No más muertes anunciadas
Hace poco escuché a varias personas calificadas denunciar la actividad de grupos paramilitares tolerados por las autoridades en Policarpa, Barbacoas y otros municipios de Nariño.
Diez días después, el 20 de noviembre, fue asesinado en Policarpa el dirigente Rodrigo Cabrera, miembro de la Marcha Patriótica, de 39 años, padre de tres niñas.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo y tres valientes activistas sociales de la zona, una de ellas mujer, hicieron estas denuncias en un foro sobre la paz, en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, el 9 de noviembre. Contaron cómo, con la complicidad de funcionarios estatales, esos grupos han descuartizado gente y la han tirado al río Patía, para asegurar, entre otros aspectos, su hegemonía en el narcotráfico. Desde 2006 habría entrado a la región el mal llamado “Frente Libertadores del Sur” y luego “Nueva Generación” y “Rocas Campesinas”, comandados por “Castañeda” o “El Escorpión”. 200 nuevos integrantes habrían llegado a ese territorio en octubre.
Lo mismo ocurre en otras zonas del país, donde se ha registrado la muerte de por lo menos 30 dirigentes campesinos en 2016, incluidos Erley Monroy y Didier Losada, asesinados en San Vicente del Caguán este fin de semana. Ambos dirigentes pertenecían a la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G) y a la Marcha Patriótica. La mayoría de los victimarios son desconocidos, pero todos actúan de igual forma que los grupos sucesores del paramilitarismo: a partir de organizaciones paramilitares que no se desmovilizaron en la década de 2000, o que se removilizaron, y que continúan contando con el respaldo de autoridades locales.
El suspenso tendido sobre el acuerdo de paz, por los resultados negativos del plebiscito, está impidiendo el desempeño vigoroso de mecanismos pactados por el Gobierno para hacer frente a estos fenómenos, que son hoy los principales peligros para la paz en Colombia. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente de la República, debería definir una política para enfrentar este fenómeno, y supervisarla (punto 3.4.3. del acuerdo). El Gobierno se habría comprometido a adoptar una política de derechos humanos orientada a la protección, en particular, de víctimas de las autoridades y del paramilitarismo (punto 5.2). Ninguno de estos propósitos ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los voceros del No, ni podría serlo. Deberían entones aplicarse de inmediato.
Es de tal gravedad el asunto, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó el pasado 1° de noviembre, en sus conclusiones sobre el informe relativo al cumplimiento de Colombia sobre las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que: “El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir los abusos cometidos por los grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares y para que los responsables, incluyendo los agentes estatales que les presten su apoyo o den su aquiescencia, sean llevados ante la justicia y sancionados. Asimismo, debe velar por que las víctimas reciban protección adecuada y reparación integral”.
Acatar ya esta elemental recomendación sería la fórmula adecuada para poner al país en paz.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/no-mas-muertes-anunciadas