos del Curvaradó y Jiguamiandó.

Nuevamente dejamos constancia para que se actúe diligentemente y con eficacia para que exista una real restitución de los Derechos Colectivos de las comunidades negras, obrando con transparencia y en derecho.

Al Señor Vicepresidente, FRANCISCO SANTOS, reclamamos a partir de sus responsabilidades institucionales y llamando a su conciencia a:

* Adoptar las medidas de protección de los integrantes del Consejo Comunitario del Curvaradó, en particular de los de El Guamo, y de uno de sus representantes EUSTAQUIO POLO con la destitución de los militares de la Brigada 17 que le han hostigado e intimidado y han pretendido disuadirlo para que acepte la ilegalidad

* Adoptar las medidas de depuración de la Brigada 17 que operan en Llano Rico y toda su estrategia de inteligencia que coloca en riesgo a sus pobladores

* Enfrentar las estructuras ilegales que protegen acciones empresariales en El Guamo a través de Palmado y de un falso representante legal MANUEL MOYA LARA

* Adoptar las medidas necesarias para la aplicación y el cumplimiento de la “Observación Individual en el caso de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y el Jiguamiandó” emitida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación con el respeto del Convenio 169, emitido en marzo pasado, que contiene, entre otras formulaciones, la siguiente: “contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”.

* Ordenar a través de las entidades correspondientes el Cese inmediato de la extensión preparación de nuevos territorios para la siembra de palma y otros agronegocios cuestionados legal y legítimamente, y que están promovidos por GABRIEL JAIME SIERRA y protegidos por la Brigada 17.

* Intervenir sobre la empresa Extractora Bajirá S.A. con sede en Mutatá por el desconocimiento de las decisiones de organismos de control y su participación en la negación de los derechos a la vida, al Territorio de los afrocolombianos.

Al Señor Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS

* Cumplir su palabra respecto a la devolución de 15 mil hectáreas de tierra de los afrodescendientes

* Ordenar una investigación inmediata de los funcionarios del INCODER, que se encuentra en Belén de Bajirá, en particular de la Señora PATRICIA ECHAVARRIA por actuaciones CONTRA Derecho, en contravía de las disposiciones internacionales como el Derecho a la Consulta y extralimitación de funciones. Mientras la misma se realiza desligarla de cualquier tipo de responsabilidad en la región frente al problema del Curvaradó y Jiguamiandó.

* Aplicar medidas conducentes al cese de la preparación de territorios para la siembra de palma y la extracción del fruto de la palma en Caño Seco, Bella Flor Remacho

* Informar sobre el pago de los créditos aportados por FINAGRO para la siembra de la palma en el Curvaradó y si estas no se han aportado iniciar las acciones judiciales y de control interno a que diere lugar

Al Señor Ministro del Interior, CARLOS HOLGUIN SARDI

* Intervenir a fin de que se impidan actuaciones ilegales en el nombramiento de representaciones legales de Consejos Comunitarios, que desconocen las disposiciones que contempla la ley 70 y las obligaciones del Estado en el Derecho Internacional

* Intervenir ante la suscripción de acuerdos entre empresarios y comunidades que desconocen los derechos colectivos, y el bien supremo de la vida como pueblos tribales, el bien supremo de un ambiente como patrimonio de la humanidad.

Al Señor Ministro del Ambiente JUAN LOZANO

* Concretar directamente en su despacho la reunión con delegados de las comunidades para tratar además de sus iniciativas de protección y de recuperación ambiental, las afecciones causadas por el uso de fumigantes para la protección de la siembra ilegal de palma que viene afectando la vida humana, la flora y la fauna que ha logrado sobrevivir al arrasamiento forestal, y de aguas

* Intervenir con control interno sobre las Corporaciones Ambientales que debieron haber autorizado la ampliación de la preparación de tierras para agronegocios en Buenavista, en Las Menas, en Bella Flor Remacho y Caño Seco como lo sostiene el empresario GABRIEL JAIME SIERRA

Al Señor Fiscal General de la Nación MARIO IGUARAN ARANA

* Habilitar una cita de evaluación de los avances de las investigaciones sobre la apropiación ilegal de tierras, la protección de diversas pruebas y para conocer el nombre del nuevo Fiscal Delegado ante la Corte para coordinar la Investigación

Al Señor Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON, disponer con carácter urgente una comisión de procuradores delegados del orden nacional para

* Intervenir en el dudoso proceso de deslinde que se ha iniciado de modo que se protejan los derechos de los afrocolombianos

* Recolectar los testimonios y las pruebas por responsabilidad de agentes estatales en la siembra y extensión y extracción de la palma, daños ambientales y en las actuaciones ilegales empresariales

Al Señor Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ

* A través de sus funcionarios intervenir directamente en el proceso de deslinde

Con profunda preocupación ante la consolidación de un Estado de hecho,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ