Nueva ejecucion extrajudicial Abusos de autoridad y operaciones paramilitares
“Voy a castigarte por tus conductas y a castigarte por todas tus acciones detestables”
Ezequiel 7,3
RESUMEN
El crimen de WILSON VARGAS a manos de unidades militares del Batallón 21 Vargas ha sido conocido recientemente. Esta nueva ejecución del ejército colombiano se suma a las ya sucedidas en el Ariari desde el año pasado.
El escenario del crimen fue modificado y a través de los medios de la propaganda militar se le hizo pasar como muerto en combate.
La presión para presentar resultados en número de bajas esta interiorizado en la estructuras militares del batallón 21 Vargas. En las operaciones armadas han llegado a afirmar con absoluto cinismo, a los campesinos que han sido perseguidos y objeto de un posible atentado contra su integridad física, que para eso el gobierno de Uribe paga y tiene plata. Igualmente, como parte de la justificación de sus abusos usan la presión y la propuesta de pago de dinero para acusar ilegal e injustamente a campesinos como guerrilleros.
Mientras las presiones sobre la población civil continúan con señalamientos, estigmatizaciones, se ha conocido del desarrollo de operaciones militares con la presencia de desmovilizados de las estructuras paramilitares y de la movilidad de paramilitares vestidos de civil con armas en jurisdicción de Puerto Esperanza y Medellín del Ariari.
Acciones de control poblacional, de la libre movilidad, empadronamientos que pretenden bajo la lógica de la seguridad controlar la vida. Un presencia armada regular que actúa de manera irregular, que abusa de su autoridad. Nada de esto se volvería a repetir si se actuara por parte de los organismos de control y de investigación y se interviniera a los mandos de la Brigada 7 y a los Batallones bajo su orientación. Comprometidos por acción y omisión en más de 200 crímenes desde el año 2002 cuando en la lógica d euna actuación paramilitar se inició una fase de desterritorialización de los caseríos de la parte alta del Municipio El Castillo.
Bogotá, D.C 21 de octubre de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ