Nos siguen matando – Masacre en Tarazá
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), rechaza la masacre perpetrada ayer 17 de enero de 2020 en horas de la mañana, por integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento de Guaimaro, municipio de Taraza – Antioquia. En esta masacre fueron asesinados 5 campesinos: Luis Alberto Villegas Martínez, Danilo Montalvo, Wilmar Alexander San Pedro Posada y Carlos Andrés Chavarria Posada, los dos últimos hacían parte del Programa Integral de Sustitución (PNIS), y eran miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaimaro.
El día de hoy, fue encontrado el cuerpo sin vida del del quinto campesino desaparecido desde el día de ayer en el marco de la masacre. Se trata señor Jorge Eliecer Rodríguez Monsalve. A la masacre del Clan del Golfo se suman las denuncias del campesinado de la región en torno a saqueos de ganado a fincas campesinas, retenes ilegales y desplazamientos forzados, adelantados por grupos armados al margen de la ley. Este tipo de hechos violentos han venido siendo monitoreados por el campesinado de la región, registrando para 2018, 112 homicidios en Tarazá, 5 desplazamientos masivos entre La Caucana y La Acacia, desplazamientos selectivos que han sido imposible monitorear y un desaparecido en La Caucana. En 2019 registraron 62 homicidios en Tarazá, 4 desplazamientos y dos desaparecidos (un campesino de la vereda La Esmeralda, corregimiento La Caucana, quien fue desaparecido en el Barrio Buenos Aires del casco urbano de Taraza y el padre de una lideresa campesina desaparecido en el Corregimiento El Doce.)
La masacre denunciada en este comunicado se suma a la multiplicidad de actuaciones contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos armados ilegales en esta región del país. Actos que han aumentado desde el desarme de las FARC – EP. Así lo recoge la entrevista realizada en diciembre de 2019 por El Espectador, a Gladys Miguel – Alcaldesa del municipio de Tarazá: “(…) las disputas son entre el Clan del Golfo y los Caparros, porque desde que está en proceso la implementación de los Acuerdos de Paz, con el tema de la erradicación de drogas se despejaron muchas tierras en las que no reposan de manera formal derechos de propiedad, y al ser estos unos “terrenos baldíos de nadie”, se perfilan como lugares muy apetecidos para ejercer control.”1
Nos preocupa que el Gobierno Nacional no haya adelantado las medidas y acciones necesarias para frenar la sistematicidad de los ataques contra la vida e integridad de campesinas y campesinos que le apostaron a la sustitución de los cultivos declarados de uso ilícito. Omisión que se ha dado pese a que diversos informes de derechos humanos de La Defensoría, Marcha Patriótica, Naciones Unidas, etc. han identificado que un alto porcentaje de las personas asesinadas en el país desde la firma del Acuerdo de Paz, son personas que le apostaron a la sustitución en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Esta preocupación es compartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien mencionó en el Informe presentado en 2019 que, de las motivaciones respecto a los hechos violentos reportados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 66% estarían relacionadas con el “apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo (…) El ACNUDH registra con gran preocupación el deterioro de las condiciones de seguridad en varias de las zonas de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) debido al accionar de grupos criminales (…) que han tomado represalias en contra de las familias y líderes que han participado en dicho Plan. Las autoridades deben tomar medidas adecuadas y sostenibles para proteger a esas familias y líderes”.2 (Negrita fuera de texto)
Por lo anterior, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) eleva su voz de exigencia ante el Gobierno Nacional para que adelante acciones efectivas que den fin a este tipo de ataques contra el campesinado que le sigue apostando a la Paz. Especialmente hacemos un llamado al director del Plan de Acción Oportuna (PAO) – Genera (R) Leonardo Barrero, y al director de la Unidad Nacional de Protección – Pablo Elías Gonzales, para que implementen con urgencia y de manera articulada, acciones y medidas diferenciadas a favor del campesinado que le sigue apostando a la sustitución voluntaria y con garantías. Así como a la Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y demás instituciones competentes, para que adelanten acciones urgentes de investigación, prevención, seguimiento y denuncia frente a hechos como los denunciados a través de este comunicado.
Finalmente, alentamos a la Oficina de las Naciones Unidas conta la Droga y el Delito (UNODC), demás organismos y organizaciones de derecho humanos, así como a organizaciones sociales, a pronunciarse sobre lo sucedido, difundir este comunicado y continuar con la labor de monitoreo y denuncia de estos actos de violencia contra la población civil.
Imagen: El Espectador.