Nueva medida de aseguramiento a Guillermo Gaviria
La decisión se conoce justo cuando la Fiscalía reabrió la investigación contra 13 directivos bananeros por haber financiado a las Autodefensas en el Urabá, el mismo delito que la Fiscalía le imputa al empresario antioqueño.
En resolución proferida el pasado 28 de noviembre, una Fiscalía Especializada de Medellín dictó nuevamente medida de aseguramiento contra el empresario antioqueño Guillermo Gaviria Echeverri por el delito de concierto para delinquir agravado, consistente en prisión domiciliaria en razón a su edad. La decisión también cobija a Juan Esteban Álvarez, quien fuera representante legal del Grupo 20, conglomerado empresarial perteneciente a la familia Gaviria.
Dicha medida ya le había sido impuesta al empresario antioqueño en abril pasado, pero el Tribunal Superior de Antioquia ordenó revocarla un mes después, tras considerar válidos los argumentos del representante del Ministerio Público quien apeló la decisión de la Fiscalía señalando que esta no estuvo bien sustentada.
El Ente Investigador decidió entonces volver a formular la petición construyendo una nueva argumentación y ahora espera que, tras esta nueva determinación, el proceso que inició en 2011 por petición del propio Gaviria Echeverrí tome un nuevo impulso y se pueda determinar si el padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, es responsable o no de haber financiado grupos paramilitares en el Urabá antioqueño desde mediados de la década del noventa y comienzos del dos mil.
Como se recordará, el empresario antioqueño le solicitó a la Fiscalía en junio de 2011 abriera investigación para tratar de esclarecer la veracidad de las declaraciones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por el paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, quien aseveró que su grupo armado, el Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas, recibió dineros de Gaviria Echeverrí.
El señalamiento en cuestión se dio en una audiencia de versión libre realizada en Medellín el 3 de septiembre de 2010. Ese día, y tras la pregunta de un fiscal de Justicia y Paz sobre los mecanismos de financiación del frente Arlex Hurtado, Hasbún Mendoza mencionó por lo menos 92 personas, entre empresarios, ganaderos y bananeros que, según él, aportaron voluntariamente recursos económicos, inicialmente a las Convivir y luego de las Autodefensas.
Entre los mencionados figuraban Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez. “Él (Álvarez) tuvo que ver con las Convivir y las autodefensas también. Él era uno de los aportantes a las Convivir en representación del Grupo 20, de las empresas de la familia Gaviria. Antes de lo político, era representante legal de varias sociedades de la familia Gaviria. Fue intermediario para pagar los aportes”, dijo ese día alias ‘Pedro Bonito’ ante fiscales de Justicia y Paz.
Mediante comunicado público, Guillermo Gaviria manifestó que “nunca me he reunido con el señor Hasbún Mendoza. Él extorsionó a la empresa bananera que tengo en Urabá, y por ello me vi obligado a pagar, durante dos años y medio, un total de 15 millones 300 mil pesos, como lo he reconocido a la opinión pública desde un inicio, según declaraciones que di a la prensa en junio de 2010. Decir que eso es una financiación o un pago voluntario, sería lo mismo que afirmar que cuando, hace más de 30 años, tuve que pagar a la guerrilla del EPL para recuperar a mi esposa secuestrada, fue, en su momento, una financiación o pago voluntario a ese grupo al margen de la ley. La verdad es que he sido víctima de múltiples agresiones y extorsiones de todo tipo por parte de los diferentes grupos al margen de la ley en este país, como lo fueron, lo han sido y lo son, muchos otros colombianos”.
El empresario manifestó que apelará la decisión.
Caso Chiquita
La decisión se conoce en momentos en que la Fiscalía General de la Nación ordena la reapertura de la investigación contra directivos y exdirectivos de las firmas comercializadoras de banano Chiquita Brands International, Del Monte, Sunisa, Olinsa, Proban, Uniban y Dole que, como en el caso de Guillermo Gaviria, nace de las declaraciones entregadas a Justicia y Paz por Raúl Hasbún pero sobre las cuales no se logró ahondar, en parte, por determinaciones de funcionarios judiciales.
Una de ellas fue la adoptada el pasado 6 de marzo de este año por el Fiscal 33 Especializado de Medellín, quien decidió precluir en primera instancia el proceso en el que investigaba a un grupo de empresarios bananeros señalados por alias ‘Pedro Bonito’ de haber sido colaboradores de las Auc en el Urabá antioqueño.
La decisión de ese momento favoreció a los empresarios Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Gloria Andrea Cuervo Torres, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, José Luis Valverde Ramírez, Álvaro Acevedo González, Farid Alberto Giacoman Hasbún, Wenninger Dorn Robert, John Paul Olivo, Charles Dennis Keisser, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero y Jorge Alberto Cadavid Marín.
Según los argumentos del fiscal 33 Especializado, los pagos por 4,695 millones de pesos realizados a cooperativas de vigilancia y seguridad privadas del Urabá antioqueño, se hicieron dentro de un contexto de buena fe y confianza, generado por el respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país. Para el funcionario, tras revisar los estados contables de la Convivir Papagayo, que luego pasó a llamarse Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, no se estableció que los aportes realizados por las empresas bananeras tuvieran como destino las arcas de las Auc y mucho menos que esos dineros financiaran crímenes de lesa humanidad.
Así, según el fiscal, los pagos realizados por estas empresas entre 1997 y 2004 fueron extorsivos, circunstancia que consideró causal de exclusión de responsabilidad, pues los directivos, según esta argumentación, actuaron bajo coacción. Al respecto, explicó que las firmas bananeras enfrentaban un riesgo si no pagaban las sumas exigidas por las Auc, por lo que, con los aportes realizados, protegieron los bienes de las empresas y sus empleados, pues a su juicio las autoridades de la época no podían garantizar la protección de empresarios y trabajadores, debido a su escasa presencia y falta de recursos.
La decisión generó una airada reacción de Hasbún Mendoza, quien en entrevista concedida a Verdadabierta.com en junio de este año señaló: “hemos entregamos listados de 270 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes que le aportaron voluntariamente a las Autodefensas. Hoy dicen que fue a través de las Convivir y que ellos no tenían conocimiento, eso es mentira”. Y fue él personalmente quien instauró la apelación de esta decisión ante el Tribunal Superior de Antioquia, pues el abogado que lo representaba en el proceso contra los bananeros renunció pocos días después de la preclusión.
Paradójicamente, el 17 de abril de 2012 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia ratificó la sentencia de seis años de prisión que en primera instancia había dictado el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia contra Arnulfo Peñuela Marín, gerente administrador de la Asociación de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo; y Epitasio Antonio Arboleda Vélez, coordinador de zona de esta Convivir, condenados por el delito de concierto para delinquir agravado.
En el fallo, el Alto Tribunal consideró válida la tesis según la cual a través de la cooperativa Papagayo sectores ganaderos y bananeros del Urabá antioqueño financiaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre 1997 y 2004, razón por la cual fueron condenados Peñuela Marín y Arboleda Vélez. Para sustentar su decisión, la Sala de Decisión se apoyó en dos aspectos fundamentales: las declaraciones entregadas a Justicia y Paz por los exparamilitares Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; y el acuerdo de aceptación celebrado en marzo de 2007 entre la Chiquita Brands International y el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde la multinacional acepta haber pagado a las Auc entre 1997 y 2002 cerca de 1,7 millones de dólares, lo que le significó una multa de 25 millones de dólares impuesta por las autoridades norteamericanas.
“Se derrumba la teoría de la defensa (de Peñuela Marín y Arboleda Vélez) cuando quiere hacer creer que los pagos realizados por las bananeras se dieron como contraprestación de servicios de vigilancia, pues el señor Hasbún acepta que las Convivir, y esto incluye a Papagayo, surgieron para financiar las autodefensas, y así lo hicieron, pues una de las empresas más grandes del Urabá antioqueño lo confirma”, aseguró el Alto Tribunal en su decisión.
Y tal parece que argumentos de este tipo fueron tenidos en cuenta por la cúpula de la Fiscalía, quienes luego de estudiar la apelación hecha por Hasbún Mendoza, ordenaron nuevamente la reapertura de esta investigación. En su determinación, el Ente Investigador cuestiona la preclusión ordena por el Fiscal 33 Especializado de Medellín y se formula interrogantes como: “¿cómo era posible que se hicieran pagos por tantos años sin recibir nada a cambio? La única respuesta es que conocieran el destino de esos dineros (…) es más, las empresas bananeras conocían la situación y la aceptaron”.
Un poco de historia
Este proceso comenzó el 16 de abril de 2007, cuando el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra presentó denuncia penal contra varios miembros de la junta directiva de la firma estadounidense Chiquita Brands International, y contra el representante legal y miembros de la junta directiva de la empresa filial en Colombia C.I. Banadex S.A., por el delito de concierto para delinquir, genocidio, terrorismo, entrenamiento para actividades ilícitas y amenazas. En su escrito de denuncia, los hizo responsables de la financiación de crímenes de lesa humanidad, suministro, transporte y dotación de armas y municiones a las Auc.
Borda Parra sustentó su denuncia en la aceptación voluntaria hecha en abril de 2003 por los directivos de la multinacional Chiquita Brands International a las autoridades de haber realizado pagos entre 1997 y 2004 por 1,7 millones de dólares a las Auc, transgrediendo normas de ese país que prohíben adelantar transacciones con organizaciones armadas clasificadas como terroristas.
Si bien en entrevista concedida en 2010 a Verdadabierta.com, voceros de la empresa Chiquita Brands International, que ya no cuenta con empresas en el país desde que vendió sus negocios, afirmaron que se trató de un acto extorsivo que decidieron mantener en reserva “porque el que se pusiera por encima de la mesa afectaba la seguridad de los trabajadores y de Chiquita en su misma operación, eso es clarísimo y fue una estrategia consciente de no ponerlo sobre la mesa para no afectar, para que los otros grupos armados no se enteraran y terminaran generando más violencia de la que se había generado”, tal como lo afirmaron en su momento, las autoridades norteamericanas, luego de adelantar las respectivas investigaciones, llegaron a un acuerdo con la Chiquita Brands International por el cual esta se declaró culpable y pagó una multa de 25 millones de dólares. La justicia la obligó además a poner en práctica y mantener un programa eficaz de cumplimiento y ética, y aceptar una supervisión corporativa por cinco años.
Uno de los aspectos que inclinó la balanza en contra de la Chiquita Brands fue que las Auc, lideradas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, habían entrado a la lista de organizaciones terroristas el 10 de septiembre de 2001 y el 31 de octubre de ese mismo año fueron consideradas como “organización terrorista global”, lo que impedía a cualquier empresa estadounidense hacer algún tipo de acuerdo económico.
De igual forma, tras recibir la denuncia y valorar los argumentos, la Fiscalía General de la Nación decidió vincular a los empresarios bananeros ya citados mediante resoluciones proferidas entre agosto y septiembre de 2008, con el fin de determinar si eran o no responsables de los delitos denunciados. Lo que el Ente Acusador buscó determinar con esa vinculación era si los directivos de las empresas Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A., al igual que los representantes de la empresa Banacol, se concertaron con los comandantes de las Auc para realizar pagos a través de las denominadas Convivir, llamadas luego Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Privada.
Tanto en este proceso penal como en otros seguidos contra exjefes paramilitares se logró establecer que a comienzos de 1997 se realizó en Medellín una reunión entre Carlos Castaño Gil, para aquella época el vocero de las Auc, y empresarios bananeros para concertar mecanismos de seguridad y “normalización o pacificación laboral”, en la región, tal como los llamó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia condenatoria contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, proferida el 16 de diciembre de 2011, y que hizo referencia al tema.
Una de las reuniones aludidas fue celebrada por Charles Kaiser, director general de Banadex S.A., y uno de sus directivos, Reinaldo Escobar de la Hoz, con Carlos Castaño Gil en su lujosa casa conocida como Montecassino en el barrio El Poblado de la capital antioqueña. Allí dijo, según testimonios, que así como la multinacional les había pagado a las guerrillas, ahora tenían que pagarles a los paramilitares para evitarse problemas mayores.
Se acordó entonces aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de la Convivir Papagayo. Según cálculos de la Chiquita Brands International, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares. A esa decisión se sumó Banacol y su presidente de la época, Edgar Gutiérrez Castro, no sólo autorizó hacer las retenciones de tres centavos de dólar a las fincas propias sino a aquellas de los socios vinculados a esa comercializadora.
Todo ello hace suponer que, como lo dijo uno de los empresarios escuchados en indagatoria, la suma pagada a la cooperativa de seguridad y vigilancia privada entre 1997 y 2007 podría ascender a los 7,000 millones de pesos. No obstante, cálculos de fiscales que han seguido el tema han estimado en 33,292 millones de pesos los pagos totales entre 1997 y 2008 a las Auc.
Y pese a que los exjefes paramilitares que delinquieron en el Urabá antioqueño y encargados de los recaudos han colaborado con la justicia aún a costa de la seguridad personal y la de sus familias, como lo ha expresado públicamente Raúl Hasbún, pocos han sido los avances que se han visto en los procesos contra las bananeros y contra el empresario Guillermo Gaviria. De aquí que cobren un alto valor las palabras del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien dijo que ahora sí se dará un gran impulso a estas investigaciones.
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