Nuestro apartheid
En los barrios de bajamar de Buenaventura, se habla a baja voz, nadie quiere arriesgarse a ser el próximo encostalado. Ramona corre para entrar al barrio Lleras antes de las 2:00 pm, si no lo logra prefiere quedarse afuera donde un familiar y rezar porque a sus familiares en el barrio no les pase nada. En las zonas rurales –paradójicamente- hay más tranquilidad, sin embargo se respira el terror, de hecho nunca se fue.
Según las autoridades locales, lo que se está haciendo con Buenaventura es “mala prensa”, se condena algunos medios de comunicación y a las organizaciones defensoras de derechos humanos por que afectan la inversión de capitales en el puerto, mientras esas mismas autoridades se encargan de soslayar la tragedia humanitaria con visos etnocidas, asegurando que se han reducido los índices de criminalidad y atribuyendo los homicidios que se reconocen a disputas entre bandas criminales.
Mientras en las cifras oficiales bajan los índices de homicidios, en los barrios las comunidades comentan –aunque por temor no denuncian- las desapariciones, las extorsiones y las amenazas; y saben que no sólo tiene que ver con la disputa entre “la empresa” y “los urabeños”, pues muchas de las víctimas no estaban involucradas en el accionar ilegal de estas estructuras mutantes. Se evidencia más bien un ejercicio sistemático de la violencia con propósitos de ejercer terror sobre la comunidad, desocupar los territorios evitando que se generen alertas humanitarias que podrían entorpecer los megaproyectos de desarrollo capitalista, que en el marco de los TLC y de la estructuración de los ejes multimodales son prioridad para la “prosperidad democrática” de Santos.
Y es que mientras en La Habana se habla ya de posconflicto, la verdad es que el posconflicto se está construyendo en los territorios a manera de consolidación del modelo económico, es decir el establecimiento y afianzamiento del estado corporativo, esta vez con las manos lavadas y con disfraz-uniforme de democracia, tal cual lo exigió EEUU y lo prometió Angelino.
Tal vez ni el mismo HH supo para qué lo mandó Carlos Castaño a establecer un “bloque pacífico” en la región del suroccidente, que a la larga fue el “bloque calima”, lo que sí supo y lo ha dicho abiertamente sin generar el mínimo sonrojo ni actuación judicial, es que fueron los empresarios y políticos del Valle y Cauca quienes determinaron los sitios de actuación de la estructura a su mando. Hoy, esas estructuras siguen vigentes y la gente lo sabe, cambiaron los mandos medios, pero los combatientes rasos siguen siendo los mismos (hombres y mujeres jóvenes de los sectores deprimidos y de la zona rural) y los beneficiarios de la guerra siguen siendo los mismos (empresarios y políticos del Valle del Cauca).
El proyecto sigue adelante, soportado en una especie de apartheid criollo en marcha, en el pasado reciente fue el terminal logístico TLBUEN, hoy es el proyecto Malecón y la doble calzada, todos ellos enmarcados en la estrategia IIRSA de ejes multimodales al servicio del libre comercio.Mientras en Viento Libre o San Jorge la gente no puede llorar a sus muertos, ni enterrarlos porque aparecen por partes, en la zona portuaria y turística crecen y se multiplican los hoteles y centros de negocios, al mejor estilo sudafricano o de Hong Kong.
El modelo para Buenaventura es el de una ciudad-puerto con todos los servicios logísticos, turísticos y comerciales en la zona de isla, alejada de los problemas socioeconómicos y humanitarios de los bonaverenses; la idea es empujar a los pobladores y sus problemas hacia la zona continental, o desparecerlos con sus problemas. Hoy, mientras la gente de Colombia llora y homenajea a Mandela, se le da la espalda a nuestro propio apartheid social, económico y humanitario. (Diciembre 2013)
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