“No se pueden otorgar amnistías para crímenes graves”
Navanethem Pillay, más conocida como Navi Pillay, es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos desde 2008. Esta sudafricana, dice su portal oficial de la ONU, fue la primera mujer en abrir una oficina de abogados en su región natal y desde joven ha trabajado en la protección de derechos humanos desde distintos ámbitos.
En entrevista desde su oficina en Ginebra con varios medios de comunicación, esta alta representante del sistema de Naciones Unidas señaló que el acuerdo final con las Farc de ninguna manera puede incluir amnistías para crímenes graves; asegura que a su oficina le siguen preocupando mucho las investigaciones por falsos positivos y explica que la reforma al fuero militar debería caerse; y cuestiona que los Estados regulen las relaciones interpersonales al punto de prohibir el matrimonio de parejas del mismo sexo.
En el contexto del proceso de paz, ¿la ONU admitiría amnistías o indultos a autores de crímenes de lesa humanidad?
De acuerdo con el derecho internacional, no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves. El Estatuto de Roma también así lo indica: ni para genocidios, ni para crímenes de lesa humanidad ni para crímenes de guerra. Según los parámetros de la ONU no puede haber impunidad para crímenes graves por causa del derecho de las víctimas a la justicia. Las víctimas no olvidan. Esta mañana oía, por ejemplo, que las madres de la Plaza de Mayo tenían audiencia con el Papa para hablar sobre los niños que fueron robados durante la dictadura. Las víctimas no olvidan.
Según los estándares de la ONU, entonces, ¿cuáles crímenes podrían recibir amnistías?
La gente quiere ambas cosas: justicia y paz. No se pueden separar, no es que venga una primero y la otra después. Es claro que en estos diálogos de paz con las Farc que hoy lidera el presidente (Juan Manuel) Santos, él tendrá que inventarse alguna solución para acomodar las peticiones de las Farc. Seguro que el Gobierno promoverá soluciones políticas expeditas, que incluyan amnistías para ciertos delitos, pero no se pueden incluir los crímenes graves.
¿Su oficina en Colombia va a cambiar algo de su trabajo en los próximos tres años?
Estamos trabajando en muchos asuntos ya y queremos asegurarnos de que las víctimas participen plenamente en el proceso de paz.
¿Las víctimas deberían tener representantes en las mesas de diálogo?
Daré el ejemplo de Sudáfrica, donde hubo total participación de las víctimas. En mi experiencia las víctimas no están buscando sólo responsabilidades penales por parte de los perpetradores. Ellas quieren también reparación, verdad, saber dónde están los restos de los suyos, garantías de no repetición, y reconocimiento de responsabilidades por parte del gobierno u otros actores. En últimas las víctimas dirán que quieren que se abarque también el problema de la desigualdad, incluido la desigualdad de la distribución de la tierra, entre otros. Por eso veo en el proceso de paz una oportunidad única no sólo para acabar el conflicto sino para abordar el pasado y para construir un nuevo futuro para los habitantes del país. No nos podemos dar el lujo de no oír a las víctimas.
Su oficina ha expresado su desacuerdo con la reforma al fuero militar. Ahora que fue aprobado, ¿le preocupa este tema todavía?
Tengo que decir que quedé muy decepcionada, siento que se está retrocediendo al habilitar a estos tribunales militares. Como le dije en una carta al presidente (Santos) en noviembre del año pasado, me preocupa que esta reforma judicial afecte seriamente esfuerzos previos que el mismo gobierno ha emprendido para asegurarse de que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Militares sean investigadas, y que los responsables sean identificados.
¿Cuál es el problema con la Justicia Penal Militar?
Los tribunales militares, a diferencia de los tribunales civiles, no tienen el conocimiento o las habilidades para realizar investigaciones apropiadas e imparciales. Se trasladó la justicia a la Rama Ejecutiva, mientras que en otras partes del mundo hay una separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para preservar la independencia de la justicia, que es importante para que la gente tenga confianza en el sistema.
Pero cortes militares hay en muchos países del mundo.
El problema no son las cortes militares, las hay en otras partes también, sino hasta qué punto estas cortes no cumplen con estándares internacionales, incluyendo el grado en que dependen de la cadena de mando. Además, habrá situaciones en las que los sospechosos serán uniformados y serán investigados y juzgados por sus pares: eso afecta el principio de justicia. Veo un conflicto de intereses en el hecho de que sean los militares quienes se investiguen y juzguen a sí mismos. Tampoco soy la única que ha expresado su preocupación sobre esta reforma. La comparten 11 relatores especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la delegada de la Unión Europea para asuntos exteriores y políticas de seguridad, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, y el martes en el Examen Periódico Universal nueve países señalaron sus inquietudes sobre esta reforma.
¿Considera que la reforma al fuero militar debería ser derogada?
Si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, la reforma debe caerse. Se tiene que asegurar una justicia apropiada. He visto en mi experiencia, en países donde se construye una paz frágil con amnistías y con la posibilidad de que los sospechosos de crímenes lleguen al poder, que es una especie de receta para que se derrumbe la paz. Yo sé que la reforma al fuero militar tiene algunas excepciones, pero no cubren el problema de las ejecuciones extrajudiciales o de crímenes sexuales.
En el panorama actual de derechos humanos en el país, ¿qué es lo que más le preocupa?
Tenemos una oficina allí muy grande, estamos muy familiarizados con el pasado turbulento del país. En primer lugar, queremos mostrar un gran apoyo al proceso de paz. Lo otro que nos preocupa son las muertes de civiles por parte de militares. Cuando me reuní con el presidente Uribe, que antes estaba en negación, tomó acción de inmediato para remover a algunos generales. Aunque en el último reporte de nuestra oficina no se registraron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, estamos monitoreando ese tema con mucho cuidado, así como las muertes de reclamantes de tierras. Traigo a colación estos temas del pasado para explicar por qué damos la bienvenida al proceso de paz, Colombia necesita una solución política.
Este miércoles pasado, el Congreso vetó la posibilidad de legalizar el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Están siendo los derechos de la comunidad LGBTI violados?
Estoy muy decepcionada de que el Congreso colombiano hayan votado en contra del matrimonio para parejas del mismo sexo. Me entristece mucho que la comunidad LGBTI sea discriminada y objeto de violencia. Son tratados como criminales sólo por el hecho de enamorarse. Hemos estudiado muy bien los países que han aprobado el matrimonio de parejas del mismo sexo, y lo que me impacta es cuán feliz es la gente al obtener este derecho. Se trata de Estados interfiriendo y regulando las relaciones personales.
Diana Carolina Durán Núñez / Enviada Especial Ginebra, Suiza | elespectador.com
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