Nuevamente Ejecución Extrajudicial en el Alto Ariari
Nuestra Constancia y Censura Ética frente a las actuaciones contra derecho de los militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército, cuya responsabilidad está comprometida en la ejecución extrajudicial del campesino WILSON VARGAS, los abusos contra los pobladores a quiénes continúan concibiendo como parte de las estructuras de la guerrilla de las FARC EP
Bogotá, D.C. 21 de octubre de 2008
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro de Interior
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: nuevamente Ejecución Extrajudicial en el Alto Ariari
“Voy a castigarte por tus conductas y a castigarte por todas tus acciones detestables” Ezequiel 7,3
Reciban un respetuoso saludo.
Nuestra Constancia y Censura Ética frente a las actuaciones contra derecho de los militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército, cuya responsabilidad está comprometida en la ejecución extrajudicial del campesino WILSON VARGAS, los abusos contra los pobladores a quiénes continúan concibiendo como parte de las estructuras de la guerrilla de las FARC EP
Las actuaciones militares dejan a la luz que la política de seguridad es irrespetuosa de los derechos humanos, es criminal, es incriminadora y pretende justificar resultados con “falsos positivos” que por lo general significan daños irreparables a la vida e integridad personal o las falsas acusaciones que se pagan, como algunos de los mismos militares expresan con cinismo, pues “para eso Uribe tiene plata”.
La fundamentación de la seguridad sobre la base de resultados “positivos” en número de bajas o de capturas, así sea de inocentes o de pobladores. Esto ha incrementado las formas de agresión y de simultaneidad de violaciones de derechos humanos, como lo están padeciendo los habitantes de los caseríos de la zona rural del municipio El Castillo.
Evidentemente que estos falsos éxitos han deslegitimado y han ubicado nuevamente al Estado colombiano como responsable y oficioso ente criminal, conductas repudiables y censurables, pues se trata de la autoridad. El marco de la doctrina de la seguridad nacional continúa allí en la Brigada 7 y el batallón 21 Vargas, reedita bajo el nombre de formas democráticas que pretenden ocultar la metástasis.
Por eso estamos seguros, que la repetición de tales crímenes, se hubieran evitado con una intervención pronta, oportuna sobre los mandos de la Brigada 7 y de los batallones bajo su responsabilidad, con destituciones, que ejemplificaran la voluntad del poder civil de no tolerar ninguna violación de derechos humanos. Pero igualmente, si el ente investigador hubiera actuado eficazmente.
Gracias a la impunidad en que permanecen más de 200 crímenes y una serie de desplazamientos forzados desde el 2002, es que hoy, se repiten estas conductas delincuenciales. El deber de investigar, de esclarecer ha dado paso al ritual del no hacer, del dejar hacer y el de justificar el crimen de Estado. Por esa misma razón, hoy se conoce nuevamente de actuaciones paramilitares en la región en las lógicas de actuaciones militares encubiertas y clandestinas, la presencia de ex paramilitares, nuevamente paramilitares, dentro de las operaciones militares, pues el presupuesto del vale todo, ha generado una brecha entre la “seguridad” a costa de todo, así sea de la negación de la vida humana.
En sus despachos nuestra Constancia y Censura Ética sobre los hechos que hemos sido testigos o damos fe ocurridos entre el domingo 20 de abril y la última semana de septiembre.
* Domingo 20 de abril desde las 7:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. unidades militares del Batallón 21 Vargas, realizaron dos retenes de control poblacional. Uno ubicado en el matadero del pueblo sobre el camino que comunica hacia los caseríos de La Cima, La Esmeralda y El Retiro, y el otro ubicado a 100 metros de la entrada de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz , Civipaz, sobre el camino que comunica a los caseríos de Campo Alegre y La Esperanza.
En los dos lugares de control, los militares preguntaron :”¿Cuál es su nombre completo y número de documento de identidad?, ¿En qué vereda vive?, ¿Cuál es el nombre de la finca?, ¿Qué cultivos tiene en la finca?, ¿Cuántas personas viven en la finca?, ¿Cuáles son los nombres y edades de las personas que viven con usted?”
Los militares expresaron que las respuestas eran importantes pues iban a estar en la región.
Hacia las 10:40 a.m. siete unidades militares que se encontraban en el puesto de control que comunica al caserío de Campo Alegre, se dirigieron a un menor de 14 años de edad y le ofrecieron 500 mil pesos (U.S. 250) para que les entregara un guerrillero”, agregaron que se lo llevarían del pueblo para que no le pasara nada.
Ante la negativa del niño a aceptar la propuesta, los militares insistieron agregando: “Mire, usted ubica al guerrillero y si el hombre se pone muy bravo, usted lo amarra y si nosotros le damos bala entonces ya no son 500 mil pesos sino que le damos un millón de pesos.” Minutos después el niño se retiró del lugar.
A las 11:00 a.m., los militares levantaron los dos sitios de control poblacional y empadronamiento y se retiraron hacia el sector del colegio “El Encanto”, sobre la vía que comunica al corregimiento de Medellín del Ariari.
* Sábado 26 de abril en horas de la mañana pobladores de Puerto Esperanza encontraron un brazalete de color verde con la inscripción en color blanco de la sigla “ACCU”, el cual estaba colgado en un poste de una de las cercas. Al lado del brazalete había varias cartucheras y botas. En el lugar donde fue hallado el brazalete, acampó el ejército a finales del mes de marzo.
* Domingo 27 de abril aproximadamente a las 910 a.m. unidades militares del batallón 21 Vargas, ejecutaron sumariamente al señor WILSON VARGAS, de 36 años de edad, poblador del caserío La Esmeralda.
Según los familiares de WILSON, su cadáver presentó un solo impacto de bala en el pómulo izquierdo y varios rasguños en el brazo derecho.
WILSON salió 1O minutos antes de su casa en dirección al caño La Cristalina en donde los militares lo interceptaron y lo balearon.
Después del crimen, las unidades militares del Batallón 21 Vargas acantonadas en el caserío La Esmeralda prohibieron el paso a los pobladores por el lugar.
Horas después, a través de la emisora del ejército “Colombia Stereo” se transmitió la información que ” fue dado de baja un guerrillero en la vereda La Esmeralda cuando iba camino a cobrar una extorsión. El guerrillero fue el responsable de la casa bomba”.
* Lunes 28 de abril de 2008, la agencia de noticias del ejército nacional publicó la siguiente información en su página web:
“Terroristas mueren en combates contra el Ejército
Bogotá. Un guerrillero de las Farc y un integrante de Bandas Criminales murieron en las últimas horas en combates contra efectivos del Ejército de Colombia destacados en los municipios de Vistahermosa-Meta y Anserma-Caldas, respectivamente.
Los primeros enfrentamientos armados, donde un subversivo de la cuadrilla 26 de las Farc pereció, se produjeron en la vereda La Esmeralda, región selvática y de difícil acceso de la población de Mesetas.
El reducto terrorista fue interceptado por tropas del Batallón de Infantería 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, de la Séptima Brigada, destacadas en desarrollo de la operación ‘Fantasma’.
En poder del occiso, cuya identidad aún no ha sido establecida, se halló una pistola 9 milímetros, un equipo de comunicaciones, dos granadas de fragmentación, 250 cartuchos de guerra, entre otros elementos bélicos y de intendencia.
Agencia de Noticias Ejército (ANE), lunes 28 de abril de 2008
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=202099”
* Martes 29 de abril, en horas de la mañana, en la ciudad de Villavicencio fue entregado el cadáver de WILSON
* Sábado 24 de mayo hacia las 6:00 a.m cerca de 30 unidades militares del Batallón 21 Vargas dispararon contra el campesino FABIO RIOS, de 24 años de edad, cuando se encontraba trabajando a 15 metros de su vivienda, ubicada a 2 horas de camino del caserío La Esmeralda.
Las unidades militares dispararon sin mediar palabra durante un minuto contra FABIO. En medio de los disparos él corrió a buscar refugio en su vivienda, donde se encontraba su esposa y tres menores de edad.
Cinco minutos después de los disparos, un militar se dirigió a la casa de FABIO y apuntándole le ordenó salir con las manos en alto, el campesino expresó su temor de ser asesinado, al salir junto con su familia, los regulares expresaron: “casi la embarramos con usted porque pensábamos que era un guerrillero.”
Aproximadamente a las 7:00 a.m., el mismo grupo uniformados se dirigió a la vivienda de VICTOR GONZALEZ, de 62 años de edad, ubicada a 10 minutos de camino de la vivienda de FABIO, en el caserío La Esmeralda. Los militares gritaron: “salga guerrillero”. Desde el interior de la vivienda, VICTOR, su esposa de 55 años de edad y un hijo de 10 años de edad, se negaron a salir por temor.
Dos militares ingresaron por la fuerza a la vivienda, uno de ellos requisó la vivienda, mientras otro apuntaba a VICTOR. Minutos después uno de los militares expresó: “casi la cagamos matando a un civil” (…) “¿por qué no matamos a ese hijueputa?, para eso Uribe tiene mucha plata para que se lo pague a la viuda”.
Los militares le manifestaron al campesino VICTOR: “si nos va a denunciar, nosotros mismos le prestamos el teléfono para que llame y lo haga. Si usted denuncia, a nosotros no nos hacen nada, si mucho nos trasladan pero nada más. Denuncie. Tome el teléfono y llame”.
Hacia las 4:00 p.m., los militares se retiraron del lugar.
Ese mismo día, hacia las 7:30 a.m. a 30 minutos de la casa de VICTOR, otras unidades militares del Batallón 21 Vargas llegaron a la vivienda de la campesina GRACIELA SUNS, quien se encontraba con sus dos niños.
Los militares preguntaron por su familia y luego agregaron: “usted tiene pura pinta de guerrillera, no será la esposa de DIOMER, a nosotros nos dijeron que el vivía con una mujer y dos hijos”. GRACIELA les contestó que estaban equivocados y continuó su camino, junto con sus hijos.
A las 9:00 a.m. GRACIELA regresó a su vivienda, encontró al mismo grupo de militares en el camino, quienes la obligaron a detenerse y la volvieron a interrogar. “¿Usted sabe dónde está la motosierra de su cuñado? Usted debería entregarse. Entréguese, desmovilícese”
A raíz de los hostigamientos militares GRACIELA se desplazó hacia otro caserío.
* Sábado 20 de septiembre de 2008, a las 4:10 p.m. el campesino MANFER LEIVA, habitante de la Zona Humanitaria, Civipaz, fue abordado por militares del Batallón 21 Vargas, quiénes lo interrogaron por cerca de de 30 minutoss. Los militares indicaron que en la Zona Humanitaria hay milicianos. “Nosotros tenemos un cooperante que nos mantiene informados y usted es uno de esos milicianos”, al reiterar su identidad de civil, padre de familia, le preguntaron por los nombres de los líderes, al recibir la respuesta de que allí mandaban todos, los regulares expresaron: “Mentira, nosotros sabemos que allá hay un grupito que es el que manda. Usted conoce al cabo que ha venido a Puerto Esperanza? (…) “Ese cabo es el que recibe la información del cooperante”.
Segundos después lo invitaron a guiarlos y se lo llevaron por la fuerza hacia un potrero cercano donde se encontraban otros uniformados. MANFER al observar la presencia de otros habitantes de la Zona Humanitaria les llamó, los militares reaccionaron y le expresaron: “No llame a nadie. Tranquilo, váyase y no diga nada”.
Después de 30 minutos de retención ilegal, MANFER logró regresar a la Zona Humanitaria.
* Jueves 25 de septiembre de 2008, unidades militares del Batallón 21 Vargas se dirigieron a varios pobladores del caserío de Puerto Esperanza y los interrogaron sobre la Zona Humanitaria de CIVIPAZ: “¿Quiénes son los que mandan allá? ¿Por qué nosotros no podemos entrar a ese pueblito? ¿Quién es el directivo de esa comunidad?”
Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia y Censura Etica con la solicitud, nuevamente expresa y conforme a sus responsabilidades constitucionales para que eviten nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal.
Y esto se traduciría en una intervención sobre la Brigada 7 y el Batallón 21 Vargas, la destitución de los responsables directos e intelectuales de los crímenes de pobladores civiles, de quienes sistemáticamente abusan de su autoridad, de dar a conocer los nombres de los militares y sus superiores que han consentido con el crimen y las violaciones de derechos humanos. Intervención sobre el batallón 21 Vargas que debe significar una erradicación y una extirpación del cáncer criminal del paramilitarismo, y ojalá, de una vez por todas, ante tal grado de impunidad, que posibilita el cinismo del
Batallón 21 Vargas en sus operaciones, de una sanción justa de los responsables de tanta criminalidad sistemática de décadas.
Con profunda preocupación,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ