Nombrar y aceptar a un militar en cargo diplomático es una afrenta a las víctimas y a la sociedad
Nombrar o aceptar en representación diplomática a un militar comprometido en violaciones de derechos humanos o quien en sus pronunciamentos públicos legitima a quienes desaparecieron forzadamente personas contradice los compromisos de jefes de Estado en el respeto a los derechos de las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
El General (r) Alejandro Navas Ramos en Colombia ha sido denunciado por ser participe de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la masacre de La Horqueta, Tocaima, Cundinamarca, ocurrida el 21 de noviembre de 1997. En esta acción de la estrategia paramilitar fueron asesinadas 13 personas, entre ellos, jóvenes de 15 y 16 años. En ese entonces, Navas era Comandanta del Batallón con sede en La Mesa, Cundinamarca.
Meses antes de esta comandancia, Navas estuvo al frente del Batallón Voltigeros de la brigada 17, que estaba al mando del general (r) Rito Alejo del Río Rojas, en plena implementación de la estrategia paramilitar en Apartadó, Turbo, Río Sucio, Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó, Dabeiba. Algunos hombres de la estructura armada de la estrategia paramilitar que se implementó con la brigada 17 participó en la masacre de La Horqueta, que se realizó, con base en testimonio de sus ejecutores, con el apoyo de la Policía de Tocaima y del ejército al mando de Navas Ramos.
Hace pocos meses, el general Navas como Comandante de la Fuerzas Armadas, luego de la condena al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez e Irma Franco en una manifestación pública expresó que éste militar era un héroe de la patria.
La propuesta del gobierno del Presidente Santos, como embajador ante el gobierno Argentino al general (r) Navas es una nueva afrenta a las víctimas a sus derechos y a la justicia, y desdice del reconocimiento que el propio mandatario ha hecho de los derechos de las víctimas a través de una ley.
Por esas mismas razones, llamamos al gobierno Argentino, que preside Cristina Fernández, rechace la designación como embajador de Colombia en Argentina, como expresión de coherencia y de solidaridad con las víctimas de Colombia. La asignación en cargos diplomáticas sobre las que existen serias dudas y testimonios de confesos paramilitares en responsabilidades contra los derechos humanos no pueden convertirse en elementos que aseguren la impunidad politica y social.
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